Argentina: Cocina si titulos no

El Gobierno pone en estado de indefensión jurídica a los Mbya Guarani

La aldea ubicada sobre Ruta 7 Tekoa Pora esta siendo rodeada por un desierto , las moto sierras no paran de talar, en frente, Tekoa Guaraní sobrevive a duras penas en un territorio desmontado cuya titularidad la tiene el Banco Macro (léase Puerta) y no demostrando ninguna intención de transferir a la Comunidad un número de hectáreas aptas y suficientes (Cons. Nac. 75 inc.17) para su desarrollo y subsistencia.

En tanto la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (DPAG) cuyo titular y el ministro bajo cuya se dependencia se halla en la actualidad fueron parte de una mediática invasión armada, según los dichos de un funcionario del área el Ministro “fue invitado al evento” (sic), sigue evitando que se cumpla con la Ley 26.160 de Emergencia de los Territorios Indígenas y retiene o no entrega a las Comunidades su Personería Jurídica cuando la solicitan evitando así que puedan gestionar proyectos por ellas mismas.

En su momento los Caciques dijeron “… parece que el Gral . Roca se hubiese instalado allí” refiriéndose a la DPAG, evidentemente sólo ha salido de los billetes de $100.- según se desprende de la denuncia hecha esta semana por el Cacique Enrique Benítez de Tekoa Alecrín ante la destrucción del ancestral cementerio de la Comunidad. Es bueno recordar algo de historia de ella, fue tiroteada desde la ruta, no sólo sus casas quemadas, como ocurrió en Yryapu, sino también su “Opy” – el templo de la Comunidad - o la destrucción de los hogares en Ñamandu, los habitantes amenazados. No hace mucho, obreros empleados de los madereros no les permitieron entrar “a su monte” a realizar sus tareas tradicionales de recolección Al ingresar hoy a la Comunidad de Alecrín se puede ver en la zona de su destruido Cementerio rastros de arboles cortados, como también troncos apilados de madera nativa (incienso, rabo, guatambú, loro blanco, etc. ) a punto de ser llevadas, carpas o puestos de los obrajeros de la empresa Harriet S.A instalados en el lugar, el cementerio arrasado y preparado el terreno para sembrar por la empresa presumiblemente pinos, se observa- también - una mamadera que marcaba la tumba de un niño recién nacido que fue enterrado en el lugar, sus arboles medicinales y frutales cortados: bananos, mandarinas, durazno, pindó etc. . El atropello no fue casual ni producto de un error, fue intencional porque en una de las entradas a la comunidad habían colocado un portón de troncos con un cartel hecho por ellos que decía "Propiedad de los Indígenas", el mismo fue destrozado. De ese portón quedaron nada más que las astillas después que se pasara sobre el. Decimos arrasar con las mismas, esto aparte de violentar la posesión, y la propiedad llevan al desalojo de las mismas por vía de la privación de su entorno, privación de su ambiente, horizonte vital para su supervivencia como tales, contando dichas acciones con la connivencia del estado, aparte de la responsabilidad de la empresa.

El estado provincial ausente promete cocinas pero no títulos de propiedad. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) parece estar demasiado lejos para ver lo que ocurre en la extrema provincia de Misiones. El gobierno nacional ha través de su oficina el INAI, nunca concreto absolutamente nada, cuando decimos simbólica expresamos con comprometida claridad que el organismo nacional enuncia una serie de programas y leyes, pero en realidad no brinda asistencia real –soluciones- permitiendo de esta manera que las empresas, los particulares, el estado provincial, por acción y por omisión, violenten su territorio, su tranquilidad, violenten su paz comunitaria, su derecho a honrar a sus antepasados, violen lugares sagrados, violenten su ambiente, violenten su salud física y psíquica. ¿Qué se haría si esto pasara en una población blanca? ¿Cuántos organismos se movilizarían?

Sólo 26 Comunidades sobre más de 100 tienen el titulo comunitario de sus tierras, lo que no significa que estas sean las aptas y suficientes que establece nuestra Ley Suprema después de su reforma de 1994. Otras no los tienen y corren el riesgo que las tierras que ocupan sean vendidas por sus titulares regístrales sin considerar su opinión, dándoles la misma importancia que a las piedras de los caminos o a los siervos de la gleba en la edad media.

Se organizan reuniones para malamente informar a algunos Caciques sobre el Acuífero Guarani, sin pedirles previamente autorización para realizar estudios en sus territorios, se hacen investigaciones para emprendimientos turísticos que impactarán sobre los recursos de las comunidades sin darles intervención ni explicarlos en su idioma (Convenio 169 OIT). En reuniones como esas se hacen firmar actas cuyo contenido no condice con lo tratado.

Tampoco cumple con el Convenio 169 de la OIT, del que la Argentina es signataria, que establece en su art. 7 que se deben tener en cuenta los efectos sociales espirituales, culturales y ambientales que las actividades - como las madereras o forestadoras -puedan tener sobre ellos. En este caso la total desaprensión de una empresa comercial que preocupada por su lucro pasa por encima monumentos ancestrales, rompe obras de arte indígena de un incalculable valor, no sólo económico sino antropológico, ante el silencio oficial. No se ha visto al Director de la DPAG ni al Ministro Soria Vieta armando otro circo mediático para denunciar a la empresa presuntamente responsable del hecho, es lógico el adversario no es el mismo y los intereses pueden ser comunes.

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) acompaña, como siempre ha hecho, el reclamo de las Comunidades exigiendo que el Gobierno haga suyo también el justo y antiguo pedido de los Mbya, evite que sus funcionarios interfieran en la vida de este pueblo que habita nuestra provincia desde hace más de 3000 años y cumpla con las leyes que los protegen.

Derechos Indígenas = Derechos Humanos