Argentina: Arequito es pionera en prohibir químicos del agro

Son coadyuvantes que se le agregan a los herbicidas para mejorar su acción, y afectan el sistema hormonal.

La comuna santafesina de Arequito tiene en vigencia una ordenanza pionera en el país: en uno de sus artículos regula no ya el uso de los agroquímicos directamente, sino el de los llamados coadyuvantes, los productos que se le agregan a los “caldos” de pesticidas para potenciar su eficiencia. Puntualmente, la normativa prohíbe en todo el distrito, no sólo en su área urbana, los que se elaboran a base de los nonilfenol etoxilados, por ser sustancias capaces de alterar el sistema hormonal de humanos y animales en su carácter de potenciales “disruptores endócrinos”. Nada inocente: estos compuestos pueden producir, entre otros problemas, cáncer de próstata, testículo o mamas, reducción de la fertilidad masculina y muerte embrionaria y fetal en los embarazos. Este resumen no proviene de organizaciones ambientalistas radicalizadas, sino de la Comunidad Europea, incluso, de una empresa argentina que discontinuó un producto a base de los componentes riesgosos y desarrolló otro menos agresivo. Sin embargo, aún la legislación nacional no ha dicho nada al respecto.

La ordenanza 965 fue sancionada el 26 de enero de 2011. “Nos están llamando de muchas comunas para pedirnos el texto, porque no hay antecedentes en el país”, dice Juan Pablo Larrambebere, presidente comunal de Arequito, quien juzgó que la normativa pudo materializarse gracias al “alto grado de conciencia ambiental” que le acredita a los ocho mil habitantes de la localidad que gobierna, situada a85 kilómetros de Rosario. Es que la norma cobró estado público esta semana al difundirse un fallo judicial que también, en rigor, no es reciente sino que data del 3 de octubre último. Por esa medida, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de Rosario rechazó el pedido cautelar de amparo cursado por la firma SpeedAgro, con sede en el Parque Industrial de Sauce Viejo, por el que pedía suspender la ordenanza de Arequito hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: su pedido para declararla inconstitucional. En pleno centro de la zona núcleo agrícola, los pagos de la Fiesta Nacional de la Soja y de la cantante Soledad Pastorutti, fue esa compañía la que puso su propio “grito” en el cielo porque ya no puede seguir vendiendo allí su coadyuvante SpeedWet Maxion NG, a base de los localmente prohibidos nonilfenil etoxilados.

La norma de marras, en su artículo 7º, prohíbe el uso de productos fitosanitarios tóxicos y muy tóxicos (catalogados por el Senasa como Banda Roja) en todo el distrito de la comuna, no sólo en su planta urbana, con lo que profundiza los alcances de la ley provincial de Fitosanitarios. Además, aleja hasta mil metros del perímetro urbano la fumigación aérea o terrestre de químicos muy utilizados en la Argentina, como el insecticida Endosulfán (prohibido en más de 50 naciones) o el herbicida 2-4D. Pero la parte inédita de la ordenanza, que la convierte en pionera dentro del país, está en su artículo 9º, que no legisla directamente sobre el uso de los biocidas sino sobre las sustancias que se les agregan para, por ejemplo, mejorar su absorción por parte de los vegetales o hacer más eficiente su aplicación: los coadyuvantes o surfactantes. Sin embargo, no impugna a todos ellos, sino a los que contienen nonilfenol etoxilados, sustancias ya severamente restringidas por el Parlamento y el Consejo Europeo mediante una directiva de junio de 2003 que tuvo en cuenta más de un centenar de estudios científicos.

La Cámara de Rosario denegó el reclamo cautelar de SpeedAgro pero, además, lo hizo con una fundamentación sólida que desmonta uno por uno los planteos empresarios haciendo prever también un fallo adverso sobre la cuestión de fondo: la legitimidad de la ordenanza arequitense cuestionada por la compañía. “Una herramienta jurídica de lujo para quienes asumimos la defensa de la vida como una cuestión fundamental”, fue el calificativo que le dio al dictamen Daniel Verzeñassi, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En esencia, SpeedAgro plantea que la ordenanza se extralimita en las potestades de una comuna al prohibir lo que no veta el Senasa o la ley santafesina de Fitosanitarios. Que con ello avanza sobre el derecho al libre comercio, y que no hay certeza, sino “controversia”, respecto de los efectos dañinos del nonilfenol.

La empresa había cursado un pedido administrativo a las autoridades de Arequito que fue rechazado, y tras hacer la presentación judicial le agregó una solicitud de cautelar para que se suspenda la norma hasta que se resuelva el pedido de fondo. Los camaristas Alejandro Andrada, Delia Rescia dela Horray López Marull respondieron que lo que fijan las normas nacionales o provinciales en materia de protección ambiental y derecho a la salud son umbrales mínimos, y que las instancias jurisdiccionales inferiores no invaden competencias si legislan en igual sentido pero con “estándares más rigurosos o severos”. Es decir, que la norma local no contradice una de jerarquía superior si “protege más” que ésta. También los jueces dejaron sentado –siempre respaldándose en jurisprudencia y doctrina– que la prohibición acotada que rige en Arequito no habilita “reproches desde la perspectiva del derecho… a las actividades lícitas y al ejercicio del comercio”. Y por último, expresaron que “precisamente, la duda o incertidumbre científica (acerca de los efectos nocivos del nonilfenol) torna aplicable el principio precautorio”. La comuna santafesina se apoyó en ese concepto, que está contemplado en la ley 25.675: invierte la carga de la prueba cuando se trata de cuestiones ambientales, obligando a demostrar fehacientemente que un producto o práctica sospechada de peligrosa es inocua (hasta donde lo permita el horizonte del conocimiento contemporáneo) para las personas y el entorno. Entre tanto, autoriza a tomar medidas “eficaces” para proteger el entorno y la salud humana.

El doctor Verzeñassi, sub-secretario Académico de la Facultad de Medicina y especialista en salud socio-ambiental, recuerda que él es parte de un amplio colectivo que hace rato advierte sobre los riesgos en la utilización de los coadyuvantes disponibles comercialmente, la mayoría a base de nonilfenol. Es una advertencia, refiere, muchas veces opacada por el protagonismo mediático que adquirieron los biocidas con los que se aplican, entre ellos el famoso glifosato. “Son igualmente peligrosos. La acción detergente de los surfactantes está relacionada con enfermedades neurológicas (los detergentes limpian las grasas, y nuestro sistema nervioso es fundamentalmente grasa), así como con disrupciones endócrinas. Baste recordar la molleja, que es tejido glandular puro, y ¿qué es sino grasa?”, ejemplifica el docente. Y continúa: “¿Cuál es el principal componente de nuestras membranas celulares, sin el cual no habría membrana y por lo tanto células? Correcto: lípidos”. Precisamente lo que “disuelven” los coadyuvantes para facilitar la penetración de herbicidas e insecticidas en la estructura celular de los cultivos, además de cumplir otras funciones que hacen más “eficaces” las pulverizaciones. En esencia, actúan como los detergentes hogareños comunes, salvo que con una agresividad sensiblemente mayor ya que no degradan las grasas inertes sino las que componen los organismos vivos.

Con su ordenanza, Arequito resta un peligro para la salud de sus habitantes. Y contra cualquier suposición, no hubo conflicto más allá del que plantea SpeedAgro. El jefe comunal, Larrambebere, enfatiza que la normativa es respetada por los productores, aplicadores y los “seis o siete” ingenieros agrónomos que asesoran en la zona, a quienes además se los consultó para redactar el texto junto a especialistas del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). “Antes había peleas constantes entre aplicadores y vecinos, pero todos viven y tienen sus hijos en el pueblo, y entendieron” que la salud está por encima de las ganancias, hace historia el funcionario. Con todo, no hubo quejas por pérdidas de rinde en los cultivos ni “atentados” contra el progreso biotecnológico, como se planteó reiteradas veces ante casos similares.

Por Claudio de Moya

Fuente: El Ciudadano