Argentina: Agrotóxicos vs. Salud. Capítulo 4: La prueba de la nada

El 12 de enero de 2009 el periodista Darío Aranda llevó a la tapa del diario Página 12 la noticia del primer juicio que prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de áreas urbanas (ver aquí). Se trataba de un caso histórico: por primera vez una sentencia avalaba los diez años de denuncias de los habitantes Ituzaingó Anexo, un barrio de la periferia cordobesa rodeado de campos de soja.

Al día siguiente, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a esa nota en un discurso público y 10 días después creó una Comisión Investigadora en el ámbito de Ministerio de Salud de la Nación para esclarecer casos de contaminación humana y ambiental por el uso de agroquímicos (decreto 21/09). También le encomendó públicamente a la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, “seguir de cerca el tema”. Ocaña envió un equipo al barrio Ituzaingó Anexo, habilitó una línea telefónica de recepción de denuncias y consultas y prometió la elaboración de un Plan Nacional de Protección Humana respecto del uso de agroquímicos.

Dicho Plan hasta hoy consistió en la nada.

El primer trabajo que confirmó los efectos perjudiciales de los agroquímicos llegaría en mayo de ese mismo 2009 a través del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, realizado por su director, el científico Andrés Carrasco, quien además había sido director del CONICET. Carrasco logró demostrar a través de un experimento en embriones anfibios – modelo extrapolable a los seres humanos- cómo el glifosato afecta el desarrollo genético, con la posibilidad de generar células cancerosas. Difundió ese informe en una entrevista que Darío Aranda publicó en Página 12, antes de que fuera reafirmada por una revista científica, protocolo exigido para dar por válida una investigación. Carrasco nos contó que tomó esa decisión por considerar que era imprescindible que la opinión pública lo supiera cuanto antes, dada la gravedad de su descubrimiento y a pesar de las críticas y descalificaciones que, por cierto, soportó.

Tres meses más tarde –julio de 2009- llegaría el primer informe oficial, elaborado por un Consejo Científico Interdisciplinario creado en el ámbito del CONICET. Dicho trabajo es otro de los nueve informes que remitió ahora a lavaca el Ministerio de Salud en respuesta a nuestro pedido de habeas data. Conocer el contexto de su publicación (los antecedentes de Ituzaingó Anexo – informe de Carrasco) permite contextualizarlo y comprender por qué este informe se plantea como un meta análisis, cuyo objetivo es evaluar “la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente”. Su conclusión: el peligro de los agrotóxicos se limita a una cuestión de buenas prácticas.

Los responsables de este informe madre son:

• María C. Donadío de Gandolfi
• Susana I. García
• Claudio Marco Ghersa
• Adriana I. Haas
• Irene Larripa
• Carlos Alberto Marra
• Alejandra Ricca
• Alicia E. Ronco
• Edda C. Villamil Lepori

Una lectura crítica:

La investigación de este “equipo interdisciplinario” carece de definiciones (no categoriza si el glifosato es inocuo o perjudicial) y se preocupa por subestimar y relativizar los hallazgos científicos más preocupantes sobre los efectos del glifosato. ¿Cómo lo hace? Respaldándose en estudios financiados por la propia Monsanto.

Así lo denunciaron distintos médicos, profesionales, investigadores, docentes de laboratorios y universidades nacionales, planteando que el informe era un intento de acallar la ciencia crítica en la Argentina. Una de las notas que compilan estos cuestionamientos fue publicada por Darío Aranda en Página 12 y de forma completa en su web (ver aquí).

Lo más grave es que el informe del CONICET se basa en bibliografía asociada a estudios que financió la principal empresa proveedora de glifosato (Round UP), Monsanto. Esto se explicita en el informe oficial sin tapujos: “Para revisar esta evidencia previa se puede consultar el trabajo de Williams y colaboradores (2000) patrocinado por la compañía Monsanto, en donde existe una larga enumeración de resultados experimentales”.

El informe de Gary Williams, Robert Kroes y Ian Munro se cita más de 35 veces en total, en un informe de 120 páginas. Es decir una vez cada cuatro páginas, como respuesta a los estudios críticos sobre el glifosato.

Dice al respecto Fernando Mañas, becario del Conicet especializado en daño genético producido por glifosato y citado en este informe oficial: “La recopilación de Williams fue patrocinada por la empresa Monsanto. Aun así, en el informe del Conicet muchas investigaciones independientes resultaron invalidadas por las observaciones realizadas por Williams hacia Monsanto”.

Otra voz que se sumó al repudio de esta utilización bibliográfica fue la de Raúl Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Chaco: “Williams es Monsanto. Es increíble que para validar la toxicidad o no de un producto se tenga en cuenta bibliografía generada por el mismo actor que lo comercializa”.

Un ejemplo es que en la página 66 se refiere el establecimiento de la dosis letal oral aguda para ratas, que hizo que el glifosato fuera calificado inicialmente como “relativamente no tóxico”, “según lo que reportara el grupo Monsanto”; y en la página 67.

Además del informe de Williams, en la bibliografía se consignan al menos otros 6 trabajos explicítamente firmados por Monsanto, que son utilizados para contrarrestar los resultados de informes independientes que hallan evidencias sobre la contaminación del glifosato en aguas superficiales y subterráneas, sobre mamíferos no humanos, organismos acuáticos y terrestres y sobre la salud humana.

Lo interesante: la conclusión a la que llega este informe es que la peligrosidad de los agrotóxicos está directamente relacionada con las buenas prácticas en su uso. Sin embargo, luego de su publicación el ministerio de Salud no adoptó ninguna medida para garantizar esas buenas prácticas. Al contrario: dos de los informes entregados por el Ministerio a lavaca confirman que hasta la fecha esa falta de información continua, afecta directamente a los trabajadores que aplican agrotóxicos, comprometiendo seriamente su salud, la de sus hijos y la de su entorno.

Parecería ser que este informe cumplió con su interés por contrarrestar las investigaciones que alertaban sobre el daño a la salud de los agroquímicos, pero no alcanzó para concretar políticas sanitarias acordes con su diagnóstico.

Hoy su lectura se convierte así en una contundente prueba.

- Para ver los informes anteriores: Ver aquí

Fuente: La Vaca.org