Argentina - Santa Fe: Maestras fumigadas y decretos presidenciales

“En la localidad de Durán, departamento San Javier, provincia de Santa Fe, siendo las 09:00 horas del día quince del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, comparece ante la autoridad policial que suscribe y refrenda, una persona…”, comienza diciendo la burocrática literatura de una comisaría del nordeste santafesino.

El texto sostiene que los docentes del llamado Núcleo Rural de Educación Secundaria NRESO N° 1.580, Campo 94, Distrito San Roque, Jurisdicción Durán, a las siete y media de la mañana, “en actividad de clases”, notaron hacia el cardinal Sur la presencia de un equipo de aplicación de productos fitosanitarios, de color verde y blanco con la inscripción METALFORD, trabajando a pocos metros del establecimiento escolar, “campo lindante propiedad del ciudadano PERESÓN”, y con un fuerte viento proveniente de ese sector, Cardinal Sur, en pleno horario de clase, se comenzó a percibir el olor penetrante y muy fuerte por los productos que el equipo aplicaba.

Los docentes debieron encerrarse junto a los alumnos en las aulas “para tratar de minimizar la presencia del producto en el ambiente, a tal efecto pedimos la presencia policial en el lugar, para que cese la actividad de aplicación”.

Consultaron qué producto estaba aplicando, a lo que respondió que era Clorpirifós únicamente. La persona no contaba con medidas de seguridad alguna hacia su persona (calzado adecuado, antiparras, etc.), ni con receta fitosanitaria ni carnet habilitante. “Más tarde se presentó el ingeniero agrónomo a cargo de la aplicación, presentando la receta agronómica de autorización de la aplicación. En la misma consta que los productos aplicados son Lambdacialotrina y Clorpirifós (productos de banda amarilla). La receta también deja constancia de la presencia de la escuela en la zona aledaña al lote. Eso es todo en cuanto deseo exponer en la presente”, marcaron los docentes de la escuelita del departamento San Javier.

Por otro lado, un día antes de la primavera, la Unión de Asambleas Ciudadanas emitió un comunicado de apoyo por el juicio a fumigadores de escuelas rurales de Entre Ríos, bajo el título “Fumigar es delito”. En ese documento repudian las expresiones de las entidades rurales integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) con motivo del comienzo del juicio oral y público debido a la fumigación con agroquímicos realizada con la presencia de niños, niñas y su docente a la Escuela Rural N°44, Colonia de Santa Anita, Entre Ríos.

Estas entidades han expresado su “preocupación” por el proceso judicial que se está desarrollando esta semana en Concepción del Uruguay y han puesto en duda tanto la investigación preparatoria de la Fiscalía como los daños a la salud de niños, niñas y docente que asisten al establecimiento educativo al solicitar “que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.

A pesar de todos los testimonios relevados por la Fiscalía, aportados por los profesionales del hospital donde asistieron los alumnos y la maestra intoxicada, un perito agrónomo y un investigador del Conicet que mediante estudios ambientales demostró que “la escuela está expuesta a la contaminación”.

Y desconociendo el derecho a la salud, a la educación y a un ambiente sano de las personas afectadas, los integrantes de la Mesa de Enlace han optado por defender a la empresa que realizó la fumigación quien “se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes” según las cámaras que han soslayado mencionar siquiera las consecuencias sobre las personas afectadas.

El veneno, desde hace muchos años, es un gran negocio en la Argentina.

“…Mientras que en las últimas décadas la superficie cultivada en la Argentina creció casi el 62%,4 el mercado de los herbicidas creció más del 1.000% según un informe del INTA. El sector de los agroquímicos que se utilizan para producir cada cosa que comemos y vestimos mueve —solamente en la Argentina— cerca de 3.000 millones de dólares al año. Y hasta posiblemente más, sólo que nunca lo sabremos porque en 2012 las principales cámaras empresariales del rubro han dejado de hacer públicos esos datos, arguyendo la “incomodidad” de sus socios con esa clase de revelaciones. Increíblemente, a algunas —pocas— industrias el libre acceso a la información sobre sus cifras de ventas las perturba y mucho. La de los pesticidas parecería ser una de ellas”, dice Fernanda Sández, en su imprescindible libro “La Argentina fumigada”.

La superficie cultivada creció un 62 por ciento, el negocio del veneno, más del 1.000 por ciento.

Hay que repetir esos datos para entender la inversión en insumos sin importar para nada la salud humana.

Desde el menemato hasta el presente, el modelo extractivista del sojalismo exacerbado es política de estado.

No hace mucho tiempo atrás, los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios del gobierno nacional acusándolos de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago.

El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta 20.000 millones de dólares o su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres. Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda.

Mientras los bienes naturales sirven de garantía de pago para los bancos internacionales y el veneno se usa para intensificar los negocios, decenas de organizaciones ambientalistas siguen exigiendo que se pare de fumigar.

No solamente defienden la tierra, sino también a las maestras, las pibas y los pibes que intentan educar en medio de las fumigaciones.

Fuentes: Testimonios de docentes de San Javier, provincia de Santa Fe, tomados por el autor de esta nota; “La Argentina fumigada”, de Fernanda Sández; decreto 29 del año 2017, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina; “Resumen latinoamericano”, 27 de abril de 2017.

Fuente y fotos: Agencia de Noticias Pelota de Trapo