Argentina - Santa Fe: Fumigaciones, educación y ambiente

Las escuelas rurales (sus alumnos, el personal docente y de apoyo) se encuentran hoy en la línea de frontera de la exposición a las fumigaciones indiscriminadas, terrestres y aéreas, tanta ha sido la reiteración de los casos y las denuncias que los gremios docentes de Santa Fe (Amsafé) y Entre Ríos(Agmer) han debido tomar cartas en el asunto y ponerse al frente denunciando y solicitando medidas concretas de protección/prevención. 

Un caso emblemático ha sido el de la Escuela de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos donde la docente y los niños fueron rociados desde un avión y sufrieron una intoxicación aguda, debiendo recibir atención médica. Hace unos meses la justicia condeno al piloto del avión, al dueño de la empresa y al propietario del campo.

En estos días nos enteramos que un colega, docente en una escuela rural de Totoras fue despedido por oponerse a las fumigaciones en las cercanías del establecimiento. Se trata de una escuela que se encuentra dentro de un predio de un productor que cede/presta el terreno para que funcione la escuela, se le dijo en su momento al docente que cesara con sus cuestionamientos ya que el productor le iba a quitar el predio a la escuela.

Casos como este también son comunes en la región, docentes de Alvarez nos han comentado situaciones similares. En muchas ocasiones los productores y/o empleados de estos mandan sus hijos a estas escuelas y son ellos mismos los que hacen las aplicaciones de estos agrotóxicos.

Modelo productivo:

El modelo productivo muestra sus innegables impactos: es necesario cambiar el sistema productivo hacia uno de base agroecológico, que genere empleo rural y nos provea de alimentos saludables.

En el momento (1996) en que ingresó la soja (RR) transgénica, resistente al glifosato, el uso de este herbicida (presentado en su momento como inocuo para los seres vivos y amigable para el ambiente), se disparó (junto con otros agroquímicos) de una manera exponencial. El paquete tecnológico se completó con la siembra directa. Así comenzó una nueva etapa del agro pampeano que "permitió" a muchos productores abandonar sus campos y manejarlos desde el pueblo/ciudad. Se dio un fenómeno que dura hasta el día de hoy: la "taperización" del paisaje rural, se abandonan las casas y sus montes frutales y huertas, sus instalaciones para animales; luego las viviendas son demolidas y todo es tapado con tierra para ser cultivado con soja.

Desde 1997 a 2015, la producción (rinde de la soja creció entre un 12-15 por ciento promedio) mientras que el uso de agroquímicos creció entre un 250-300 por ciento, siendo la Argentina el país que más agrotóxicos usa por habitante en el mundo. Hoy existen claras evidencias de que el glifosato y las otras sustancias que completan su fórmula no solo no son inocuas sino que afectan la salud humana y la de los otros seres vivos (la Organización Mundial de la Salud lo declaró potencialmente cancerígeno y, recientemente, un tribunal de Estados Unidos falló contra Monsanto, condenando a la empresa (hoy Bayer) por el linfoma no Hopkins que contrajo un jardinero que lo usó en forma cotidiana. ¿Seguirá el ex Ministro (ahora Secretario) de Ciencia y Técnica afirmando que el glifosato tiene la misma toxicidad que un antibiótico?

Algunas preguntas al poder legislativo (nuestros representantes), al poder Ejecutivo (en sus distintos niveles) y al sistema educativo y científico tecnológico:

¿Cuánto deben esperar nuestras comunidades para que se legisle en favor de la salud pública y ambiental? En las cámaras legislativas de nuestra provincia año tras año, lideradas por la Campaña Paren de Fumigarnos, distintas organizaciones socioambientales presentan y han presentado proyecto para controlar y limitar las fumigaciones en toda la provincia, así como otros que promocionan e incentivan las prácticas agroecológicas. Año tras año mueren en un cajón, pareciera que los intereses de algunos poco prevalecen por sobre el bien común.

Políticas públicas:

Los poderes ejecutivos en sus distintos niveles tienen posibilidades de aplicar una variada gama de políticas públicas que tiendan a proteger la salud de la sociedad y de los ecosistemas que estas habitan. ¿Por qué no lo hacen?

Aunque es necesario destacar que hay casos y excepciones donde esto se está intentando (Chabás en nuestra provincia y Gualeguaychú en Entre Ríos, por citar solo algunos), de manera global el ordenamiento territorial, el monitoreo y control (estricto y real) de las fumigaciones, el control de la calidad de los alimentos que consumimos, entre otras, brillan por su ausencia.

¿Qué está haciendo el sistema educativo (en su conjunto) y en particular nuestras universidades (y el sistema científico tecnológico), frente a esta problemática?

Es urgente e importante abordar, desde el enfoque de sistemas agroalimentarios, estos temas en nuestras instituciones educativas: desde las huertas/granjas escolares, la generación de viveros comunitarios (ambas actividades tienen un enorme potencial educativo), pasando por ejercicios que permitan analizar y evaluar ¿quién produce nuestros alimentos? ¿dónde se originan? cuánto viajan? Profundizar sobre qué es un alimento saludable. ¿Qué cantidad de los alimentos podrían ser producidos localmente? Y ¿cuánto trabajo podría generar producirlos? Es decir, indagar e investigar desde la perspectiva de la agroecología y la soberanía alimentaria.

Es un deber indelegable para con la sociedad que nuestra universidad, como política institucional (y no quedar sujeta a esfuerzos individuales o de algunos grupos de docentes investigadores, como sucede hoy) asumiera estas problemáticas como prioridad en sus investigaciones, actividades de extensión, en la revisión de sus currículas de grado y posgrado, en adquisición y puesta a disposición de equipamiento que permita realizar monitoreos eco-epidemiológicos, en suelo, agua, biodiversidad, sobre los impactos de este modelo y un posible y necesario redireccionamiento hacia practicas más sustentables.

Esto parece dificultarse con los recortes presupuestarios anunciados a Ciencia y Técnica y a las universidades, con un gobierno nacional que ve a la educación y a la ciencia como un gasto y no como una inversión social.

Por último, no debe permitirse bajo ningún concepto la sanción/persecución de docentes que trabajan en favor de la vida, y hacen docencia bajo esta perspectiva, demostrando en terreno a sus estudiantes que otra manera de hacer y producir es posible; generando las condiciones para que aquellos que quieran quedarse en el campo puedan hacerlo y no deban seguir el éxodo que el modelo imperante propone.

Fuente: La Capital