Argentina: El recrudecimiento de Vaca Muerta y sus consecuencias

Desde el inicio de 2018 al mes de julio Global Witness registró el asesinato de sesenta personas comprometidas con la defensa de los territorios y la naturaleza, de las cuales veinte eran latinoamericanas (ver aquí). En el mismo sentido, días atrás la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a los derechos humanos en el marco de proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos, que se suma a la realizada por la red Oilwatch en 2017 (ver aquí).

A simple vista pareciera que en Argentina la situación es menos violenta en comparación a otros países de la región, sin embargo los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado en 2017, advierten sobre el incremento de los ataques contra activistas. No resultan de buen augurio la creación del Comando Unificado de la Patagonia de Gendarmería Nacional, que incrementó su presencia en las dos principales cuencas petroleras de la región ni la firma del decreto que habilita a las fuerzas armadas a intervenir en asuntos de seguridad interior. Tampoco las declaraciones de la ministra de Seguridad que legitiman peligrosamente la violencia de las fuerzas de seguridad. Justamente, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca le ordenó a Gendarmería Nacional que se abstenga de “intervenir sin orden escrita emanada de autoridad competente“.

Esta preocupación crece, además, si se toma en cuenta el horizonte planteado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que en Houston afirmó que desarrollar Vaca Muerta con la densidad de pozos del área Loma Campana implicaba pasar de los actuales 884 pozos a 35 mil. Esto implica una mayor presión del megaproyecto sobre los territorios con el objetivo de avanzar con la exportación de hidrocarburos. Un emergente de la conflictividad asociada al megaproyecto Vaca Muerta es el juicio por usurpación contra las autoridades de la comunidad Campo Maripe, impulsado por un terrateniente local, que comienza el 22 de octubre. En territorio de esta comunidad se puso en marcha el primer proyecto masivo de shale del área Loma Campana, a cargo de YPF y su socia Chevron.

En este marco, que Argentina haya firmado el  Acuerdo Regional de Escazú es una buena noticia, aunque también es cierto que cuesta que los convenios supranacionales se efectivicen. Suscripto por 15 países de América Latina y el Caribe, el acuerdo es el primero de la región en materia ambiental y contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales

La suba “moderada” del gas busca no comprometer la gobernabilidad

En octubre comenzaron a regir los nuevos cuadros tarifarios referidos al consumo de gas. De su análisis se desprende que en esta actualización no se aplicaron los mecanismo de ajuste que habían sido utilizados en las revisiones precedentes.

En lo que refiere a la actualización del PIST, precio que recibe el productor de gas, se abandonó uno de los ejes que guió la política tarifaria nacional, es decir, la aplicación de un “sendero” en dólares creciente. Hasta marzo de este año, en términos aproximados, el productor recibía USD 3,75 por millón de BTU, con la revisión de abril, y en línea con lo trazado por el “sendero”, este precio subió a USD 4,50. En esta oportunidad, no se aplicó el “sendero” que preestablecía un aumento en torno al 15%. Por el contrario, el PIST bajó a USD 3,72.

Uno de los problemas que trae aparejado definir el PIST en dólares es el desequilibrio que se produce en la ejecución semestral de un cuadro tarifario cuando en ese período se produce una abrupta devaluación del tipo de cambio. Para el semestre abril-septiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) autorizó el traslado a tarifa del PIST, a razón de $ 20,34/USD y, por ejemplo, en septiembre, el productor de gas debió haber percibido el PIST al tipo de cambio de mercado de, aproximadamente, $ 40/USD. Por tales diferencias, se resolvió de manera inédita que el productor debe ser recompensado.

Las tarifas de transporte y distribución, por su parte, no variaron en base a la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), como sí ocurrió en las anteriores revisiones. Para ajustar estos componentes el Enargas decidió ponderar otros índices como el del Costo de la Construcción y el de Variación Salarial. Como la evolución de estos dos últimos índices fue inferior a la dinámica verificada por el IPIM, el porcentaje de aumento autorizado por Enargas, 19,67%, es menor al que hubiese correspondido según el IPIM, 30,44%.

El corolario de estos cambios es que el incremento resultante en la tarifa sea menor al que se hubiese efectuado en el escenario sin modificaciones. Más allá de que devaluación por medio, el monto en pesos aumentó notablemente, esta decisión busca quitarle presión al tarifazo ante la pérdida de capital político que está sufriendo el Gobierno nacional. Es decir, la contravención en materia de política tarifaria, debe ser leída en clave de supervivencia política y no en clave de reorientación de la plataforma política.

Adicciones en el pozo

El secretario general del poderoso Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, reiteró que un 40% del personal petrolero sufre adicciones a distintas sustancias como alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, entre otras. Lo que los medios locales titularon como novedad, el sindicato lo viene enunciando por lo menos desde 2014. La noticia, entonces, es que no se han podido bajar los niveles de adicciones y, como lo reconoció el dirigente petrolero, de fondo aparece el régimen laboral.

Al sumergirse en los sentidos y fundamentos de la construcción de la masculinidad petrolera, el antropólogo  Hernán Palermo deja entrever que el sistema energético argentino no podría funcionar sin los varones trabajadores precarizados, en constante riesgo de vida, alienados de sus afectos, infantilizados en el ámbito familiar, presa fácil de las adicciones para poder aguantar el extenuante ritmo de trabajo. Con ese contexto, las adicciones se convierten en un engranaje más de la maquinaria de extracción hidrocarburífera y combatirlas implica discutir, por lo menos, los regímenes laborales que se imponen.

Fuente: EJES