Amazonía: la devastación de un territorio

La Amazonía es un complejísimo territorio. Es el enclave biológico más diverso, el sistema hidrológico más vasto del planeta, pero también la casa de varios pueblos originarios (kichwa, kechwa, cofanes, shuar, ashuar, wahorani) algunos de ellos renuentes a todo trato con el exterior, conocidos como “no contactados” o tagaeris, y de innumerables colonos mestizos arrumbados ahí -como en la Lacandona de Chiapas en México lo fueron, procedentes de muchas partes del país por no tener tierra.

Este enorme nicho cubre parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil y es en el siglo xxi el más aterrador ejemplo de la devastación capitalista. Su destripamiento, el menosprecio al que se somete todo (de los microrganismos a las relaciones sociales) nos asoma al futuro de todos los territorios indígenas y campesinos si la gente no hace conciencia de la magnitud del embate transnacional y su producción de muerte.

Tan sólo en Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Esmeraldas, regiones ecuatorianas (donde operan las petroleras, madereras, mineras y los planes geopolíticos militares estadunidenses), quitan el aliento al más plantado los restos de breas y crudo más el “agua de formación” usada en los procesos petroleros botados en los brazos de agua y los pozos, las lagunas y los predios; las perennes quemas de gas y detritos de los procesos de extracción; la tala clandestina y la ganadería extensiva que logran una deforestación brutal. En ciudades como Coca, Sacha y Lago Agrio los oleoductos pasan por en medio con el peligro latente de incendios, derrames o explosiones. Hay pozos y estaciones de bombeo al lado de escuelas. La voracidad por el oro, el sílice, el cobre, el molibdeno y su refinamiento tras extracciones a cielo abierto, llenan de tóxicos (cianuro, por ejemplo) aire, ríos, quebradas. El monocultivo de palma africana, secando arroyos y manantiales, agrava la pérdida de fauna.

Se suma la compra de dirigentes, la división de las comunidades, las latas de conserva, machetes o motores de fuera de borda que las empresas “regalan” para congraciarse, las consultas fraudulentas, los retenes militares, la construcción de aeropuertos, las fumigaciones con defoliantes, la instalación de hoteles y spas de “ecoturismo”, la biopiratería, el tendido de electricidad y carreteras, el dragado de los ríos.

El boom-town como forma de vida sustituye los referentes, con su cauda de alcohol, droga, prostitución, tráfico de armas y corrupción, más la violencia de los paramilitares colombianos que patrullan la noche en motocicletas, adueñados de las poblaciones aledañas a la frontera con Colombia. Para los sembradores o antiguos cazadores es muy problemático convivir con esta maquinaria imparable que los sume en la miseria y la confusión.

El trastocamiento es tal que lo más dañado en el trato que imponen Chevron-Texaco, Occidental (Oxy), Repsol, Petrobras y otras muchas, son las relaciones. Después de años de resistir la entrada de las petroleras, hay comunidades que exigen como punto uno de sus pliegos petitorios que las empresas las contraten. “Eso es lo peor”, comentan algunos colonos, “porque la gente ya no ve que eso quieren, usarnos de peones, que dejemos de cuidar el bosque, que ya no seamos campesinos. Quieren que seamos bichos que aceptamos cualquier condición laboral, con tal de no salir tan perjudicados. Y lo que nos daña mayormente es ese empleo, que nos separa de la comunidad y nos hace perros fieles de las compañías. Entonces qué hacen. Se niegan a darnos empleo y nosotros, duro y dale exigiendo. Finalmente dicen aceptar. Y nos ponen unas condiciones de miedo. Nos enganchan para hacer los saneamientos ambientales, que es meterse, sin equipo adecuado, sin herramientas buenas, sin la mínima nada, a pura mano limpia, a limpiar la mierda de las breas y el crudo a canales y estanques. Es un trabajo muy jodido y de eso recibimos unos cuantos dólares, y lo peor es que la gente cree que le ganó algo a la empresa y deja su oficio de siempre. Ya puedo comprar, dicen, ya tengo platita”.

Las empresas se han robado hasta la historia de los pobladores porque según la diagramación de sus planos de escritorio, renombraron los parajes que antes se referían a vivencias propias. Se habla del Bloque 21, del Bloque 18, las áreas de explotación petrolera con que instauraron el desastre como vida cotidiana.

Los casos se repiten: en la cordillera del Cóndor, en Cantón Loreto entre Napo y Orellana (el Bloque 18), en el Sumaco, en Agua Santa, en Yuralpa donde en medio del bosque primario hay una refinería, en Auca, en Taracoa, en los ríos Guataraco, Vigay, Napo, Sumacsacha, Canampo, Coca. En el territorio cofán de Sucumbíos, en el Bloque 31, donde Petrobras (petrolera paraestatal brasileña) a la que el Ejecutivo ecuatoriano “le dio licencia ambiental para una carretera y una base petrolífera en el Parque Yasuní, una zona rica en biodiversidad protegida por el Estado” dentro del territorio wahorani. En el Bloque 16, la empresa argentina-hispana Repsol YPF “ya causó estragos ambientales”.

Occidental Exploration and Production Company, o simplemente Oxy, encarna, junto con Chevron-Texaco (empresa que enfrenta un juicio internacional emprendido por Oil Watch), la voracidad y malos manejos de las empresas causantes de tanta devastación. Oxy enfrenta la caducidad de sus contratos con el Estado ecuatoriano por ser reincidente en infringir leyes y ordenamientos (no respeta las tasas máximas de producción, no notifica la perforación de pozos, no informa su movimiento de crudo, no entrega estados financieros, no paga derechos de control, no informa de sus planes quinquenales, opera en áreas protegidas —Limoncocha, Pañacocha, Yasuní y Cuyabeno. Se le acusa de intentar expropiar a escondidas los territorios de varias comunidades, verter “aguas de formación” al río Napo, contratar niños en la limpieza de tóxicos en la zona de Jivino, operar un oleoducto entre Edén Yuturí y lago Agrio sin licencia ambiental, construir una carretera clandestina en el Parque Yasuní en bosque primario del territorio kichwa, no cumplir acuerdos con las comunidades, no arreglar las fugas del oleoducto del Bloque 15, ingresar en territorio indígena sin autorización y hacer uso de violencia, amenazas, detenciones y torturas en la construcción del oleoducto Edén-Lago Agrio. (Acción Ecológica: “La caducidad del contrato de la Oxy”, 4 de agosto de 2005).

Pese a esto, Alfredo Palacio, el flamante presidente que subió al poder tras la Rebelión Forajida dijo que declarar o no la caducidad de los contratos de Oxy era “cuestión de Estado”.

Guillermo Navarro Jiménez, economista ecuatoriano, devela que el gobierno estadunidense definió como precondiciones para firmar el tlc que el Estado ecuatoriano pague a Oxy 75 millones de dólares por devolución del iva, según un laudo arbitral en Londres (pago cuestionado por Ecuador), y que el gobierno se desista de declarar nulo el contrato con Oxy, pese a las violaciones incurridas (Altercom, 11 de julio de 2005):

El argumento del presidente Palacio de que el entredicho legal que el Estado ecuatoriano mantiene con Occidental corresponde a una “política de Estado”, tiene entonces por objetivo ocultar que evalúa la posibilidad de acceder al chantaje del gobierno de Estados Unidos, para cumplir con las condiciones exigidas por éste para la firma el TLC.

Pero en la Amazonía ecuatoriana, los menospreciados pueblos y comunidades, originarios o colonos, entienden su condición, la reflexionan desde sus asambleas y reuniones, resisten y han frenado, a veces a costa de mucha sangre, esos desastres impuestos. Sus enemigos son Estados Unidos y varias empresas, que intentan apoderarse del territorio amazónico con todas las riquezas que saquearán tras comprar, expulsar o masacrar a los habitantes de la región, o cuando los hayan convertido en peones de sus planes geopolíticos.

Ramón Vera Herrera, Amazonía ecuatoriana, julio de 2005.