Agrotóxicos: una convocatoria con 24 años de retraso

Dos décadas después de haber autorizado el primer transgénico con uso de glifosato, el Gobierno anunció que medirá el impacto de los agrotóxicos en el ambiente y en organismos biológicos. La iniciativa es impulsada por el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, que cuenta como antecedente con haber hostigado al científico Andrés Carrasco por sus estudios críticos sobre el glifosato. Desde hace décadas que madres de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y campesinos dan cuenta de los impactos de los agrotóxicos.

En Argentina existen más de 200 publicaciones científicas que dan cuenta del impacto negativo del glifosato, el herbicida más usado del país.

Anuncio oficial

El ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, encabezó el anuncio, secundado por sus pares de Agricultura, Luis Basterra, y de Ambiente, Juan Cabandié. “Convocan a la comunidad científica a participar del ‘Inventario para la producción sustentable’”, fue el título del comunicado en el que se invitó a investigadores “que cuenten con resultados de investigaciones y/o desarrollos tecnológicos orientados a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”. También estuvo presente la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Carolina Vera, para “ultimar detalles acerca del Inventario de Uso de Agroquímicos”.

El ministro Salvarezza señaló que busca “poder tener una primera aproximación al estado actual del uso de agroquímicos” y explicó el por qué de la convocatoria: “En el mundo hay exigencias cada vez más importantes. Argentina tiene que salir a ganar nuevos mercados en cuanto a producción con base en línea con el cuidado ambiental”.

El ministro Basterra reconoció que “la sociedad nos interpela sobre la manera en la que producimos los alimentos”.

Los funcionarios no especificaron cómo ni quiénes procesarán las informaciones aportadas por los científicos que concurran a la convocatoria.

“¿Cuánto más van a estudiar?”

Daniela Verzeñassi es parte del Foro Ecologista de Paraná e integrante de la Coordinadora Basta es Basta de Entre Ríos, que denuncian desde hace más de una década las fumigaciones con agrotóxicos. Enterada sobre la convocatoria del Gobierno a científicos, tomó distancia: “¿Dónde estuvieron todos estos años que pasaron? ¿Recién se dan cuenta lo que a gritos la población y la ciencia digna viene denunciando? Ya está demostrado lo que provocan estos químicos y no se trata de la cantidad de veneno, sino del veneno en sí mismo. ¿Cuánto hay que seguir estudiando?”.

Señaló que es un avance que los ministerios tomen el tema, pero destacó que es producto de la lucha socioambiental que desde hace años sufre los daños que el modelo de producción generan en los territorios y en las personas. “Hemos sido acompañadas por la ciencia digna de nuestro país y el mundo, con publicaciones científicas que demuestran claramente los impactos visibles en los territorios y la salud”, recordó Verzeñassi y planteó la desconfianza: “No vaya a ser que quieran legitimar el modelo con ‘dosis aceptables’ de veneno. No lo vamos a permitir”.

Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico en Saladillo (Buenos Aires), integrante de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace). Al leer la noticia de la convocatoria oficial a científicos, lo primero que hizo fue enumerar todas las consecuencias de los 24 años de transgénicos: millones de hectáreas desmontada, desalojos de campesinos e indígenas, concentración de tierras en pocas manos, crecimiento de las grandes ciudades, agrotóxicos en suelos, cursos de agua, aire y cuerpos.

Sin embargo, precisó cuál fue el mayor éxito del modelo de agronegocio: “Su mayor logro es haber colonizado las cabezas de la mayor parte de la plana política, que no pueden ver otra salida para nuestro país que no sea el extractivismo”.

Respecto a la convocatoria, diferenció tres aspectos:

– “El Ministro de Ciencia no tiene buenos antecedentes”.

– “Hay que ver a qué ciencia se consultará. ¿A la ciencia socia de las empresas de transgénicos o a la ciencia que está con los pueblos?”.

Y finalizó: “Ya está el informe con las pruebas de lo que producen los agrotóxicos, está en la historia y los cuerpos de los pueblos fumigados, de las Madres de Ituzaingó (Córdoba), de los Docentes por la Vida (de escuelas rurales), de movimientos campesinos y de asambleas socioambientales”.

Modificar la forma de producir

Cecilia Gárgano es investigadora del Conicet, de la Universidad de San Martín y de la UBA. Trabaja sobre conocimientos científicos y problemas del agro argentino. Lo primero que advirtió es que la convocatoria del Gobierno es producto de las luchas de las víctimas del modelo de agronegocio, “ya es inocultable su impacto negativo”.

Por otro lado, cuestionó que se convoque a un inventario de agroquímicos luego de 24 años de modelo transgénico. “Evidencia la falta absoluta de información oficial, hecho que venimos denunciando desde hace años”, denunció y exigió: “A esta altura de los hechos, y después de haber hecho de Argentina un laboratorio a cielo abierto, la urgencia no tiene que ver con seguir acumulando datos y evidencia científica que pruebe ese daño. La urgencia tiene que ver con avanzar en políticas para modificar esta forma de producir”.

Llamó a “no caer en la trampa de la evidencia”, referido a lo insólito de gobiernos y empresas que exigen pruebas a las víctimas en lugar de esas mismas empresas mostrar estudios independientes que den cuenta de la inocuidad de sus químicos.

También resaltó las contradicciones del Ministerio de Ciencia, que convoca para conocer los impactos de los agrotóxicos y al mismo tiempo impulsa y aplaude la aprobación del trigo transgénico. “Cuando vemos quiénes convocan, genera como mínimo cierto reparo y cierta sospecha”, reconoció.

Y resaltó el rol cómplice de sectores académicos: “La ciencia hegemónica ha tenido un rol fundamental en este tipo de modelo agropecuario, avalando cuestionables procesos regulatorios”.

Propuso que los sectores de gobierno recurran a las comunidades, “donde ya se han sistematizado los datos que demuestran que esta agricultura enferma y es inviable”. E insistió en el rol que debiera tener el Estado: “Las medidas políticas deben apuntar a revertir este modelo, no a juntar datos luego de veinte años”.

Lavado de cara

Juan Wahren investiga los impactos del agronegocio desde hace dos décadas. Forma parte del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Su lectura del anunció no tienen grises: “Es un intento de lavado de cara. El agronegocio tiene muy mala imagen, que antes quizá no tenía, y están intentando cambiarla, ponerles una cara verde, sustentable, incluso quieren apropiarse de la palabra agroecología, vaciándola de contenido”.

Recordó que ya existen numerosas pruebas de impacto, por ejemplo, de glifosato y destacó que recientemente más de 1500 científicos de Argentina se expidieron en contra del trigo transgénico y del glufosinato de amonio.

También señaló que una convocatoria seria debiera invitar también a las comunidades afectadas y a los cientistas sociales, para dar cuenta de los efectos ya comprobados, como los despojos, la violencia y hasta la pérdida de identidad cultural, además de los aspectos sanitarios; pero descree que haya una convocatoria de este tipo: “No creo que estos funcionarios quieran asumir el riesgo de que demostremos científicamente los impactos graves del mismo modelo que sustenta sus políticas, tanto de este Gobierno como de los anteriores”.

Matías Blaustein es doctor en ciencias biológicas e investigador del Conicet. Cree que el Gobierno realiza esta convocatoria porque una parte de la comunidad científica y organizaciones socioambientales estuvieron (y están) muy activas contra el avance de los desmontes, la instalación de megafactorías porcinas con China y el trigo transgénico.

“Ojalá se demuestre lo contrario, pero mucho me temo que es más una estrategia discursiva del Gobierno y que lo que podamos aportar, o ya hayamos aportado, no se tenga en cuenta”, sinceró.

Antecedentes de Salvarezza

Andrés Carrasco es el científico más reconocido por las organizaciones socioambientales, campesinos y víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos. Ex presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, en 2009 dio a conocer una investigación que confirmó los efectos letales del glifosato en embriones anfibios. Y lo denunció en los medios de comunicación.

Marcó un quiebre en la discusión del modelo transgénico en Argentina. Nunca antes un científico de su talla había investigado y, sobre todo, cuestionado el modelo agropecuario en base a transgénicos y agrotóxicos.

De inmediato sobrevino una campaña de desprestigio y persecución, encabezada por las empresas de transgénicos (nucleados en la cámara empresaria Casafe), los medios de comunicación socios del modelo (Clarín y La Nación, entre otros) y funcionarios públicos, encabezados por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y desde 2012, por el presidente del Conicet, Roberto Salvarezza.

Carrasco falleció en mayo de 2014. Poco antes había pedido su promoción a investigador superior del Conicet, máximo escalafón del organismo. Contaba con trayectoria y currículum, pero una insólita comisión (integrada por una especialista en filosofía budista, un científico ligado a las empresas de agronegocio y un académico denunciado por su rol durante la dictadura) le denegó su ascenso.

Carrasco no tuvo dudas de que la negativa se trató de una represalia por sus denuncias sobre los agrotóxicos. Y apuntó directamente a Barañao y Salvarezza, los denunció por persecución ideológica. “Al presidente del Conicet ,Roberto Salvarezza, le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia”, afirmó Carrasco en su última entrevista.

Trigo transgénico y glufosinato de amonio

El 9 de octubre último, en el boletín oficial, el gobierno nacional informó la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, de la empresa Bioceres-Indear y con uso de glifosato y el cuestionado agrotóxico glufosinato de amonio.

Un comunicado del Ministerio de Ciencia celebraba: “Se recibió la aprobación regulatoria de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo, una tecnología de tolerancia a sequía única a nivel mundial”.

“Desarrollado por un grupo de biólogos/as moleculares e investigadores/as argentinos/as, liderados/as por la investigadora Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecología del Litoral (IAL) y perteneciente al Conicet, permite obtener semillas más tolerantes a la sequía”, festejó el Ministerio de Ciencia, a cargo de Roberto Salvarezza.

La titular del Conicet, Ana Franchi, celebró la “unión virtuosa” de científicos con sueldos estatales pero al servicio del sector privado. Afirmó que esa relación es para “un país mejor y más inclusivo”.

Salvarezza se mostró exultante: “La ciencia argentina empieza a ser más visible. Cuando hablamos de ciencia argentina ponemos a nuestros premios Nobel sobre la mesa. Ahora podemos poner otras cosas. Ahora podemos poner alimentos, herramientas para cuidar a nuestra población en la salud”.

El comunicado oficial no mencionaba nada sobre los cuestionamientos al nuevo transgénico ni al glufosinato de amonio.

En agosto de 2012, en soledad, un científico sí alzó la voz sobre ese agrotóxico: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones, estimula la producción de oxido nitroso y muerte celular en el cerebro”, denunció Andrés Carrasco en la Cooperativa La Vaca.

1100 pruebas

Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del herbicida glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en la “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, un trabajo de 270 páginas recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la organización Naturaleza de Derechos. Dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico.

Allí se precisan más de 200 trabajos científicos de universidad públicas de Argentina.

La investigación recuerda que en Argentina se utilizan más de 300 millones de litros de glifosato cada año, advierte que los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman cada vez más familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.

Al inicio de la Antología se aclara que los 1108 trabajos científicos citados fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y aprobados para su publicación académica. Se consultaron base de datos científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles mediante un link de acceso en Internet.

En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

Fuente: Agencia Tierra Viva