Agrotóxicos: "Nos hubiese encantado que el gobernador nos atienda", lamentó Sasia

En ese marco, la abogada del Foro Ecologista y de la Coordinadora Basta es Basta (organización que realizó la presentación judicial) Aldana Sasia lamentó que en todo este proceso de lucha en la Justicia que lleva alrededor de un año, nunca fueron recibidos por Bordet: "Lamentamos que estemos ante la firma de un nuevo decreto. Parece mentira que hace un año que iniciamos esta acción judicial y ya llevemos dos presentaciones y que quizá debamos ir hacia una tercera presentación judicial", adelantó Sasia. Es decir, los ambientalistas ya están evaluando la posibilidad de presentar un nuevo amparo ante el inminente decreto provincial que se firmaría esta semana.

"Lamentamos también que durante todo este tiempo no hayamos podido sentarnos a conversar y analizar la situación con el gobernador. La idea era tratar de llegar a una solución, que no sea a través de un decreto y que contemple a todos los sectores. Hemos intentado por todos los medios y nos hubiese encantado que el gobernador nos atienda. No entemos cuales son los motivos por los cuales no nos quiere atender o no recibirnos. Así como recibió en todas las oportunidades a los sectores del campo y los recibió el fiscal de Estado en persona, en varias oportunidades, incluso redactando en conjunto el decreto anterior y ahora este decreto, también nos hubiese gustado que nos reciba en alguna oportunidad y que no nos derive siempre en funcionarios de segunda línea como Álvaro Gabás (titular de Producción) o Martín Barbieri (titular de Ambiente)", señaló en declaraciones a FM Universidad.

En esa línea, Sasia expresó: "Hemos sentido un ninguneo que debe estar acompañado de calificarnos como fundamentalistas con los que no podés dialogar y nosotros estamos muy lejos de eso porque tenemos una necesidad enorme de poder hablar y manifestar un montón de circunstancias. Vemos un futuro alarmante en nuestra provincia"

Según adelantaron los funcionarios, el nuevo decreto iba a incluir las visiones de toda la ciudadanía y los sectores involucrados, pero a los ambientalistas amparistas no se los convocó: "Debe ser un tema que excede al gobernador y que no debe tener el conocimiento como para discutirlo. Por eso cuando propusimos reunirnos fue una propuesta que incluía a médicos, especialistas, científicos, biólogos y personas que puedan explicar que se evidenció que 8 de cada 10 niños en nuestro territorio tienen daños genéticos pero que se puede revertir a corto plazo eliminando este tipo de sustancias en su cercanía y es el Estado el que debe garantizar ese derecho a la salud".

"Esta demostrado que ese daño es a consecuencia de un montón de sustancias que se utilizan en la producción cerca a sus escuelas. Estas sustancias han dañado a un montón de niños en las escuelas y esta evidencia tiene como consecuencia que los niños de las poblaciones rurales también están afectados y comprobar esto permitiría una prohibición total y por eso el miedo y la movilización del agro es tan grande", explicó Sasia.

Además, aseguró que cuentan con un proyecto de la Unión de Trabajadores de la Tierra en el cual "se propone una salida transitoria inmediata" a través del cual se puede establecer que se puede hacer en los 1.000 metros alrededor de las escuelas rurales: "El proyecto propone que todas las escuelas rurales sean una especie de fábricas de bioinsumos que puedan utilizarse en las aplicaciones, pero que no sean venenos. Esto generaría un ingreso mensual por escuela de $90.000, con una capacitación simple y sensilla, y que sean las escuelas quienes le aporten a los productores estos insumos sin la necesidad de comprar nuevas maquinarias si no que puedan usar las que tienen. Sin modificar el paquete de semillas, sólo dejando de utilizar veneno. Nos encantaría que puedan analizar aunque sea esa propuesta".

Respecto a los estudios que presentará el gobierno en el nuevo decreto, Sasia expresó: "Estoy segura que se presentarán estudios de la Asociaición Argentina de Tumores pero esos registros, lamentablemente, no están autorizados ya que son de 2013. Dan cuenta de tumores en lo que hace a la estadística de hospitales públicos, que son estadísticas que son subregistros, en las que no se registra en particular cada persona ni se lo hace de manera específica con respecto a los tóxicos. No es un estudio representativo de lo que pasa en nuestro territorio".

"Se que manejan información respecto a la deriva, esto de que la gota no tiene la volatididad que nosotros decimos fundamentandose en estudios del INTA en Entre Ríos. Pero el estudio utilizó un método a base de una gota de agua -y no de agrotóxicos- y por eso no avalamos esos estudios, ya que no se puede comparar la deriva de una gota con otra. Además, esos estudios se realizaron con un clima perfecto que nunca sucede en la realidad, esos estudios son incontrastables con lo que pasa en nuestro territorio", especificó.

El control es imposible

El gobierno hizo hincapié en la necesidad de aumentar el control sin prohibir. El mecanismo de control previsto es a través de un chip que se coloca en la maquinaria pero que no puede analizar el componente con el que se fumiga: "En lo que hace al objeto central del control, de ponerle un chip a la máquina para que el Estado sepa a donde y a que distancia se fumiga, pero nunca se va a poder saber que sustancia se está utilizando".

Igualmente, Sasia aseguró que "esto no hace al eje de la discusión, porque el veneno está en el agua de lluvia, en el barro del río Paraná". "Un montón de estudios aseguran que no se puede controlar, incluso los propios profesionales de Monsanto aseguraron que no había estudios comprobados respecto al control", agregó la abogada.

"Mientras tanto sabemos que hay un montón de productores que quieren seguir utilizando este modelo porque los beneficia, porque les ayuda a reducir un 70% de mano de obra, es una solución para ellos pero se está volivendo insustentable a lo largo del tiempo por sus daños y la resistencia del pueblo", finalizó.

Fuente: Análisis Digital