Agrocombustibles: ¡que se quema la Milpa!

El fin de la primera década del siglo XXI será recordado como el inicio de la Gran Crisis. También debe ser registrado como el boom en la era de los agrocombustibles.

La significativa contribución de los combustibles fósiles a la crisis climática; su carácter finito y la reducción de sus reservas; las graves implicaciones geopolíticas para las economías más poderosas, y todo esto aunado a las grandes oportunidades de negocio y acumulación que se vislumbran en las fuentes alternativas, conducen a las corporaciones y a los gobiernos al nuevo paraíso de la gran promesa: los agrocombustibles, que son vistos como la solución mágica que permitirá a las corporaciones seguir alimentando un modelo basado en el crecimiento económico, la acumulación indefinida de riqueza y la proliferación de más y más objetos de consumo, por supuesto dentro del mismo esquema de pobreza y desigualdad social creciente y devastación ambiental abismal.

En muchos países, incluido el nuestro, varias organizaciones campesinas y sociales, así como académicos y legisladores, ven la producción de agrocombustibles como una oportunidad para el desarrollo rural, pero bajo estrictas reglas y criterios de sustentabilidad, así como mecanismos de monitoreo, dentro de dimensiones y esquemas que garanticen el control en el ámbito de los productores locales, pues existen graves preocupaciones de que esta actividad pueda provocar escasez y carestía de alimentos, mayor dependencia alimentaria, deterioro de bosques y selvas, pérdida del territorio y la cultura comunitaria y mayor acumulación de tierras y recursos en manos de corporaciones multinacionales.

Numerosos políticos e inversionistas han defendido a los agrocombustibles por su supuesta contribución a la reducción de emisiones de gases de invernadero, con el argumento de que estos cultivos tienen la capacidad de incorporar el bióxido de carbono a la cadena alimenticia impidiendo que se libere a la atmósfera. Una fracción de la biomasa producida en los cultivos para agrocombustibles (del 20 al 30 por ciento) es usada para la alimentación de animales, que incorporan el bióxido de carbono en sus tejidos, del que otros organismos se alimentan, de tal manera que la biomasa sería un reservorio de carbono.

Sin embargo, cada vez más estudios muestran que tal esperanza está mal fundamentada. Una de las revistas científicas más prestigiosas, Science, publicó el año pasado un artículo que se ha vuelto clásico por el método empleado y por las conclusiones obtenidas, en el que los autores utilizan datos de las grandes regiones del mundo donde se produce caña, maíz, trigo y soya, así como las dinámicas que se han dado en los países que están produciendo agrocombustibles, para modelar el efecto que tendrán los planes ya aprobados por muchos países (incluido México) a fin de sustituir una fracción significativa de las gasolinas fósiles por agrocombustibles.

La principal conclusión de este artículo es que para obtener los volúmenes planeados se está generalizando un cambio en el uso del suelo a escala global: una fracción significativa de las tierras que antes producían maíz, soya y trigo para alimentos se usa para producir etanol y diesel, y esto provoca el cambio de uso de suelo en bosques, selvas y pastizales naturales que son desmontados para compensar la pérdida de tierras agrícolas. Este cambio de uso de suelo observado, cuando se modela para las diferentes regiones del mundo, significa un aumento de casi 50 por ciento en la emisión neta de gases de invernadero, según los autores del artículo. Adicionalmente se están destruyendo bosques y selvas con la siembra de plantas invasoras como la jatropha curcas y la palma africana para la producción del agrodiesel, lo que libera a la atmósfera importantes cantidades del CO2 que estaba atrapado en los árboles y en el suelo forestal.

Otras investigaciones señalan que para que la producción de agrocombustibles alcance los rendimientos demandados por el mercado, es necesario utilizar grandes cantidades de fertilizantes de origen fósil, pesticidas y maquinaria agrícola, lo cual constituye otro desbalance importante en la pretendida disminución de gases de invernadero. Por sí solos, los fertilizantes nitrogenados liberan a la atmósfera grandes cantidades de óxido nítrico, gas de invernadero 30 veces más dañino que el bióxido de carbono en términos del calentamiento global. La pretensión de que la siembra de insumos para la producción de “bioenergéticos” es una medida favorable para hacer frente al cambio climático, no es sino un mito promovido por las grandes corporaciones interesadas en el negocio de los agrocombustibles, encabezadas por las empresas energéticas, biotecnológicas y agroindustriales.

Agrocombustibles en el menú. Uno de los principales “objetivos del milenio” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) era reducir el hambre en 50 por ciento para el 2015, meta que se ha visto letalmente amenazada a partir del incremento de los precios de los granos en el mundo. Tanto la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) como la propia ONU han observado un grave incremento en los precios de los alimentos y han advertido del riesgo no sólo de se incumplan las metas de reducción del hambre en el mundo, sino de que ésta aumente drásticamente e incluso resurja en países que la habían superado décadas atrás. Y han asociado directamente este riesgo a la especulación e incremento de precios que ocurre por el uso de los granos y los recursos agrícolas (agua, tierra, abonos, recursos económicos) para la producción de agrocombustibles.

Según la FAO y el Fondo Mundial de la Alimentación de la ONU, los precios de los granos básicos se elevaron entre 20 y 70 por ciento en el orbe en los cuatro años recientes, principalmente por el uso de maíz, soya y tierras agrícolas para la producción de agrocombustibles.

Riesgo de pérdida de bosques y de daño a ecosistemas. En Brasil, millones de hectáreas de selva del Amazonas han sido arrasadas en los cinco años recientes para sembrar soya, ya que las tierras del sur del país, en las que antes se sembraba esa leguminosa, están siendo utilizadas para la caña de azúcar destinada a la producción de etanol. La prestigiosa ex ministra de medio ambiente brasileña, Marina Silva, manifestó con su renuncia que la política del gobierno de Lula, que fomenta de manera generalizada la producción de etanol, está provocando la desaparición de vastas áreas de la selva amazónica y la mata atlántica. En el sudeste asiático, las escasísimas poblaciones de orangutanes y otras especies en peligro de extinción, están perdiendo los últimos reductos de sus hábitat a manos de la palma de aceite para agrocombustibles.

La superficie de tierra agrícola y forestal mundial que está siendo reorientada hacia la producción de agrocombustibles es de más de 40 millones de hectáreas, y las tierras agrícolas se transforman para la producción de combustibles a una tasa anual creciente. Estados Unidos ha establecido la meta de utilizar 132 mil millones de litros anuales de etanol como combustible y la Unión Europea (UE) acordó que para el 2012 diez por ciento de las gasolinas provendrán de agrocombustibles. La totalidad de la tierra agrícola de EEUU será insuficiente para producir su propia demanda de agrocombustibles según las metas establecidas para los próximos años, y lo mismo ocurre para los países de la UE, por lo que requerirán grandes cantidades de etanol, granos o aceites provenientes del Sur. Los europeos los están llevando desde países asiáticos como Malasia e Indonesia, en donde los monocultivos de palma de aceite para la producción de agrodiesel han provocado una devastación criminal de las selvas y el despojo de los territorios comunitarios. Cerca de 98 por ciento de la cobertura forestal de Indonesia se habrá perdido en los próximos cinco años y Malasia, el principal productor de palma de aceite del mundo, ha perdido ya 87 por ciento de su cobertura forestal. Lo mismo está ocurriendo en Brasil y Colombia para enviar etanol y biodiesel a Estados Unidos, y México, como siempre, se encuentra en una posición privilegiada para proveer a Estados Unidos de tan importante producto.

Campaña Vamos al Grano xm.ten.ygidorp@tenebluar

Reconversión a la mexicana

En todas las regiones agrícolas y forestales de México, tanto la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como varios gobernadores, promueven activamente la sustitución de tierras agrícolas y forestales por tierras para la producción de agrocombustibles, no obstante que el 18 de mayo de 2008 el presidente Calderón declarara con enjundia y determinación que no se utilizaría ni un grano de maíz para la producción de agrocombustibles.

En México se había anunciado que se utilizarían agrocombustibles como oxigenantes en diez por ciento del volumen de gasolina en la ciudad de Guadalajara para el 2010, como programa piloto para generalizar el uso de biocombustibles en Monterrey, la Ciudad de México y posteriormente en todo el país. Por supuesto, también se ha fijado el objetivo de exportar cantidades significativas de agrocombustibles a Estados Unidos. Los gobiernos de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Chiapas han anunciado, financiado y puesto en operación vastos proyectos de “reconversión”, en los que cientos de miles de toneladas de maíz y de hectáreas de tierra agrícola y forestal se aprestan a ser incorporadas a la producción de agrocombustibles. La Leyde Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LFPDB) obliga a contar con un certificado emitido por la Sagarpa que establezca que en el país hay inventarios excedentes de maíz para su uso como combustible.

La Sagarpa no ha emitido ningún certificado o permiso en esta dirección, ni México tiene excedentes de maíz; al contrario, hay un déficit cercano al 30 por ciento. Sin embargo en Navolato la empresa sinaloense Destilmex ha instalado y puesto en operación, con fuertes aportaciones del gobierno estatal y federal y de inversionistas de Estados Unidos y sinaloenses, un inmenso reactor para el procesamiento de 500 mil toneladas anuales de maíz para la producción de etanol que será exportado a Arizona y California. Aparentemente hasta ahora se han quedado sólo en la producción de almidones, en espera del reglamento y de la mejoría de los precios del mercado. El inversionista más visible de esta empresa, Eduardo de la Vega Chavarría, ha declarado que en Sinaloa “no se aplica esa ley”, la LPDB, y en tanto Destilmex está procesando cientos de miles de toneladas de maíz para fines distintos a la alimentación. Cerca de 300 mil toneladas, casi tres por ciento de la producción nacional de maíz, son utilizadas por esa empresa para producir precursores de agrocombustibles.

En Tamaulipas, Biomex por su parte anunció en mayo del año pasado la próxima puesta en operación de su planta para etanol, con una capacidad de procesamiento de 450 mil toneladas de sorgo al año.

Aberraciones similares se repiten en el ámbito forestal, como muestran los gobernadores de Chiapas y Veracruz recorriendo los municipios de la mano de la Sagarpa, la Conafor y de industriales colombianos, estadounidenses y españoles, y repartiendo plántulas y dinero para promover la “reconversión” (sic) a jatropha curcas en tierras agrícolas, y fomentando las plantaciones forestales con ese tipo de plantas invasoras. Y cabe hacer notar que Monsanto, British Petroleum, Petrobrás, Repsol, Syngenta y Cargill destacan entre las grandes corporaciones interesadas en la producción de agrocombustibles en México.

La Conafor incluyó la promoción de jatropha curcas en sus reglas de operación 2009 de manera totalmente arbitraria e ilegal, pues con esto viola flagrantemente lo dispuesto en la ley de agrocombustibles. Esta comisión defiende el establecimiento de plantaciones de jatropha curcas como una manera de recuperar tierras “marginales” o deforestadas. Sin embargo, en ninguna de las leyes relativas a la materia (la ley forestal, la agraria, la de desarrollo rural sustentable, la de promoción de bioenergéticos o la ley de equilibrio ecológico) está definido o considerado el término de “tierras marginales”, y esto es así porque en realidad es completamente arbitraria tal definición. Para algunos puede parecer que una selva baja caducifolia no muy conservada es una tierra marginal, y para otros esa misma tierra puede significar el reservorio mundial más importante de alguna especie. Es el caso por ejemplo de las selvas bajas de Morelos, que son consideradas por la Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural estatal como “tierras marginales”, y que por lo tanto son susceptibles de ser plantadas con jatropha. Sin embargo, estas selvas constituyen las regiones del mundo con mayor diversidad de especies de la familia de las Burseras. Otras tierras que pueden parecer “marginales” son tierras de “barbecho”, a las que los campesinos regresan después de unos años en una práctica milenaria de rotación de cultivos y descanso de tierras. En general, las (mal llamadas) tierras “marginales” son menos productivas que las tierras consideradas “agrícolas”, y por lo mismo, para hacerlas “competitivas” en el mercado de los agrocombustibles, sería necesario utilizar grandes cantidades de agua, fertilizantes químicos y trabajos mecanizados de preparación del suelo, lo cual, aunado al necesario “desmonte”, contribuirá de manera muy significativa al incremento de los gases de invernadero, que era lo que supuestamente se pretendía resolver en primer lugar. Y como lo ejemplifica el caso mencionado, el riesgo de grave impacto sobre la diversidad de especies animales y vegetales queda ignorado.

Para la promoción de las energías renovables es fundamental partir de la gente, de la situación local. En México hemos sido testigos de la gran torpeza (por decir lo menos) con la que se han desarrollado programas de producción de energía limpia. En La Ventosa, en Oaxaca, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impuso a las comunidades los generadores de viento mediante engaños, incumplimientos e incluso despojos, con una lógica que sólo atendía las exigencias de los inversionistas (grandes corporaciones españolas en su mayoría) provocando un rechazo total por parte de muchas comunidades a la tecnología eólica, que sin duda tiene inmensas virtudes.

La Conafor y la jatropha

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, conformó en su presupuesto federal 2009 una bolsa específica de su esquema ProÁrbol para apoyar el cultivo de la jatropha.

Ante la pregunta de por qué la Conafor tomó esa medida, Víctor Sosa Cedillo, coordinador de Producción y Productividad de la Comisión, dijo que la decisión ocurrió porque “existe interés de diversas empresas nacionales y extranjeras en asociación con los dueños de los terrenos en desarrollar este tipo de proyectos”.

Precisó que la empresa Grupo KUO-REXCEL prevé plantaciones de jatropha y establecimiento de una refinería de biocombustibles en Yucatán, la empresa Vecenergy Vida de México prevé plantaciones en Michoacán, Guerrero y Oaxaca y el Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura de Tropical de Chiapas pretende plantar tal especie en esta entidad sureña. Pero además “hay numerosos productores del sector social, ejidos, comunidades y pequeños propietarios interesados”.

Según el funcionario, ya en 2007 y 2008 la Conafor dio subsidios a plantaciones de jatropha –que es un árbol nativo de México– considerando su potencial de transformación en biodiesel y por su función como árbol protector y restaurador de suelos degradados. El establecimiento de la jatropha, dijo, “no afecta terrenos de sistemas de cultivo agrícola, ni implica desmontes de bosques”.

Para 2009 la Conafor tiene previsto apoyar cerca de 20 mil hectáreas de jatropha en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, “dependiendo de la demanda y los recursos disponibles”. Sosa Cedillo subrayó que los apoyos se entregan sólo a quienes cuentan con constancia de registro o autorización de la plantación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

También dijo que, según un estudio del INIFAP, en México hay seis millones de hectáreas con potencial para establecer jatropha.

Se le comentó a Sosa Cedillo que aún el Ejecutivo no ha emitido el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, por lo cual otorgar subsidios a la jatropha podría representar una ilegalidad, pues su fin es la producción de biodiesel.

Fuente: La Jornada