Agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica
"Muchas mujeres han sido desplazadas de sus comunidades y muchas, además, han sido agredidas, incluso sexualmente, por fuerzas militares y policíacas en el transcurso de acciones de desalojo relacionadas con la instalación de megaproyectos extractivos."
En 2011, el 14% del total del territorio centroamericano estaba concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense, siendo Honduras y Guatemala los países con mayor número de concesiones [5]. En México, más de 40% del territorio nacional ha sido concesionado y hasta agosto de 2015 se habían registrado 418 puntos de conflicto entre empresarios y habitantes de las localidades relacionadas con estas concesiones [6].
En toda la región ha venido aumentando la implantación de proyectos mineros y otros megaproyectos que en su mayoría se han impuesto sin que las poblaciones afectadas hayan podido ejercen plenamente el derecho a la consulta libre e informada, tal y como lo garantiza el Convenio 169 de la OIT. Esto afecta de manera especial a las mujeres, particularmente a aquellas que se han organizado en sus comunidades para impedir su avance. Las afectaciones en las mujeres como consecuencia de la expansión de este modelo de desarrollo extractivista son diversas [7]:
- Aumenta la carga laboral sobre ellas ya que tienen que asumir adicionalmente las labores agrícolas de los hombres que van a trabajar en o con la mina.
- Tienden a ser excluidas de los beneficios económicos y de las negociaciones sobre el destino de los territorios.
- Padecen problemas de salud derivados del daño ambiental que estos proyectos generan, y han tenido que cuidar a familiares enfermos por esta causa.
- Tienden a aumentar los distintos tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia dentro del hogar, la trata de mujeres (al instalarse negocios de prostitución para los trabajadores de las minas) y la violencia sexual.
- Pueden generar una mayor dependencia económica al despojarlas de sus medios de subsistencia, como es la producción de alimentos a pequeña escala.
Muchas mujeres han sido desplazadas de sus comunidades y muchas, además, han sido agredidas, incluso sexualmente, por fuerzas militares y policíacas en el transcurso de acciones de desalojo relacionadas con la instalación de megaproyectos extractivos.
Un ejemplo de la violencia sexual cometida en el marco de acciones de desalojo es la violación y tortura sexual cometida en 2007 en contra de mujeres de la comunidad Lote Ocho o Chacpaylá, de El Estor, Izabal, pertenecientes al pueblo maya q’eqchi’. En el desalojo participaron cientos de guardias de la seguridad privada de esta empresa, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército, quienes perpetraron múltiples violaciones a los derechos humanos. La comunidad está asentada en terrenos disputados por la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., los cuales la población q’eqchí reivindica como parte de sus tierras ancestrales. Los efectivos armados violaron sexualmente en forma brutal, masiva y múltiple a mujeres de la comunidad. Algunas mujeres fueron violadas hasta por diez hombres y muchas estaban embarazadas [8].
Esta situación no es solo recurrente en México, Honduras, El Salvador o Guatemala, sino también en países como Nicaragua, en donde se han reprimido las protestas en contra de la imposición del proyecto para construir un nuevo canal interoceánico o en contra de la minería a cielo abierto. Este es, a grandes rasgos, el contexto en el que las mujeres defensoras de derechos humanos mesoamericanas realizan su labor, enfrentando históricas desigualdades y formas de discriminación, nuevas formas de violencia y una cada vez mayor falta de recursos para sostener el trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, lo cual, en síntesis, constituye un entorno sumamente riesgoso y desfavorable para que puedan trabajar libremente por la igualdad, la justicia social y la paz.
No obstante, su conciencia de derechos, gracias a siglos de luchas feministas, y su participación en todos los movimientos sociales es cada vez más numerosa. Además, la agenda de igualdad y los derechos de las mujeres es cada vez menos marginal en la sociedad. Ello significa que, aunque defender los derechos humanos sea para las mujeres mesoamericanas una actividad riesgosa y con muchas limitaciones, no están dispuestas a renunciar a los derechos conquistados y siguen día a día abriendo oportunidades a la democracia, la justicia y la igualdad, solo posibles si se logra la plena igualdad de género.
Extracto de la publicación "Agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Informe 2012 - 2014", que puede leerse íntegramente aquí >>
Fuente: OMAL