Afectados por metales tóxicos encaran al Estado

A las 11 de la mañana del jueves se vivió el momento más delicado de un encuentro que para todo un auditorio se presentaba como una oportunidad irrepetible. Más de cuarenta afectados por metales tóxicos de trece regiones habían escuchado por casi media hora a la funcionaria a cargo de su atención, y las preguntas asomaban en varias manos.

Luego de su presentación, y poco antes de las preguntas, la funcionaria Tania López, jefa de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas del Ministerio de Salud (Minsa), había escuchado los reclamos de Teresa Cuñachí Agkuash, vocera de las madres awajún afectadas por el derrame de miles de barriles de petróleo al río Chiriaco, en Amazonas, el 2016.

En su exposición, López Centeno reconocía la incapacidad del Estado para identificar y atender a las personas expuestas a metales tóxicos. Alta rotación de funcionarios, ineficiencia en la ejecución de los presupuestos de las regiones para salud y falta de médicos especialistas a nivel nacional, fueron algunas de sus explicaciones.

Aunque anunció avances, para ella muy importantes −como la futura actualización de la guía de atención por intoxicación por arsénico, y la ejecución de un programa de especialización para la atención integral a personas expuestas a metales pesados−, los afectados y afectadas en el auditorio se mantuvieron, en su mayoría, incrédulos.

“Si van a prometer (atención) hay que cumplir”, dijo Teresa Cuñachí desde la misma mesa que compartía con la funcionaria.

Milagros Salazar Herrera, directora del portal periodístico Convoca, adelantaba a su turno algunos datos de las investigaciones que vienen realizando a los presupuestos públicos ejecutados por las regiones para la atención a personas expuestas a metales. Tania López, justificándose en otra cita ya programada, pide cerrar su participación con algunos comentarios. El auditorio resuena en críticas.

“Es una burla, esto es una burla”, dice uno de los representantes de la región Pasco, que en 2017 junto a otros pobladores se encadenó al Ministerio de Salud, en Lima, para exigir atención para su pueblo, históricamente afectado por la minería.

La secuencia de preguntas e interpelaciones no se detuvo, esta vez en comentarios y pedidos precisos como la visita de la funcionaria a la provincia de Espinar, en Cusco, y la creación de una Comisión Multisectorial Permanente a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas, y la cual debería estar adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). No mesa de diálogo, no comité, siempre como comisión multisectorial.

El momento más difícil se vive con el testimonio de Sonia Terrazos Collao, del distrito de Simón Bolívar, en Pasco, quien, aunque escéptica del interés mostrado por la funcionaria, le entregó a esta los análisis toxicológicos de su menor hija que revelan niveles altos de metales tóxicos en su organismo.

“No hay una atención como se debe en Cerro de Pasco. Y eso quisiera que usted haga cumplir para que todos los niños de Pasco sean evaluados”, invoca la madre.

López, especialista en administración en salud y también en epidemiología, hace apuntes y asiente: “ustedes tienen la razón”, y deja abierta la posibilidad de una redefinición nacional de lo que hoy se entiende en salud por atención integral básica, atención especializada y seguimiento.

Teresa Cuñachí −inspirada por Sonia− le entrega a López −justo antes de que abandone la sala− las fichas de vigilancia comunitaria que elaboraron para evaluar el desempeño de las brigadas de salud que ingresaron a su comunidad en agosto último. “Quisiera que revise lo que hemos hecho”, le dice. López responde con un gracias apurado y abandona la sala.

Nota: - En el evento participaron afectados y afectadas por metales tóxicos de regiones como Pasco, Cajamarca, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Puno, Cusco, Moquegua, Loreto, Amazonas, Lima, entre otras.

Fuente: Servindi