Acuerdo sobre fumigación con glifosato se hizo público
Organizaciones sociales, que vigilan las fumigaciones con glifosato contra posibles cultivos de hoja de coca en la frontera norte debieron acudir a la justicia para acceder al convenio que firmaron los gobiernos de Ecuador y Colombia, que permitió reanudar las aspersiones de agrotóxicos en la zona limítrofe el 9 de septiembre del 2013.
Para lograr la información motivaron un recurso constitucional de acceso a la información en el Juzgado Sexto de Contravenciones de Pichincha. Pese a que el contenido del acuerdo era público, la Cancillería no dispuso el documento en conocimiento de las comunidades de frontera y de las organizaciones de la zona.
El pasado 27 de febrero, el grupo de ciudadanos inició el pedido de acceso de información. La primera audiencia fue el pasado 4 de abril, pero el juez Arturo Dávila la suspendió porque la Cancillería pidió tiempo por no contar con la información. Se retomó ayer.
Según Ángel Herrera, director jurídico de Cancillería, no hubo velo o intento de ocultar información pública y dio el documento. Anexó un oficio de la Cancillería colombiana, que afirmó que ese país no reanudaba las aspersiones. Agregó que los $15 millones dados por Colombia para resarcir daños y mejorar la calidad de vida de ecuatorianos en la frontera los tiene el Ministerio de Justicia.
Adolfo Maldonado, de Clínica Ambiental, con su abogada, Silvana Sánchez, peticionarios, dijeron que transcurrieron 215 días sin información.
El juez obligó a que Cancillería presente en 45 días el protocolo para atender quejas y en 8 los nombres de funcionarios que deben atender a la sociedad civil.
Fuente: El Universo