Acuerdo de AMLO sobre megaproyectos, riesgo para pueblos indígenas del Istmo de Oaxaca

La alarma se encendió a todo lo largo de la franja más delgada de este país. Representantes de organizaciones ambientales,  activistas defensores de derechos humanos, del territorio y de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec  condenan y rechazan el acuerdo anunciado por el presidente  Andrés Manuel López Obrador,  ese  por  el que los proyectos  de infraestructura que realiza su administración deben considerarse    como un tema de  seguridad nacional.

Los pueblos indígenas del sur de Oaxaca, en donde se ejecutan un conjunto de grandes proyectos de desarrollo portuario, industrial, energético, ferroviario y carretero, en el marco del Programa para el Desarrollo del  Istmo de Tehuantepec que  engloba al Corredor Interoceánico, no permitirán que ese acuerdo viole sus derechos, expresan por separado  dirigentes sociales.

Para el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre,  en el mensaje del presidente López Obrador “se percibe un  tono similar al del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, del PRI represor”.  Y advierte que se corre el riesgo de que suspenda las garantías individuales en caso de protestas. “Es un golpe de Estado fáctico”, afirma.  

“Sólo falta que la 4T reviva el artículo 145 que existió en el Código Penal de 1968 y nos convierta en disolutos”, dice  extrañado de  intelectuales y militantes  que se dicen de izquierda y  no dimensionan los riesgos de este acuerdo presidencial.

“No entiendo todavía cómo hay intelectuales, académicos, no digo el pueblo que le tiene rencor al PRIAN y que festeja todo lo que AMLO hace, pero militantes que se dicen de izquierda, cómo no renuncian o denuncian esos riesgos que debilitan la vida democrática, alientan la opacidad y, con ello, facilita la corrupción”, señala.

En el Istmo, asegura el defensor ambiental, dicho decreto se va a encontrar una “resistencia indígena muy fuerte”, porque el panorama es “terrible y peligroso”,   y  abre las puertas para la suspensión de garantías y la violación de los derechos humanos  ante protestas campesinas, como bloqueos y mítines, hasta llegar a la represión.  El escenario, añade, es peligroso para el Istmo y  para todo lugar del país donde haya megaproyectos.

El temor de ambientalistas y activistas no es infundado. Apenas este lunes el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín, explicó que el Acuerdo que declara como de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos del gobierno federal, no solo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos carreteros. 

“Esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”, dijo en referencia a protestas y cierres carreteros, característicos de la región del Istmo de Tehuantepec.

Para Betina Cruz Velázquez, representante de la Asamblea Popular por la Defensa de la Tierra y el Territorio del Istmo, con dicho acuerdo, las consultas y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) pasarán sin problemas, no serán obligatorias, y con ello se violan  la Constitución, leyes reglamentarias y convenios internacionales.

La activista precisa que el acuerdo atropella derechos de los indígenas y por esa razón, dice, los  defensores de la tierra y del territorio alistan amparos y controversias, con la finalidad de impedir que prosperen esas “políticas autoritarias” que atentan contra las libertades.

Según  información del propio  gobierno federal, el Plan para el Desarrollo del Istmo contempla la modernización del Tren Transístmico; la construcción de un gasoducto desde Jáltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; la modernización de los puertos comercial y petrolero de Coatzacoalcos y Salina Cruz,  y la instalación de 10 parques industriales, entre otras megaobras.

La preocupación de activistas y defensores del territorio de los pueblos del Istmo sobre estas obras es mayúsculo, sobre todo  porque la inversión federal prevista para  2022 en el área del Corredor Interoceánico supera los  10 mil millones de pesos, recursos cuyo ejercicio debe transparentarse.

Y porque la mayor  parte de esos megaproyectos que se  ejecutan en el Istmo  aún no terminan sus procesos de consulta, que dejaron inconclusos el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT),  la Procuraduría Agraria y  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  desde marzo de 2020, amparados por la suspensión de asambleas  por la pandemia. Mientras tanto,  las obras del tren, por ejemplo,  continúan pese al rechazo de comunidades ayuujk y campesinos.

Tan sólo  en el tramo de 56 kilómetros  que comprende el poblado de Mogoñé (San Juan Guichicovi), a Ubero (Matías Romero), los trabajos de  cambio de durmientes, rieles, cortes 

de curvas y pendientes del  Transístmico, a cargo de la empresa La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, están suspendidos por acuerdo de  asambleas campesinas desde junio de 2020.

Para el  asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, suprimir la consulta, los estudios de impacto ambiental, los permisos de cambio de uso de suelo, violentando derechos que por  años la sociedad  ha ganado,     es una “clara expresión del desprecio a la legalidad y una muestra de autoritarismo”. 

El acuerdo, explica Beas Torres, no se reduce  a un aspecto administrativo, como el Presidente  quiere minimizarlo, sino va más allá.  

Advierte que la 4T le está ocultando algo peligroso a los istmeños: como la CFE ya no hace obras y no tiene dinero para ellas, la construcción del gasoducto estará  ejecutada por dos compañías estadounidenses.

Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas de México en la ONU, dice que  el acuerdo  da margen a que las empresas despojen a los pueblos de sus recursos y pasen por alto las consultas: “Nos parece grave para las comunidades indígenas.  Hay  riesgo de que se omitan  consultas libres, previas e informadas, lo que atropellaría derechos humanos, ambientales y a  la consulta”.

Fuente: El Universal Oaxaca