Activistas denuncian ante la CIDH que el extractivismo genera violencia en Honduras

“El Gobierno otorga títulos de propiedad a empresas en áreas utilizadas por agricultores, pueblos indígenas o afrodescendientes, y las empresas presentan denuncias judiciales contra aquellos que se oponen a lo establecido en los títulos de propiedad otorgados por el Estado”, dijo el director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), José Ramón Ávila.

Enfatizó que estos patrones “suman violencia, con decenas de personas asesinadas, cientos de heridos y arrestados”.

Acusó al Gobierno de otorgar licencias de operación en áreas protegidas, no núcleo, que afectan “el patrimonio cultural y los medios de vida de las comunidades y los pueblos indígenas”.

Estos patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos provocan “desplazamientos masivos”, como es el caso de miembros de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento norteño de Yoro, añadió.

Como ejemplo, recordó a Berta Cáceres, una ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016 y cuyo caso sigue sin resolverse, aunque la Justicia condenó en 2019 a siete personas.

El asesinato de Cáceres dejó en evidencia “una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras e integrantes del Gobierno que dejan ver la arquitectura del despojo, las distintas conexiones entre empresarios multinacionales y hondureños”.

Esos grupos, agregó, “someten a un importante riesgo a quienes consideran opositores políticos” y se mantienen en defensa de sus territorios.

Ávila destacó que alrededor de 137 proyectos mineros y de generación de energía, de un total de 847 aprobados, están en territorios indígenas y afrodescendientes.

La concesión de estos proyectos generó “grandes tensiones entre el interés privado, estatal y aquellos que defienden los territorios y bienes comunes” en Honduras.

Preocupa altos índices de violencia e impunidad

Liliana Caballero, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que en Honduras “existen grandes preocupaciones por la situación cívica, política, ambiental y de derechos humanos”.

“Los altos índices de violencia, impunidad, amparados por un manto de corrupción, incrustado en todos los ámbitos de la estructura estatal, han provocado grandes impactos en la economía y bienestar de la población, principalmente de aquellos sectores marginados y sistemáticamente transgredidos por los intereses de las grandes cúpulas de poder en el país”, subrayó.

Ante este panorama, añadió, el extractivismo se ha consolidado como “un modelo que prioriza los recursos naturales como fuente principal de acumulación de riquezas y beneficios”.

En su opinión, este modelo genera “saqueo, explotación y destrucción indiscriminada de épocas pasadas”, con el fin de aumentar el control privado de los bienes comunes “profundizando la industrialización y el riesgo para quienes viven y defienden los territorios”.

Caballero indicó que, desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, en Honduras se ha puesto en práctica “una política económica basada en la extractivismo y en la explotación de bienes comunes naturales” de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

El grupo de defensores calificó como “un retroceso más” en la lucha contra la falta de transparencia en los procesos de concesión, el hecho de que la Secretaría de Ambiente emitiera un acuerdo que permite a las autoridades “reservar información técnica” de las solicitudes de licencias ambientales.

Al menos 20 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2020 en Honduras, de ellos quince estaban vinculados a la defensa de territorios, según cifras del grupo de activistas.

Señaló que el Gobierno hondureño “no ha alcanzado cambios significativos para la protección de los derechos y la garantía de la vida para quienes la defienden”.

Fuente: Hola News