Académicos/as y organizaciones sociales en diálogo por una gestión de cuencas hidrográficas participativa y con justicia ambiental

Con el título de “Derecho al Agua y Gestión de Cuencas con Justicia Ambiental. Aportes académicos para un debate democrático urgente”, la instancia reunió a varios científicos/as para dialogar sobre esos temas. La actividad pública tuvo como objetivo profundizar el debate democrático y poner en circulación investigaciones y conocimiento de la academia en torno al agua, motivado entre otras cosas, por la oposición de OSE y el Ministerio de Ambiente a la posibilidad de que testigos y científicos que cuestionan la implementación del proyecto Neptuno-Arazatí presentaran sus puntos de vista ante el TCA, en el marco de Recurso Administrativo presentado para la suspensión de la licitación del mencionado proyecto.

“No solo nos corresponde hacer púbico el conocimiento, sino que es nuestra responsabilidad, nuestro deber (…) si la ciencia se debe a la sociedad es para mejorar la calidad de vida de las personas, para eso hay que cuidar el ambiente en dónde viven”, afirmó Piccini en su intervención.

Vea aquí la actividad completa de REDES-AT.

La propuesta de Casupá

Luis Aubriot, de la sección Liminología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias de la UdelaR realizó una presentación llamada agua para el futuro.

Montevideo y su zona metropolitana actualmente se abastecen únicamente de la cuenca del río Santa Lucía. Y la única alternativa oficial para un segundo centro de abastecimiento es el Proyecto Neptuno-Arazatí que toma agua del Río de la Plata. Según estudios académicos el Río de la Plata tiene presencia de floraciones de cianobacterias, además la cuenca de este río afecta a cinco países, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Para el investigador el proyecto Neptuno-Arazatí no es una opción viable porque además hay problemas de salinidad, y agregó que al día de hoy “el estudio de factibilidad no tiene un análisis suficiente”.

Otra propuesta es construir una represa en Casupá, que tiene buena calidad de agua según el científico, que debería ser llevada hasta Aguas Corrientes para potabilizar. Entonces Aubriot abrió la pregunta “¿por qué no plantearse una planta potabilizadora en Casupá?”.

La misma vieja receta neoliberal: privatizar

A su turno Marcel Achkar, docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de Facultad de Ciencias (Udelar), resaltó la reforma constitucional del agua de 2004, que estableció el derecho humano al agua y que los servicios de agua potable deben ser prestados por empresas públicas. En su presentación el docente consideró que la crisis del agua del año pasado se profundizó por el negacionismo de las autoridades, la orientación neoliberal de la gestión, las improvisaciones en las medidas y la incomprensión del alcance de los recursos hídricos.

Tanto frente a sequías como a inundaciones, “lo único que se les ocurre es retomar las privatizaciones, que además de ser inconstitucional, va contra la ley de agua, ambiente y territorio”, dijo Achkar, y agregó “todo esto se sintetiza en el proyecto Neptuno-Arazatí (…) los estudios ambientales sobre este proyecto no consideran el cambio climático: todas las investigaciones apuntan a que las precipitaciones aumentarán de 5 a 9 por ciento, el nivel del mar aumentará de 0.5 a 0.7 metros y más datos que no son tomados en cuenta”. Además, no se toman en cuenta los impactos de los caños abductores que pasarán por los humedales del Santa Lucía.

Potabilización: actualizar normas y adaptar tecnologías

Por su parte, el magíster en Ingeniería Ambiental Danilo Ríos, docente de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, se refirió al derecho al agua, y en ese marco, al derecho al acceso al agua potable. A su entender, la calidad de agua bruta ha disminuido en los últimos años, por la presencia de fósforos y otros contaminantes en los cursos de agua, por esto hay también un aumento de los costos de potabilización. Según Ríos, el diseño de los sistemas de potabilización “no puede basarse en el pensamiento de que la calidad de agua va a mejorar”, porque la experiencia muestra lo contrario.

El docente de Facultad de Ingeniería analizó algunas otras dificultades. Dijo que OSE debe asegurar el agua a la población, pero advirtió que “también es una empresa, y hay reparticiones del Estado que le exigen eficiencia, balances que no den pérdidas y regulación de tarifas”.

“La respuesta de OSE ante esos nuevos estímulos deja en evidencia que tiene dificultades para cumplir con sus responsabilidades”, aseguró. Además, el especialista alertó que OSE “tiene el mismo escarbadientes que le dieron en el 52 pero ante una realidad mucho más compleja”.

Sobre el cierre de la actividad María Selva Ortiz, de REDES-AT, lamentó que el año pasado no se escuchó a la academia en el contexto de la crisis hídrica, y que ahora tampoco se la escucha sobre el proyecto Neptuno. “Para nosotras este debate es clave. Para los movimientos sociales es clave la participación de la academia. No hubiéramos podido redactar la reforma del agua del 2004 sin la academia sentada con nosotras”, dijo.

Urge escuchar a la academia y la sociedad civil en las decisiones sobre el agua

Ortiz también llamó la atención sobre los efectos en el agua de los cambios de uso del suelo, por el agronegocio. “Todas las investigaciones muestran que el cambio de uso del suelo está afectando la calidad y cantidad de agua”, aseguró. La representante de REDES-AT criticó que el gobierno se asesore con la empresa israelí del agua Mekorot, denunciada internacionalmente por apropiarse de las fuentes de agua del pueblo palestino.

Desde las organizaciones sociales y la sociedad civil tenemos que denunciar estas falsedades, como las que dice Mekorot, o las de las autoridades de gobierno, que hablan de “agua infinita” con el proyecto Neptuno-Arazatí. “Neptuno no es ‘agua infinita’, tiene altos costos y no da garantías”, criticó la ambientalista.