A 50 años del golpe contra Allende y la reforma agraria en Chile

A 50 años del golpe de Estado en Chile, es clave recordar uno de los procesos más significativos del gobierno de Salvador Allende: la reforma agraria. Para los campesinos fue cuando se hicieron dignos. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la época colonial y ciertamente habían configurado la sociedad chilena. Para los hacendados, en cambio, fue la amenaza a su total impunidad. Y con certeza fue una de las principales razones para la reacción militar y terrateniente que llevó Augusto Pinochet al poder a través del derrocamiento del gobierno democrático.

En la década de 1950, veinte años antes de la llegada de Allende al gobierno, el campo chileno estaba estructurado en “fundos”, con familias campesinas cuasi esclavizadas y la tierra en manos de unos pocos latifundistas. El Chile rural tenía su vasallaje, su servidumbre aceptada. Eran tiempos en los que el terrateniente tenía el poder sobre quienes vivían al interior de la hacienda. De castigos físicos. De casas para los inquilinos con piso de barro, cocina fuera y sin baño. De salarios en especias, como sacos de porotos, trigo y leña para el año. Con la aparición de los primeros sindicatos en los años sesenta, esa relación con el patrón empezó a cambiar. Se podía llegar negociar mejores condiciones y los primeros intentos de democratización de acceso a la tierra empezaron a transformar esa estructura.

Las políticas de reparto de tierras y la conformación o fortalecimiento del marco institucional para llevarlas adelante comenzaron durante la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964). El impulso fue dado por los lineamientos de la Alianza para el Progreso, con una aplicación muy limitada en 1962, fundamentalmente en tierras que eran del propio Estado. El 16 de julio de 1967, el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) promulgó la Ley 16.640 de Reforma Agraria, que profundizó el proceso iniciado por Alessandri Rodríguez y se llegó a expropiar el 34 por ciento de la tierra habilitada por la norma en el país. El 26 de abril del mismo año, ya había promulgado la Ley de Sindicalización Campesina, con la que sentó las bases para la etapa siguiente con Salvador Allende, quien asumió como presidente el 3 de noviembre de 1970.

El campo al que lo trabaja

“No seremos más siervos, no seremos más parias, cuando los campesinos hagan reforma agraria”, proclamaban los movimientos campesinos al fervor del gobierno de la Unidad Popular. “Con arados se despiertan, tierras que estaban dormidas, por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas”, se escuchaba en la radio la "Canción de la reforma agraria" de los Inti Illimani. Recordar esos tiempos trae recuerdos dolorosos, pero también, trae a la memoria el fervor revolucionario de las luchas por la tierra y por la dignificación de los campesinos y campesinas.

Por medio de la Reforma Agraria y de la Ley de Sindicalización Campesina había llegado la hora de la justicia para quienes trabajan la tierra y producían los alimentos del pueblo.  El principal objetivo político de la reforma agraria consistió en la presión de un sector progresista contra una derecha conservadora que mantenía un sistema semi feudal mediante el inquilinaje y la mediería. Sobre esto, decía Jacques Choncholl, ministro de Agricultura de Allende: “La Reforma Agraria buscaba hacer justicia al campesino, hacer de Chile un país más igualitario y buscaba mejorar las condiciones productivas del país y garantizar la seguridad alimentaria de los chilenos”.

Al cabo de una década, desde la aplicación de las primeras reformas con Alessandri Rodríguez, el Estado había expropiado más de 9.965.900 de hectáreas de tierra en todo Chile. Cerca de 4.400 predios agrícolas fueron convertidos en asentamientos donde los trabajadores agrícolas tenían participación en el proceso productivo y en la tenencia de la tierra. Y sin dudas, la gran ley fue la de sindicalización campesina, que habilitó la figura de sindicato comunal. Por aquellos años, 313.700 campesinos estaban afiliados a organizaciones. Fue una herramienta poderosa para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

Con certeza fue central el rol de los sindicatos y de las organizaciones campesinas en el impulso y sostenimiento de la reforma. Fue el resultado de décadas de lucha y organización que aceleraron y profundizaron el proceso. Dirigentas de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) fueron parte activa del proceso de la Reforma Agraria. “Se hicieron muchas cosas en el gobierno de Allende en función de mejorar la dieta alimentaria de la gente y esa responsabilidad cayó en las manos de los campesinos y campesinas. Por eso, cuando vino la represión, la organización campesina fue la más perseguida durante toda la dictadura militar", reconstruye Francisca Rodrígue z, histórica dirigenta de Anamuri.

Y describe el horror de la dictadura de Pinochet: "La Confederación Ranquil fue allanada unas cinco veces y se llevaron a todos. Hubo compañeros presos y torturados, hubo compañeros desaparecidos. Compañeros desaparecidos que aparecieron y otros que nunca más aparecieron. A los campesinos de Lonquen los enterraron vivos. Los crímenes de la dictadura fueron dirigidos por los terratenientes. Eran los 'pacos' (NdR: como se denominan popularmente a los agentes de la fuerza policial Carabineros) con los dueños de la tierra persiguiendo a campesinos. En esa persecusión no solo murieron campesinos, murieron jóvenes y niños. Muchos campesinos fueron asesinados en la puerta de sus casas, algo que no se supo hasta que terminó la dictadura, porque la gente tenía temor de saber lo que había pasado".

Un modelo de despojo fundado contra la reforma agraria en Chile

Desde el 11 de septiembre de 1973, el proceso de la dictadura pinochetista desató con saña su furia contra hombres y mujeres del campo. El terror se esparció por los campos, con civiles armados persiguiendo a líderes sindicales y campesinos, asesinándolos, encarcelándolos o desapareciéndolos. Hubo comunidades mapuches en las que todo hombre mayor de 14 años fue encarcelado. Dirigentes campesinos asesinados como en todos los países con dictaduras.

En Paine, una ciudad de la Región Metropolitana, hay un rincón al que todos llaman el "Callejón de las Viudas". Está alejado del centro de Santiago y rodeado por predios agrícolas. Es un recuerdo vivo de la tragedia ocurrida en octubre de 1973. Setenta personas, la mayoría dirigentes sindicales campesinos que habían accedido a terrenos gracias a la Reforma Agraria. Los Carabineros entraron a sus casas, allanaron, golpearon y se llevaron a los hombres. Dijeron que iban a tomarles declaración, pero nunca más volvieron.

Existieron otros crímenes de este tipo en los primeros meses de la dictadura de Pinochet. Como recordaba la dirigenta de Anamuri, el 7 de octubre de 1973, Carabineros asesinó a 15 personas y las enterró en los viejos hornos de unas minas de cal en los cerros Lonquén. Campesinos de Curucaví, otra ciudad de la Región Metropolitana, fueron fusilados el 17 de septiembre en Cuesta Barriga. Tan solo seis días luego de perpetrado el Golpe de Estado.

Durante la dictadura, al menos, 5 mil líderes campesinos con sus familias fueron expulsados de sus tierras. Por medio de violencia se hicieron transferencias de tierras a privados, revocación de expropiaciones, remates de predios, se destinaron tierras al Estado y a las Fuerzas Armadas. También se llevó adelante la suspensión y persecución de las organizaciones campesinas, la supresión de la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización y se liberalizó el mercado de tierras.

Una de las primeras medidas que tomó la dictadura militar fue separar la propiedad de la tierra del acceso al agua. No fueron pocos los casos en el que familias campesinas tuvieron que vender sus "derechos al agua" y, aunque tuvieran la tierra, ya no podían producir. El paso siguiente fue tener que venderla. En consecuencia, se concentró aún más la tierra y el agua en pocas manos.

Chile es hoy en gran medida producto de la brutal contra Reforma Agraria. No solo la mercantilización del agua, sino también el decreto 701 de Pinochet, que impulsó la invasión del monocultivo forestal, la base de los grupos económicos más poderosos de Chile. Ese decreto permitió que la empresa Arauco tenga más tierra que todas las familias campesinas y mapuches juntas. De a poco, el sector empresario fue apropiándose del campo con subsidios absurdamente generosos. Incluso, al volver la democracia, en 1990, la discusión sobre la reforma agraria estuvo vedada de cualquier debate político hasta hace muy pocos años.  

Actualmente, los sectores rurales en Chile tienen mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria que los sectores urbanos. También, las desigualdades en el campo hoy son resultados de la dictadura y la contra reforma agraria. Y aún hoy, el Estado chileno no reparó tanta violencia y perdidas al sector campesino.

“Al campo chileno, a las mujeres, al campesino, no se le ha devuelto el tema de los derechos humanos. No ha habido reparación al campo de las tierras que les quitaron. Es el caso de los que salimos del fundo donde yo vivía, regados los campesinos por el Rio Claro, que viene de arriba de la cordillera. Por esos lugares quedaron muchos campesinos tirados a la orilla del río. Otros, que llegaron al pueblo, no sabían qué hacer en el cemento, solo sabían trabajar en el carbón o sembrar granos. Se quedaban en el pueblo sentados mirándose las caras, con esa pena tremenda. Y otros estaban presos. Esa gente fue muriendo de tristeza", relata Alicia Muñoz, dirigenta de Anamuri.

La Reforma Agraria no es más que un programa de gobierno que busca democratizar el acceso a la tierra, distribuyéndola entre quienes la producen. Pero es una palabra que las clases dominantes han convertido en tabú. Sin embargo, en los últimos años resurge actualizada la discusión sobre su urgencia y cómo enfrentar esa deuda histórica en la región. Y son los movimientos campesinos quienes, centralmente, llaman a la acción para efectivizar la distribución de uno de los recursos centrales para la producción de alimentos: la tierra.

En Chile, son las organizaciones campesinas quienes la reflotaron, primero tibiamente y con más fuerza en los últimos años, incluso pudo ser debatido en la Convención Constituyente (2021-2022). Como es sabido, no fue aprobada la propuesta de nueva Carta Magna en el 2022, pero la agenda construida por los movimientos campesinos, desde el estallido popular en 2019, y durante el proceso de la Convención marcó el camino de las luchas y reivindicaciones de los próximos años.

En el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur, Camila Montecinos, otra dirigenta de Anamuri, cierra una de los capítulos con un fragmento que da cuenta de la esperanza y tenacidad de las luchas populares:  "Todo esto hace a la construcción del futuro de los movimientos campesinos. Futuro que vemos con optimismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es una especie de monocultivo político-ideológico. Y, los sectores populares, los sectores ciudadanos, los sectores medios y, en definitiva, todos los que tenemos que vivir del trabajo, somos de alguna u otra manera como las malas hierbas, como las "malezas" —según dicen desde el agronegocio—. Entonces, tarde o temprano una crece por algún lado, nos las arreglamos para crecer dentro de este sistema; a pesar de todo, crecemos."

Nota original:  "La tierra para el que la trabaja" publicada en la web de la Fundación Rosa Luxemburgo-Buenos Aires.

Fuente: Agencia Tierra Viva