A 3 años del asesinato de Macarena Valdés: mujer, mapuche y defensora del ambiente

Desde 2012 la empresa austríaca RP Global comenzó a realizar acciones para desarrollar el proyecto “Mini Central Hidroeléctrica de paso-Tranguil”. La empresa no cumplió con la “consulta previa e informada” dispuesta por el convenio 169 de la OIT que Chile ratifica y vulneró derechos consagrados de las comunidades mapuche que habitan la zona afectada por la construcción. Además, comenzó a entubar el río sobre un trayecto que no tiene derechos de agua, cuando para realizar una obra de infraestructura que afecte cursos se deben poseer “títulos de agua” (en Chile el agua es homólogo a un bien de mercado sobre el que se compran acciones). Incluso el taller de máquinas que construyó la empresa fue realizado sobre un cementerio mapuche.

Rubén Collío, ingeniero ambiental que decidió junto a Macarena asentarse en la zona de Tranguil en la comunidad mapuche Quillimpán, comenzó a investigar las irregularidades de RP Global y, junto a la Coordinadora Newen Tranguil, realizaron acciones de protesta contra un proyecto que desde el comienzo vulneró los derechos de las comunidades que allí habitan. Ante esta situación, las 8 comunidades que conforman la Coordinadora, realizaron denuncias, cortes de ruta y acciones de resistencia en las que Macarena participaba activamente.

A Pesar del discurso oficial de que el emprendimiento redundaría en la reducción en las tarifas de energía, resultaba evidente que una terminal de paso hidroeléctrica de 3MW (apropiada para uso industrial) poco tiene que ver con el consumo energético doméstico. Por el contrario, es sabido que en la zona hay minerales valiosos que los españoles explotaron durante la colonia, por lo que las comunidades sospechaban que el proyecto de RP Global tenía que ver con facilitar la energía para proyectos extractivistas. Sumado a esto, el tendido de alta tensión pasaba sobre la casa de Rubén y Macarena, algo que las regulaciones ambientales prohíben. Por las movilizaciones en contra del terminal de paso, Macarena y Rubén recibieron amenazas por parte de la empresa, lo que fue corroborado por vecinos/as de la zona de Tranguil.

El 22 de agosto de 2016, Rubén salió a trabajar como cualquier otro día, sus hijos mayores fueron al colegio y Macarena se quedó cuidando a su bebé de un año y medio. Cuando el hijo mayor de 11 años llegó de la escuela encontró a Macarena colgada de una viga de su casa. Cortó la soga y pidió ayuda. El hijo menor, de un año y medio, estaba allí. Al llegar Rubén, Macarena yacía muerta sobre el suelo.

Volver a las raíces

Según el Censo de 2017, la mayor cantidad de población adscrita a la etnia mapuche habita en la Región Metropolitana. Tal era el caso de Macarena y Rubén, mapuches urbanos que decidieron cambiar su vida y migraron a Traguil en búsqueda de una mayor conexión con su ser mapuche y con los ngen o entidades espirituales que habitan en el territorio. Lo hicieron junto a sus tres hijos buscando ofrecer otras oportunidades de crianza a lxs pichikiché (niñxs). Ya en el territorio, decidieron tener un hijo más. Rubén dice que “vivían tranquilos y eran felices”.

Dos años después de asentarse en Tranguil Macarena fue asesinada. Rubén cuenta que “la Negra” no tenía motivos para quitarse la vida. Por esos días de agosto de 2016, ella estaba organizando un trafkin (intercambio recíproco) para hacerse de un chancho porque iban a celebrar un cumpleaños. Incluso, se encontró el bolso que Macarena había preparado para llevar a control médico a su bebé de un año y medio. Ningún indicio demuestra que Macarena haya decidido quitarse la vida frente a su hijo de un año y medio.

La muerte de Macarena tuvo repercusión inmediata en comunidades, organizaciones, colectivos, movimientos estudiantiles, de género y socioambientales. “A la Negra la mataron” se instaló como consigna para visibilizar que no hubo un suicidio y que todo fue un montaje criminal.

Maniobras para ocultar un crimen

La primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal determinó que la causal de muerte fue suicidio, lo que fue cuestionado por el médico Luis Ravanal (Máster en Medicina Forense, nombrado el pasado 6 de agosto “Gobernador” de la World Association of Medical Law) en su informe que da cuenta que no existen pruebas para afirmar que Macarena murió ahorcada y que existieron irregularidades en el proceso. Hubo que esperar a que la familia consiguiera fondos para costear un análisis histológico (célula por célula) de los tejidos del cuello para comprobar que, al momento de colgarse el cuerpo ya no tenía vida.

En enero de 2018 se logró entregar el análisis histológico a la fiscalía, realizado por la Dra. Carmen Cerda, eminencia en el tema. Para agosto de 2018 la fiscalía de Panguipulli no sólo no se pronunció sobre sus resultados sino que alegó que “se le perdió el estudio”. La familia volvió a enviar el documento y todavía no recibió ninguna respuesta.

Rubén se las ingenió para hacer llegar el caso al arbitrio internacional, realizando una denuncia ante Naciones Unidas en Ginebra durante septiembre de 2018. También logró que el Dr. John Clark, jefe del departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow y perito de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, revisara el caso. Para ello, necesitaba imágenes de calidad de la primera autopsia, pero el Servicio Médico Legal sólo entregó fotografías impresas en papel tamaño carta con impresora a tinta. Evidentemente lejos de la calidad suficiente como las nuevas pericias.

Claramente, todas estas situaciones demuestran dilaciones y obstrucciones para evitar esclarecer la muerte de Macarena Valdés.

Contra los cuerpos de las mujeres indígenas

En aquel terrible agosto de 2016, las calles de ciudades como Concepción abrazaron la causa de Macarena Valdés. Sumado al grito de que “a la Negra la mataron”, a poco más de un mes del asesinato, tomó estado público que Lorenza Cayuhan, dirigente de la comunidad mapuche Mawidache de Alto Antiquina, encarcelada desde diciembre de 2015 por un supuesto robo en el que fue incriminada por un “testigo protegido” vinculado a las industrias forestales (Arauco y Mininco), fue obligada a parir engrillada a la camilla y en presencia de un efectivo policial. Mientras, la Machi Francisca Linconao, autoridad espiritual mapuche, se mantenía incriminada bajo la ley antiterrorista por el asesinato de los Luchsinger-Mackay, sin pruebas fidedignas ni juicio justo. Fueron múltiples las manifestaciones en solidaridad con la Machi, en las ciudades y las comunidades, exigiendo su libertad.

Es evidente que un modelo de represión y control sobre cuerpos y deseos tiene un blanco común: las mujeres originarias y afrodescendientes que ocupan posiciones de liderazgo en luchas de barrios populares y en los territorios contra el extractivismo.

Esta estructura de violencia y asesinato se repite en toda Nuestramérica como lo demuestran los casos de Berta Cáceres y Marielle Franco. Berta, mujer indígena del pueblo Lenca que co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por sicarios enviados por la empresa energética DESA que pretendía instalar una central hidroeléctrica en el río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo Lenca. Marielle Franco, militante del PSOL, Concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, socióloga afrodescendiente, denunciante de la violencia que se vive en las favelas de Río, fue asesinada el 14 de marzo de 2018, a sus 39 años. Resta decir que, a nivel global, los casos de asesinatos a luchadorxs socioambientales contra proyectos extractivistas ascienden a 3 asesinatos por semana durante el 2018, según  el informe de la organización Global Witness.

3 años después: gases sobre la memoria

A los tres años de este asesinato evidente se organizaron actividades en diversos puntos estratégicos: Temuco, Concepción, Valdivia, Santiago, Valparaíso. En Temuco, Rubén Collío resultó detenido por la policía bajo la figura de “resistencia a la autoridad”, esposándolo frente a sus hijos.

Al ser liberado dijo: “(…) Les agradecemos que nos hayan acompañado durante estos tres años. Han sido tres largos años de reclamar que se haga justicia; han sido tres largos años de exigir que toda una tropa de incompetentes y de ineptos hagan su trabajo; han sido tres años de reclamar que a la Negra la asesinaron por atreverse a levantar la voz y a decir la verdad; han sido tres años en los que hemos recurrido a ustedes en más de una ocasión a pedirles que nos ayuden a juntar dinero para pagar peritajes, hasta que logramos demostrar que a la Negra la asesinaron. Y ahora seguimos esperando, seguimos reclamando justicia.

El día de hoy había una manifestación pacífica recordando a Macarena. Pero fuimos víctimas una vez más, fuimos ingenuos una vez más. Creímos en la palabra del traidor, creímos en la palabra de los perros, en la sonrisa del perro (…) no tienen honor, no respetan su palabra. Son peor que perros asesinos, son perros adiestrados. Cortaron el tránsito, ellos cortaron el tránsito, incitando a que la gente bajara de las veredas para tener la excusa para reprimirnos, para tener la excusa para detenernos y encarcelarnos. Hay un peñi que está con una herida en su cabeza, con 10 puntos en su cabeza (…) Son unos cobardes, cómplices del asesinato de Macarena (…) La verdad ya la sabemos y la tenemos tremendamente clara (…) Pero no hay más diálogo con estos cobardes, traidores sin honor. Una persona que no tiene palabra, una persona que deja de tener honor, deja de ser persona. Así es la forma mapuche. Respete su palabra para que lo consideren gente, decía mi abuelo, sino dejas de ser gente (…)

En enero de 2018 demostramos a través de un análisis científico que a la Negra la asesinaron. Hace dos semanas nos entregaron copia de un análisis que dice que en la cuerda encontraron ADN diferente al de la Negra. Esa información está desde octubre del año pasado (2018), pero se había traspapelado en las copias de las carpetas que nos dieron. Hace casi un año que saben cuál es el ADN de quien asesinó a Macarena y todavía no quieren investigar ¿Cuánto les están pagando? A quienes mataron a la Negra ¿cuánto les pagaron? De acuerdo a lo que dice la RAE, alguien que asesina por dinero se llama sicario. No vamos a permitir que se instalen los sicarios en este territorio. Nunca más, nunca más (…) Tenemos la obligación de cuidar este mundo, de cuidar este planeta para que ellos –los niños- puedan vivir la magia que nosotros pudimos vivir; y sus hijos y sus nietos. Organización, es lo único que nos puede ayudar.”

En Santiago, la jornada de protesta en reclamo de justicia por el asesinato de la Negra debía culminar con un festival en la explanada del Museo de la Memoria que disfrutaría de la música de la Banda Conmoción. A los dos minutos de comenzar el recital, las fuerzas represivas lanzaron gases lacrimógenos sobre las 8.000 personas que estaban concentradas, muchos de ellos niños junto a sus familias.

Quien visite el Museo de la Memoria notará que hay un capítulo ausente en la exposición: nada se dice del proceso de memoria, verdad y justicia que le deben a las víctimas del terrorismo de Estado. Nada se dice de la continuidad del terrorismo de Estado que quiere a la población atemorizada por reclamar lo que corresponde: decidir y participar en la articulación de la acción, frente a la pregunta de qué mundo queremos construir.

Para Macarena, este mundo debía respetar los derechos de las comunidades Mapuche que, frente al despojo de los bienes comunes –agua y territorio-, construyen otra forma de vivir y pensar las relaciones con el entorno, respetando al Ngen Leufu (protector de las aguas). Por ser mapuche, por proteger las aguas para las generaciones venideras, a la Negra la asesinaron. Pero la memoria resiste y no hay gases que puedan disiparla, mientras la mantengamos viva.

Fuente: Huerquen