193 líderes Indígenas y campesinos perseguidos penalmente en Guatemala
Líderes y lideresas indígenas y campesinos de Alta Verapaz, Izabal y la Costa Sur de Guatemala hacen del conocimiento público que respondiendo a una estrategia de acaparamiento de tierra y expansión de monocultivos, el Estado persigue y criminaliza a las familias que demandan acceso a la Madre Tierra, acusándoles de cometer los delitos de: Usurpación Agravada, Asociación Ilícita, Atentado, Coacciones, Amenazas, Robo Agravado y Detenciones Ilegales.
Desde el 2012 a la fecha los “tribunales de justicia” han girado 177 órdenes de captura en contra de líderes comunitarios organizados en el Comité de Unidad Campesina –CUC-, estas órdenes de aprehensión se encuentran vigentes; así mismo, 16 compañeros se encuentran ligados a proceso penal. Con ellos suman 193 campesinos y campesinas afectados, de 20 comunidades distintas a nivel nacional.
Aunado a lo anterior, las 20 comunidades que tienen hermanos y hermanas con órdenes de captura y ligados a proceso tienen pendiente de ejecución órdenes de desalojo, lo que agrava aún más su situación.
Las familias campesinas, por su condición de extrema pobreza y por falta de empleo y oportunidades para su desarrollo, en las regiones rurales donde habitan, se han dado a la tarea de recuperar las tierras que les pertenecieron a sus ancestros, para darle el uso y cuidado que se merece.
Por otro lado el Estado de Guatemala no cuenta con protocolos y mecanismos para evitar la violación de derechos y el desplazamiento a la hora de efectuarse los desalojos. Además permite que los campesinos y campesinas sean agredidos física y psicológicamente por los empresarios, finqueros o su personal.
Ante la situación de vulnerabilidad de nuestros compañeros y compañeras exigimos:
Al Gobierno y su institucionalidad agraria que atienda y agilice los casos de acceso a tierra para las y los campesinos.
Que se respeten los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación y diálogo, y que no se entregue los listados con nombre y apellido al Ministerio Público –MP- para facilitar su aprehensión.
Al Ministerio Público y a los jueces demandamos que antes de solicitar y girar órdenes de captura y desalojo en contra de campesinos y campesinas verifiquen el proceso de negociación que se lleva con la institucionalidad agraria. Y que se verifique fehacientemente si realmente nuestros hermanos han cometido o no los delitos por los que son acusados.
A las instituciones y organizaciones que velan por los derechos humanos les llamamos a velar por los derechos de las comunidades que están siendo afectadas y que hacen valer sus derechos como pueblos indígenas y como campesinos.
¡A mayor represión, mayor organización!
Fuente: Comité de Unidad Campesina –CUC-