Video - Peru: Mining & Human Rights Defenders
Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible aquí
Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.
“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades indígenas y locales y de aquellos que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.
Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.
La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.
En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.
Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.
“Es muy complejo y peligroso presentarte como defensor en este contexto” anota la defensora de derechos humanos, la Sra Ruth Luque de Derechos Humanos Sin Fronteras, al tiempo que el defensor de derechos humanos el Sr Vidal Merma, afirma que hay una campaña de desprestigio direccionando “los ataques hacia algunos comunicadores o periodistas que estaban mostrando la realidad, la muerte de animales, los problemas de las comunidades y la destrucción del medio ambiente...”
El presente informe consigna diez recomendaciones al Gobierno del Perú, las cuales, si fueran implementadas, contribuirían de manera significativa a la mejora de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y al Perú a respetar sus obligaciones bajo la Declaración de NNUU sobre Defensores de Derechos Humanos.
Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders
Para más información por favor contactar:
Jim Loughran, Jefe de Comunicaciones, Front Line Defenders
+353 87 231 60 49, gro.srednefedeniltnorf@mij
Tere Palop, Coordinadora de Protección, Front Line Defenders
+57 312 447 9623 gro.srednefedeniltnorf@eret (para entrevistas en español)