Vídeo - Ecuador: No nos quitarán el río

En las comunidades de San Pablo Amalí y San José del Tambo el pasado 19 de marzo, a las cuatro de la mañana varias familias perdieron sus viviendas debido a la crecida del río Dulcepamba luego de las fuertes lluvias de los últimos días.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, uno de los afectados con dolor explica que lo perdió todo. Tan solo tuvo el tiempo justo para salir con su esposa, su hija y su nieta, antes de que la casa en la que vivían se viniera abajo.

"Esto es responsabilidad de la empresa Seico y del Estado, desde ese tiempo mi casa quedó a 20 metros del filo del río",sostiene Trujillo porque la construcción de la hidroeléctrica San José del Tambo desvió el curso natural del río Dulcepamba en octubre del 2011. La empresa Seico, a cargo de la construcción de esta obra, no dio respuesta a sus reclamos ni hizo algo para precautelar la seguridad de su vivienda.

Elsa Bonilla, moradora de San Pablo de Amalí señala que las personas y familias en situación similar a la de Manuel Trujillo son: Laura García, Abel Guamán, el señor Guapi, una persona de nombre Juan Pablo, Miguel Guamán, Manuel Albuja y su hijo, quien junto con un pequeño niño se salvaron de ser arrastrados por la corriente mientras tres personas de su familia estaban desaparecidas.

Además, las viviendas de Hernán Borja, Angel Avelino Zapata, Elisa Guanulema y dos personas más están seriamente afectadas.

"Esta es una tragedia que sabíamos que iba a pasar, porque la empresa Hidrotambo actuó a su antojo, destruyendo nuestro río y ahora afectando nuestra vida. Demandamos una reparación integral " agrega Trujillo.

En esta zona se desarrolla la construcción de un proyecto hidroeléctrico que ha generado confrontaciones con la población local que rechaza su desarrollo, pues aseguran que al desviar el cauce del río se afectaría su comunidad ya que no se tomó en cuenta a los moradores del lugar y las consecuencias saltan a la vista.

Trujillo y otros dirigentes locales además enfrentan varios procesos judiciales acusados de haber cometido delitos de sabotaje y terrorismo.

Los moradores de la zona piden que se inicie el archivo de sus causas, pues según ellos se demuestra que sus denuncias fueron ciertas y agregan que todas sus actividades se desarrollaron en defensa de su comunidad. Piden además que se inicie inmediatemente una investigación que establezca responsabilidades administrativas civiles y penales a todas las personas involucradas en este proyecto.

Fuente: Acción Ecológica