Video - SECOS: Recuperar el agua para todas las comunidades y territorios

El uso extralimitado de este recurso por el agronegocio, las mega minerías y las forestales tiene inserto al país en una grave crisis hídrica, vulnerando el derecho humano al agua de las comunidades más sencillas a lo largo del territorio nacional.

Según el penúltimo Informe de Agua de la UNESCO (2015), si se mantiene el nivel actual de crecimiento económico, en 2030 la demanda global por el agua excederá en un 40% la existencia de aguas subterráneas. Sumando posibles impactos del cambio climático,las proyecciones son aún más preocupantes porque no solamente ponen en riesgo las posibilidades de un desarrollo sustentable o la calidad de vida de millones de ciudadanas y ciudadanos en diferentes regiones de nuestro planeta, sino incluso la vida y salud de un número considerable de personas.

Considerando la vital importancia del agua, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Pese a los avances legales al nivel internacional y regional, en los países del Cono Sur la protección de este derecho fundamental está amenazado por falta de resguardo estatal eficiente frente a las amenazas de los grandes consumidores del agua: la agroindustria, las plantaciones forestales y la megaminería. La situación más crítica se presenta en Chile donde el Estado renunció voluntariamente a su rol protector y regulador privatizando el agua tanto en sus fuentes como en su provisión. El Código de Agua vigente se dictó bajo la dictadura cívico-militar en 1981 y define a las aguas como un “bien nacional” de uso público, pero a la vez como un bien económico. El artículo 19 numeral 24 de la Constitución chilena – dictada también bajo el autoritarismo – autorizan al Estado (a través de la Dirección General de Aguas) a ceder derechos de uso en forma gratuita a particulares que después pueden vender sus títulos de propiedad sobre el agua con fines de lucro. De esta forma las leyes chilenas vigentes transformaron al agua en una mercancía que se vende según criterios de demanda y oferta; y fomentaron la concentración de los derechos de uso y provisión en manos de unos pocos grupos económicos.

Hoy día, producto del cambio climático y la sobre explotación de sus bienes naturales, Chile enfrenta una grave crisis hídrica. De las 101 cuencas hídricas que menciona el Atlas del Agua de la Dirección del Agua (DGA) en su edición del año 2016 la mayoría están sobre otorgadas de derechos de aprovechamiento de aguas. 80% del agua potable de Chile se utiliza en la agroindustria para productos de exportación como paltas y uvas. Según un estudio elaborado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la escasez hídrica hoy afecta al 72% del territorio nacional, estimado en 55 millones de hectáreas. Según este informe, la sequía afecta a 16 millones de personas, es decir a un 90% de la población del país y se hace más crítica en las regiones de Coquimbo y Atacama. Recientemente, también se observan niveles importantes de sequía en El Biobío, La Araucanía y Magallanes, es decir regiones anteriormente no afectadas. La consecuencia es una creciente desertificación. De acuerdo al mismo estudio citado de la CONAF, el 21,7% del territorio de Chile manifiesta este problema en algún grado afectando a casi 7 millones de habitantes. Adicionalmente casi el 80% del territorio chileno está afectado por la degradación de tierras.

La provincia de Petorca, una zona a 200 kms al norte de la capital, caracterizada tradicionalmente por el cultivo de paltas, se convirtió en uno de los epicentros de los conflictos por el agua en el país: La sobreexplotación de los recursos hídricos por el agrobusiness, las napas de los ríos Petorca y La Ligua se encuentran agotadas y más de 7.000 pequeños agricultores quedaron sin ingreso y más de 50.000 personas sin acceso a agua potable. Pero la escasez de recurso no es del todo real, el recurso ha sido degradado, pero las fuentes que aún subsisten están concentradas de pocos actores: Mientras grandes asociaciones agrícolas concentran el 91,2% del consumo de agua (Aitken et al. 2016) y acumulan aguas en piscinas de tamaños gigantes escondidas en las faldas de la cordillera, en la comuna de Petorca, el alcalde está obligado de abastecer a 8 mil de los 12 mil habitantes a través de camiones aljibes entregando una media de 50 litros de agua a la semana por persona, es decir justamente el mínimo establecido por la Organización Nacional de Salud. Aunque el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2014 señala que en la provincia de Petorca “la situación descrita vulnera el derecho de acceso al agua en condiciones de igualdad y no discriminación” hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para devolver los derechos de agua a los pequeños agricultores.

Especialistas en derecho ambiental y derechos de agua advierten que el actual Código de Aguas no regula condiciones o exigencias para el aprovechamiento de agua. María Ignacia Sandoval Muñoz critica, en la penúltima edición de la Revista Justicia Ambiental publicada por FIMA con apoyo de la Oficina Regional de la Fundación Heinrich Böll, que existe plena libertad para el uso de agua sin ningún tipo de priorización por el uso humano. “Tal ausencia”, argumenta “pareciera agravar tanto la situación de escasez como los conflictos asociados al uso de las aguas” y exige consagrar el consumo humano para la satisfacción de las necesidades básicas de la población como prioritario. Una reforma moderada del Código de Agua que intenta corregir algunos déficits se encuentra entrampada en el Senado de la República con pocos chances de avanzar.

SECOS:

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Desde hace tres años la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll coopera con el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA) en temáticas relacionados al derecho humano al agua.

 MODATIMA es un movimiento social que nació en el año 2010 en la provincia de Petorca como respuesta a la grave crisis hídrica causada por el modelo agro-exportador. Hace 10 años MODATIMA denuncia los impactos nefastos de la sobreexplotación y usurpación de agua por empresas exportadoras de paltas en la provincia y exige un cambio constitucional para terminar con la mercantilización de este bien común indispensable para la vida para recuperar el agua para las comunidades y los territorios.

 Después de un reportaje por el equipo de periodismo investigativo Danwatch sobre los impactos socio-ambientales del negocio de las paltas en Petorca que se publicó en marzo de 2017 (ver aquí), hombres y mujeres de MODATIMA recibieron amenazas de muerte y represiones, sin embargo esto no es y no será nunca impedimento para que las y los activistas del movimiento continúen luchando por la recuperación de este bien común.

El cortometraje SECOS se inserta en el trabajo más amplio de la Oficina Regional Cono Sur con MODATIMA por la defensa del derecho humano al agua y fue realizado en cooperación con la productora POESTASTROS. Agradecemos profundamente el aporte generoso y valiente de los y las actores Luis Alarcón, Loreto Valenzuela, Óscar Hernández, Shlomit Baytelman, Alejandro Trejo, Chamila Rodríguez, Daniel Muñoz, Néstor Cantillana, Francisca Imboden, Cristián Arriagada, Claudia Pérez, Tiago Correa, Paula Zúñiga y Rocío Toscano, Cristián Wamán y Jessica Huaiquil que participaron en la obra sin cobrar honorarios.

Aunque la obra audiovisual muestra los efectos nefastos de la privatización del agua a través de un caso en particular, el caso de Petorca, esta pieza audiovisual está dedicada a todas las mujeres y todos los hombres a lo largo del país que en sus respectivos territorios luchan por defender el derecho humano al agua, amenazado por proyectos de megaminería, termoeléctricas, hidroeléctricas o forestales.

Fuente: Heinrich Boll Stiftung