Tratados de comercio que amenazan la lucha climática
Nos encontramos ante una encrucijada civilizatoria, una crisis sistémica que nos lleva directos al colapso del clima y los ecosistemas. Como nos advierte el informe del IPCC de 2018, si queremos limitar el aumento de la temperatura global a los 1,5º, el momento de actuar es ahora. Los gobiernos, a pesar de las crecientes protestas climáticas y medioambientales, no actúan con determinación y están muy lejos de cumplir con sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Necesitamos una regulación ambiciosa que permita hacer frente a las causas profundas de la crisis y una reducción de la producción y el consumo que acompañe las, por si solas, insuficientes medidas de eficiencia.
Una regulación necesaria y urgente que las multinacionales y los poderosos no aceptarán tan fácilmente, ya que limitará sus expectativas de negocios. Y por desgracia, disponen de las herramientas para hacerles frente. En concreto, de un sistema de tribunales privados (ISDS) exclusivos para ellas, donde las multinacionales pueden demandar a los gobiernos por legislar por el bien común si consideran que dicha legislación afecta sus expectativas legítimas. Estos injustos sistemas legales vienen contemplados en un gran número de Tratados de Comercio e Inversión internacionales.
Las multinacionales no solo gozan de un poder desmedido, también destrozan la vida de comunidades y violan los derechos humanos con total impunidad en aquellos países donde los estados se lo permiten. En 2018, hasta 321 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente y los DDHH, número que no deja de aumentar cada año. Estos no son hechos aislados, van a menudo precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos.
Por ello, junto con unas medidas ambiciosas contra el cambio climático y la degradación ambiental y el fin de los privilegios para las multinacionales, es necesaria la creación urgente de una normativa vinculante para acabar con la impunidad corporativa en todo el mundo.
Con la participación de:
Javier Andaluz, Ecologistas en Acción.
Lucía Bárcena, Transnational Institute.
Miriam García-Torres, Ecologistas en Acción.
Erika González, OMAL.
Fuente: OMAL