Yasuní: La lucha por la defensa de la vida

El Parque Nacional del Yasuní se localiza en la Amazonía occidental ecuatoriana y es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Se encuentra situado en un territorio ancestral del pueblo waorani y cuenta con la presencia de pueblos en aislamiento voluntario que habitan en un área declarada zona intangible.

Los efectos que la actividad petrolera había causado en otros territorios de la zona llevaron a la movilización a principios de los años 90 y, más adelante, a la creación de propuestas que protegieran las zonas más sensibles de la Amazonía, como el Parque Nacional del Yasuní. La denominada Iniciativa Yasuní ITT fue la alternativa ideada por las organizaciones ecologistas para mantener bajo tierra el crudo de los campos petroleros de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), y de esta manera apostar por una etapa de transición postpetrolera.

A su llegada al gobierno en 2007, el presidente Rafael Correa asumió de forma oficial la Iniciativa ITT y la propuesta fue presentada públicamente a la comunidad internacional. El Estado ecuatoriano se comprometía a mantener inexplotadas de forma indefinida las reservas del denominado Bloque 43 a cambio de recibir las donaciones equivalentes a la mitad de los ingresos que hubiera percibido el estado por la explotación. Así se mantendrían intactos los más de ochocientos millones de barriles de crudo estimados de la reserva y se evitaría la emisión de cuatrocientos diez millones de toneladas de CO2.

La propuesta defendida por el Gobierno ecuatoriano generó una gran expectación a nivel internacional, ya que de forma innovadora implicaba a distintos actores internacionales, públicos y privados, en la búsqueda de alternativas al desarrollismo extractivista de los combustibles fósiles y en la transición hacia un nuevo modelo energético respetuoso con el entorno. Sin embargo, a la vez que se realizaban campañas de adhesión a la Iniciativa ITT, el Gobierno trabajaba en un “plan B” que contemplaba la explotación del recurso petrolero en el caso de que la comunidad internacional no respondiera al llamado.

En agosto de 2013, el Presidente de la República dio por finalizado el plazo de espera para la captación de las donaciones que confirmaran la viabilidad del “plan A” y anunció la explotación por parte de la empresa estatal Petroamazonas del uno por mil del Parque Nacional del Yasuní. En seis años sólo se había logrado recoger el 0,37 por ciento de los 3.600 millones de dólares que hubieran evitado la explotación. Rafael Correa calificó la decisión como la más difícil de su mandato, pero como la única vía de ingresos necesarios para acabar con la pobreza del país.

Violencia sobre el territorio y los cuerpos

Patricia Gualinga lleva años luchando por la defensa de los territorios que conforman la Amazonía. En 2002 era líder de la Mujer y la Familia del pueblo sarayaku. Junto a otros miembros de su comunidad viajó a Costa Rica para demandar al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por permitir y amparar la entrada de empresas petroleras en su territorio. A pesar de que la Corte resolvió a favor del pueblo sarayaku y que el estado tuvo que pedir perdón, los territorios de la Amazonía y la vida de las comunidades que la habitan siguen amenazadas por proyectos extractivos como el del Yasuní.

Después de años observando de cerca la presencia de las empresas multinacionales, Patricia tiene una opinión muy clara sobre las consecuencias del “plan B” del Gobierno: “La vida es incompatible con la extracción de petróleo. Los pueblos en aislamiento están condenados a la extinción”. La líder sarayaku se refiere a las comunidades de los tagaeiri, taromenane y oñamenane que habitan al sur del parque Yasuní y que decidieron su aislamiento voluntario; una situación que las hace vulnerables respecto a las decisiones que se toman en el exterior: “Los pueblos que están en aislamiento no tienen voz propia para hablar. Su voz es una voz silenciosa que está diciendo que los dejen en paz y el Gobierno debería escucharla o se cometería un etnocidio terrible”.

Patricia es una de las muchas mujeres amazónicas que asumieron la lucha por la defensa del territorio al que están unidas vital y espiritualmente. Las mujeres de las poblaciones afectadas decidieron salir para apoyar a los líderes que estaban siendo desprestigiados por el Gobierno y decir que ellas tampoco querían la presencia de las multinacionales en su territorio.

Si, como afirma Patricia, la vida es incompatible con la extracción de petróleo, aún lo es más para las mujeres que pierden su autonomía por el desplazamiento de las formas de vida tradicionales. Cuarenta años de explotación de los recursos de la Amazonía es tiempo suficiente para saber lo que viene tras la llegada de las empresas: la militarización del territorio, la contaminación del agua y del aire, el alcoholismo, la violencia, la aparición de prostíbulos…

La presencia de empresas extractivas implica la masculinización de un territorio en el que se establecen relaciones asimétricas de poder, que comienzan por la presencia de las fuerzas de represión del estado con el fin de proteger el funcionamiento de la actividad petrolera. La entrada de los varones en puestos de la empresa provoca la pérdida de los oficios tradicionales, el refuerzo de los roles de género y el incremento de las desigualdades entre los hombres que perciben un salario y las mujeres que ven aumentada la dependencia y las relaciones de subordinación respecto a sus esposos.

Aunque cada proyecto de explotación ha garantizado el uso de la última tecnología, no existen experiencias en las que el territorio no haya sido afectado de alguna manera. Sólo en este año, la empresa estatal Petroamazonas es responsable de 19 derrames. La contaminación del agua y del aire termina afectando en la salud de los miembros de la comunidad, que son atendidos por las mujeres de acuerdo a los roles de género. Y también son las mujeres las que deben buscar alimentos cuando la chacra resulta contaminada por las aguas tóxicas.

Movilizaciones contra la extracción

El presidente Correa llamó a Cadena Nacional [1] para comunicar a la ciudadanía la decisión tomada acerca del futuro de uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Las reacciones en contra del “plan B” del Gobierno y en defensa de la Amazonía generaron un movimiento ciudadano que se lanzó a las calles bajo el nombre de Yasunidos y que se convirtió en blanco habitual en las sabatinas del presidente.

Gabriela Ruales militaba desde mucho antes en el activismo ecologista y acabó participando desde dentro en la organización del movimiento ciudadano Yasunidos. Gaby recuerda cómo las marchas se sucedían a diario no sólo en Quito, sino en todas las provincias del país. Mantener el nivel de movilización de personas que históricamente no habían estado vinculadas en el activismo se convirtió en un reto que se supo canalizar con la campaña de recogida de firmas por la celebración de una consulta popular que permitiera a la población decidir acerca del futuro del Bloque 43.

Después de seis meses de presencia en las calles, los yasunidos lograron recoger 750.000 firmas, cifra que superaba ampliamente las requeridas por ley para la celebración de la consulta; pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó reconociendo sólo 350.000 rúbricas en un proceso que Gabriela no duda en calificar de fraudulento por el uso de un sistema de verificación no confiable y por los continuos episodios de abuso de poder hacia el colectivo ciudadano.

Desde el Gobierno se lanzaron duras críticas hacia un movimiento ecologista que el oficialismo consideraba ajeno a la realidad cotidiana que viven las poblaciones en una de las regiones más deficientes en servicios básicos. En todo este proceso de descalificaciones, las mujeres amazónicas también se organizaron en una marcha desde sus territorios hasta la capital del país para visibilizar su rechazo a la afectación del Yasuní, aunque el proyecto se justifica por la obtención de ingresos económicos para acabar con la “miseria” de la zona, en palabras del presidente.

El discurso de la pobreza y el buen vivir

Una vez que queda desestimado un plan que fue calificado de “ingenuo” por el presidente, el ejecutivo presenta el proyecto de extracción del bloque ITT como la única alternativa viable de ingresos para reducir la inequidad social y dotar de infraestructuras a las provincias del oriente del país. En concreto, se anuncia la obtención de 18.000 millones de dólares: los gobiernos locales de la Amazonía recibirán 2.140 millones, mientras que 1.568 millones se destinarán a los gobiernos autónomos.

Con estos recursos se garantiza la construcción, entre otras infraestructuras, de las denominadas Escuelas del Milenio, creadas para ampliar la cobertura y el acceso a la educación y en las que estudian y residen los jóvenes que no tenían la posibilidad de continuar con sus estudios en las comunidades. Para el Gobierno, proyectos como éste se enmarcan en la construcción del sumak kawsay, el buen vivir de la cosmovisión andina que queda recogido en la Constitución de 2008.

Pero no todas las comunidades están de acuerdo con esta interpretación del pensamiento indígena. Para Patricia Gualinga, es una contradicción que se utilice la explotación de la naturaleza como medio para alcanzar el sumak kawsay: “Se está viendo el buen vivir en el plano material, de forma desconectada del buen vivir espiritual y de estar en armonía con la Madre Naturaleza”. Para esta líder sarayaku, la armonía es imposible desde el momento en el que se habla de explotación petrolera y minera porque “el sumak kawsay no existe si no se respeta la naturaleza”.

Patricia sostiene que el discurso sobre la pobreza de las comunidades indígenas es una “teoría racista” de quienes llegan a sus territorios para decirles lo que tienen que hacer y decidir qué es lo mejor para ellos, sin tener en cuenta su contexto territorial y sus formas de vida. Como mujer líder de su pueblo, sabe que existen carencias y que son necesarias algunas infraestructuras, pero eso no significa que sean pobres: “el empobrecimiento de las comunidades llega cuando tenemos que comprar el agua y la comida porque las nuestras están contaminadas”.

¿Está justificado entonces “sacrificar” una parte del territorio para que el resto de la población logre un mayor bienestar? Para las organizaciones ecologistas, la cifra del uno por mil dada por el Gobierno sobre la afectación del parque es engañosa, ya que sólo contempla la deforestación necesaria para levantar la infraestructura que exige la explotación del petróleo, pero no tiene en cuenta el impacto sobre el resto del ecosistema ni el futuro de las comunidades.

El movimiento conservacionista se mantiene en la defensa de la Iniciativa Yasuní ITT como medio de obtención de recursos que permitan el desarrollo de fuentes de energía renovables, además de la subida de impuestos a las rentas del capital y el ahorro de gastos gubernamentales que consideran prescindibles.

Los pueblos indígenas contrarios a la explotación se oponen a un modelo de desarrollo extractivista que ven condenado al fracaso. Desde el pueblo sarayaku se defiende el concepto del kawsak sacha, selva viva, una nueva categoría que sea patrimonio de la humanidad y que reconozca no sólo los derechos de la naturaleza, como establece la constitución, sino a todos los seres protectores que en ella habitan, y en la que quede excluida a perpetuidad la explotación del crudo.

Para las poblaciones de los territorios afectados, la defensa de la vida en la Amazonía debe transcender la lucha de los pueblos indígenas y convertirse en una acción colectiva que ponga fin a las relaciones de poder sobre el territorio y la vida.

Por Mª Cruz Tornay Márquez

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Notas:

En Ecuador, comunicado oficial de retransmisión obligatoria e inmediata para los medios de comunicación.

Mª Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº64 de Pueblos

Fuente: Rebelión