¿Y la deuda ecológica de China con Ecuador?

Crece cada día más la preocupación en el país por el incremento de la deuda externa ecuatoriana, en especial con China. Hasta noviembre del 2014, la deuda con China llegó a 4.7047 millones de dólares, sin tomar en cuenta la venta anticipada de petróleo por 2.000 millones de dólares. Para el 2015 el gobierno ha anunciado nuevas líneas de crédito con China por 7.526 millones. China es el mayor acreedor bilateral del Ecuador.

Los créditos chinos vienen condicionados a la contratación de empresas y un porcentaje de mano de obra de ese país. Además debido a acuerdos previos con China, los proyectos se entregan a sus empresas bajo el régimen de excepción, es decir sin mediar una convocatoria pública.

Pero cuando hablamos del endeudamiento con la China, no podemos dejar de lado las más de 80 empresas chinas que se encuentran operando en nuestro país en diversos sectores: construcción de carreteras, hospitales, equipos para seguridad, instalación de fibra óptica para telecomunicaciones, etc. Las empresas chinas están ganando terreno en los proyectos hidroeléctricos y para la explotación petrolera y minera en el Ecuador.

El 28 de julio del 2010 la empresa estatal china SINOHYDRO inició la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En diciembre del 2014, un derrumbe en el pozo de presión #1 cobró al vida de 13 obreros, tres chinos y 10 ecuatorianos, y 12 heridos. Desde que comenzó la construcción de esta obra se han venido presentando denuncias de maltrato laboral.

El 30 de mayo del 2011 CHINA INTERNACIONAL WATER & ELECTRIC CORP (CWE) inició la construcción del proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón. La empresa Rusa Inter Rao Uees se encargaría del equipamiento electromecánico. Su financiamiento proviene del Banco del IESS ($250 millones), un crédito del Eximbank de Rusia ($123 millones) y $144 millones del Ministerio de Finanzas. La obra inició con 880 trabajadores, 630 ecuatorianos y 250 chinos. Las denuncias por maltratos laborales y condiciones deficientes de salubridad y seguridad en los proyectos hidroeléctricos por parte de las empresas chinas han sido una constante. En marzo del 2013 la empresa CWE fue sancionada con una multa de más de USD 3,25 millones por incumplimientos en plazos, procedimientos técnicos, y normas de salud y seguridad industrial.

El contrato suscrito con el consorcio CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP LT para la ejecución de la primera etapa del Proyecto Múltipropósito Chone incluye la construcción de una presa que afectará aproximadamente a 6.000 campesinos de Manabí, inundará más de 5.000 hectáreas de suelos agrícolas de alta calidad y aislará unas 14.000 hectáreas adicionales. Como resultado, el cantón Chone perderá además 20 millones de dólares en ingresos anuales por la producción campesina de la zona que será afectada. En el 2012 la compañía canceló el contrato de forma unilateral debido principalmente a la falta de estudios técnicos.

Estos proyectos implican la apropiación de caudales enteros de ríos y cuencas de drenaje incluido páramos y fuentes de recolectoras de agua, y de reservas naturales como bosques y montañas por 30 a 50 años o más, produciendo desplazamientos masivos de poblaciones, deforestación y desertificación, desvío y secamiento de ríos y pérdida de biodiversidad fluvial.

En el área petrolera, a finales del 2005 ingresaron las empresas chinas a la Amazonía ecuatoriana. El consorcio formado por las empresas estatales chinas CNPC y SINOPEC, - que en el Ecuador toman el nombre de ANDES PETROLEUM y PETRO ORIENTAL -, operan en los bloques, 14,17 y 62 (Tarapoa) antes en manos de la canadiense ENCANA. Por otra parte, Petroamazonas suele contratar a la empresa china SINOPEC para trabajos de perforación, esta empresa realizó también la prospección sísmica en toda la costa ecuatoriana en el 2009. Las empresas chinas se han mostrado interesadas por explotar los campos del ITT en el Parque Nacional Yasuní. El Gobierno viene además gestionando un crédito de $ 8 mil millones con el Banco Chino Comercial Industrial para financiar el 70% de la Refinería del Pacífico.

Las operaciones de las empresas chinas, como toda actividad petrolera, han causado impactos ambientales y sociales en los sitios donde funcionan, incluyendo los derrames de más de 300 barriles de petróleo en la Y de Harbert en Sucumbíos en el 2006; en la Comunidad Los Leones en Orellana en abril del 2007; en Hormiguero en julio del 2011 también en Orellana; en Chiritza en julio del 2014 en Sucumbíos y el más reciente, en donde se derramaron lodos de perforación que son muy tóxicos, ocurrido en enero del 2015 en la comunidad Chiro Isla ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuni en Orellana. Se suma a estos daños el impacto social causado a las comunidades indígenas, como por ejemplo los efectos de la instalación de un campamento de SINOPEC en la comunidad de San Pablo de la nacionalidad Sieko pai, donde se denunciaron graves violaciones a los derechos de la comunidad.

En los últimos años el Ecuador experimenta una reactivación nunca antes vista de proyectos mineros. Entre ellos se cuenta el proyecto minero Mirador, en manos de la empresa ECSA, controlada por CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION (CRCC) y el grupo TONGLING NONFERROUS METALS. Ecuacorriente firmó con el gobierno ecuatoriano el primer contrato minero para la explotación de un yacimiento de cobre en la Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, para realizar minería a cielo abierto. China financia tres de los cinco proyectos mineros denominados estratégicos, adicionalmente a Mirador, mina de cobre, (USD 846 millones) están: San Carlos Panantza (USD 1.222 millones), el proyecto Río Blanco con un yacimiento de oro, en manos de la CHINA JUNFIELD (USD 120 millones).

El desarrollo de estos proyectos implican el movimiento de enormes cantidades de tierra y rocas, la destrucción del paisaje natural, el uso de sustancias químicas tóxicas, la liberación de elementos peligrosos, la alteración irreversible del medio social y natural, el consumo intensivo de agua y energía. Estos proyectos están enclavados en territorios de gran biodiversidad y territorio ancestral de la nacionalidad Shuar, donde ya se experimenta desplazamiento de la población. Se prevé vías de transporte y acceso para las operaciones mineras que van desde el sur amazónico hasta el Océano Pacífico, por lo que una reconfiguración territorial es inevitable. Los pasivos socio-ambientales ya se hacen evidentes en la zona del proyecto Mirador en la que campesinos e indígenas apelan a valores que son inconmensurables, entre ellos la sacralidad del territorio y su derechos colectivos. Cabe mencionar que debido a la conflictividad minera en territorio Shuar han ocurrido la muerte de tres indígenas Shuar.

Mientras esta situación ocurre ¿Quién se preocupa por la deuda ecológica de China con el Ecuador?

Fuente: Acción Ecológica