Wallmapu: Caminando la autonomía

HACIA LA RECONSTITUCIÓN DEL WALLMAPU

“Somos un pueblo ocupado, tenemos derecho a rebelarnos”

Ramón Llanquileo

La relación del Estado chileno y el pueblo nación mapuche es de dominación colonial, sostiene tajantemente la Coordinadora Arauco Malleco. De ello data la historia de usurpación y resistencia de la Araucanía, territorio actualmente ocupado por el Estado chileno mediante cordones forestales y fuerzas policiales. Evidentemente esto representa la continuidad de un pasado que se remota a la Ocupación militar de la Araucanía en 1883, la llegada de los fundos particulares en 1945, el proceso de reducción de comunidades y la división e individualización del territorio mapuche en 1980 mediante el decreto de ley 2.586 emitido por la dictadura pinochetista (Tricot, 2014: 65) y la represión posterior al golpe de Estado.

Wallmapu, territorio mapuche ancestral, está constituido por Puelmapu y Gulumapu. El primero va del oriente de la cordillera de los Andes al océano Atlántico. Gulumapu, el oeste mapuche, va del océano Pacífico a la cordillera (Pineda, 2014: 181).

Durante la colonia, parte de Wallmapu (del río Bio Bio hasta el sur del río Tolten) mantuvo una autonomía política y territorial. Existen documentos de los siglos XVI y XVII que el historiador Martín Correa ha recopilado como evidencia del reconocimiento jurídico de las autoridades mapuche por parte de la Corona española. Además persiste en la memoria de los pueblos pehuenches, lafkenches, huilliche, puelche, huenteche y nagche la resistencia contra el avasallamiento de los conquistadores. Estos pueblos establecieron en el periodo colonial como frontera el Bio Bio, replegando por el norte la zona colonizada del régimen español y por el lado sur el “país mapuche”. La formación del Estado chileno independiente, caracterizado por su magnánimo poder militar, sentó los precedentes de la violenta y acelerada ocupación de Wallmapu; en otros términos, significó el origen de lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Esta guerra Araucana desatada por la República chilena contra el pueblo mapuche generó desequilibrios insoportables, la usurpación y el reduccionismo privaron al mapuche de su relación sagrada con el entorno natural, no dispuso más de los cerros, el agua comenzó a escasear, la tierra se convirtió en campos yermos y sin vitalidad, los espacios sagrados dejaron de existir, se desatendieron los conceptos de reciprocidad y de armonía entre el ser humano y la naturaleza, fue un proceso paulatino de desestructuración del mundo mapuche (Llaitul, 2012: 31).

En el contexto liberal del siglo XIX, el reconocido “territorio indígena” fue cambiado por el naciente Estado a “territorio de colonización”, lo cual significó la legalización de la privatización de la tierra mediante la formación de haciendas y la reducción de las comunidades mapuche en “títulos de merced”. En el caso de la provincia Araucana constituida por una superficie de 542 mil 10 hectáreas, se entregaron 77 títulos de merced a los mapuche; ello equivaldría a 9 mil 700 hectáreas, es decir un 1.4 por ciento del total provincial para dos mil 477 personas (Correa, 2010), quedando más del 90 por ciento del territorio en manos de fundos y terratenientes wingkas. Este hecho histórico explica la invasión actual de dos empresas: Forestal Bosques Arauco y Mininco.

La primera pertenece a la familia Matte y la segunda a Anacleto Angelini, familias que forman parte de la oligarquía chilena cuyos intereses económicos son resguardados por el Estado. Tan sólo por mencionar un caso, el oligarca Angelini es socio y administrador del fundo La Fortuna, los astilleros de Arica, Maestranza Iquique, Aeroypesca y Corpesca; bajo la dictadura obtuvo el holding “Compañía de Petróleos de Chile” (Copec) y la empresa Celulosa Bosques Arauco (Pairican, 2009: 171). Ambas empresas representan en términos económicos la segunda entrada de divisas más importantes en el país junto con los subproductos de la madera como la celulosa, que usa como materia prima el pino y el eucalipto, cuyas plantaciones secan la tierra y las capas subterráneas ocupando más de un millón de hectáreas. Sólo el 7.5 por ciento de las plantaciones forestales está en manos de pequeños propietarios, y 66 por ciento pertenecen a grandes oligarcas; es el caso del grupo Angelini, que cuenta con 756 mil hectáreas, mientras el grupo Matte supera el medio millón de hectáreas (Zibechi en Pineda, 2014: 184).

En este escenario de colonialismo interno, el pueblo mapuche se ha levantado en lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales situando como horizonte político y de vida la reconstitución de Wallmapu. Desde los noventa se desató una ola de reivindicaciones indígenas en Latinoamérica, el pueblo mapuche no fue la excepción y comenzó a ejercer acciones más directas y contundentes en la recuperación de sus tierras. Ello se manifestó el 1 de diciembre de 1997 en Lumanko, comuna araucana ubicada al sur de Chile, donde los comuneros incendiaron tres camiones de la Forestal Bosques Arauco, como acto político de recuperación del territorio ancestral que el Estado había sido incapaz de reconocer en la vía institucional. Durante el devenir de la década las organizaciones AD–MAPU y Consejo de Todas las Tierras consolidaron un posicionamiento político basado en la autonomía y autodeterminación, que posteriormente se convertirían en puntos fundamentales de la lucha mapuche.

De este proceso político organizativo nació la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) la cual llegó a aglutinar entre 30 y 50 comunidades mapuche de las regiones VIII, IX y X de Chile. Dentro del diverso movimiento mapuche, la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) ha tenido un posicionamiento crítico frente a la institucionalidad y ha roto con la relación colonialista que se suele instalar en las “mesas de negociación” entre los pueblos indígenas y el Estado. Ello tiene que ver con que su programa político plantea el ejercicio de la autonomía como independiente, evitando la mediación de los partidos políticos, ONG y otras instituciones del Estado chileno; esto como premisa para la superación de la condición de pueblo oprimido.

Esta praxis política autonómica conlleva tres dimensiones: por una parte expresa la autonomía política respecto de la institucionalidad opresora, representada por el Estado y el sistema de dominación. En segundo lugar implica la revitalización e importancia de lo propio como parte fundamental del proceso de autoafirmación, es decir, la dignificación de las capacidades propias como sujetos, como pueblo, como nación (Hector Illaitul). En ese sentido, la CAM se afirma desde el indianismo anticolonial retomado del quechua Fausto Reinaga y el aymara mallku Felipe Quispe; si bien su posicionamiento refiere a uno de corte anti imperialista y anti oligárquico, no se reduce a una tradicional ideología izquierdista o socialista, pues en síntesis su carácter político es anti estatal y anti capitalista indianista. Y finalmente la tercera dimensión refiere a la autonomía de pensamiento, cuyo desarrollo se basa en un proceso de descolonización ideológica.

No obstante, para la materialización de dicho proyecto político, en un contexto de despojo latente donde el problema crucial lo representa la privatización de la mayor parte del territorio ancestral, la recuperación del territorio se vuelve absolutamente esencial para la reconstrucción de la Nación Mapuche. La CAM sostiene: “la no existencia de un territorio propio, lo único que generaría sería el logro de autonomías relativas, de tipo simbólico, cultural e inclusive folklórico, que resultan funcionales al sistema de dominación. Sin una base territorial y sin los derechos políticos inherentes, es imposible la autonomía real y se imposibilita el desarrollo de una política de liberación nacional” (en palabras de Héctor Llaitul).

El planteamiento político ideológico se materializa en las acciones directas encaminadas a la recuperación del territorio. El sabotaje productivo, o el “Chem”, es la acción incendiaria contra maquinarias, transportes e infraestructura de las empresas forestales, estrategia ejecutada en Lumanko y posteriormente replicada en diversos fundos; éstas han sido consideradas ilegales y terroristas por el Estado chileno. No obstante, “para la militancia CAM estas acciones pasan a ser parte de nuestra resignificación cultural, de nuestra religiosidad y nuestra cosmovisión como Pueblo–Nación, en donde desde su dimensión simbólica, existe una reapropiación y resignificación semántica que confluye ta iñ kuifike kimun con ta iñ we rakiduam (nuestro conocimiento antiguo con nuestro pensamiento nuevo). Es a través del ‘Chem’ donde muchos militantes mapuche pasan a concebirse como weychafe, dando vigencia a la relectura de este concepto en la lucha por territorio y autonomía”, señala Llaitul, vocero de la CAM.

En este instante de riesgo el pensamiento ancestral mapuche retoma al guerrero weychafe como actor fundamental en la organización del proceso de resistencia. Asume a la vez un rol político histórico en el movimiento mapuche, encargado de ejecutar el “Chem” confrontando abiertamente a las empresas forestales, a los terratenientes y al Estado en la recuperación de tierras, como primer paso en el camino de la autonomía. A modo de paréntesis cabe explicar que el weychafe surge de la historia mapuche, de una lucha política y de reafirmación de lo propio. Héctor Llaitul apunta: “el weychafe debe ser expresión de la convicción plasmada en la formación y en el compromiso con su pueblo, porque el establecimiento del weychafe es la resistencia y la reconstrucción nacional mapuche. El rol del weychafe está asociado a la cosmovisión mapuche y a la resistencia de nuestros antiguos. Éstos se ordenaban de acuerdo a preceptos militares que devienen de Ad Mapu, o sea de las normas, valores y principios territoriales, la naturaleza y su comprensión” (Llaitul, 2012: 31).

Es pertinente enfatizar que las recuperaciones de tierras no se realizan como una medida de presión para establecer negociaciones con el Estado. Esta postura le ha costado a la CAM el distanciamiento con otras organizaciones que plantean propuestas enmascaradas en la institucionalidad de dominación (Llaitul, 17). Como consecuencia se le ha adjudicado a los weichafes de la CAM el denominativo de violentos y terroristas; es el caso de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, a quienes se les ha aplicado la ley antiterrorista 18.314 con los cargos de asociación ilícita, responsables de incendios en fundos, maltrato de obra a carabineros y portación de armas. Actualmente ambos se encuentran libres y absueltos de dichos cargos.

A mediano plazo la CAM se plantea el control del territorio como plataforma básica en la reconstitución de la nación mapuche y para tal objetivo se han creado las Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT), cuadros de guerreros u autodefensas que resguardan las zonas liberadas. La mira de largo plazo concluye en alcanzar una condición de pueblo con derechos políticos mediante el control del territorio y la autonomía.

Sería erróneo entender la reconstitución del Wallmapu como un planteamiento político separatista, pues la CAM no propone la creación de un Estado alterno al chileno, pero sí tiene lúcida su postura al afirmar que su lucha no busca la inclusión dentro del Estado, mientras la esencia misma de su estructura de dominación sostenga un modelo neoliberal capitalista pro-imperialista, según Héctor Llaitul.

En ese sentido, el horizonte político de liberación nacional mapuche tendría que entenderse como la reconstitución de estructuras propias para autogobernarse, el ejercicio de prácticas comunitarias, ceremoniales y organizaciones, la reconstitución de una economía interna, el control de las relaciones sociales y la reconstitución de un sistema de reproducción social mapuche como fue antaño y del cual hay suficiente memoria histórica en el pueblo. El referente es el modo de vida de los pueblos originarios ineludiblemente contrarios y críticos a la economía de mercado y a la planificación estatal.

Desde esa lógica, Héctor Llaitul señala que la CAM establecerá un diálogo con el Estado sólo sí se ubica como punto central la devolución de tierras. Ya que, pese a la existencia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) desde 1993, supuestamente destinada a atender la “devolución de tierras”, no se ha logrado resolver el conflicto mapuche, por el contrario, dicha institución ha resultado una estrategia de contención de la lucha autonomista.

En ese sentido, el weichafe Ramón Llanquileo analiza: “El papel del Estado en Latinoamérica, y las instituciones que de éste emanan, ya sea neoliberal, progresista, socialista o indigenista, ha evidenciado que su función consiste en respaldar un horizonte de desarrollo económico capitalista donde el reconocimiento de los territorios indígenas, indios o como se quieran autollamar no tiene cabida. Desde esa lógica, la vía electoral o partidaria ha demostrado su corte institucionalista e integracionista a un Estado que intrínsecamente ha instaurado una relación de subordinación, por tal ese camino no nos plantea un cambio revolucionario ni transformador”. De ahí que la CAM se mantenga al margen de estas dinámicas para seguir construyendo la autonomía, desde una política descolonizadora basada en el fortalecimiento de las autoridades ancestrales antes que en un régimen de política Estatal al estilo winka o criollo, hasta alcanzar la reconstitución del territorio ancestral nombrado en mapudungun como Wallmapu.

Por Josefa Sánchez Contreras

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Fuentes: Héctor Illaitul: La coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco–Malleco toma la palabra. “Análisis y debate desde la resistencia”.

Tito Tricot: Palabras de tierra Crónicas de la resistencia mapuche, editorial Ceibo, Santiago de Chile, 2014.

Martín Correa: Las tierras Mapuche del lleu lleu: historia de la usurpación, 2010.

Fuente: Suplemento Ojarasca 235