WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Boletín 157

WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Número 157 - Agosto 2010

CONTENIDO

NUESTRA OPINIÓN

* El derecho humano al agua

COMUNIDADES Y BOSQUES

* Ecuador: primeros pasos para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní

* La República Centroafricana ratificó el Convenio 169 de la OIT

* El boom actual de la construcción de represas devastará a los pueblos indígenas

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

* Honduras: empapada en sangre también por la palma de aceite – 3 nuevas víctimas

* Las plantaciones de árboles cuestionadas en la reunión de la Convención sobre Cambio Climático

* Cómo la FAO ayuda a justificar las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria maderera

ARTÍCULOS DISPONIBLES EN OTROS IDIOMAS

* Brasil: Comunidades quilombolas reconvertem eucaliptaies

* Brasil: Modificações do Código Florestal para benefício dos latifundiários

* India: POSCO mining project halted by people’s opposition but forest clearance still stands

* Indonesia: Giant eucalyptus plantation company destroys Benzoin forest gardens

* Climate activists facing trials in Denmark

* Bénin: la “modernisation” de la production d’huile de palme marginalise les femmes

NUESTRA OPINIÓN

- El derecho humano al agua

El 28 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” (1)

Esto resulta una sorpresa; no porque se haya adoptado la resolución sino porque significa que hasta ahora, ¡el acceso al agua potable NO había sido reconocido como uno de los derechos más básicos de cada ser humano!

Dicho esto, damos la bienvenida a esta declaración que consideramos un hito importante para tratar los problemas que enfrentan actualmente casi 900 millones de personas en el mundo entero, las cuales no tienen acceso al agua potable – y es probable que muchas más se encuentren en la misma situación en un futuro cercano.

También damos la bienvenida al hecho de que la resolución exhorte a los Estados y las organizaciones internacionales a “intensificar sus esfuerzos para asegurar el acceso de toda la población a agua limpia, potable y a un precio accesible” (2)

Una tercera razón para dar la bienvenida a esta declaración es que abre las puertas a un debate muy necesario sobre una serie de temas cruciales que van desde la propiedad del agua hasta las medidas para asegurar que el agua permanezca limpia, potable y accesible en términos económicos y físicos.

Respecto a la propiedad del agua, el problema más obvio resulta ser la incompatibilidad del agua como un derecho humano básico y su apropiación por empresas privadas para generar ganancias. Para la mayoría de la gente, la lucha se enfoca entonces contra la privatización del agua potable y a favor de su devolución o mantenimiento bajo el control de empresas públicas.

Si bien estamos de acuerdo con dicha postura, hay otras formas menos visibles de apropiación sobre las que nos gustaría enfocarnos, que están vinculadas con varias de nuestras áreas de trabajo.

El primer tema es el del papel preponderante que juegan los bosques en la conservación del ciclo del agua. Cuando grandes superficies de bosques son destruidas por el madereo industrial o la conversión para la cría de ganado o la agricultura a gran escala, esto impacta negativamente sobre el régimen hidrológico en su totalidad – desde cambios en los patrones de lluvias hasta la sedimentación de los cursos de agua – lo cual resulta en una disminución de la disponibilidad y la calidad del agua. La destrucción de los bosques puede entonces considerarse también como una forma de apropiación – mediante la destrucción – del agua.

Otra forma oculta de apropiación del agua son las actividades que contaminan los recursos hídricos como la minería, la explotación petrolera y la agricultura industrial. Los químicos utilizados o liberados por dichas actividades privan a las comunidades de su acceso al agua, hasta entonces limpia y potable. Para estas comunidades, su agua ha sido apropiada por esos contaminadores.

Una forma más directa de apropiación son las plantaciones a gran escala de árboles de crecimiento rápido, que consumen diariamente millones de litros de agua, privando a los usuarios locales y a aquellos que viven río abajo, del agua que necesitan.

Los pocos ejemplos mencionados muestran que intensificar los esfuerzos para suministrar agua limpia, potable y accesible, no sólo es cuestión de proveer “recursos financieros y la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo” (como se expresa en el artículo 2 de la resolución de la ONU). Si bien son necesarias, tales acciones no son suficientes.

En el largo plazo, lo más importante es enfrentar las causas de la contaminación y la disminución del agua y priorizar su conservación – en cantidad y calidad – en todas las inversiones comerciales. Esto significa que cualquier actividad que reduzca o contamine los recursos hídricos ya no debería ser aceptable.

Dado que el derecho al agua limpia y potable ha sido finalmente reconocido como un “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos,” los ciudadanos tienen ahora el derecho y los gobiernos la obligación de hacerlo realidad.

(1) La resolución recibió 122 votos a favor y cero en contra, mientras que 41 países se abstuvieron de votar. Los que se abstuvieron fueron: Armenia, Australia, Austria, Bosnia Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Grecia, Guyana, Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Kazajstán, Kenia, Letonia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, República de Corea, República de Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Reino Unido, República Unida de Tanzania, Estados Unidos y Zambia.

(2) Traducción propia a partir del original en inglés

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Ecuador: primeros pasos para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní

El pasado 3 de agosto el gobierno ecuatoriano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el Fideicomiso Yasuní ITT (por las siglas de los yacimientos de petróleo Ishipingo-Tambococha-Tiputini). La firma de este instrumento financiero constituye el primer paso concreto para ejecutar el proyecto lanzado hace 3 años y que plantea dejar bajo tierra, en el parque Yasuní - uno de los lugares de mayor diversidad biológica del mundo y hogar del pueblo indígena Waorani y de pueblos en aislamiento voluntario - 846 millones de barriles de petróleo.

De esa manera Ecuador, que basa gran parte de sus ingresos en la exportación de petróleo, evitaría la correspondiente emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a cambio de una compensación monetaria internacional equivalente como mínimo al 50 por ciento de las utilidades que recibiría en caso de explotar esas reservas (se calcula unos 3.500 millones de dólares).

El PNUD, en su calidad de fideicomisario, será el encargado de recibir y administrar los fondos de los países que contribuyan a la Iniciativa. A su vez, entregará esos fondos al gobierno ecuatoriano garantizando que se destinarán a los fines estipulados y que el petróleo quedará bajo tierra. Para Ecuador, esta medida es acorde a los principios de la nueva Constitución, que recoge el concepto de Sumak Kawsai o “buen vivir” como régimen económico, el cual, según el economista y profesor universitario ecuatoriano Pablo Dávalos, “es la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde una visión de respeto, porque es la oportunidad de devolverle la ética a la convivencia humana, porque es necesario un nuevo contrato social en el que puedan convivir la unidad en la diversidad, porque es la oportunidad de oponerse la violencia del sistema” ;. (1)

La firma del fideicomiso ha sido un hecho importante porque implica la puesta en marcha del dilatado proyecto Yasuní, una iniciativa estratégica a varias puntas: constituye una opción nacional para conseguir fondos sin destrozar más la Amazonía, es una forma de frenar genuinamente el cambio climático, y podría abrir la puerta a la construcción de una economía post-petrolera, post-extractivista.

Si bien la firma del Fideicomiso ha dado visibilidad a la Iniciativa y ha consolidado posiciones favorables a la misma, Alberto Acosta, ex–presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, analiza que en materia de la contribución internacional, si bien hay algunas señales de algunos gobiernos europeos, lo que falta es un posicionamiento más contundente de la sociedad civil: “Los gobiernos de los países industrializados manejan el proyecto apenas en el marco de la ayuda al desarrollo. No aceptan el tema de su corresponsabilidad, al ser sus países los mayores depredadores en el mundo”, declaró en una entrevista (1).

Por otra parte, en lo que toca a Ecuador, Acosta denunció contradicciones: “esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que gobierno del presidente Correa hinche el pecho y diga que ya hacemos mucho por la Naturaleza y la vida de los pueblos no contactados, mientras, simultáneamente, amplíe la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía y aliente la minería metálica a gran escala a cielo abierto”. Advirtió que no alcanza con el fideicomiso; el gobierno “tampoco debería tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía”. Acosta recordó que “las actividades petroleras y también las mineras provocan elevados costos ambientales. Costos que, por lo demás, no entran nunca en los cálculos de rentabilidad qu e hacen las empresas e incluso los gobiernos. Costos que luego, de una u otra manera, se los traslada de manera brutal a la sociedad”. Señaló que el gobierno debería frenar “las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA, heredado de la época neoliberal. También habrá que controlar las actividades que se despliegan en los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos”.

Otras reflexiones de Esperanza Martínez, de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, apuntan a “acciones locales, nacionales e internacionales que aún están pendientes:

1. A nivel local corresponde apoyar a las comunidades para la defensa de los territorios, los bosques y el agua, sin esas comunidades y sus luchas, la iniciativa del Yasuní nunca habría surgido. Es intolerable que éstas sean reprimidas o descalificadas, eso equivale a dejar huérfana a la iniciativa.
2. La iniciativa Yasuní puede y debe allanar el camino a un Ecuador post petrolero. De hecho ha permitido contraponer la idea clásica de priorizar la explotación, a la de conservar el patrimonio. Es necesario superar las medidas y políticas de más exploraciones, más explotación y más consumo, que nos atan al modelo petrolero, peor aún cuando éstas afectarían al centro y sur de la Amazonía. Incluso es necesario cerrar la herida que representa el bloque 31, con cantidades mínimas de petróleo, el Bloque 16 que sobrevive con vida artificial, pues su contrato debería terminar en dos años y el campo Armadillo que afecta a pueblos en aislamiento voluntario.
3. Aún cuando la propuesta Yasuní permitió hacer visibles las vergonzosas negociaciones del mercado de carbono promovidas por el Protocolo de Kyoto, inspiró a otros pueblos y países para replicar la iniciativa de dejar el crudo bajo tierra y abonó a la discusión sobre la existencia de una deuda ecológica que el Norte debe al Sur, es necesario unificar las posiciones oficiales, que en algunos casos son contradictorias. Es necesario en ese sentido distanciar los fondos Yasuní de los mercados de carbono y de los proyectos REDD, que devienen en complicidad con los contaminadores y en pérdida de soberanía local y nacional, o de las inversiones en megaproyectos que sostienen el modelo extractivista”.

Pero ahora es el momento de felicitar por los avances. Y como expresa Esperanza Martínez, “es el momento de reconocer y felicitar a quienes han trabajado por la iniciativa: a los indígenas Waorani que llevan más de 20 años denunciando los impactos de las operaciones petroleras en sus territorios; a los pueblos y comunidades que con su resistencia inspiraron la propuesta Yasuní; a sus dirigentes de la CONAIE que han mantenido y promovido la protección del Yasuní; a aquellos trabajadores petroleros que han provisto valiosa información técnica y desde sus espacios han respaldado la iniciativa; a los demandantes del juicio contra la Texaco que nos han permitido contar con información sobre los impactos de la actividad petrolera; a los jóvenes de la campaña Amazonía Por la Vida que han promovido la defensa del Yasuní en escuelas, colegios y barrios en todo el país; a los artistas, periodistas, académicos que han mantenido viva la iniciativa. Y por supuesto a los funcionarios y ex-funcionarios del Estado que han impulsado acciones para consolidar la llamada primera opción para el Yasuní”.

(1) “El ‘Sumak Kawsay’ (‘Buen vivir’) y las cesuras del desarrollo”, Pablo Dávalos, ALAI, http://alainet.org/active/23920
(2) “Pensando alternativas. Entre la crisis europea y el Yasuní”, Franck Gaudichaud, entrevista a Alberto Acosta, ex–presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador
http://www.cadtm.org/Pensando-alternativas-Entre-la
(2) “¿Qué celebramos con la firma del fideicomiso de la iniciativa Yasuní?”, Esperanza Martínez, Acción Ecológica, http://www.amazoniaporlavida.org/es/

- La República Centroafricana ratificó el Convenio 169 de la OIT

El pasado mes de abril, la República Centroafricana ratificó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Convenio Nº 169), transformándose así en el primer país africano en hacerlo.

Dicho convenio, adoptado en 1989, es un instrumento legalmente vinculante que impone obligaciones específicas a los gobiernos. Junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, éste es el principal instrumento internacional de derechos humanos que se ocupa específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y proporciona una amplia protección para los mismos. Este convenio se basa en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y enfatiza los principios de consulta y auto-gobierno.

En la RCA, la ratificación del Convenio compromete al gobierno a actuar de forma sistemática para proteger los derechos y garantizar la integridad de los pueblos cazadores-recolectores de las selvas tropicales y de los pastores nómadas Mbororo, así como a establecer mecanismos apropiados y efectivos que permitan su consulta y participación en los asuntos de su incumbencia.

Los pueblos cazadores-recolectores de las selvas tropicales, comúnmente conocidos como “pigmeos”, viven una vida seminómada en el corazón de la selva, en un vínculo inextricable con la misma. Ocupan los 3,8 millones de hectáreas de selva densa del sudoeste de la RCA (Ombella-M’Poko, Lobaye, Sangha-Mbaéré y Mambere-Kadei).

Un minucioso trabajo de campo realizado por The Rainforest Foundation UK (1) describe su vida como cazadores y las actividades agrícolas y ganaderas que les proveen de alimentos. Cazan con redes, lanzas, arcos y flechas, o ahumando las madrigueras. Practican la agricultura de tala y quema – por la cual se despeja un área de bosque para plantar, y la biomasa resultante se junta y quema – y allí plantan mandioca, banana, taro, boniato, maíz, maní, palma aceitera, café y árboles frutales como mango y mandarino.

“El bosque es nuestro hogar (ndima)”; “Somos los dueños y preservamos el bosque,” dicen los indígenas de los bosques de la RCA. Para ellos, la noción de propiedad individual no existe; el bosque pertenece a todas las comunidades.

Sin embargo, casi la totalidad de los 3,8 millones de hectáreas de bosque denso del sudoeste del país pertenece legalmente al estado, único propietario de la tierra. El estado cede porciones de bosque y ha otorgado concesiones para la explotación forestal, “por un período de tiempo igual a la vida de la compañía”, o para organizaciones y proyectos de conservación, restringiendo así la capacidad de acceso de los pueblos indígenas a vastas áreas de tierras y recursos ancestrales.

Los pueblos indígenas afirman, por ejemplo, que “La tala de los árboles donde se desarrollan las orugas comestibles y la apertura de caminos por parte de los trabajadores de las empresas forestales, que estimulan la caza furtiva y una creciente demanda de productos del bosque, inciden en la disponibilidad de animales de caza y productos que recolectamos.” “Las orugas son poco frecuentes ahora, al igual que la caza.”

En Bayanga, los pueblos indígenas de Mossapoula que viven a 1 km del Parque Nacional de Dsangha-Sangha, dijeron que les resulta difícil abastecerse de carne de animales silvestres.

En el contexto del derecho consuetudinario, que sigue teniendo un rol importante, las tierras donde viven los pueblos indígenas son a menudo tierras en barbecho de los Bantúes, lo cual genera conflictos porque el barbecho pertenece a la persona que despejó el bosque para hacer agricultura (“derecho del hacha”).

Para los pueblos indígenas de la RCA, que por mucho tiempo han sufrido la marginación de la sociedad centroafricana, la ratificación del Convenio 169 de la OIT puede llegar a ser una plataforma desde donde reclamar su capacidad para ejercer sus derechos, sobre todo en lo que respecta al acceso a la tierra y a los recursos naturales de los que dependen, pero también en lo relativo a sus derechos civiles, sociales y económicos.

Artículo basado en el informe “The Situation Of The Forest Peoples Of The Central African Republic” (La situación de los Pueblos Indígenas de la República Centroafricana), enero de 2009, The Rainforest Foundation UK, http://www.rainforestfoundationuk.org/files/The%20Situation%20of%20Forest%20Peoples%20of%20CAR.pdf; y en “ILO Convention No. 169 ratified by the Central African Republic” (El Convenio Nº 169 de la OIT es ratificado por la República Centroafricana), The Rainforest Foundation UK, http://www.rainforestfoundationuk.org/CAR_ILO_Convention

- El boom actual de la construcción de represas devastará a los pueblos indígenas

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Survival International ha publicado un nuevo informe acerca del impacto devastador que el espectacular boom que vive la construcción de represas hidroeléctricas tiene sobre estos.

A través de casos reales de Asia, África y América, el informe de Survival, Presos del desarrollo, expone el costo oculto de obtener electricidad “verde” por medio de grandes represas hidroeléctricas.

Hoy en día asistimos a un rápido incremento global en la construcción de represas. Sólo el Banco Mundial destinará once mil millones de dólares a la construcción de 211 proyectos hidroeléctricos en todo el mundo.

El impacto sobre los pueblos indígenas es profundo. Los indígenas amazónicos enawene nawe se han enterado de que las autoridades brasileñas proyectan construir 29 represas en sus ríos. A lo largo y ancho de la Amazonia, los territorios de cinco pueblos indígenas no contactados se verán afectados.

El pueblo indígena penan de Sarawak se enfrenta a ser expulsado de sus tierras para dejar paso a una represa, y otros pueblos indígenas de Etiopía podrían verse forzados a depender de la ayuda alimentaria si no se paraliza la construcción de una represa en el famoso río Omo. Un hombre del pueblo kwegu, en el valle del Omo, declaró: “Nuestra tierra se ha estropeado. Detuvieron el flujo del agua y ahora pasamos hambre. Abran la represa y dejen que fluya el agua”.

Cientos de indígenas brasileños se reunirán esta semana para mostrar su oposición a la polémica represa de Belo Monte, que amenaza el territorio de varios pueblos indígenas y sus vitales fuentes de alimentos.

El informe completo en español se encuentra disponible en: http://assets.survivalinternational.org/documents/377/InformePresas_final.pdf

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Honduras: empapada en sangre también por la palma de aceite – 3 nuevas víctimas

Honduras, que fue uno de los principales productores de granos básicos de Centroamérica, ha pasado a producir la mitad de sus necesidades. 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural y más del 70 por ciento de los pobres de todo el país.

Cada año hay un déficit de más de 10 millones de quintales de maíz, y hay que importar 200 mil quintales de frijoles y 500 mil quintales de arroz. Esta pérdida de soberanía alimentaria para gran parte de la población se ha agravado por la implementación del monocultivo de la palma africana, cuyo destino es abastecer el desmedido consumo de los países industrializados del Norte.

En el municipio de Trujillo, en la zona del Bajo Aguán, algunos terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de 5.724 hectáreas de tierras que estaban destinadas a la reforma agraria. Allí comenzaron a impulsar el proyecto de la palma africana para industrialización nacional y también para exportación (está dentro de los 10 principales rubros exportadores), destinada a abastecer el enorme consumo de los países industrializados del Norte.

Las familias campesinas del Bajo Aguán, para las cuales lo común es la lucha por una vida digna y por el acceso a la tierra, comenzaron a luchar para recuperar esos predios. Finalmente, el 14 de mayo de 2000, unas 600 familias campesinas recuperaron las 5.724 hectáreas. La reacción de los terratenientes no se hizo esperar y se desató una brutal represión contra los campesinos e integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), en especial por parte de los guardias de seguridad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, con el apoyo de tropas del Ejército y de la Policía.

El empresario Miguel Facussé, conocido como “el palmero de la muerte”, integra la Corporación Dinant, la cual se inició con el proyecto de siembra de palma en los valles de los ríos Leán y Aguán. Hace unos pocos meses, la organización conservacionista Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) contribuyó a blanquear la imagen del palmero de la muerte firmando con su empresa un acuerdo para la “implementación de mejores prácticas agrícolas en el cultivo de la palma africana”. La empresa de Facussé se está posicionando para acceder más tarde al sello de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), con el que espera aumentar su competitividad en los mercados internacionales. Que para eso están sirviendo finalmente los “sellos verdes”.

El intento de criminalizar la lucha social y pacífica de los campesinos de Bajo Aguán, cuyo propósito explícito es hacer respetar sus derechos sobre las tierras que les fueron robadas, ha dejado un gran saldo de heridos y muertos y se suma a la escalada represiva que vive Honduras desde el golpe de Estado de junio de 2009. En esa represión se asienta la producción extensiva de palma africana, que en los últimos veinte años se adueñó de gran parte del territorio norteño de Honduras.

No obstante, como resultado de la dura lucha campesina, en mayo de este año el Instituto Nacional Agrario (INA) firmó con el MUCA un convenio por el cual éste debe recibir 11 mil hectáreas. Si bien eso ha permitido la reubicación de más de 2.500 familias campesinas en seis fincas, la campaña mediática lanzada por los medios corporativos de comunicación en contra del MUCA se ha intensificado, así como se agudizó la persecución sistemática en contra sus integrantes.

Según el MUCA, la brutal represión desatada a partir del año pasado ha dejado un saldo de diez víctimas entre los miembros de esta organización campesina. A ese amargo saldo se suman tres miembros más de la organización campesina, de 40, 18 y 14 años. El 17 de agosto pasado Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas, miembros de la comunidad de San Esteban, se trasladaban en un vehículo hacia la comunidad del Paso Aguán, en Tocoa, Colón, cuando fueron interceptados por desconocidos y acribillados con armas de grueso calibre.

Las tierras sembradas con palma africana en el norte de Honduras se empaparon nuevamente de la sangre campesina.

Artículo elaborado en base al artículo “Brutal asesinato a miembros del MUCA”, y numerosos artículos relacionados, publicados por REL-UITA

- Las plantaciones de árboles cuestionadas en la reunión de la Convención sobre Cambio Climático

El 6 de agosto culminó en Bonn una nueva ronda de negociaciones sobre el cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

El largo proceso de la CMNUCC, crucial para el futuro de la humanidad, se ha transformado en un escenario complejo, lleno de tecnicismos y bastante difícil de seguir por quienes no son “expertos”. El mayor peligro de una estructura tan complicada es que esconde intereses creados, poderosos grupos de presión, actitudes intimidatorias y decisiones unilaterales por parte de los sectores y países más poderosos.

Supuestamente, el proceso avanza hacia un acuerdo que debería alcanzarse hacia fin de año en Cancún, conteniendo los lineamientos que los países del mundo adoptarían para enfrentar el cambio climático. Dos vías importantes de estos procesos de negociación son:

- El Grupo de Trabajo Especial sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo I [terminología para los países ricos del Norte, principales responsables del cambio climático] en el marco del Protocolo de Kyoto (AWG-KP), que se ocupa de los compromisos futuros para los países industrializados, y
- El Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo en el marco de la Convención (AWG-LCA), para permitir la implementación de la Convención.

Ya sea que podamos o no recordar estos largos nombres, es importante saber que en dichos ámbitos de negociación se están promoviendo cuestiones cruciales, como la expansión de los monocultivos de árboles bajo el disfraz de “bosques” o bajo el llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, es decir, proyectos en el Sur con grandes beneficios para los principales contaminadores del Norte. Otro tema controvertido es la inclusión de los bosques en el mercado de carbono bajo el concepto de “reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal” (REDD), lo cual no será en modo alguno una solución para el cambio climático en la medida que permita a los países contaminadores “compensar” sus emisiones de carbono evadiendo la responsabilidad de cortarlas en el lugar donde se producen.

Dichas negociaciones también consideran que, dentro de lo que se conoce como REDD+, las plantaciones de árboles a gran escala podrían perfectamente ser una forma de “incrementar las reservas de carbono forestal” y podrían entonces recibir financiamiento. Y encima de eso, las plantaciones de árboles están siendo tratadas como “bosques”.

Si bien la CMNUCC deja un margen muy restringido para la participación de grupos sociales, en la última ronda de Bonn algunas voces lograron plantear sus cuestionamientos con respecto al cariz y dirección de las negociaciones.

El grupo de Mujeres y Género de la CMNUCC publicó un comunicado de prensa (1) donde planteó la necesidad de un cambio de paradigma el cual “requiere una mejor comprensión de los aspectos de género de estos asuntos. Esto incluye el análisis de las relaciones de poder dentro de las sociedades y las instituciones en todos los niveles: local, regional y mundial. Un ejemplo de esto es la definición de bosques que se encuentra actualmente en discusión en las negociaciones. La continua destrucción de los bosques provoca emisiones de CO2 y los mecanismos para evitar la deforestación están actualmente en debate. La forma en que se definen y tratan los bosques mediante tales mecanismos afectará a las mujeres y a sus comunidades. En una declaración leída durante la sesión de clausura, los grupos de mujeres expresaron su gran preocupación en torn o al hecho de que la definición actual de bosques incluya las plantaciones de árboles a gran escala, las cuales generan impactos devastadores sobre los medios de vida de las mujeres y las comunidades en general. Las organizaciones de mujeres y género rechazan los mecanismos de incentivo que reducen los ecosistemas a su mero valor en carbono, ignorando el valor socio-económico, cultural, espiritual y ambiental de los bosques, que son de vital importancia para las mujeres y sus comunidades.”

Asimismo, algunos miembros de Climate Justice Now! y del grupo de mujeres y género presentaron una declaración (2) objetando las ideas que permitirían a los países incrementar sus emisiones en lugar de reducirlas. “Quisiéramos reiterar nuestra gran preocupación respecto a que la definición de bosque utilizada actualmente en el marco de LULUCF ( Uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura) incluye lo bueno, lo malo y lo PEOR. O sea, incluye verdaderos bosques biológicamente diversos, que son una fuente esencial de medios de vida para las mujeres y sus familias, pero también incluye monocultivos de árboles, entre ellos plantaciones a gran escala que tienen un impacto devastador sobre los medios de vida de las mujeres y las comunidades en general. Estas plantaciones destruyen los ecosistemas y la agricultura de subsistencia, provocan el despoblamiento rural y el desempleo, agotan los recursos hídricos y los suelos y violan los derechos de los Pueblos Indígenas. Por esta razón insistimos en que la definición de ‘bosques’ sea revisada en conjunto con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para excluir las plantaciones de árboles. Además, debería asegurarse que la degradación forestal sea considerada en todos los mecanismos destinados a la conservación de bosqueS.”

La consigna que insiste en que Las Plantaciones de Árboles no son Bosques se está colando por los pasillos de la CMNUCC.

Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy

(1) “Climate negotiations more effective if guided by long-term vision – this must include social and gender justice,” Comunicado de prensa del grupo Women & Gender Constituency @ UNFCCC, Bonn, 6 de agosto de 2010, AQUÍ

(2) Presentada al “Taller previo al período de sesiones sobre contabilidad de la ordenación forestal”, en el marco de las discusiones sobre Uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), en el marco del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre Futuros Compromisos para las Partes del Anexo I bajo el Protocolo de Kyoto (AWG-KP). AQUÍ

- Cómo la FAO ayuda a justificar las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria maderera

Enfrentada a las emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de la cadena de producción, la industria maderera tiene la posibilidad de elegir. Podría intentar reducir las emisiones. O podría tratar de justificar sus actividades, intentando de hecho evadir su responsabilidad. Dados sus antecedentes, tal vez no cause sorpresa saber que la industria opta por lo último.

Por mucho tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha hecho apología de la industria maderera (ver Boletín Nº 141 del WRM), en particular defendiendo la industria de la celulosa y el papel y las plantaciones industriales de árboles. Dos años atrás, la FAO y el Consejo Internacional de Asociaciones Forestales y Papeleras (ICFPA por su nombre en inglés) encargaron la realización de un estudio con el fin de “mejorar el perfil de la industria en las negociaciones internacionales sobre el calentamiento global”. Esto sería un objetivo valioso si implicara intentar reducir las emisiones provocadas por la industria maderera.

El informe fue publicado a comienzos de este año bajo el título “ Impact of the global forest industry on atmospheric greenhouse gases” (Impacto de la industria forestal mundial sobre los gases atmosféricos de efecto invernadero). El informe no busca saber de qué forma puede la industria maderera reducir sus emisiones. Por el contrario, más que como parte del problema, intenta mostrarla como parte de la solución para el cambio climático.

“Consideramos que es un intento importante de presentar con imparcialidad el perfil climático de las industrias y el manejo forestal moderno, basado en cifras y hechos sólidos”, escribe Michael Martin, funcionario de la FAO, en la introducción. Pero el informe no es imparcial ni se basa en cifras y hechos sólidos.

Reid Miner, autor del informe, trabaja para el Consejo Nacional para la Mejora del Aire y los Cursos de Agua (NCASI por su nombre en inglés), el cual fue establecido más de 60 años atrás por la industria de la celulosa. Entre los colaboradores y revisores del informe se encuentran representantes del ICFPA, la Confederación de Industrias Papeleras Europeas, la FAO, el Comité Asesor sobre el Papel y los Productos Madereros y el NCASI.

Tal vez no importaría que la industria estuviera tan involucrada si el informe se basara realmente en “cifras y hechos sólidos”. Pero no es así. Una mirada a la discusión sobre las emisiones causadas por las plantaciones industriales de árboles ilustra el punto (claro que Miner habla de “bosques plantados” cuando se refiere a las plantaciones industriales de árboles).

Miner escribe que “hay pocos datos recientes para caracterizar con precisión los tipos de tierra convertida en bosque plantado o semi-natural asistido”. Dada esta falta de información, Miner concluye que “los impactos en materia de emisiones de carbono” resultantes del establecimiento de plantaciones “no pueden calcularse con certeza a nivel global.” Entonces, él “calcula” que dichos impactos son iguales a cero.

El argumento de Miner es simple. Establecer plantaciones en tierras no boscosas genera una mayor absorción de carbono, mientras que talar bosques para establecer plantaciones genera mayores emisiones. Los 1,6 millones de hectáreas de plantaciones establecidas anualmente en tierras no boscosas “compensarían las pérdidas asociadas con la conversión forestal de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas al año”. Este enfoque sobre el carbono no toma en cuenta los impactos sociales y ambientales resultantes de convertir praderas de gran biodiversidad en monocultivos, como sucedió en vastas áreas de Sudáfrica. Pero el número que maneja Miner respecto a las emisiones causadas por el establecimiento de plantaciones no se basa en cifras o hechos – ya sean sólidos o de otro tipo.

La fuente de Miner es un informe del cual fue coautor en 2007: “ The Greenhouse Gas and Carbon Profile of the Global Forest Products Industry” (El perfil de carbono y de gases de efecto invernadero de la industria mundial de productos forestales) que, coincidentemente, suena increíblemente similar a su último informe para la FAO). En 2007, él escribió que “Este hallazgo es, sin embargo, considerablemente incierto.” Podrían, de hecho, ser “varios cientos de millones de toneladas equivalentes de CO2 por encima o por debajo de dicho ‘cero neto’”. Entonces, la cifra sólida de Miner es cero… más o menos varios cientos de millones de toneladas.

La industria maderera utiliza mucha biomasa (conocida también como productos de desecho) para producir energía en el proceso de fabricación. Miner explica que “el CO2 que se libera al quemarse la madera es parte de un ciclo natural y es compensado por los árboles en crecimiento”. Entonces, según Miner, y el Protocolo de Kyoto, la biomasa no genera emisiones. El problema es que quemar biomasa sí provoca emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas emisiones podrían ser absorbidas posteriormente por los árboles en crecimiento, pero esto podría llevar décadas. Y alguna biomasa sí genera enormes emisiones adicionales – cuando las plantaciones se establecen en pantanos de turba, por ejemplo.

Un artículo publicado el año pasado en la revista Science argumenta que este error en la caracterización de la biomasa debería ser corregido. De más está decir que Miner no menciona este documento en su informe para la FAO.

Todas las industrias tienen sus propias organizaciones para promover su punto de vista. En el caso de la industria maderera, las diversas organizaciones que ayudaron a producir el informe de Miner caen en esta categoría. Pero la FAO se describe a sí misma como una “red de conocimientos” para “recopilar, analizar y difundir información que coadyuve al desarrollo”. Sus fondos provienen de los contribuyentes. Entonces, ¿por qué ayuda a promover el lavado verde de la industria maderera?

El informe "Impacto de la industria forestal mundial sobre los gases atmosféricos de efecto invernadero" puede descargarse en: http://bit.ly/dpzVuH

Chris Lang, http://chrislang.org

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Monthly Bulletin of the World Rainforest Movement
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