Veredicto del Tribunal Internacional de Opinión sobre el desplazamiento forzado en Colombia

Salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia

Bogotá 21, 22 y 23 de Noviembre de 2007

El clamor de los millones de desplazadas y desplazados forzados de Colombia llegó a la Comunidad internacional. Como respuesta solidaria, este Tribunal de Opinión se instaló en Bogotá, del 21 al 23 de noviembre 2007, para escuchar las víctimas de este crimen contra la Humanidad, victimas despreciadas y perseguidas, y con el objetivo de contribuir a la plena restauración de la Justicia y del Derecho. El Tribunal Internacional compuesto por 8 miembros recogió los datos existentes sobre el desplazamiento y sus causas, tanto de parte de las instancias oficiales del Gobierno de Colombia y de las Naciones Unidas (ACNUR), como de organismos no gubernamentales. Cinco audiencias regionales tomaron lugar en Valle del Cauca, Chocó, Zona centro, Arauca y Costa atlántica, donde varios centenares de testimonios fueron recogidos. Finalmente un jurado internacional sesionó en el Congreso de la República, para recoger más de 30 testimonios y tomar conocimiento de tres estudios socio-jurídicos que fueron añadidos a la documentación ya recogida. Las Autoridades colombianas previamente convocadas para presentar sus puntos de vista no se presentaron. Además, los dirigentes de la Coordinación Nacional de Desplazados y los miembros del Tribunal recibieron constantes amenazas por el grupo paramilitar autodenominado las Águilas Negras, por realizar este tribunal.

El desplazamiento de poblaciones en Colombia

El carácter masivo del desplazamiento forzado en Colombia revela el carácter estructural de la crisis humanitaria que afecta dentro del país a más de 4 millones de personas hasta el 2007, una cifra mucho más alta que las estadísticas oficiales, porque estas últimas conciernen solamente los desplazados registrados, además de los millares de refugiados en el exterior. La actual holeada de desplazamientos forzados data de principios de la década de los 80. Sin embargo, ella tiene raíces más antiguas. Así, ya en la mitad de los años 40, la represión por paramilitares hacia el Movimiento Gaitanista provocó una migración interna, fruto de una violencia política que Jorge Eliécer Gaitán calificó de práctica de Estado contra el pueblo. Un genocidio similar se produjo en los años 60 con el frente unido liderado por Camilo Torres.

Desde medianos de los 80, los narcotraficantes colombianos decidieron traer sus divisas (dolares) al país y de lavarlas mediante la compra de grandes extensiones de las mejores tierras. En general, bienes baldíos de cuyas mejoras o posesiones se apropiaron de manera ilegítima e ilícita mediante diferentes modalidades de despojo, siempre acudiendo a la intimidación o a la eliminación. Los carteles del narcotráfico junto a sectores de la oligarquía del país, de la clase política y las fuerzas militares, crearon una nueva versión del paramilitarismo, estas últimas le ofrecieron apoyo y entrenamiento afirmando que era necesario luchar contra la insurgencia.

De esa manera se fraguó una alianza mediante la cual, el paramilitarismo eliminaba los miembros de los partidos izquierdistas de oposición (Unión Patriótica) y los movimientos cívicos que clamaban por mejores condiciones de vida, a camb io de que el establecimiento les permitiera continuar con su actividad ilícita, la cual a su vez financiaba el poder político. La apropiación ilícita de estas tierras promovió no solamente una fuerte concentración inequitativa de las tierras en el país, sino una transformación en su uso. Grandes extensiones aptas para agricultura y bosques, fueron dedicadas a la ganadería.

Esta oleada de desplazamiento tuvo un nuevo incremento durante la primera mitad de la década de los 90 cuando entraron en auge las políticas neoliberales que facilitaban el paso de la inversión transnacional. Grandes empresas multinacionales, requirieron un camino libre para avanzar en la apropiación de uno de los principales factores productivos del país, la tierra, sobre la cual se localizarían grandes megaproyectos de inversión (agrícola, industrial, minero, portuario, turístico, vial, entre otros). Con el pretexto de contrarrestar el avance insurgente de las guerrillas, pero con el fin de controlar el poder político y económico en determinadas regiones del país, viene el Plan Colombia desde el año 1997, estrategia militar financiada por el Estado norteamericano. Con ello, se motiva un nuevo incremento en el desplazamiento forzado a las cifras anuales más altas registradas. Bombardeos indiscriminados, capturas masivas, criminalización de diferentes manifestaciones sociales, fuerte presencia militar en regiones, entre otros, explican este incremento.

A principios de la presente década, las cifras oficiales de desplazamientos forzados disminuyen aunque siguen siendo aterradoras. Las mismas razones anteriores explican los desplazamientos sólo que ahora ya hay zonas despobladas disponibles e inmensas extensiones de tierras desposeídas. Se presentan también desplazamientos interurbanos e intraurbanos, así como nuevas causas (fumigaciones indiscriminadas aun de regiones donde no hay coca, detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de organizaciones y de lideres sociales) que no son reconocidos por el gobierno, y toma auge una nueva modalidad de guerra como el confinamiento de población. Actualmente, a pesar de lo que se afirma en los medios de comunicación, las cifras de desplazamientos siguen siendo por año muy altas, afectando diferentes regiones de acuerdo a la movilidad que adopta el conflicto armado en Colombia. El gobierno colombiano ha promovido una legislación que pretende legalizar los despojos de tierras de población desplazada, y dejar en la impunidad los crimines de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado (Estatuto de desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz, Ley de tierras, Ley de Minas, Ley de petróleo, etc.)

Las bases jurídicas del veredicto

El problema de los desplazados preocupa a las Naciones unidas desde más de un cuarto de siglo. Por eso varias instancias han sido creadas e instrumentos jurídicos desarrollados. La legislación internacional y nacional considera al desplazamiento forzado como un delito de Lesa Humanidad. Colombia ha ratificado la mayoría de los convenios sobre los derechos humanos y sobre el Derecho Internacional humanitario, obligándose el Estado y los llamados actores armados a respetar esto principios. La Constitución Política de 1991 consagró como un derecho vital la protección a la vida, la movilidad y la prohibición expresa de desaparición forzada, derechos que precisamente violan el Estado y sus agentes en el marco de su política de aplicación del desplazamiento forzado. Se trata de una estrategia fundamental para la imposición de un modelo económico. Recientemente la legislación penal ha consagrado como delitos estas conductas y les ha dado el carácter de lesa humanidad, sin embargo la estructura de impunidad que impera en la justicia colombiana hace inaplicables no solo la normatividad interna sino también la internaciona l, victimizando doblemente a las personas objeto de esta violación, especialmente a niñas, niños, mujeres y ancianos. Un esfuerzo a destacar son los fallos de la Corte Constitucional que han obligado al Estado a respetar los derechos de los desplazados y a aplicar las llamadas políticas sobre desplazamiento forzado, cumplidos de manera parcial y de mala fe. Hay que destacar que el Estado Colombiano viola los principios rectores de las Naciones unidas sobre el desplazamiento en el interior del país, especialmente los principios 1, 2, 3, 4, 6-C. 9, 10-1-2, 11, 13-1-2, 14, 16, 18-1-2, 21-1-2, 23, 25-1-3, 26, 27-1, 28-1 y 29, no solo de manera directa, sino también resguardo con impunidad la conducta de los funcionarios públicos responsables de este delito, como en el caso de la exterminación del movimiento político Unión Patriótica, cuyos sobrevivientes se vieron obligados a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos humanos ( sic).

El Tribunal llama al Estado colombiano, a las multinacionales y a los gobiernos de países desarrollados y a sus agentes a cesar en estas prácticas, que violan gravemente los derechos humanos de la población y a respetar los principios de igual que las normas del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos humanos y Derecho de los refugiados. Este Tribunal pide también al gobierno de Colombia de generar un proceso de verdad que revele los autores intelectuales y materiales para que la justicia los juzgue y los castigue buscando la reparación a las victimas.

Los Testimonios y sus contenidos

El tribunal recibió testimonios directos que se añaden a los numerosos otros recibidos en las audiencias regionales y a la amplia documentación reunida, que son una muestra significativa de lo que sucede en todo el territorio colombiano. Los testimonios vinieron de norte de Santander, Vichada, Casanare, Arauca, Meta, Antioquia, Choco, sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Sucre, Bogotá, Cartagena, Boyacá, Valle, Eje cafetero, Guaviare, Putumayo. Dentro de los casos 28 han tenido un origen económico y 10 socio político. Los responsables fueron el ejercito 21, la policía 3, el ejercito y paramilitares juntos 8, y paramilitares 6.

Se verificó que en los 28 casos donde hubo motivación económica, se realizaron básicamente en zonas donde se desarrollan proyectos de Minería y Energía como Choco donde hay yacimientos de oro, cobre, molibdeno, uraninita, carbón, petróleo, gas, áreas de producción de energía eléctrica, bosques y nacimientos de agua. También existen proyectos ligados a la madera, la palma africana y de "ecoturismo". Similares motivos existen en Arauca donde las empresas Repsol, Occidental Petroleum Company, son acusadas de violar gravemente los derechos humanos de trabajadores, de indígenas y de la población en general. En Antioquia y Nariño se desarrollan exploraciones y explotaciones de petróleo, gas y oro, por parte de compañías canadienses y estadounidense, utilizando similares métodos. En el Sur de Bolívar la Anglogold Ashanty pretende expulsar a pequeños mineros y apropiarse de los inmensos yacimientos de oro que existen en la región, con el abierto apoyo a los paramilitares de militares y del gobierno colombiano. Este último entrego listados de los manifestantes del éxodo de 1998 que luego fueron retenidos, desaparecidos o asesinados. Se destaco también la situación de Norte de Santander donde la acción militar y paramilitar a favor de empresas como Harken Energy, Anglocoal e inversionistas ligados a la familia Uribe Vélez explotan el carbón, el gas y el petróleo de la zona.

En el Cauca, donde también hay yacimientos de minerales, petróleo y gas, la operación militar y paramilitar se ha dirigido a expropiar de sus tierras a indígenas y afrodescendientes, para entregársela a las compañías palmeras y madereras en connivencia con los terratenientes de la zona. Hay que destacar que el desplazamiento forzado ha tenido mayor incidencia en zonas pobladas por afrodescendientes como el Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, norte de Bolívar y Uraba Antioqueño. Otros departamentos como Putumayo, Vichada, Casanare, Sucre, Meta, Valle del Cauca, han sufrido desplazamientos forzados como medida que "garantiza" la presencia de empresas petroleras, gasíferas, mineras, madereras, de palma africana, etc. Finalmente se destaca que donde ocurrieron desplazamientos como forma de control social, eso ocurrió en departamentos donde las organizaciones sociales eran muy fuertes, como por ejemplo en Arauca. En este Tribunal no se presentaron casos de desplazamiento forzado causado por la guerrilla.

Los actores y las razones

Muchos testigos vincularon al Estado con el desplazamiento forzado, por acción y por omisión. Grupos paramilitares que con complicidad de las fuerzas militares y de policía ejercieron el terror hacia la población campesina en muchas regiones del país. Grupos paramilitares como las Águilas Negras, Nueva Generación, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Calima, siguen asesinando y desplazando. El ejército nacional a través de sus respectivas brigadas actúa de manera conjunta o simplemente no interviene aunque sepa de la presencia de estos grupos en las regiones donde operan y desplazan la población. Una parte de la clase política y de los terrateniente de muchas regiones del país, han sido señalados como miembros o aliados de grupos paramilitares, que utilizan el terror para saquear y apropiarse de las tierras de los pequeños campesinos y mantener el control político en las administraciones municipales, el congreso, el senado y el gobierno nacional, como estrategia de control social, sin tolerar de ningún modo una oposición política, ni el ejercicio democrático de los derechos civiles.

El poder judiciario de Colombia actúa muchas veces de manera parcial y venal hacia la población desplazada, al no reconocer su derecho a la propiedad y registra sus tierras a paramilitares, terratenientes y políticos que les desplazaron.

Las multinacionales como son Harken Energy, GreyStar resources, Cemex, Holcim, BHP Billiton, Angloamerican, Xtrata, Drummond, Chiquita brands, Oxy, Repsol, B.P., Union Fenosa, Codensa, Urapalma, Glencore, Anglogold Ashanty, Petrocanada, Consorcio Colombiano del Cerrejon, Kedada, son cómplices del desplazamiento al financiar y prestar sus instalaciones a los grupos paramilitares que amenazaron y masacraron a miles de sindicalistas, y a las comunidades afrocedend ientes, indígenas y campesinas.

Se ha demostrado también la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en el desplazamiento forzado en Colombia por el apoyo militar a través del plan Colombia y del plan patriota, la ayuda militar, el envió de mercenarios, y fumigaciones extensivas e indiscriminadas.

Estas acciones se han realizado a través de masacres, asesinatos selectivos, amenazas, quema de casas, falsos operativos, detenciones masivas, violencia contra las mujeres, reclutamiento fo rzado, desapariciones, terrorismo de estado y terrorismo psicológico hacia las victimas.

Los desplazamientos urbanos son también el resultado de la acción de los bancos que con tasas de interés inaguantables provoca la disolubilidad de las familias y recurre a la fuerza policial para expulsarlos de sus casas.

Las causas estructurales del desplazamiento

Los primeros desplazamientos forzados fueron aquellos impuestos por los conquistadores españoles que despojaron a los indígenas de las tierras planas, donde luego colocaron a los ganados, haciéndoles mover hacia las laderas donde muchos de ellos o sus descendientes todavía cultivan intensamente la tierra. Los nuevos dueños procedieron después a reunir a la fuerza pueblos pequeños en más grandes con el fin de vaciar la tierra y crear haciendas. El resultado fue un genocidio, con millones de muertos indígenas y esclavos importados del África tanto en las plantaciones como en las minas. En esta primera fase del capitalismo, la región fue implicada en el famoso comercio triangular (Europa, África, América) y contribuyo a la acumulación del capital monetario en Europa. Se creo al interior una riqueza básica codiciada por las clases pudientes, sin reatos de consciencia, ni religiosa, ni cívica, sino principalmente con afán de lucro y poder económico, una constante histórica en Colombia.

En el periodo actual, la entrada del capital exterior y la dominación de las empresas transnacionales corresponden a la apertura de los mercados mundiales fruto del modelo neoliberal de desarrollo. La sobreexplotación de las materias primas (petróleo, oro, y otros metales), la extensión de los monocultivos para la exportación de productos agropecuarios y últimamente para la producción de agro combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y afro descendientes. Obedecen a las exigencias de la globalización del capital y acentúan el carácter dependiente de las clases dominantes colombianas frente hacia el capital principalmente norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade un desastre ecológico.

La continuidad de este modelo económico lleva el Gobierno actual a implementar la última fase de expropiación territorial y de reordenamiento poblacional que esta a la base de la verdadera contrarreforma agraria que hoy se cumple en el mundo entero. Los retornos no modifican el proceso y se implementan en aquellas zonas en donde el control paramilitar ya está consolidado, bajo el orden establecido por las empresas transnacionales y con la ayuda de una parte de la cooperación internacional. En el mejor de los casos, la respuesta estatal es de corte asistencial. En cuanto a los desplazamientos urbanos, los actores principales son los bancos, obedeciendo a la lógica del capital financiero.

Además, el lugar geoestratégico de Colombia en un continente donde se abren nuevos espacios alternativos económicos y políticos y nuevos proyectos de integración, explica la brutal intervención del imperialismo deseando conservar su hegemonía y como la implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota, acentúa la violencia y los desplazamientos. Se entiende así que las soluciones al problema exigen no solamente cambios internos combatiendo proyectos de muerte, sino una otra orientación de la economía mundial.

Para dar una solución a este drama humano del desplazamiento, se necesitan (1) una política de retorno basada sobe principios de justicia, es decir la devolución de las tierras a los campesinos y a las comunidades, aplicando la Constitución colombiana, (2) una compensación financiera por los daños materiales ocurridos, (3) un reconocimiento de los crímenes cometidos bajo la mirada de la justicia, la verdad, la reparación integral y la garantía de no repetición, poniendo fin a la impunidad y (4) la constitución de una Comisión de reconciliación.

Acusación:

Oídos los testimonios, verificadas las pruebas aportadas por las víctimas, sopesadas y contrastadas con los expertos, condenamos por acción directa y por conductas omisivas, respecto del desplazamiento forzado de casi cuatro millones de colombianos y colombianas a:

1. El Estado y el gobierno colombiano y sus agentes a saber: funcionarios públicos administrativos, miembros de las fuerzas armadas y de policía, jueces y funcionarios judiciales parciales, miembros de lo servicios de inteligencia del Estado, militares y paramilitares, funcionarios de la procuraduría, defensoría y personeros, por conductas omisivas o cómplices del Delito de Desplazamiento forzado.

2. A las compañías multinacionales arriba mencionadas que, como operadores de la imposición de un modelo económico que garantiza el saqueo de recursos naturales de propiedad de la nación, utilizan a militares y paramilitares, mercenarios, miembros de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado, como agentes del desplazamiento forzado. Garantizan con este Delito de Lesa Humanidad el copamiento de las zonas donde se generan megaproyectos para el exclusivo beneficio de estas compañías. Denunciamos también en tanto que cómplices de los varios tipos de desplazamiento a miembros del establecimiento colombiano como ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, las instituciones financieras y los bancos.

3. A los gobiernos de países como Estado Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, España, Israel, Sudáfrica y la Unión Europea por proporcionar ayuda militar a los gobiernos de Colombia, por permitir que compañías multinacionales de estos países financien directamente las operaciones militares y paramilitares, que desplazan a millones de colombianos y colombianas para "garantizar" la operación de estas en el territorio nacional.

Finalmente el Tribunal responsabiliza a las autoridades colombianas por la seguridad de todos los que han participado como organizadores o testigos en esta sesión sobre los desplazados.

Bogotá 23 de Noviembre de 2007.

Francois Houtart (Bélgica), presidente

Orlando Fals Borda (Colombia), vicepresidente

Patricia Dahl (Estados Unidos)

Don Tomas Balduino (Brasil)

Louis Nicodeme (Bélgica)

Joao Lucio Da Costa (Brasil)

Dieter Misgeld (Canadá)

Francisco Ramírez (Colombia), fiscal