Venezuela, el país amazónico con mayor proporción de territorios indígenas, afectados por minería ilegal

Venezuela, el país amazónico con mayor proporción de territorios indígenas y áreas
naturales protegidas afectados por minería ilegal

Ya no es ‘salvemos el Amazonas’, sino ‘lo estamos perdiendo”, resaltó Francisco von Hildebrand, director de la ONG Gaia Amazonas, durante el lanzamiento del atlas Amazonía bajo presión realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). 

La investigación registró, en 2020, 4.472 localidades donde se practica minería ilegal en la Amazonía, 87% de ellas en fase activa de explotación. Venezuela concentra 1.423 localidades, equivalentes a un tercio de los sitios de minería ilegal en la Amazonía, lo que la posiciona como la segunda nación con más localidades mineras en la región, luego de Brasil que registra 58% de los puntos ilegales (2.576).

Venezuela también es el país con mayor proporción de territorios indígenas (TI) y áreas naturales protegidas (ANP) afectados por minería ilegal. En toda la Amazonía, existen 664 TI y 129 ANP con penetración de actividades mineras ilícitas, precisa el informe de Raisg, consorcio del que forman parte las ONG venezolanas Provita y Wataniba.

1.033 hectáreas están afectadas por la minería en el Parque Nacional Canaima, territorio ancestral pemón, de acuerdo con un trabajo de Correo del Caroní en alianza con InfoAmazonia y Prodavinci, con soporte del Centro Pulitzer

“El sur de Venezuela ha vivido en los últimos años una transformación impulsada especialmente por la explotación ilegal del oro, que se volvió la apuesta económica de miles de ciudadanos e, incluso, del Gobierno, luego del desplome de los precios del petróleo a partir de 2013. Después de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco en 2016, la región ha sido tomada por grupos delictivos y militares que se disputan las minas, según denuncian las comunidades. El ejercicio ilegal de esta actividad se ha convertido en la principal amenaza ambiental y social en el sur del territorio venezolano”, señala el atlas.

Tina Oliveira, coordinadora del programa de monitoreo socioambiental de Wataniba, recalcó que Venezuela y Brasil reúnen 90% de las localidades mineras ilegales. No obstante, aseguró que es un problema regional. Añadió que la extracción minera de oro afecta de manera directa a 17,3% de las áreas de conservación y a 10% de los territorios indígenas. “Esto es apenas una aproximación a lo que ocurre en la región, por el gran reto que implica tener esta información de forma sistemática”.

La minería ilegal genera impactos silenciosos, dijo, por la contaminación del agua que afecta la diversidad acuática, la principal proteína consumida en zonas remotas. “Si detenemos la minería ilegal en este instante, ¿cuál es el tiempo que las diferentes formas de mercurio van a permanecer en el ecosistema? ¿cuál es la real amenaza para los patrones tradicionales de los pueblos indígenas?”, se preguntó. “Estamos hablando de un impacto y consecuencias dramáticas tanto para la sobrevivencia de la región como de sus poblaciones”, agregó.

La data de Raisg indica que, en el caso de minería legal, Venezuela tiene 948 zonas mineras que se expanden en 115 mil 136 kilómetros cuadrados, con lo cual -en este sector- también es el segundo país de la Amazonía con mayor extensión minera, después de Brasil.

El atlas destaca que la densidad vial en la Amazonía, calculada a partir de la extensión de carreteras y de territorio, aumentó 51% entre 2012 y 2020, pasando de 12,4 km/km2 a 18,7 km/km2. “Los países que lideraron esta expansión fueron Colombia, Perú y Venezuela”, detallan.

Presiones y amenazas

Más de la mitad de las unidades de análisis en la Amazonía (65,8%) se encuentran sometidas a algún tipo de presión instalada o en curso, indica el atlas, “sean actividades extractivas como la explotación de petróleo y minerales, el desarrollo de infraestructura vial, la actividad agropecuaria o la presencia de hidroeléctricas. Es importante destacar que este análisis no incluyó caminos forestales, concesiones maderables, cultivos de coca y palma, ni actividades ilegales”.

En modalidades, magnitudes e intensidades diversas, agregan, estas presiones generan impactos no sólo acumulativos sino sinérgicos, que causan un alto deterioro de las condiciones medioambientales de la región.

7% del territorio amazónico se encuentra bajo presión “muy alta” y el 26%, “alta”, precisan. El informe detalla que las áreas con mayor presión se localizan en las zonas periféricas del bioma: en las zonas montañosas y de piedemonte situadas al occidente, especialmente en Ecuador, al norte de la Amazonía venezolana, en donde se despliega el Arco Minero del Orinoco y, hacia el sur, en Brasil.

“En el caso de Brasil y Venezuela (27% y 18% de territorio bajo amenaza, respectivamente), los proyectos hidroeléctricos y de minería son amenazas que igualmente encajan bajo la categoría ‘muy alta’, en tanto que la extracción de minerales es también una amenaza presente en otros países de la región, aunque bajo el indicador de ‘muy bajo”.

La deforestación no se detiene

Las presiones no se detienen. Del 2000 al 2018 se perdieron 513 mil kilómetros cuadrados de bosque amazónico, el equivalente a dos veces la superficie entera de Ecuador.

Las cifras más altas ocurrieron en los primeros cinco años de este lapso, el pico más alto en 2003 (49.240 km2) y la marca más baja en 2010 (17.674 km2). “A partir del 2015 comienza una tendencia clara a aumentar nuevamente la deforestación. Estas tendencias las marca principalmente Brasil”, dijo Sandra Ríos, especialista en monitoreo para la conservación de los bosques amazónicos e investigadora del Instituto del Bien Común (IBC) en Perú.

En 2018, precisa el atlas, fueron talados más de 31.269 km2 de bosque, el equivalente a un tercio de Portugal, lo que ubica a ese año en el quinto puesto en cuanto a pérdida en el período estudiado.

“La mayor parte de la deforestación (87,5%) ocurrió fuera de las ANP y TI, resaltando el rol protector de los bosques que cumplen estas unidades”. Si bien hay una pérdida de 12% en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, las cifras más altas de deforestación han sido en 2017 y 2018. En el caso de ANP, el año más intenso fue 2017 y en el caso de TI, el 2018, precisó Ríos.

¿Qué puede estar pasando aquí? Territorios indígenas presionados por la deforestación, principalmente por las invasiones y tráfico de tierras e introducción de cultivos ilegales relacionados con el narcotráfico, lo que pone en riesgo los bosques y las comunidades que allí habitan. “Es importante atender las demandas de los pueblos indígenas. Necesitamos reconocer sus territorios. Es importante garantizar la defensa y seguridad de estos defensores del bosque para que sus territorios sigan siendo barrera de la deforestación”, enfatizó Ríos.

En el caso de Venezuela, el informe indica que la ausencia de cifras oficiales dificulta la fiscalización y control en este territorio. Sin embargo, aclaran que los datos de la Raisg revelan que “entre 2000 y 2018 se perdieron, al menos, unos 4.000 km2 de los bosques amazónicos debido a la expansión agropecuaria, que junto a la minería, principalmente ilegal y de crecimiento desordenado, han generado cambios importantes en la región durante las últimas dos décadas”.

Una quema equivalente a toda Bolivia

Natalia Calderón, de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia, destacó que 1,1 millones de kilómetros cuadrados fueron afectados por quemas en 19 años. La extensión equivale a 13% de la Amazonía, una proporción similar a todo el territorio de Bolivia.

El atlas Amazonía bajo presión identifica el norte de la Amazonía venezolana, en donde se despliega el Arco Minero del Orinoco, como una de las zonas con mayor presión del bioma amazónico.

“El promedio anual de superficie afectada por incendios forestales, en la región, es de 169 mil km², lo que se traduce en quemar prácticamente el equivalente a la extensión de Uruguay cada año, durante casi dos décadas”, precisa el atlas.

Calderón destacó que no solo hay que mirar los focos de calor, sino la frecuencia de ocurrencia. No son un problema nuevo, son recurrentes, dijo, y enfatizó en la creciente penetración de los incendios forestales hacia áreas protegidas y territorios indígenas. “Bolivia es el país con mayor proporción de área afectada de su Amazonía con el 27%, le sigue Brasil con 17%”, dijo.

Venezuela no se queda atrás en materia de quemas forestales y ocupa el tercer lugar de los nueve países de la Amazonía con 6,4% de extensión afectada.

Datos de Raisg revelan que entre 2000 y 2018 se perdieron, al menos, unos 4.000 km2 de los bosques amazónicos de Venezuela.

El atlas señala que el fuego, una herramienta empleada durante siglos por los pueblos indígenas en la Amazonía “sin notorias transformaciones para el paisaje, ha sido utilizado a gran escala por otros actores en las últimas décadas, lo que ha llevado a la conversión de extensas áreas de bosques tropicales en paisajes agropecuarios”.

El informe destaca que a pesar de que las ANP y los TI son áreas de conservación y deberían estar más protegidas, en el período 2001–2019 el fuego impactó anualmente, en promedio, 26 mil km2 en ANP (dos veces la extensión de Puerto Rico) y 35 mil km2 en TI (una superficie mayor a Haití).

Sistema vivo e interconectado

Francisco von Hildebrand, director de la ONG colombiana Gaia Amazonas, resaltó que la Amazonía funciona como “un sistema interconectado y vivo” y enfatizó en que la situación es cada vez más preocupante. Dijo que si se juntan todas las actividades dañinas, 65% de la Panamazonía está sometida a presiones y de esta extensión, 33% tiene presiones altas y muy altas.

Venezuela no se queda atrás en materia de quemas forestales y ocupa el tercer lugar de los nueve países de la Amazonía con 6,4% de extensión afectada.

El informe es claro: “Al analizar el despliegue de la acción humana en la región amazónica, es posible observar que más de la mitad de la Amazonía (52%) registra reportes de síntomas y consecuencias de la actividad antrópica, de manera independiente o conjugada por pérdida de carbono, áreas quemadas, deforestación o áreas naturales transformadas. Todos los países de la región presentan en este momento algún tipo de impacto de la acción humana, oscilando entre índices que van desde ‘muy bajos’ hasta ‘muy altos”.

El informe precisa que Bolivia es el país de la región con la mayor extensión de su Amazonía con algún tipo de síntomas y consecuencias (62%), seguido de Brasil (56%) y Ecuador (54%). “Venezuela, Guyana, Perú y Ecuador tienen unidades comprometidas con síntomas y consecuencias desde ‘moderados’ hasta ‘muy bajos”.

“Estamos en alerta roja de la Amazonía. No se trata de un tema ambiental, sino de seguridad alimentaria, hídrica y energética. Está en riesgo el bienestar humano y económico de Latinoamérica. Ya pasamos el punto de ‘salvemos el Amazonas’, estamos en el punto de ‘la estamos perdiendo”, recalcó.

Sostuvo que es necesario detener la deforestación e iniciar procesos de restauración y aseguró que no estamos demasiado tarde para actuar, pero sí en el momento de tomar las acciones más contundentes.

Fuente: Observatorio de Ecología Política de Venezuela