“Un salvajismo total, los megaproyectos en México”: Francisco López Bárcenas

Entrevista de Marcela Salas Cassani

México DF. A pesar de los embates cada vez más agresivos del Estado para imponer proyectos “de desarrollo” millonarios a costa de la contaminación de la tierra y la desaparición de pueblos milenarios, la gente de abajo continúa organizándose para defender sus territorios. Así lo explica en la siguiente entrevista para Desinformémonos Francisco López Bárcenas, destacado teórico del derecho indígena, asesor agrario y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1995 a 1996, durante la elaboración de los Acuerdos de San Andrés.

Tipos de acumulación y apropiación de recursos naturales

El tipo de acumulación capitalista en esta coyuntura es una acumulación extractiva. No está en la industria ni en la explotación de la mano de obra lo fuerte de la acumulación, sino en la apropiación de los recursos naturales. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es que se están cosificando los bienes naturales, y es un cambio bastante profundo.

Los liberales del siglo XVIII, cuando hicieron las primeras leyes de apropiación – el Código Civil Napoleónico, por ejemplo – dijeron que había ciertos bienes que tenían que ser comunes, porque privatizarlos era poner en peligro la existencia de la vida, por ejemplo el agua y la comida. Incluso en nuestro código civil y en casi todos los códigos del mundo aún existe eso; sin embargo, son esos bienes comunes los que ahora están entrando al mercado y están siendo privatizados.

A los muchos otros tipos de apropiaciones extractivas, como el petróleo, la minería y las grandes represas, que ya tienen una tradición muy fuerte, se suman ahora los eólicos, el uso para fines industriales del agua, y los saberes populares. Esto trae como consecuencia el despojo de los recursos naturales.

Hay muchos tipos de megaproyectos. Los que ya tienen décadas, como el petróleo, las represas, la expropiación de terrenos para usos de obra pública – o por lo menos con ese argumento –, pero ahora estamos viendo otro tipo de proyectos: el uso del agua y el viento con el argumento de hacer energía limpia, los transgénicos, con el argumento de darle de comer a la gente. Es decir, argumentos que no se sostienen.

De cómo entran al país y cómo operan las empresas trasnacionales

Las empresas trasnacionales que llevan adelante los megaproyectos, logran entrar al país fundamentalmente a través del Estado, pero no el que nos imaginamos, o nos enseñaron en la escuela, porque de los años ochenta para acá, el Estado se ha transformado. Dejó de ser el Estado benefactor que procuraba el bienestar de la gente, que hacía obra pública para satisfacer necesidades, que invertía en educación, salud, vivienda y cultura. Ahora tenemos un Estado que no se preocupa en lo absoluto de nada de esto, y que más bien parece gerente de las empresas trasnacionales. El gran cambio es que antes los políticos tenían relaciones con los empresarios, y ahora los empresarios se han vuelto políticos. Un caso muy específico es el de Luis Téllez, quien operó la reforma al artículo 27 y es socio de las empresas mineras mexicanas; los secretarios que ha tenido Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) vienen de la iniciativa privada dedicada a los alimentos o a la producción de alimentos, los secretarios de Economía que tenemos, antes ya fueron funcionarios en alguna empresa, entonces los secretarios son políticos, y lo que hacen no es favorecer al país, ni proteger los recursos naturales. Están favoreciendo a las empresas. Yo creo que así han llegado.

La otra transformación del Estado ha sido en materia legislativa. Muchos vimos la reforma al artículo 27 como la privatización de la tierra, pero fue un error verlo así. La tierra no se privatizó, lo que buscaron fue meterla a un esquema de flexibilización de mercado que buscaba fundamentalmente rentarla, la renta subido impresionantemente. Las mineras, las eólicas y todas estas empresas buscaban rentar la tierra, a ellos no les interesa la tierra como propiedad. A quienes sí les interesa es a los inmobiliarios y a la gente de los proyectos turísticos, pero en realidad ha habido pocas ventas en estos rubros.

Las leyes que se han modificado sustancialmente para favorecer a las empresas son la ley de aguas, la ley de minas, la ley de vida silvestre por los recursos genéticos y se hicieron otras leyes en áreas donde no había legislación: la ley de variedades vegetales, por ejemplo, para que se pueda modificar la cadena genética de las plantas.

La modificación de las instituciones es otra de las formas en la que las empresas trasnacionales han logrado entrar al país a través del Estado. Semarnat (Secretaría de Medios Ambiente y Recursos Naturales) es ahora una súper secretaría porque se encarga de todo lo que tiene que ver con impacto ambiental. Otro ejemplo es la Secretaría de Energía, que creó la Dirección Geológica Mexicana, toda la información sobre minería. Se han ido creando instituciones, a modo, para cada tipo de megaproyecto.

El Estado dice que permitiendo la entrada de empresas que exploten los recursos naturales va a traer desarrollo, progreso, trabajo y capital para inversión. Y sí hay trabajo, pero para pocos y por poco tiempo. El problema es que una vez que las empresas entran, el gobierno “las deja hacer”, literalmente.

Las hidroeléctricas, por ejemplo, podría pensarse que las maneja el Estado, pero no es así. Las concesiona y hay algunas que ni siquiera han entrado en funcionamiento, hay otras que funcionan al 10 por ciento de su capacidad, otras que ya se azolvaron, otras que ya terminaron su tiempo de vida útil. El caso más dramático es Arsediano es Nayarit: proyectaron la presa, descubrieron que era zona sísmica, la siguieron proyectando y ya que estaba casi terminada, dijeron que ya no lo iban a hacer. Pero ya se habían gastado todo el dinero, y además, destruyeron el pueblo, lo dinamitaron, corrieron a la gente, y todo para nada. Eso es un salvajismo total.

Hay otras presas, como la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, que fue construida hace 40 años y ya va a terminar su vida útil. Desplazaron como a 22 chinantecos, la mayoría fue enviada a Veracruz, y es la fecha en la que todavía no los indemnizan, después de 40 años.

(Jacob)Rousseau ya veía esta situación desde el siglo XVIII. Llamaba a los que hoy sería las empresas, poderes salvajes. Argumentaba que son poderes que están fuera de la legalidad. No es que sean ilegales, sino que están fuera de la legalidad porque los afectados no pueden hacer nada en contra de ellos. Son privados, pero actúan como si fueran públicos. Violan los derechos, pero no te puedes amparar porque ellos no son la autoridad. No los puedes demandar porque nunca vas a ganar un juicio contra ellos. Son poderes salvajes en el sentido de que no están civilizados y no ajustan sus actitudes a la legislación.

Se violan toda clase de leyes, y nadie es responsable

Estas empresas trasnacionales violan, en principio, la Constitución, que dice que los recursos naturales deben ser para el bienestar del país y que se deben distribuir equitativamente para su conservación y para cuidar el medio ambiente. Esas cuatro cosas están en el artículo 27. Ninguna se cumple.

Más específicamente, podemos clasificar las leyes que se violan, en dos tipos: unas que regulan directamente y otras que regulan de manera indirecta. En el caso de la industria eólica, por ejemplo, estamos hablando de producción de energía. Está involucrada entonces la Secretaría de Energía y las leyes que tengan que ver con la energía. Pero los permisos tienen que ver con la ley agraria, para las cuestiones de renta de tierra y uso de suelo, y este a su vez, se regula con leyes municipales. El impacto ambiental tiene que ver con la Semarnat. Y si se trata de lugares en donde hay pueblos indígenas, debe tomarse en cuenta el convenio 169 y toda la legislación internacional. En el caso de la minería y el agua hay otras leyes muy específicas. Son muchas leyes las que se violan.

En muchos casos, sin embargo, puede llevarse a cabo el saqueo de los recursos naturales incluso sin violar las leyes. En el caso de específico de las minas, la Constitución dice que los privados pueden explotar los recursos minerales de la nación sin consiguen una concesión, y no hay ningún requisito específico para obtener la concesión. Entonces el presidente puede otorgar concesiones a quien se le antoje, y así lo ha hecho. Esto puede ser injusto, pero es legal. Después deben pedir permiso para el uso de la tierra – porque la concesión es sólo para la explotación del mineral, no de la tierra – y aquí ya entramos en material de recursos campesinos.

La ley agraria dice que la tierra se puede vender, rentar y expropiar, las empresas podrían escoger cualquiera de estas opciones. Podrían rentar la tierra por 30 años, por ejemplo. Se pagan normalmente como mil pesos al año por hectárea. En 30 años un campesino ganaría 30 mil pesos, en el mejor de los casos. Evidentemente podrían pagar mucho más. Pero el problema es que no quieren pagar absolutamente nada.

En la resistencia que han emprendido muchos pueblos contra estos proyectos, hay gente que recurre al derecho y a las denuncias. Y han ganado infinidad de juicios que nadie respeta. Minera San Xavier ha ganado cinco amparos y sigue trabajando como si no pasara nada. Igual sucede con la presa El Zapotillo, ha ganado amparo tras amparo y dos juicios administrativos, tiene recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que no violen derechos, y siguen trabajando. En Barrancas del Cobre, los rarámuri ganaron un amparo contra un proyecto turístico, y no pasa nada.

¿Cómo consiguen esto las empresas? Fundamentalmente porque se ha llegado a un nivel en el que las leyes no sirven para defender derechos, porque hay una clase política ligada a estos proyectos que hace todo lo posible porque sigan adelante y porque las empresas tienen un poder fortísimo.

En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas que se transgreden está, en primer lugar el derecho mismo a ser un pueblo indígena. Cuando hay una empresa que decide instalarse sin que le importe quien viva ahí, les está negando el derecho a que se reproduzcan como pueblos. El derecho al territorio, para sembrar alimentos, hacer prácticas culturales, para convivir, también les es negado, así como el derecho a su propio desarrollo porque con los megaproyectos se impone, además, una visión de cómo debe ser el mundo. No se les pregunta a los pueblos, ¿cómo quieren que sea?

Otro asunto que entra en juego cuando llegan trasnacionales a pueblos indígenas es el derecho a la consulta, que, aunque indirecta, es una forma de participación política. Pero como no hay una vida democrática en el país, nadie consulta a los pueblos y si se consulta no se sabe quién consulta y para qué. Ese es un gran problema, porque el Estado está dejando que las empresas consulten y se está desentendiendo de una obligación. Los pueblos deben ser consultados de la forma en que ellos acostumbran resolver sus problemas, a través de sus autoridades legítimas, y en los tiempos que ellos acostumbren hacerlo. Eso dice la legislación internacional, pero, nuevamente, son leyes que en este país no se cumplen, y eso está significando un problema grave en términos de destrucción del tejido social.

Destrucción del ambiente, del tejido social y de la riqueza cultural

No hay megaproyecto que no destruya el ambiente. Hay dos tipos de contaminación, por destrucción de la naturaleza y por inclusión de agentes externos a ella. Por destrucción las empresas contaminan los mantos friáticos y hay tala inmoderada de bosques, por ejemplo. Por inclusión, está el asunto gravísimo de que se dejan residuos químicos. Esas son las afectaciones que se ven, pero hay otras que no es tan fácil ver a simple vista, como la migración, las enfermedades raras, hambruna y muertes por contaminación de aguas. Y hay cosas que aún no se ven y pueden ser mucho más graves, porque no sabemos, por ejemplo, qué se hace con los residuos peligrosos.

En cuanto al tejido comunitario las empresas trasnacionales son agentes que impactan de manera muy fuerte, y muchas veces las comunidades no tienen capacidad de evitar. Llega una empresa, coloca sus casitas para sus trabajadores y estas personas llevan otro tipo de costumbres y formas de vida, y conforme pasa el tiempo, como son trabajadores que llegan ahí aislados y sin familia, comienzan a meterse y convivir con la sociedad, a trastocar las costumbres, y eso prolifera en vicios. Otro panorama ocurre cuando la gente resiste y las empresas deciden romper el tejido social como forma de acabar con la resistencia, es decir, dividir, comenzar a comprar gente y cuando esto no funciona, matar a la gente. Hemos visto este tipo de casos en Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, por ejemplo.

Otra afectación muy grave que acarrean los megaproyectos en muchos pueblos indígenas es que propician la incapacidad de seguir llevando a cabo rituales, los cuales, aunque muchas veces no parezcan importantes, para los pueblos funcionan de la misma manera que la basílica de Guadalupe para los católicos. Es decir, el día que no haya basílica va a haber muchos conflictos para los que creen en la virgen de Guadalupe. Igual sucede con los pueblos indígenas. Destruyen los lugares, les impiden acceder a los lugares y hay una proliferación de problemas.

La vida social que gira en torno al maíz se destruye con la llegada de empresas. Cuando la gente ya no puede sembrar hay muchos cambios en los pueblos. El acto de sembrar implica varias cosas: invitar a los amigos a sembrar y después ayudar a los amigos a sembrar; si hay bautizos o bodas, las señoras desgranan, alguien corta leña, la gente se sienta a comer tamales juntos, y cuando ya no hay posibilidad de sembrar todo este tipo de convivencia se acaba.

Y lo más grave es que en este país a nadie se le fincan responsabilidades. Desaparecen pueblos y nadie es responsable, mueren gente y nadie es responsable, se gastan el dinero y no hay obra y nadie es responsable. Son cosas que suceden en este país.

Los nuevos embates, producto de falsa “economía verde”

Los nuevos ataques tienen que ver con una dinámica de las empresas a nivel internacional. En la declaración de la Cumbre de Río “El futuro que queremos”, se aboga por una “economía verde”, que no es precisamente ambientalista, como muchos creen. La “economía verde” está por la minería, por el uso de transgénicos y, en este marco, la construcción de aerogeneradores – como los que se han levantado en Oaxaca – y la construcción de termoeléctricas – como la de Huexca – viene muy bien con la “economía verde”. No importa tanto quién esté al frente de la administración del Estado, sino que todo obedece a una lógica internacional. Y si en esta administración no logran terminar con la resistencia de los pueblos no van a parar, van a seguir.

A pesar de todo, la resistencia de los pueblos está viva

Ante todos estos embates, los pueblos ya tienen una desconfianza muy fuerte contra el aparato estatal y los operadores políticos. Muchas gente ya se dio cuenta, desde el 2003, con la reforma constitucional cuando ningún poder del Estado respetó los Acuerdos de San Andrés, que no se puede confiar en el Estado, que no importa si el gobierno es de derecha o de izquierda, si es estatal o federal, todos operan de la misma manera. En Oaxaca, que supuestamente tiene un gobierno democrático y de transición, es donde más muertos hay y de acuerdo con lo que dicen las organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, muchísimos muertos más que durante el gobierno de Ulises Ruiz. Es gravísimo.

Esta situación propicia que los pueblos lleven a cabo un tipo de defensa muy digna que tiene que ver con retirarse del espectro nacional de la política. Es decir, hacen resistencias a su modo. ¿Qué hicieron los wixárikas ante una Secretaría de Economía que había entregado su territorio? Rezar. ¿Qué hace Temacapulín, cuando ve que gana amparos, pero nadie los respeta? Rezar y organizar carreras dentro de su territorio. Es decir, lo que están haciendo es vivir otra cosa a su manera. Eso puede parecer algo inofensivo para el Estado, pero quién sabe, porque quienes venimos de zonas rurales sabemos que lo que alumbra cuando hay tempestad son los rayos y creo que en este tiempo hemos visto alumbrar muchos rayos.

Está la resistencia contra las concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, y toda la Red mexicana antiminera y la Asamblea nacional de afectados ambientales, hay muchos ejemplos de lucha antiminera en Chihuahua, en Puebla, en la Montaña de Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz, pero muchísimas otras luchas que no se ven, como Michoacán, donde pequeños mineros están luchando por recuperar concesiones que eran suyas y que Leonel Godoy les quitó mañosamente para vendérselas a Carlos Slim. En la región de Los Pápagos en Sonora hay también una lucha contra la minera que casi no ve.

El espectro de resistencia es mucho más amplio de lo que se puede ver. La lucha contra los eólicos ha sido muy visible en el Istmo, pero también hay esta clase de proyectos en Tamaulipas, en Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora y Baja California.

El problema con las resistencias es que están bastante aisladas, cada quien se defiende como puede, y se tiene que buscar la manera de trascender eso, porque los megaproyectos son el capital trasnacional materializado en territorio mexicano. Y mientras cada quien vaya por su pedacito, puede ganarlo, pero vamos a perder la lucha general. Lo que conviene es ver cómo coordinarnos de acuerdo a demandas específicas: antiminería, lucha contra las presas, contra los proyectos turísticos, contra los transgénicos. Esas son las demandas que pueden articular a la gente, y quien puede articular son los que están luchando.

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