Un paraíso para las multinacionales... ¿o eso era antes?

Crónicas del estallido en Latinoamérica

Podría parecer un hecho curioso y aislado, para el que hasta el cantante Sting prestó su imagen. De no ser porque en abril de 2000, en Cocha­bamba (Bolivia), la población expulsó literalmente a pedradas a un consorcio de multinacionales –la española Abengoa entre ellas– que se había hecho con el servicio del agua. Una situación que se repetía dos años después en Arequipa (Perú), donde la población evitó que se privatizara la empresa de energía.

Cada vez quedaba más claro que no se trataba de casos aislados. En octubre de 2003, los movimientos sociales bolivianos provocaron la caída del presidente neoliberal Gon­zalo Sánchez de Lozada. Este político había intentado que otro consorcio de tres multinacionales –una de ellas Repsol– exportara gas a EE UU a través de Chile dejando en Bolivia apenas el 12% de los beneficios. Le costó la presidencia. Los movimientos sociales ecuatorianos ya habían impulsado la destitución de dos presidentes por sus políticas neoliberales: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000. Por los mismos motivos también caerían en 2005 Lucio Gutiérrez en Ecuador y Carlos Mesa en Bolivia.

América Latina entera estaba cambiando. Los nuevos gobiernos surgidos de esta ola de protestas, llamados “progresistas” o del “socialismo del siglo XXI”, dejaron atrás las políticas más ortodoxas del Con­senso de Washington. Los Estados recuperaron protagonismo en la economía, generalizaron las ayudas sociales gracias a un espectacular aumento del precio de las materias primas y en muchos casos renacionalizaron algunas empresas privatizadas durante los años 90.

Pero, según defiende el analista uruguayo Raúl Zibechi, el modelo neoliberal siguió funcionando en América Latina. Ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, defiende Zibechi, sino que se ha volcado en la apropiación de los “bienes comunes”, los recursos petroleros y minerales, el agua, la tierra, para abastecer las necesidades industriales y especulativas de las viejas potencias, y también de las nuevas, como India, China, Corea o Brasil. No obstante, estas compañías –a menudo empresas estatales– se han encontrado con una resistencia generalizada. En el negocio de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto es donde las empresas más han notado las pérdidas.
Según afirmaba recientemente César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América La­tina (OCMAL), en los últimos años este movimiento continental de oposición a la megaminería ha causado daños económicos a las multinacionales por valor de 30.000 millones de dólares. Para este investigador, “la resistencia ha puesto en jaque a la minería” en países tan diversos como Colombia, Perú, México, El Sal­vador, Argentina y Guatemala.

En 2002 se producía la primera gran victoria contra la minería metálica a gran escala: los vecinos de Tambogrande, en el norte de Perú, lograban expulsar a la minera canadiense Manhattan tras meses de protestas y una consulta popular, la primera realizada en el continente. La experiencia se replicaba al año siguiente en Esquel, en la Patagonia argentina, donde un novedoso movimiento vecinal impidió una mina de oro a cielo abierto que pretendía llevarse el 97% de los beneficios y dejar a cambio millones de toneladas de agua contaminada con cianuro.

Estas dos experiencias se convirtieron en un referente inevitable de los centenares de conflictos que estallaron en todos los países. Loncopué, Andalgalá, Chilecito, Tinogasta, Puno, Cocachacra, Quilish, Cañaris, Íntag, Santur­bán, Careperro, Guarjila, San Isi­dro, Sipacapa, San José del Golfo, San Rafael Las Flores... Todos estos nombres corresponden a localidades, de sur a norte del continente, que han conseguido frenar hasta el momento minas a cielo abierto de oro, plata, uranio, cobre, entre una larga lista de minerales de la tabla periódica.

En los últimos años, Perú y Guatemala se han sumado al club de países convulsionados por manifestaciones y cortes de carreteras. En Perú, desde 2009, las luchas de las comunidades de la sierra y la costa han conseguido paralizar decenas de emprendimientos mineros transnacionales. En Guatemala, desde 2005, se han realizado 74 consultas para impedir megaproyectos, principalmente hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Este proceso, además, está ayudando a reparar el tejido social destruido por el conflicto armado (1960-1996), afirma Claudia Samayoa, destacada defensora de derechos humanos. Según Sama­yoa, gracias a las consultas, se está empezando a “superar el miedo”. Para la líder maya kakchiquel Ro­salina Tuyuc, se trata de un proceso muy “novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino las comunidades”.

Por estar “sentados” sobre los recursos naturales, las comunidades campesinas e indígenas, “pueblos enteros prescindibles en el esquema”, son los que han liderado esta resistencia y han ofrecido con mayor claridad fórmulas alternativas, expone Gustavo Esteva, director de la Universidad de la Tierra de Oa­xaca, en México. Este analista no sólo reconoce los reveses recibidos por las empresas multinacionales, sino que va mucho más allá: afirma que los movimientos han contribuido a la actual crisis del capitalismo. “La combinación de luchas de los pueblos ha ayudado a detener la expansión del capital. La crisis actual no es simplemente la codicia de los de Wall Street, si no que, entre comillas, nosotros la creamos. Cierto tipo de luchas se libraron en secreto. Son luchas que paran el proceso de expansión, como la lucha contra las mineras. Y el capital que no crece, muere”, dice.

Algunas historias de resistencia

2005 La multinacional del agua Suez abandona El Alto (Bolivia) tras una revuelta. Las movilizaciones llevan a subir las regalías a las petroleras del 18% al 50%. Sipacapa (Guatemala) impide la ampliación de la mina Marlin.

2006 Un levantamiento indígena en Ecuador expulsa a la petrolera Oxy y frustra la firma del TLC con EE UU. Bolivia recupera la mayoría accionarial en sus petroleras.

2008 32 campos petroleros de la Faja del Orinoco (Venezuela) pasan oficialmente a control estatal, dentro de un plan más amplio de nacionalizaciones.

2009 En Ecuador, el movimiento indígena paraliza la ley de agua, que abría la puerta a la minería trasnacional. El baguazo (Perú) tumba cuatro decretos que entregaban la Amazonía a las multinacionales.

2011 Las comunidades de Puno (Perú) obligan al Gobierno a retirar el proyecto minero Santa Anta.

2012 30.000 campesinos e indígenas ganan el juicio a Chevron-Texaco en Ecuador.

2013 Comunidades campesinas e indígenas paralizan el proyecto minero El Tambor (Guatemala).

Por Emma Gascó y Martín Cúneo

27/11/13

Fuente: Periódico Diagonal