Un trigo de libertad

Se trata de una acción de amparo ambiental colectiva inédita – por su representatividad pluricultural -, para que se suspenda la liberación del Trigo Transgénico HB4 (con tolerancia a la sequía y el agrotóxico Glufosinato de Amonio) en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, y a su vez, cuestionar la omisión de la Autoridades Provinciales de actuar sobre la grave problemática de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ignorando leyes provinciales y la propia Constitución local. Los OGM junto a los agrotóxicos, son la base de un modelo agroindustrial absolutamente agotado, que ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo, al ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

La acción judicial titulada “Un Trigo de Libertad” propone un nuevo enfoque del abordaje jurídico de la problemática de los OGM que hasta ahora se abordó exclusivamente desde la perspectiva del rechazo a los OGM y sólo contra al Estado Nacional. En cambio, en ésta acción se propone, por un lado, la defensa y protección de quienes forman parte del sistema agroalimentario y producen conforme al paradigma ambiental de la Constitución Nacional, ello es respetando los ciclos de la naturaleza y en armonía con la diversidad biológica y sin comprometer los bienes ambientales de las generaciones futuras, y por el otro, involucrar y responsabilizar a las provincias, que son las primeras deben velar por la diversidad biológica y el cuidado de los bienes ambientales, entre ellos los recursos genéticos. Precisamente el actual régimen reglamentario de los OGM en Argentina, presenta un grave déficit federal.

Por ello, la base argumental de la acción reposa en el reclamo de los emprendimientos agroecológicos, principalmente de producción de trigo agroecológico, que forman parte de la agricultura familiar, exhortando al Estado Provincial el reconocimiento de su derecho a la producción agroecológica. Para la cual, el trigo transgénico es una amenaza de daño irreparable.

A su vez, representantes de comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeministas y de consumidores de la Provincia reclaman por el derecho a la salud, a un alimentación adecuada y la soberanía alimentaria, ya seriamente afectados por el modelo agroindustrial pero que con la liberación del trigo transgénico - materia alimentaria fundamental de la dieta diaria en nuestro país - , importa una situación de irreparabilidad que proyecta sus consecuencias hacia adelante de modo transgeneracional.

En efecto, de liberarse el trigo transgénico HB4, se perderían todas las variedades de trigo que se vienen adaptando y usando por muchos emprendimientos agroecológicos que cada vez son más, además de resentir gravemente y hacer imposible dicha producción importantísima para la alimentación adecuada y la salud en tiempos de COVID-19. Monte Callado de Tandil, Fincas del Paraíso de Trenque Lauquen, La Permanencia de Bragado, La Semilla de Bolívar, Paititi de Sierras de los Padres, Tarpuy de General Alvarado, La Criolla de Mercedes, La Bonita de Saladillo, Finca Los Manantiales de Necochea, RESAPO de Mar del Plata, Tierra Fecunda de Marcos Paz son los emprendimientos de la agricultura familiar y de producción de Trigo Agroecológico representativos en la acción judicial y de un modelo agroalimentario posible y necesario en esta sociedad que transitamos, con pandemia incluida y el aumento de la contaminación del agua, el aire, desertificación de los suelos y la pérdida de diversidad como consecuencia de la agricultura industrial química. Se señala en la demanda que la Agroecología se trata de un sistema de agricultura en auge, que genera la producción de alimentos sanos y de mayor valor nutricional, respetando el ambiente y la diversidad biológica por su característica sustentabilidad ecosistémica, advirtiendo que todos los emprendimientos agroecológicos que forman parte de la acción judicial y los demás existentes en la provincia de Buenos Aires, de liberarse el Trigo HB4, les representaría abandonar sus proyectos de producción de Trigo Agroecológico ante el altísimo riesgo de contaminación genética.

También participan del frente actor de la demanda judicial, integrantes de comunidades originarias de la provincia, y asambleas y organizaciones de Pueblos Fumigados que se componen de vecinos y vecinas de distintas localidades que se han autoconvocado en los últimos 15 años para denunciar y reclamar ante los impactos que genera el modelo agroindustrial con los paquetes tecnológicos de semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos. Se apunta en la presentación judicial que esos impactos en la salud se observan claramente en el aumento de los indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles y la tasa de cáncer, los cuales, a su vez, se hacen evidentes e inocultables en la proliferación exponencial de centros oncológicos que se ha producido en la última década en cada pueblo de la provincia, atravesada por el modelo agroindustrial y que ahora se suma el agravante de aumentar el uso de venenos incorporando el Glufosinato de Amonio en el menú de opciones y nada más ni nada menos que en el Trigo.

PLANTEO JUDICIAL

Concretamente, la acción judicial plantea la inconstitucionalidad por omisión del Gobierno Provincial en cumplir con la conformación y funcionamiento de una Comisión creada por la ley 12.822 para evaluar y emitir un informe interdisciplinario con participación social y de las universidades públicas en relación a los impactos de los OGM. Se indica que ese informe, al día de hoy, no es para saber de qué se trata los OGM; sino para poner sobre una mesa institucional los graves daños ocasionados que sabemos que causan los OGM y avanzar en su prohibición absoluta en el territorio provincial, daños que aunque observables empíricamente, se siguen ignorando por las autoridades y ocultando por las corporaciones del agronegocio-.

¿Se han hecho las suficientes pruebas con estos organismos, para no tener que arrepentirnos en un futuro cercano? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los diferentes países para evaluar su peligrosidad en el ecosistema y en la salud humana? ¿El Ministerio de Salud u otro organismo oficial ha certificado la inmunidad del ser humano a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)? o ¿Se ha evaluado el riesgo sobre la salud humana o animal, como por ejemplo, el peligro de resistencia a antibióticos? ¿Si la liberación de transgénicos, como actividad antrópica debe someterse a un estudio de impacto ambiental obligatorio? ¿Si la introducción de los transgénicos en Argentina está asimilada a partir de un debate público? o ¿es un simple concepto de innovación genética para cosechar mayores ganancias a través de patentes de algunos países?

Son los interrogantes que se plantean en los fundamentos de la mencionada ley, cuyas respuestas las organizaciones, comunidades, y asambleas ya tienen y se lo hacen saber al juzgado actuante. El Estado Provincial omitió responderlas con políticas públicas en la materia, extendiendo la situación de riesgo indefinidamente.

LA CIENCIA DIGNA: PRESENTE!

En ese sentido, con el amparo judicial se presentan siete dictámenes en calidad de informaciones sumarias calificadas por profesionales especializados y con conocimientos de los riesgos que implican los OGM (más precisamente el Trigo HB4 y su agrotóxico asociado, el Glufosinato de Amonio) que recomiendan al Juzgado actuante la no liberación del trigo Transgénico por representar un riesgo de daño grave a la salud humana y la biodiversidad con grave afectación de la soberanía alimentaria.

Se trata de: Rubens Nodari, Licenciado en Agronomía por la Universidad de Passo Fundo, maestría en Agronomía (Fitotecnia) por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y doctorado en Genética - Universidad de California en Davis, catedrático de la Universidad Federal de Santa Catarina. Walter Pengue, Ingeniero Agrónomo (con especialización en Fitotecnia (Mejoramiento Genético Vegetal) (UBA) y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural (Universidad de Córdoba, España, UE) y miembro del IPBES - Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) y del IPBES Americas. Javier Souza Casadinho, Ingeniero Agrónomo con orientación en producción agropecuaria, Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y Técnica de Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos. Carlos Carballo, Ingeniero Agrónomo (FAUBA), Magister en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (CEA/UBA), profesor adjunto de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, y coordinador responsable de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-CaLiSA) Alejandro Benatar, Dr. en Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, U.B.A. (INGEBI-CONICET). Medardo Ávila Vásquez, Médico Pedíatra, Neonatólogo, Docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba –UNC – Red Médicos de Pueblos Fumigados de la Argentina. Fernando Frank, Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional de La Pampa, con especialización en Agroecología (en curso) UNLaM, integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur, Facultad de Cs Humanas, Universidad Nacional de San Luis.

DICTAMENES

Javier Souza en su dictamen concluye: “No recomendaría la liberación del trigo Transgénico en principio porque es una tecnología que no se direcciona en las causas de los problemas, por ejemplo el cambio climático”.

Walter Pengue señala “No lo recomendaría. En primer lugar, porque no contamos con información completa. Y además, claramente acumulamos mucha experiencia con respecto a los enormes costos sociales, ambientales, agronómicos, comerciales que han implicado la liberación de otros OGMs y digamos francamente, la arrogancia que puede tener alguna perspectiva científica parcial, que trabaja solamente desde el plano biotecnológico con una muy pobre mirada y análisis integral de sus impactos”.

Alejandro Benatar, sostuvo “considero que no hay motivos científicos que ameriten aprobar esta variedad de trigo transgénico con tolerancia a estrés hídrico y a glufosinato de amonio, y que probablemente agraven la crítica situación ambiental y de salud que tenemos en nuestro país por la excesiva utilización de pesticidas”.

Fernando Frank, fue categórico “de ninguna manera, considero que el trigo HB4 no debe ser liberado al mercado, y que los granos producidos en los ensayos deben ser destruidos”.

Carlos Carballo en la misma línea opinó “considero que debe rechazarse del trigo transgénico HB4, ya que no solo multiplica riesgos, cuestiona la continuidad-difusión de modelos productivos más respetuosos del ambiente y de la vida, e incrementa la dependencia de productores y consumidores, sino que atenta contra la democratización de la sociedad, condicionando la posibilidad de avanzar en un desarrollo económico, ambiental, social, cultural, política y éticamente sustentable”.

Por su lado, el médico Medardo Ávila Vásquez en cuanto al Glufosinato de Amonio, (agrotóxico asociado al paquete transgénico HB4) le indicó al juzgado que “por el “estado de la ciencia” actual, como el glufosinato interfiere y altera las acciones biológicas de sustancias vitales como glutamato y glutamina (y muy probablemente también glutatión) más los datos de daños cerebrales, genéticos y reproductivos, consumir alimentos con residuos de glufosinato genera un riesgo para la salud de las personas inaceptable”.

El derrotero de opiniones calificadas, ilustrando al poder judicial, la información científica disponible que aconsejan la no liberación del trigo transgénico, fue cerrado por el Profesor Rubens Nodari del hermano país de Brasil, quien le advierte al Juzgado que de liberarse el Trigo Transgénico “el escenario será similar al que se produjo con la liberación de la soja transgénica. Las inevitables contaminaciones impidieron la continuidad de la producción orgánica a la escala realizada antes de la liberación de la soja transgénica, perjudicando principalmente a quienes no quieren utilizar la nueva tecnología. Ni los científicos ni los organismos reguladores tienen la prerrogativa de legitimar lo desconocido. Aprobar la comercialización del IND- ØØ412-7 Trigo es un intento de tener razón y de equivocarse, porque además de la ausencia de estudios esenciales, los datos proporcionados no tienen la solidez científica de una evaluación de riesgos mínima y éticamente aceptable. La ausencia de pruebas nunca debe tomarse como prueba de ausencia”.

Asimismo este bloque de referencia fue robustecido con el informe del Dr. Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral-CONICET, preparado exclusivamente para la acción judicial y en el que informa al juzgado que ha realizado investigaciones sobre el Glufosinato de Amonio y ha observado efectos genotóxicos, neurotóxicos y de afectación del sistema nervioso que provoca la exposición al mismo, detallando los resúmenes de cada uno de los trabajos. Y por último, el Dr. Leonel Gladstone Jrs. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho y del Programa de Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidade Federal Fluminense. Doctor en Derecho por la Universidad de Brasilia (2014) autor de la obra jurídica "El Derecho a la Agroecología" quien elaboró un dictamen jurídico sobre la importancia de reconocer el derecho humano a la agroecología.

LAS MEDIDAS JUDICIALES QUE SE SOLICITAN

Dada la gravedad y la situación de riesgo de daño grave e irreparable que representa la aprobación comercial del Trigo Transgénico, se solicita al Poder Judicial Provincial que hasta tanto no se emita el informe de la ley 12.822 y se cumpla con el orden público ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ello es la exigencia de la Declaración de Impacto Ambiental a nivel local y con una instancia de participación ciudadana, bajo los estándares establecidos en el Acuerdo Escazú, se dicte una medida cautelar de innovativa prohibiendo el uso y liberación a cielo abierto del Trigo Transgénico HB4 en todo el territorio bonaerense.

Asimismo se solicita que se le ordene a la empresa Indear S.A. titular del Trigo Transgénico HB4, la destrucción de todas las semillas de trigo HB4 que se encuentren acopiadas en el territorio bonaerense, ya que se han utilizado más de 6200 hectáreas en todo el país bajo la excusa de ensayos y experimentación de dicho OGM (gran parte de ellas se encuentran en territorio bonaerense). Pero en realidad se trató de un proceder subrepticio para multiplicar las semillas de la variedad transgénica y salir a la venta apenas se obtenga la liberación comercial.

En este sentido las mismas autoridades nacionales han sido cómplices, al permitir esa situación, consolidándola con la Resolución 41/2020, en la cual se aprueba el trigo transgénico con la condicionalidad de la comercialización a la espera de la autorización en Brasil, no así a la reproducción y multiplicación, que es lo que está efectivamente sucediendo actualmente en plena cosecha de trigo en las 6200 hectáreas camufladas de experimentales (gran parte de ellas, en territorio bonaerense).

Se concluye la presentación judicial señalando que en este contexto pandémico y de colapso ambiental, la liberación del Trigo IND-ØØ412-7 en la Provincia de Buenos Aires, como parte de un modelo que pretende consolidarse en la pospandemia, se convierte en un despropósito inaceptable que ignora las consideraciones que hizo la Relatora Especial del Derecho a la Alimentación de la ONU en el año 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria.” De ahí la importancia de exigir que se resguarde, proteja y promocione la agroecología, y en el caso concreto, de todos los emprendimientos de la Provincia de Buenos Aires que producen trigo agroecológico, los cuales en los tiempos que corren, ante un régimen agroindustrial que se impone sin reconocer límites ni siquiera en el pan de cada día, transforman su obrar diario en la conexión con la tierra y ofreciendo alimentos que fortalecen sistemas inmunológicos, en un acto revolucionario y un auténtico designio de libertad.

PARTICIPAN Y ACOMPAÑAN LA ACCIÓN JUDICIAL

Las organizaciones, comunidades y asambleas que se participan y acompañan a la acción judicial colectiva son:

ESTABLECIMIENTO AGROECOLÓGICO PAITITI (GRAL PUEYRREDON), LA BONITA AGROECOLOGÍA (SALADILLO), TRIGO MONTE CALLADO (TANDIL), FINCAS DEL PARAISO TRIGO AGROECOLÓGICO (TRENQUE LAUQUEN), TARPUY AGROECOLOGÍA (GRAL ALVARADO), TIERRA FECUNDA (MARCOS PAZ), AGROECOLOGÍA LOS MANANTIALES (NECOCHEA), TRIGO AGROECOLÓGICO LA PERMANENCIA (BRAGADO), LA CRIOLLA AGROECOLOGÍA (MERCEDES), GRUPO LA SEMILLA DE BOLÍVAR, VIVERO SEMILLANDO (LOBOS), CONCIENCIA AGROECOLÓGICA (9 DE JULIO), COMUNIDAD MAPUCHE RANCULCHE, REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DIAGUITA-CALCHAQUÍ Y MAPUCHE EN JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ECOS DE SALADILLO, COPLASA (LOBOS), SUBVERSIÓN LUJÁN, COLECTIVO TIERRA VIVA (BOLIVAR), GENERACIONES FUTURAS, JUNTA VECINAL POR UN AMBIENTE SALUDABLE (TANDIL), ESTABLECIMIENTO AGRÍCOLA RESAPO (MAR DEL PLATA) PAREN DE FUMIGARNOS MAR DEL PLATA, LAS FLORAS LIBERTARIAS (MARCOS PAZ), ASAMBLEA AUTOCONVOCADXS TRENQUE LAUQUEN, AGROECOLOGIA EL GUAJIRO (LOBOS), OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, NATURALEZA DE DERECHOS, FORO AMBIENTAL LOS TOLDOS, ECOS DE CHIVILCOY, COOPERATIVA DE TRABAJO IRIARTE VERDE, FRENTE DE LUCHA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, PAREMOS EL DESIERTO VERDE (MAR CHIQUITA), ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL IMPULSO DE LA AGROECOLOGÍA Y EL BUEN VIVIR DE AYACUCHO, PAREN DE FUMIGAR PERGAMINO, ASAMBLEA PAREN DE FUMIGAR CHASCOMUS, COLECTIVO ECOFEMINISTA SAN ANDRÉS DE GILES, GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE GÉNERO Y TERRITORIO DE AYACUCHO, ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ARGENTINOS, ASAMBLEA POR EL AGUA Y EL AMBIENTE DE CHIVILCOY.

Fuente: Naturaleza de Derechos