Toxicología crítica aplicada a los agrotóxicos - perspectivas para la defensa de la vida

PRESENTACIÓN

Contar con un ensayo sobre una toxicología crítica es relevante para México y otros países de América Latina, debido a que hasta hoy la evaluación de riesgos ha sido presentada como el modelo científico a seguir tanto en la llamada toxicología regulatoria, como en los libros de texto especializados en el tema en Estados Unidos y Europa, regiones a las que se dirigen muchos de los estudiantes de posgrado vinculados con este quehacer.

La evaluación de riesgos es parte del paradigma regulatorio hegemónico y es promovida por la industria química y por algunos autores avalados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como la base metodológica en la que deben descansar las políticas regulatorias sobre los plaguicidas y otras sustancias tóxicas, en lugar de aplicar el principio precautorio y establecer criterios de exclusión del registro basados en la evaluación de la peligrosidad (Hazard-based-cutt-off criteria, en inglés). La evaluación de riesgos forma parte de las propuestas de la llamada “mejora regulatoria”, junto con el análisis costo-beneficio, y es parte esencial de la agenda de cooperación regulatoria en los tratados de libre comercio (Bejarano, 2020). En México incluso hay malas propuestas legislativas que plantean subordinar la aplicación del principio precautorio a la evaluación, manejo y comunicación del riesgo.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la importación del herbicida glifosato hasta prohibir su uso en el 2024 en México ha provocado críticas por parte de la industria de plaguicidas y del agronegocio, que demandan una evaluación de riesgo y cuestionan la aplicación del principio precautorio.

Para entender mejor los antecedentes históricos y políticos de la propuesta de una toxicología crítica aplicada a los agrotóxicos que desarrolla este ensayo es necesario considerar el contexto brasileño, del que destacamos a continuación los elementos más relevantes. Las autoras de este ensayo sobre la toxicología crítica provienen de instituciones públicas brasileñas de gran prestigio dedicadas a la investigación y enseñanza, como son: el Centro de Estudios de Salud del Trabajador y Ecología Humana (Cesteh) de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, parte de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculado este último al Ministerio de Salud; el Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz en Recife, el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva en Río de Janeiro, la Universidad Federal del Valle de San Francisco en Petrolina y la Universidad de Pernambuco en Recife. Cuentan con una formación científica sólida en diversos campos de la salud pública y su mirada crítica se distingue por no haberse elaborado de manera aislada en el ámbito exclusivamente académico, sino por nutrirse en el diálogo interdisciplinar junto con los saberes de otros actores de los movimientos sociales y otras instituciones surgidas del campo democrático popular.

Por ejemplo, como parte de Fiocruz, algunas de estas investigadoras coordinaron la evaluación toxicológica de 11 agrotóxicos, a petición de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que sirvió de fundamento técnico para su prohibición en 2010; posteriormente, algunas de ellas fueron parte del grupo organizador del Dossier Abrasco, una alerta sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud, en 2015 (Carneiro, et al., 2015 /2016).

En este proceso comienzan a desarrollar las propuestas de una toxicología crítica que proponen en el ensayo.

No es casual que este ensayo sobre la toxicología crítica se haya publicado como parte de un extenso número especial dedicado a la problemática de la salud, los agrotóxicos y la agroecología de la Revista Saúde em Debate, del Centro Brasileño de Estudios de la Salud (Cebes). Esta institución es, en sus propias palabras, un espacio suprapartidista y democrático, comprometido con la producción y difusión del conocimiento y la articulación y movilización de la sociedad.

El Cebes es una institución creada en 1976, en la resistencia democrática contra la dictadura militar; tuvo un rol fundamental en el movimiento social por la Reforma Sanitaria con la que se logró que la salud fuera entendida como un derecho ciudadano universal y un deber del Estado, reconocido en la Constitución de la república de 1988, y con la que se impulsó la propuesta de formar un Sistema Único de Salud (SUS). El SUS propuso un nuevo modelo de pacto federativo, descentralizado y con instancias deliberativas de participación social, en cada esfera gubernamental, en respuesta a las demandas de la sociedad por mayor inclusión social y equidad.

Después de su puesta en marcha, el SUS contó con un financiamiento muy limitado durante los gobiernos neoliberales (Fleury, 2007), situación que se ha agravado con los recortes presupuestarios del gobierno actual.

El propio título de este ensayo sobre la toxicología crítica supone ya una definición política respecto al problema que analiza. Se habla de su aplicación a los agrotóxicos y no a los plaguicidas, pues en Brasil el concepto de agrotóxico es un concepto jurídico y político con una carga histórica muy importante: se introduce en el marco regulatorio en la década de 1980, al final de la dictadura militar, en legislaciones estatales primero, y después en la ley federal vigente, como parte de una agenda democrática amplia. Su incorporación es resultado de las luchas contra los problemas agronómicos, de salud y contaminación ambiental creados por el uso de productos de síntesis química en la agricultura, de la búsqueda de alternativas agroecológicas y de la defensa de la salud de la población, como veremos a continuación.

El concepto de agrotóxico fue utilizado por primera vez por Adilson Dias Paschoal, profesor e investigador de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo, en un artículo publicado en 1977. Posteriormente, se utilizó en un libro, como un concepto alternativo al de plaguicida y defensivo agrícola. Según Adilson Dias, el concepto de plaguicida es inadecuado para referirse a las sustancias químicas tóxicas pues “esconde a los usuarios y legos los efectos colaterales indeseables que causan”. También es inadecuado el concepto de defensivo agrícola, ya que esos productos tóxicos “son en realidad los causantes de los mayores y más graves ataques de plagas, por los desequilibrios biológicos que producen”.

El concepto de agrotóxico “es una contribución útil, ya que la ciencia que estudia esos productos se llama toxicología”, indicaba en su libro “Plagas, plaguicidas y crisis ambiental: problemas y soluciones” (Paschoal, 1979: 34-35). Este aporte fue significativo para una generación de agrónomos y organizaciones sociales que criticaban el uso de agrotóxicos como parte de los paquetes tecnológicos en monocultivos que se impulsaban en la llamada Revolución Verde, y que en ruptura con este modelo proponía un cambio de enfoque basado en el entendimiento de los agroecosistemas.

El concepto de agrotóxico se incluyó pioneramente en las legislaciones estatales de Río Grande del Sur de 1982 y de Sao Paulo en 1984, y formó parte de la agenda de democratización del país en la Asamblea Constituyente de 1988; se le menciona en la Constitución de 1988 como parte de las atribuciones del poder federal sobre la publicidad y, finalmente, se incorporó en la Ley Federal de Agrotóxicos de 1989 y los reglamentos posteriores de 2002 y 2006 (Bejarano, 2020: 147-152).

La Ley Federal de Agrotóxicos de 1989 introduce cambios muy progresistas en el proceso regulatorio; por ejemplo, establece que se debe prohibir el registro de los agrotóxicos y compuestos afines para los que no haya un antídoto o tratamiento eficaz, de los que tienen características teratogénicas, carcinógenas o mutagénicas de acuerdo con la investigación científica, de los que provoquen trastornos hormonales o daños en el aparato reproductor que revelen más peligros para las personas que las pruebas de laboratorio en animales, o que causen daños en el ambiente (LeiN7.802/89 incisos a-j). Es decir, establece criterios de prohibición de agrotóxicos basados en la peligrosidad y no el riesgo, aplicando el principio de precaución.

En las décadas neoliberales posteriores, estos avances regulatorios no se cumplieron, hasta que con el arribo de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff se retoman, junto con otras medidas y programas de monitoreo de residuos en alimentos y vigilancia sanitaria, y entran en conflicto con los poderes económicos y políticos del agronegocio (Bejarano, 2020: 138-206).

El ensayo sobre una toxicología crítica se publica durante el gobierno de Jair Bolsonaro, es decir, en un contexto nacional altamente conflictivo, debido a los esfuerzos por aprobar un paquete de modificaciones a leyes y reglamentos que aceleran y simplifican el proceso de registro de los agrotóxicos y que van a debilitar el control de las autoridades sanitarias. Se trata del Proyecto de Ley 1459/2002, llamado “Pacote del veneno”, aprobado en la Cámara de Diputados y apoyado por los intereses de la industria de plaguicidas y el poderoso agronegocio articulado con la llamada “bancada ruralista” del congreso federal de Brasil. Es significativo que las propuestas desreguladoras incluyan eliminar el término agrotóxico y sustituirlo por el de plaguicida.

Gran parte de las autoras del ensayo han participado como expertas en la elaboración de informes técnicos sobre las graves consecuencias de este proyecto desregulador o han ofrecido su testimonio en audiencias públicas organizadas en el congreso federal y en diversos foros estatales, en articulación con Abrasco, la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, y el Foro Nacional de Combate a los Impactos de los Agrotóxicos y Transgénicos, instrumento de control social que reúne a las entidades de la sociedad civil que operan a nivel nacional, los órganos de gobierno, el Ministerio Público y representantes del sector académico y científico, con sede en la Procuraduría General del Trabajo.

Como punto de partida para la elaboración de una toxicología crítica, las autoras señalan que es necesario entender la complejidad del proceso salud-enfermedad como lo plantea el campo del conocimiento de la salud colectiva, éste es un aporte conceptual y político brasileño a la discusión latinoamericana de la llamada medicina social desde la década de 1980.

La salud colectiva es un campo de saber y espacio de la práctica social que emerge en Brasil, en el movimiento por la reforma sanitaria que reconoce la complejidad de las múltiples determinaciones sociales del fenómeno salud-enfermedad. La salud colectiva como concepto alternativo al de salud pública, o a las dicotomías tradicionales de salud pública/asistencia médica, medicina curativa/medicina preventiva, es una respuesta a la crisis de la medicina mercantilizada y su ineficiencia (Fleury, 2007).

La salud colectiva es entendida “como una forma de abordar las relaciones entre conocimientos, prácticas y derechos referentes a la calidad de vida”, en la cual temas como universalidad, equidad, democracia y ciudadanía emergen como ejes centrales (Lima y Santana, 2006). Se trata de un campo de conocimiento que se va formando en su triple dimensión, como corriente de pensamiento, movimiento social y práctica teórica (Nunes, 1994).

Algunas de las autoras del ensayo de una toxicología crítica forman parte del Grupo de Temático de Salud y Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), asociación científica nacional fundada en septiembre de 1979 como resultado de los esfuerzos de coordinación inicial entre investigadores y profesores de programas de posgrado de medicina social y salud pública, y que posteriormente se amplió para integrar a técnicos, estudiantes y profesionales de distintos centros de capacitación e investigación. Algunos de estos programas fueron apoyados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por la Fundación Milbank (Lima, N., Santana, J. y Paiva, C., 2015). La Abrasco y el Cebes formaron un núcleo de pensamiento y acción política en el movimiento por la reforma sanitaria y son actores importantes en los debates sobre la política regulatoria de los agrotóxicos, a lado de otras instituciones públicas, como la Fundación Oswaldo Cruz, principal institución no universitaria de formación y calificación de recursos humanos para el Sistema Único de Salud y para el área de ciencia y tecnología del Ministerio de Salud de Brasil.

El ensayo plantea que la toxicología clásica ha sido un campo de conocimiento instrumentalizado por estrategias políticas de poder sobre la vida o biopoder, en el sentido que conceptualizó Michel Foucault (1926-1984), y que han desarrollado otros pensadores. Es decir, el biopoder entendido como un conjunto de mecanismos y procesos por los que las características biológicas fundamentales de la especie humana están sujetas a una estrategia política de poder sobre la vida, de gestión de la vida de la población humana. Las autoras apuntan que en la concepción del biopoder se puede encontrar una mejor comprensión de cómo la toxicología surge como un campo del conocimiento ligado a una estrategia de control de la población, a lado de otros campos, como la estadística, la epidemiología y, más recientemente, la ingeniería genética.

La toxicología dominante, instrumentalizada por el biopoder, está sustentada en un modo de conocer empirista de tipo dosis-respuesta lineal, positivista, que empobrece el diálogo con otros campos de conocimiento y no permite entender la complejidad de los fenómenos biológicos y de los contextos reales de exposición, ni desarrollar acciones de protección a la salud y al medio ambiente. Para contextualizar la influencia de Michel Foucault en Brasil hay que recordar que viajó varias veces a este país; primero en 1965 y luego en visitas anuales de 1973 a 1976, para impartir cursos y conferencias en distintas universidades, gracias a las cuales se establecieron vínculos entre especialistas brasileños y franceses que promovieron diversas redes de traducción y difusión de su obra al portugués. La obra de Foucault tuvo una fuerte influencia en el movimiento crítico por la salud pública y en la transformación de la psiquiatría brasileña, además de que tuvo una gran recepción en otros campos del conocimiento (Canavese, 2017: 8-11). En octubre de 1974 Foucault impartió tres conferencias pronunciadas en el curso sobre medicina social, que tuvo lugar en el Instituto de Medicina Social, Centro Biomédico de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de las que destaca la segunda conferencia titulada Nacimiento de la medicina social, en la que el autor utiliza por primera vez el término biopolítica, que desarrollará con mayor amplitud conceptual en obras posteriores, particularmente en el último capítulo de Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber (1976), y en el curso del 17 de marzo de 1976 en el Collège de Francia (Defender la sociedad (1975-1976), (Foucault, 1994/1999: 363-384; OPS/OMS, 1978:36-58; Castro, 2011:57).

El biopoder como poder sobre la vida en sentido amplio comienza a ejercerse a lo largo del siglo XVIII, según Foucault, de dos formas complementarias, no antitéticas: el primero se refiere al cuerpo como máquina, el adiestramiento de los cuerpos individuales para lograr sujetos dóciles y sumisos, buscando maximizar sus fuerzas para integrarlos a la naciente producción capitalista; el segundo, como biopolítica, se refiere a la regulación del cuerpo-especie, es decir, al control de la vida biológica de la población por parte del Estado, en cuanto a la gestión de su natalidad, mortalidad, asistencia de la vejez, medicalización infantil y femenina, sexualidad orientada a la reproducción dentro de la familia, seguridad laboral y salud pública. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se organiza el poder sobre la vida o biopoder (Foucault, 1976/2021:129-130; Castro, 2011:55-58 y Fortanet, 2015:101-118).

Posteriormente, a partir de 1978, Foucault desplaza su análisis y sitúa la economía en el centro de la reflexión del biopoder y reflexiona sobre el poder en términos de racionalidad del gobierno, con lo cual analiza las estrategias de poder y la racionalidad del liberalismo y el neoliberalismo, y las técnicas actuales de la gestión de la vida en los cursos del Collège de Francia reunidos en: Seguridad, territorio, población (1977-1978) y El nacimiento de la biopolítica (1978-1979) (Fortanet, 2015:118-125).

El ensayo brasileño remite como referencias a un apretado resumen de la compleja concepción de Foucault respecto al biopoder y a una selección en inglés de parte de su obra.

Siendo un ensayo inaugural en América Latina que relaciona la toxicología con los planteamientos de Foucault, sin duda hay elementos que deberán profundizarse teóricamente, en la perspectiva de una toxicología crítica de los mecanismos del biopoder y la biopolítica, de las resistencias a estos poderes en defensa de la vida; de las modalidades de la toxicología regulatoria y su articulación con la racionalidad gubernamental neoliberal en el capitalismo actual.

Es interesante observar que en el mismo número de la Revista Saúde em Debate dedicado a la salud, los agrotóxicos y la agroecología se incluye un artículo donde se toma como referencia el concepto del biopoder propuesto por Foucault, para hacer una crítica del discurso productivista del agronegocio, de la insustentabilidad de los sistemas agroalimentarios en sus distintos niveles y de las resistencia a estos poderes; destacando el rol de la educación popular en la salud y la agroecología como formas de resistencia y de construcción de sujetos sociales autónomos y críticos (Pereira, Machado y Angelis Pereira, 2022: 391-405).

La mayor parte del texto que comentamos señala las limitaciones metodológicas de las valoraciones toxicológicas ligadas al modelo de la evaluación de riesgos utilizado en el proceso regulatorio; pues lo que pretenden es encontrar la dosis “segura” de exposición a los compuestos agrotóxicos con la que no se afecte la salud humana, para establecer un “riesgo aceptable”, con base en una relación lineal dosis-respuesta.

También explica las distintas etapas de la evaluación de riesgo, a saber: la identificación del peligro, la evaluación de la exposición, la evaluación dosis-respuesta y la caracterización del riesgo y expone en detalle las numerosas y graves limitaciones de las pruebas exigidas en la evaluación toxicológica, de acuerdo con las directrices internacionales desarrolladas por la OCDE. Asimismo, plantea los principales puntos críticos de estas directrices, entre ellos: no se evalúa la formulación de los productos comerciales sino solo el ingrediente activo; no se caracterizan los contextos complejos de la exposición crónica y múltiple a diferentes agrotóxicos y la interacción de sus mezclas; se ocultan las incertidumbres y vulnerabilidades en los modelos de estudios experimentales usados; no se integran los efectos neurológicos, inmunológicos y endocrinos; se abordan de manera limitada los mecanismos en los que los agrotóxicos contribuyen al desarrollo de efectos genotóxicos y de cáncer; no se consideran las curvas no lineales de respuesta a la exposición; se evalúa de manera insuficiente la exposición en períodos críticos para el desarrollo intra y extrauterino. Estos señalamientos son especialmente significativos para los países en América Latina que son parte de la OCDE, como México, Chile, Colombia y Costa Rica, y para los que están en el proceso de serlo, como Brasil y Perú.

Otro valioso aporte de este trabajo es que propone elementos alternativos, desde la perspectiva de una toxicología crítica, para una evaluación más integral de los agrotóxicos en el proceso de su registro, en tres niveles: el contexto de la exposición, que exige una comprensión integral e interdisciplinar del problema a fin de contar con estrategias más amplias de prevención y promoción de la salud; el relativo a los estudios analíticos y el relativo a la toma de decisiones.

Tomar en consideración las alternativas a los agrotóxicos, especialmente, aquellas que ofrece la agroecología, así como la participación de la sociedad civil y de las poblaciones y comunidades expuestas a los agrotóxicos es parte fundamental de una metodología de evaluación integral alternativa. 

Quienes elaboramos esta presentación esperamos que la difusión y lectura de este ensayo sobre la toxicología crítica aplicada a los agrotóxicos enriquezca la discusión sobre el tema no solo para México sino para los demás países de América Latina y el Caribe.

Deseamos que este trabajo contribuya a tender puentes de colaboración interdisciplinar entre científicos críticos de México y Brasil. Sin duda, se trata de un material que será muy útil para la enseñanza en estudios de licenciatura y de posgrado en las disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud, las ciencias ambientales, la agronomía, todas las ramas de la toxicología, el derecho ambiental y la sociología, entre otras, en las que es fundamental cambiar el paradigma regulatorio hegemónico.

También es un material útil para impulsar el diálogo con grupos, organizaciones sociales y servidores públicos que buscan una transformación del régimen regulatorio neoliberal y para incidir en políticas que se apoyen en la ciencia libre de conflicto de interés, con énfasis en la prevención de la exposición de sustancias y productos tóxicos, la justicia social y el reconocimiento pleno de los derechos humanos a la salud y un medio ambiente sano.

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Fuente: RAPAM