Soberanistas alimentarios: el caso de Vicentin desde una perspectiva ambiental (II)
En los últimos meses, se puso en discusión el modelo agroindustrial en la Argentina y el concepto de Soberanía Alimentaria. Frente a esto nos preguntamos ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene la medida política tomada por el gobierno para acercarnos hacia el concepto integral Soberanía Alimentaria? Si el primer paso fue la intervención, ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Dialogamos con Claudio Lozano y Miryam Gorban.
Claudio Lozano, Director del Banco Nación, impulsó una carta publicada en Página/12 el 2 de junio de este año, pidiendo que Vicentin sea “una empresa pública no estatal bajo control político y social”. En dicha carta no se expresaba de manera explícita el concepto de Soberanía Alimentaria. Al preguntarle a Lozano el motivo de esta omisión nos respondió que en la carta sí se establece la posibilidad de adquirir una herramienta más para orientar el rumbo de la producción agropecuaria. Agregó también que la transición hacia un modelo agroecológico implica que el eje dominante del sector no tenga la primacía exclusiva del agronegocio.
Al explicar por qué no se había hecho expresa mención en la carta al concepto de soberanía alimentaria Lozano respondió: “No hicimos expresa mención al tema porque hoy Vicentin no expresa la posibilidad de llevar adelante la soberanía alimentaria. Hoy Vicentin es un coloso del agronegocio en la Argentina y por lo tanto interviene en la oferta de divisas, en el comercio de granos y en la relación con los pequeños y medianos productores en relación al proceso de molienda de soja, producción de harinas y aceite y este tipo de cuestiones”.
Lozano pone entonces de relieve que la conexión entre un modelo agroecológico y la posible expropiación, no es directa ni automática. La designación de Gabriel Delgado como interventor es un hecho que muestra estas tensiones. El historial de Delgado respecto a su inclinación a la utilización de transgénicos y agrotóxicos es una contradicción evidente con las transformaciones que el movimiento socio-ambiental busca generar. Al consultar a Miryam Gorban su opinión sobre la selección de Delgado como interventor, ella remarcó sus antecedentes y las dudas que esto le generaba, pero aclaró que la búsqueda de la Soberanía Alimentaria no iba a depender de una persona, sino “del rumbo político que se le sepa dar”.
En términos de las contradicciones posibles entre la necesidad de divisas que tiene el estado Argentino en un contexto de reestructuración de la deuda externa, y el direccionamiento hacia un nuevo modelo agroecológico necesario como sustento de la Soberanía Alimentaria, Claudio Lozano afirmó que es posible a través de un proceso gradual derivar parte de las rentas de exportación (aprovechadas por la estatización) a la creación de una empresa pública de alimentos, que pueda intervenir en el mercado.
En ese caso, según explica, podría subsanarse este dilema sin descuidar las necesidades financieras del país. Esta empresa, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, orientaría la producción de alimentos para el consumo interno, y no ya para su exportación, buscando que éstos estén basados en un modelo de producción alternativo al dominante que tenga como consecuencia alimentos accesibles y sanos para toda la población. Gorban agregó que esta empresa debe ser co-gestionada entre el estado, “los verdaderos productores” y las cooperativas.
Tanto Gorban como Lozano concluyen que, al fin y al cabo, la transición hacia un modelo agroecológico depende de la estrategia general que tenga el gobierno hacia el sector agropecuario, de la cual Vicentin podría ser una herramienta más.
No todos los caminos conducen a Roma
A contramano del dicho popular, no todos los caminos conducen a la Soberanía Alimentaria. A partir de las afirmaciones anteriores se puede comprender que la intervención y expropiación por sí sola (aunque meritoria por su límite a la extranjerización y la concentración) sin un abordaje político integral, quedaría reducida al objetivo de captación de divisas por parte del Estado y la revitalización de una empresa que es núcleo central del modelo extractivista del agronegocio. La toma de control directa por parte del Estado implicaría, a su vez, el agravante de avalar este modelo de manera explícita, al pasar a ser el accionista mayoritario de este conglomerado empresarial.
Pensar en una expropiación que simplemente ponga en funcionamiento la maquinaria que ya existía en el pasado no es suficiente para caminar hacia el concepto integral de Soberanía Alimentaria. Es tarea de los movimientos campesinos, el movimiento socio-ambiental, los pequeños y medianos productores, las organizaciones del campo popular y los consumidores en general presionar y establecer un horizonte de posibilidad distinto entendiendo que hoy estamos ante un escenario abierto, donde no alcanza con un rescate de lo existente, sino que debemos transformar la realidad.
La expropiación de Vicentin tomada como un suceso aislado está lejos de ser un relámpago que de buenas a primera ilumine el camino a seguir para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, este hecho abre la posibilidad de discutir el direccionamiento político de una herramienta productiva. El paso siguiente debería ser la fijación de objetivos acordes a las necesidades sociales, y no simplemente la multiplicación de la ganancia.
La creación de una empresa nacional de alimentos con la participación de los movimientos sociales y los pequeños y medianos productores, que tenga como objetivo garantizar comida sana para toda la población bajo condiciones de producción agroecológicas podría ser un siguiente paso significativo en este sentido.
La racionalidad meramente económica en el caso de la producción agropecuaria se revela altamente irracional frente a lo que necesitan las personas. En un ejercicio de abstracción, de apelación al sentido común, si simplemente nos preguntáramos cuál es el objetivo de la producción agropecuaria, rápidamente nos responderíamos que es alimentar a la población. Sin embargo esto hoy no es así. El mayor porcentaje de alimentos es utilizado para engordar ganado y posteriormente vender ese “producto”. Este es un problema que se repite en todo el mundo. Mientras que 3 millones de niñes mueren anualmente por malnutrición o alguna causa relacionada, entre un 75% y un 80% de la superficie agrícola global es dedicada a la alimentación de ganado.
Estas son las irracionalidades que terminan construyendo la base de una industria millonaria que acrecienta las ganancias de unos pocos e incrementa el hambre de muchos. Las consecuencias de este modelo no se reducen a la mala distribución del alimento. La ganadería es uno de los mayores causantes de la crisis climática. El 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de esta industria, la misma cantidad que emite el sector de transporte en su totalidad.
En algunas expresiones de parte de aquellos sectores que enfrentan la intervención de Vicentin, se utilizó en términos despectivos el término de “soberanistas alimentarios” como si fuera una mera justificación secundaria de una medida que atentaría caprichosamente contra la propiedad privada. En honor y respeto a aquellos que lucharon por la transformación de un modelo que se ha llevado tantas vidas como la de Fabián Tomasi, tenemos que proponernos garantizar que las palabras no sean pronunciadas en vano, y mantener a base de lucha el contenido histórico-político que la soberanía alimentaria implica.
Fuente: Notas Periodismo Popular