Si te consulto es para que sepas quién manda

18 de junio, 2018

El grupo que esperábamos en la casa ejidal, conversábamos tranquilamente mientras el sol subía y el calor arreciaba.

Asomados desde el interior a la plaza central de Buena Esperanza con su plancha con bóveda de lámina para reuniones, fiestas y partidos, miramos una camioneta que se acercaba por el fondo de la calle y que se paró a preguntar indicaciones por lo menos dos veces. Alguien nos dijo que era el encargado de Sanidad Vegetal y que era la avanzada de los funcionarios que llegaban a la comunidad a establecer el proceso de consulta que había quedado establecido en la sentencia con que la Suprema Corte de Justicia ratificó lo resuelto por el Segundo Juez de Distrito con sede en Chetumal, Quintana Roo, que suspendiera temporalmente los permisos de siembra detentados por Monsanto en tanto no se lleve a cabo una consulta (no vinculante) con varias comunidades del Poniente de Bacalar, en la misma entidad, bien al sur de esta nación llamada México.

Pero el funcionario estacionó su camioneta y se acercó caminando a la casa ejidal donde por lo menos diez personas lo escrutábamos. Él tal vez saludó, tal vez no. Digamos que sí. Pero se dirigió exclusivamente a quien él supuso era el comisariado ejidal. Pero no era. Se le dijo que no estaba ahí en ese momento pero que vendría después, y que tal vez lo podría encontrar en su casa. También le preguntaron que para qué asunto, pero él ni contestó. Se enfiló a su carro y fue a buscarlo.

El incidente tiene su chiste, porque después supimos que venía buscando al comisariado, como ya todos los presentes sabíamos, para contactarlo como la autoridad “competente” para el proceso de consulta que íbamos a testificar. Pudo habernos preguntado bien. Establecer una relación horizontal de… ¿ciudadanía?, ¿gentileza?, ¿cordialidad?, ¿simple lógica o curiosidad de porqué estábamos ahí tantas personas?

A los quince minutos llegó otro carro del cual descendieron varios personajes. El encargado de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), una delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) y otra persona que se presentó como representante del Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura (IICA) y que en el momento de trasponer el umbral de la casa ejidal comenzó a toda velocidad a montar una cámara de video/foto con tripié, mientras sus colegas instalaban un video proyector con computadora con un power-point listo, reacomodaban el espacio de tal modo que las autoridades agrarias dueñas del lugar no podían ejercer ni medio metro de espacio entre la mesa y la pared, mientras los funcionarios se explayaban estableciendo su presencia, sus modales entre ajenos y precisos, sus normas, sus mecanismos de operación y sobre todo sus tiempos y su discurso. Ya el “representante” del IICA disparaba con su cámara a todo mundo, mientras en el desconcierto los presentes intentábamos entender lo que estaba ocurriendo. Y la incomodidad subía nadando en adrenalina. El encargado de Cibiogem se empoderaba con el micrófono y le informaba a los asistentes que estaban ahí en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte, que se iba a proceder a recabar la lista de asistentes y de inmediato instaba a las autoridades locales a que estamparan sus firmas en las actas que llevaban sin dar tiempo, siquiera, a que tales autoridades pudieran revisar de qué se trataba.

Mientras, el “representante” del IICA seguía grabando a los presentes, enfocándose sobre quienes hablaban, trabando conversaciones forzadas con reporteras y reporteros para que le dijeran quienes eran y qué hacían ahí, mientras los funcionarios tomaban posesión de un lugar acaparándolo para su dependencia gubernamental. No había mediado siquiera un “con permiso” real, ni solicitar de las autoridades hacer uso de sus instalaciones, ni preguntar cuál era el mejor modo para instalar la mesa, quiénes podían estar en enfrente, qué protocolo local se seguía para llevar a cabo una diligencia así.

Ante el extrañamiento que de inmediato le hicieron varios presentes (entre ellos el comisariado ejidal) expresando que no era con las autoridades agrarias con quienes se tenía que activar un proceso así, los funcionarios reiteraron, sin mucho escuchar, que “las autoridades tradicionales” eran los comisariados y los delegados o subdelegados municipales. La gente les insistió en que las comunidades tenían representantes indígenas, y que si era un proceso de consulta tenía que ser legitimado por las autoridades tradicionales, no por las autoridades agrarias o municipales. Pero ellos prosiguieron con el procedimiento, abriendo un breve espacio para que la autoridad indígena supervisara, pero exigiendo la firma de la autoridad ejidal y del delegado municipal. La exigencia fue ponerles la pluma en la mano e insistir que firmaran.

Los funcionarios recularon un tanto por el jaloneo y tras escuchar lo inusitado: que no querían la consulta porque “qué caso tiene emprender la consulta cuando que el permiso lo revocó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica) al enterarse que Monsanto permitió la siembra de semillas de soya transgénica en polígonos no incluidos en el trámite”, como lo hizo constar Gloria Muñoz en su reportaje: “Transgénicos: No es No”, aparecido en Ojarasca 253, mayo de 2018. Aceptaron de cierto modo esta negativa pero argumentaron que de todos modos, “esto es ya el proceso de consulta: estamos pactando los protocolos y los tiempos”. La gente de la comunidad les insistió en que lo importante era que se negaban a ser consultados, que esto no abría consulta alguna, pues no se puede consultar sobre algo que no es pertinente por estar revocado el permiso motivo de la consulta.

El desprecio, es sabido, es causal de ceguera progresiva. Por lo que los funcionarios no pudieron ver que la gente es muy lúcida y está mucho más organizada que ellos que llegan a una comunidad queriendo forzar la mano de las comunidades para emprender una consulta (que ni siquiera fue consultada en sus términos cuando la aprobaron como parte de las atribuciones de la CDI) que al gobierno parece no importarle pues sabe bien que no es vinculante —salvo para legitimar los procesos donde hay beneficios para empresas y dependencias.

En Buena Esperanza no sabíamos que en Nuevo Jerusalén acababa de ocurrir lo mismo y que estos funcionarios llegaban ya medio acalambrados por la primera sesión y buscaban por todos los medios activar lo que no pudieron del todo en Nuevo Jerusalén.

Entonces me pregunto: ¿es su afán “objetivo” y de “eficacia operativa” lo que los lleva a no comenzar la sesión hablando con los presentes con más soltura”?, o ¿es la técnica sugerida en sus reglas de operación llegar al “descontón mental” de casi que no permitir que nadie hable, apoderarse del espacio y del tiempo, imponer un discurso, una narrativa, unas reglas de operación y hasta una mirada condescendiente y desde arriba con esas autoridades con quienes dicen abrir interlocución?

Es un misterio. A mí me parece que la segunda premisa es cierta. Llegan a imponer y establecer su poder como en tantos otros rubros de la relación comunidades-gobierno, sean programas, proyectos, asignaciones y libertades y derechos civiles, incluido votar. Si ni siquiera habían abierto la posibilidad de que la sesión procediera en maya cuando que llevaban un traductor a modo para el efecto. En Buena Fe ocurrió de algún modo una escena de atropello semejante, aunque si uno les preguntara a los funcionarios dirían que se comportaron de acuerdo a sus manuales de operación y con todas las formalidades del caso.

Y decimos que la gente está más organizada de lo que los funcionarios suponen porque el rumor de lo sucedido corrió por las comunidades raudo como el viento que ondula las copas de las ceibas.

Ya cuando llegaron a Paraíso, se toparon con un escenario muy diferente.

Cuando llegaron a instalar sus aparatos, mover sillas, jalar la mesa, poner su proyector y comenzar a grabar sin permiso a la gente esgrimiendo bolígrafos para que las autoridades les firmaran, se toparon con que la casa ejidal ya estaba organizada para recibirles, y que la comisariada ejidal les recibió y procedió con la sesión totalmente en maya, les obligó a hacer trabajar a su traductor, les asignó sitios concretos para que se colocaran y dejó claro que ahí en esa casa la autoridad era ella, pero que, de nuevo en apego a lo pactado por las comunidades en el proceso de conformación del Consejo Indígena Maya del Poniente de Bacalar, los interlocutores del proceso de consulta (y de otros muchos actos y protocolos, acciones concretas y relaciones) eran los representantes tradicionales indígenas. Y el hecho es de gran trascendencia porque lo que se juega en cada confrontación es la legitimidad que guarda la relación, sea de un modo cordial y cariñoso o de un modo atropellado y hasta violento. Ahí la comisariada los puso en su lugar.

Ahí, como en todo el recorrido entre el 17 y el 18 de abril, las autoridades indígenas y agrarias revindicaron las mismas premisas.

1) Unas son las autoridades agrarias y municipales y otras muy diferentes las autoridades tradicionales indígenas. Éstas son representantes de su presencia ancestral en la península.
2) No renuncian al proceso de consulta.
3) Emprender consulta ahora es impertinente pues el permiso está revocado.
4) Para las comunidades el proceso no ha empezado, pues comenzará cuando sea pertinente.

Haber mirado a estos funcionarios sudar la gota gorda ante las comunidades que no quisieron la consulta y que tarde que temprano entendieron que la imposición no sólo era la consulta sino ser obligados a conferirles poder y autoridad legítima a estos empleados, parte de la burocracia de la Nación, fue todo un regalo.

La dignidad de los pueblos no muere, y menos con unos cuantos manotazos y miradas rudas o modos policiacos de quienes exigen firmas, desconfían de los asistentes, o graban todo pero no para informar a la ciudadanía, sino para cumplir órdenes teñidas de opacidad.

Los funcionarios llegaron para dejar sentado: “si te consulto es para sepas quién manda”, pero las comunidades les reviraron: “ni saben con quiénes están tratando, ni lo que está realmente en juego”.

Por Ramón Vera-Herrera - Editor, investigador independiente y acompañante de comunidades para la defensa de sus territorios, su soberanía alimentaria y autonomía. Forma parte de equipo Ojarasca y Grain

Fuente: Desinformémonos