Se intensifica el extractivismo minero en América Latina

América Latina recibió el 26% de la inversión global en exploración minera en 2009, la mayor desde 2001. La bonanza de precios internacionales en 2010 hizo que las empresas incrementen sus inversiones a nivel mundial en un 40%, según Metals Economics Group (MEG). En la actualidad, la exportación de minerales es la principal fuente de ingreso para la mayoría de los países latinoamericanos, y en algunos países representa cerca del 70 por ciento de las ventas al exterior, estima el Banco Mundial.

En Bolivia, las exportaciones mineras sumaron 1.056 millones de dólares entre enero y julio de 2010; ascendieron a 1.318 millones en septiembre; superaron los 2.149 millones en noviembre, y sobrepasaron los 2.386 millones de dólares en diciembre de 2010, un nuevo tope histórico gracias a las altas cotizaciones internacionales de la plata y el zinc.

Empresas estatales y privadas de España, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Finlandia y Canadá han expresado su interés de desarrollar proyectos mineros en el país. España y Corea del Sur quieren montar dos refinadoras de zinc en Oruro y Potosí. China está interesada en explotar oro, y la surcoreana Kores ha comprometido una inversión de 200 millones de dólares para producir cobre metálico en Coro Coro. Decenas de empresas quieren explotar los yacimientos de litio, potasio, boro, magnesio y bórax, pero ninguna está interesada en industrializar esos minerales en Bolivia, reveló el Presidente Morales.

El negocio minero en Bolivia está en manos de empresarios privados. De los 1,150 millones de dólares obtenidos por la exportación de minerales hasta noviembre de 2009, 61 por ciento provenían de la minería mediana; 28,4 por ciento de la minería chica y 9,7 por ciento de las minas estatales.

San Cristóbal y Sinchi Wayra controlan más del 95% de la producción de zinc y el 99% de la producción de plomo. Se comenta que el valor de las exportaciones de San Cristóbal en 2010 fácilmente supera los 1.500 millones de dólares, pero en 2009-2010 esta empresa contribuyó con apenas 267 millones de bolivianos de regalías.

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) trabaja una propuesta técnica para incrementar de 15% a 40% las regalías mineras para los municipios productores. El vicepresidente de la FAM Carlos Vargas Hurtado calificó como “un chiste” el actual régimen de regalías y como ejemplo citó al municipio de Camargo, Sucre, que recibe mensualmente 40 bolivianos; y a los municipios orureños de Coipasa y Santiago de Huari, que perciben 129 y 80 bolivianos, respectivamente.

De todas las actividades económicas, la minería es la que ocasiona más secuelas y enfermedades profesionales que pueden reducir la esperanza de vida hasta en 15 años, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Evidencias científicas avalan que la industria minera contamina aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos, vegetación y fauna.

En 2010, la de la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CODERIP) exigió al gobierno que cumpla los compromisos asumidos en octubre de 2009 respecto a la aprobación de proyectos que mitiguen la contaminación de los recursos acuíferos del sur de Oruro, mientras que los comunarios de Valle Nueva Subcentral Tacacoma en La Paz emplazaron a la Cooperativa Minera Frutillani que deje de contaminar la zona donde opera.

Muchos sectores de Potosí, donde tiene su asiento San Cristóbal, quieren nacionalizar la empresa, mientras que sectores campesinos de Challapata en Oruro y del Jach´a Suyo Pakajaqi en La Paz se oponen a cualquier nueva concesión con el fin de precautelar los derechos de la Madre Tierra. Las autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ) reunidas en La Paz el 17 y 18 de febrero de 2011 decidieron rechazar cualquier intento de explotación minera de la canadiense Castillan Resources en Challapata, por ser una actividad de alto impacto ambiental, social y cultural.

“Rechazamos enérgicamente el ingreso de la empresa Castillan Resources o cualquier otra empresa, de explotación minera en Challapata, Provincia Avaroa del Departamento de Oruro por ser esta región ganadera y agrícola, siendo expresión base de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país”, señala la Resolución. Castillan Resources explota oro y metales base en Argentina, Bolivia, Brasil y Tanzania. Sus principales activos en la región son los proyectos Paramirim (de oro y cobre) y Mangabal (de níquel y cobre), ambos en Brasil.

La Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego N. 2 Tacagua, reunidos en una asamblea general el 4 de febrero, también resolvió rechazar “todo tipo de exploración y explotación minera de la empresa Castillan Ressources y de cualquier otra empresa que atente a los intereses del desarrollo regional, al derecho a la salud integral, perturbe la producción agrícola ganadera y que afecte a la soberanía y seguridad alimentaria Regional, Departamental y Nacional”.

Los regantes se declararon en estado de emergencia permanente para evitar cualquier trabajo de exploración minera y solicitaron al gobierno la revocatoria inmediata y definitiva de todas las concesiones mineras en toda la zona agroganadera de la provincia Eduardo Abaroa de Oruro.

La Asociación de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Tupiza (ARESCAT) denunció que la gobernación de Potosí autorizó de manera irregular la construcción e instalación de una planta de tratamiento de minerales polimetálicos en la provincia Sud Chicas. La Comercializadora de Minerales Viacha (CMV) logró un permiso para usar dos cuadrículas de terreno (52 hectáreas) en el municipio de Tupiza para la instalación del ingenio minero por un plazo de 40 años en calidad de comodato.

El documento habría sido avalado por el secretario departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación potosina Felipe Castro, vulnerando la Ley de Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos. La zona en la que se pretende instalar la planta es utilizada para el pastoreo extensivo de ganado caprino, ovino y camélido, que beneficia a las comunidades de Torre Huayco y Palala Baja, ambos pertenecientes al municipio de Tupiza. En el lugar existe un ojo de agua dulce para consumo humano, riego y producción agrícola de toda la zona.

Los ejecutivos de ARESCAT informaron que la solicitud fue rechazada por el Gobierno Municipal de Tupiza por considerarla inviable, toda vez que el art 339 parágrafo II de la Constitución Política del Estado dice que “Los bienes del patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno”.

Además, comunarios del cantón Suches, municipio de Pelechuco de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, denunciaron que ciudadanos peruanos avasallaron territorio boliviano y lograron ingresar hasta 1.500 metros en esa región. Esto habría provocado la reacción de los habitantes, quienes se enfrentaron en los pasados días con los invasores dejando una estela de daños materiales y personales.

“Los peruanos nos están invadiendo realmente, ya dimos a conocer esta denuncia en anteriores oportunidades, pero lamentablemente las autoridades no nos hicieron caso; ahora estamos a la espera de una reunión con el Canciller para solicitarle se haga cargo de este problema y pida una cita con su homólogo peruano para dar una solución a este tema de una vez por todas”, dijo Cornelio Mamani, Mallku de la comunidad Suches.

Informó que en el sector existen aproximadamente 100 mineros peruanos que explotan oro sin respetar el medio ambiente, debido a que no utilizan los respectivos pozos para el lavado del mineral y arrojan el agua de los desechos directamente al río Suches, que desemboca en el lago Titicaca. El dirigente Mateo Mamani relató que los mineros peruanos que pertenecen a la cooperativa peruana Nevado Infinito invadieron los hitos 18, 19 y 20 por lo que pidió a las autoridades correspondientes su expulsión

El 27 de febrero, el canciller de Perú José García Belaunde pidió información sobre la posible incursión de una patrullera fluvial peruana en territorio de Bolivia, en una reciente operación contra mineros informales. Según versiones periodísticas, el incidente se registró durante una vasta operación militar y policial que destruyó con explosivos 19 dragas de mineros informales que extraen oro de los lechos de los ríos amazónicos de Madre de Dios.

Los representantes del CONAMAQ denunciaron a nivel internacional la ejecución inconsulta del proyecto hidrometalúrgico de cobre en la población de Corocoro, en el departamento de La Paz. El mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del CONAMAQ Rafael Quispe informó que la demanda de consulta de su sector cayó en saco roto, y ante los oídos sordos del gobierno del Presidente Evo Morales se decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según el Ministerio de Minería la explotación de cobre en Corocoro se compara en dimensión con los proyectos del Mutún o San Cristóbal, pues se proyecta el tratamiento de entre 10 y 15 mil toneladas diarias de mineral para producir entre 30 y 50 mil toneladas de cobre electrolítico al año. El yacimiento cuenta con reservas de 10 millones de toneladas métricas brutas de cobre.

Los indígenas conminaron al Presidente Morales a detener los trabajos petroleros que se han iniciado en la Amazonía y otros emprendimientos mineros en el Altiplano, atentando contra el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades. “Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales”, advirtieron los originarios.

Los representantes indígenas y campesinos retaron a los gobernantes, además, a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible y a definir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales.

Movilización continental

El año pasado la expansión minera “alcanzó niveles máximos en el continente americano”, alertó el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir celebrado en Lima en noviembre de 2010. El territorio amazónico es el más codiciado por sus abundantes reservas de petróleo, oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso, uranio y coltán.

Tenemos certeza de que transnacionales y fundaciones con supuestos fines ambientalistas, religiosos y humanitarios intentan extraer diamantes, minerales estratégicos y material genético, realizar espionaje y experimentos médicos ilegales con los indígenas, declaró el presidente del Parlamento Amazónico Internacional Eddy Gómez Abreu en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana.
Más de un millón de personas en la Amazonía padecen intoxicación por mercurio y otros residuos cancerígenos provenientes de la actividad minera, ejecutada básicamente por consorcios transnacionales, denunció Gómez Abreu. El académico Edgardo Alarcón demostró que la ciudad peruana de la Oroya es una de las 10 más contaminadas del mundo y presenta altos contenidos de plomo y azufre en el aire. Otras partículas tóxicas y cancerígenas (cadmio, arsénico y antimonio) también pululan en los poblados de Ilo y Cerro de Pasco.

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denunció a fines de 2010 que la gran mayoría de sus sitios ancestrales están en manos de multinacionales mineras. Según la organización, el 72 por ciento del territorio de ese país está concesionado a transnacionales mineras y petroleras.

En febrero de 2011, la Conacami alertó que el gobierno de Alan García pretende modificar la legislación ambiental mediante los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, que declaran como “necesidad nacional” la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura “sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental”.

Los pueblos indígenas de Arasaeri, Shiringayoc, San José del Karene, Kotsimba, El Pilar, Tres Islas, San Jacinto y Boca Inambari, reunidos el 25 de febrero de 2011, rechazaron “la militarización como instrumento de formalización de una actividad económica (minera) que desarrolla un vasto sector social de Madre de Dios”. “Estamos de acuerdo con la formalización de la actividad minera, pero advertimos que el Estado no disponga el ingreso de militares en territorio indígena, dado que estaría violando nuestros derechos amparados en normas internacionales”, señala una resolución de la asamblea.
En Colombia, las transnacionales poseen más de 43 mil kilómetros cuadrados en concesión, según el Portal de Información Minera (http://www.imcportal.com). Los privados pagan al Estado “regalías irrisorias que no llegan al uno por ciento del total saqueado. En mordaz contraprestación, reciben altísimos descuentos en el impuesto de rentas”, denunció el especialista Juan Alberto Sánchez Marín en un artículo publicado por Rebelión.

Panamá reforma su Código de Recursos Minerales para viabilizar 186 solicitudes para la exploración minera y avalar la minería a cielo abierto. La Cámara Minera de Panamá calcula que el potencial de los yacimientos supera los 220 mil millones de dólares. La iniciativa gubernamental fue rechazada por una movilización de cientos de estudiantes de la Universidad de Panamá, además de campesinos y grupos indígenas. Los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé se oponen a la Ley que autoriza a empresas extranjeras invertir y explotar pagando regalías de apenas cinco por ciento.

A fines de febrero, la Coordinadora por la defensa de los recursos naturales y el derecho del pueblo Ngöbe-Buglé y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo que permitió la reapertura de las carreteras bloqueadas. El acuerdo de seis puntos incluye la instalación de una comisión de alto nivel para iniciar al diálogo y analizar la Ley artículo por artículo; y la aprobación de una ley que prohíba explícitamente la minería en el territorio indígena.

En a República Dominicana la empresa minera canadiense Barrick Gold dejó sin agua a varias comunidades del municipio de Cotuí durante tres años, luego de romper la tubería principal de distribución cuando realizaba trabajos de ampliación de su gigantesco equipo conocido como autoclave, denunció el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO). “Lo único que puede salvar a República Dominicana de una gran catástrofe ecológica, ambiental y de supervivencia es la anulación del contrato con la minera canadiense Barrick Gold”, señala un reportaje del sitio www.dominicanissues.com.

En Guatemala empresas canadienses continúan con la explotación minera a cielo abierto en Huhuetenango, al igual que en Cerro de San Pedro en la provincia de San Luis Potosí de México. El 28 de febrero de 2011 movimientos sociales guatemaltecos iniciaron medidas de presión para exigir al gobierno que cumpla las medidas cautelares otorgadas por la CIDH que pidió la suspensión temporal de la mina Marlin.

Movimientos sociales ambientalistas y grupos de afectados por la actividad minera han ganado importantes batallas en los últimos años. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias, luego de 15 años de lucha de los afectados por el proyecto minero Las Crucitas en San Carlos.

En octubre de 2010, el Poder Judicial mexicano determinó que la mina de barita ubicada en el municipio de Chicomuselo deberá permanecer cerrada hasta que la concesionaria del yacimiento, la canadiense Blackfire, cumpla la normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas. La mina fue clausurada el 7 de diciembre de 2009, días después del asesinato del dirigente Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009. Personal que trabaja para Blackfire fue acusado de estar involucrado en la muerte del activista que se oponía a la explotación minera en su municipio.
Los campesinos, indígenas, movimientos populares, sociales y ambientalistas de la región no sólo se enfrenta a las mineras transnacionales, sino también a los propios estados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que acaban de crear la empresa estatal Mineralba en la X Reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, celebrada en La Habana.

La nueva empresa del ALBA con sede en Puerto Ordaz, Venezuela, se dedicará a la exploración, investigación geológica, explotación, procesamiento y comercialización de minerales en Venezuela, Cuba y otras naciones de la alianza.

El Estado boliviano prevé prestarse hasta 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central para construir dos plantas hidrometalúrgicas de zinc, financiar la primera fase de la industrialización de carbonato de litio, e instalar una fundidora de plomo y plata de Karachipampa y un nuevo ingenio en Huanuni.

* Con información de la Redacción Suramérica de Prensa Latina, Ecoportal, Rebelión, ABI y América Economía.

Fuente: FOBOMADE