Resistencia contra agronegocios

Así lo indican los testimonios de dirigentes campesinos, de comunidades indígenas y expertos en temas rurales reunidos en el marco del IV Foro Social de las Américas, realizado en Asunción, Paraguay, del 11 al 15 de agosto.

Los monocultivos y productos transgénicos son una muestra de lo que ha generado el modelo de producción agroexportador a gran escala que se ha instalado en la región con nefastas consecuencias.

“Syngenta pretende crear la República Unida de la Soya en el Cono Sur”, señala el paraguayo David Cardoso, de la organización ambientalista Sobrevivencia e integrante de Amigos de la Tierra Paraguay, en referencia a la transnacional suiza que produce semillas transgénicas.

Paraguay, que tiene más del 5% del área total del país y dos tercios del área agrícola cultivados con soja transgénica, es el país con mayor superficie agropecuaria cultivada con esta oleaginosa en América del Sur.

“Paraguay es el sexto exportador [mundial] de soja y el cuarto productor en Latinoamérica, y hemos visto cómo el avance de la soja nos ha dejado grandes impactos como la destrucción de comunidades indígenas y campesinas, la aniquilación de la biodiversidad y la pérdida de la soberanía alimentaria y territorial”, dice Cardoso.

Más conocidos son los casos de Argentina y Brasil, que se encuentran entre los principales exportadores de soja en el mundo.

“En el 2006 se produjeron 72 millones de toneladas de soja, y si en el año 1985 esta actividad daba cerca de 1.5 millones de empleos, en el 2006 sólo dio 400,000 puestos laborales, lo que indica que estos cultivos no resuelven los niveles de desempleo de algunos países como nos han querido convencer”, señala Sergio Schlesinger de la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educativa (FASE), de Brasil.

En Argentina, más de la mitad de la superficie cultivada está plantada con soja y el país pierde anualmente cerca de 250,00 Ha de tierras cultivables por campesinos y bosques por causa del avance de la frontera agrícola, explica Carlos Vicente, de GRAIN Argentina, organización internacional que apoya a campesinos y pequeños agricultores.

“El único objetivo de las transnacionales es controlar la alimentación y agronegocios en el mundo; nada tiene que ver con la producción de alimentos para los pueblos”, dice.

Resistencia frente a los monocultivos

El avance de los monocultivos que invaden las tierras campesinas e indígenas trae reconocidas consecuencias, como la reducción del área destinada al cultivo familiar y la expulsión de los integrantes de las comunidades hacia la ciudad.

La floreciente producción de piña en Costa Rica está alcanzando rápidamente a la principal exportación agrícola del país, el banano. La producción de piña comprende ya casi el 20% de las exportaciones totales del país, pero sigue siendo una significativa amenaza para las comunidades indígenas y campesinas.

En el 2009 se cultivaron cerca de 42,000 Ha con piña, constituyendo el cuarto rubro de exportación más importante en el país y el de mayor expansión, asegura Gustavo Oreamuno, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö (semilla, en lengua bri-bri), que trabaja con comunidades indígenas.

“La piña es el monocultivo con mayor extensión, ya que en los últimos 20 años los cultivos han aumentado en un 7,600%, que tienen grandes costos para las comunidades y muchas ganancias para las empresas transnacionales”, sostiene.

Según Oreamuno, uno de los efectos del monocultivo de piña es la reducción de las tierras campesinas e indígenas, ya que las empresas productoras han masificado este cultivo y muchos medianos productores han decidido producir piña —eliminando la producción de alimentos típicos de las zonas como los tubérculos— por los buenos precios internacionales.

Sin embargo, la experiencia de esas comunidades muestra que la organización social se transforma en el modo de resistir frente a los monocultivos.

“Ha nacido la necesidad de organizarse en los barrios y en las comunidades, para presionar y exigir el fin de despojos de tierras campesinas para cultivos de piña, denunciando el accionar de las empresas transnacionales y reivindicando el derecho de la soberanía alimentaria de los pueblos”, comenta Oreamuno.

El documental “Detrás de la Piña”, muestra cómo las comunidades del cantón de Buenos Aires —parte sur de la provincia de Punta Arenas en Costa Rica— se han enfrentado a la empresa transnacional Del Monte —conocida como Pindeco— por la contaminación generada por la producción de piñas. Desde el año 1998 campesinos y campesinas de la comunidad comenzaron a alertar sobre los efectos ambientales, sociales y en la salud de las personas producto de dichos monocultivos. Así, nació en la zona el “Frente de lucha contra la contaminación de Pindeco” quienes monitorean constantemente los cultivos de piña para constatar y denunciar la contaminación que estas plantaciones generan.

Las mujeres y el derecho a la tierra

Pese a la avalancha de transnacionales en los campos latinoamericanos, existen casos como el de Bolivia, que tras la elección del presidente Evo Morales en el 2006 logró terminar con una de las principales inequidades: la distribución de la tierra.

“Hasta antes de la llegada de Morales, la tierra en Bolivia estaba concentrada en las manos de los terratenientes, quienes podían tener hasta 500,000 Ha”, precisa Leonilda Zurita, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”. “A partir del 2006 generamos una revolución agraria, no una reforma. Las mujeres conseguimos tener títulos de tierras a nuestros nombres —antes las propiedades eran sólo de los hombres— y el Estado Plurinacional redujo el máximo de tierras que puede concentrar un privado, siendo el tope 5,000 Ha. Antes había latifundistas que llegaban a ser dueños de hasta la mitad de un departamento; ahora todas y todos tenemos acceso a esas tierras”.

Esta lucha de las mujeres para ejercer el derecho a la tierra se ha replicado en otros países del continente como El Salvador, país en que el 2% de la población posee el 57% de la tierra cultivable, estando excluidos los pueblos originarios y las mujeres.

Tal como lo explica Wendy Cruz, de Vía Campesina Centroamérica, la concentración y falta de tierras cultivables generó una lucha de las mujeres campesinas quienes organizadas reclamaron el derecho a tener tierras y a producir alimentos. La campaña por la Soberanía Alimentaria levantada por Vía Campesina el año 2003 ha sido tomada por las mujeres campesinas para defender la tierra y las semillas originarias. Así, hace pocos días se anunció que en El Salvador se acabará con la repartición de semillas estériles —o semillas terminator— política gubernamental que permitió la llegada de cultivos transgénicos a los campos salvadoreños. Poner fin a la repartición de estas semillas fue una victoria obtenida gracias a la presión de las organizaciones campesinas del país que defienden el uso de semillas nativas para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos.

“La tierra es un derecho humano, y desde Vía Campesina trabajamos para concientizar cada vez más a las comunidades sobre esto; en algunos países las luchas de las mujeres campesinas ya han alcanzado pequeños triunfos, como lo es el anteproyecto de ley en Nicaragua para que doten de tierra a las mujeres”, señala Cruz.

Colombia
Muchos campesinos caucanos han aprendido a convivir con la economía ilegal. Ya no tumban todos sus cultivos para sembrar coca como lo hicieron durante la primera “bonanza coquera” de los años 70 y 80. No. Ahora permiten que sus hijos vayan a “raspar coca” (cosechar hoja), o ellos mismos se vinculan a la siembra y procesamiento de la “base” (primera fase de extracción del clorhidrato de cocaína). Así, canalizan parte de los recursos que obtienen hacia el sostenimiento de la producción de café, panela o pequeña ganadería.

En el Cauca, y en muchas regiones de Colombia, gran parte de la economía coquera fluye e irriga canales de intermediación comercial, transporte y financiera. El fenómeno de las captadoras ilegales, “para-financieras” o pirámides, es parte de ese fenómeno. “No podemos dejarnos morir de hambre” afirman los campesinos que tienen que aceptar que su sobrevivencia depende de esa economía, que es calificada como ilegal en los altos niveles del gobierno y de la prensa, pero que – en voz baja – es aceptada y “lavada” tanto en la Bolsa de Bogotá como en Wall Street de New York. La verdadera legalidad popular En nuestra región la economía del narcotráfico transforma regiones, envilece las condiciones productivas, descompone lazos comunitarios, corrompe a todas las instituciones, y crea una falsa ilusión de progreso que genera enormes dificultades para construir una sociedad con verdadero futuro. Nuestro pueblo se ha resistido a ese fenómeno. En los años 90, indígenas yanaconas del sur del Cauca le declararon la guerra a la amapola. Las mujeres del corregimiento de Lerma (Bolívar), impusieron la prohibición al consumo de licores alcohólicos, como reacción a los efectos de violencia y degradación social que traía el fenómeno del narcotráfico. El pueblo Misak (guambiano) y los nasas, han impulsado múltiples campañas de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero se han quedado solos. Es una prueba de la dignidad y de la altivez moral de estos pueblos originarios. Sin embargo, la lógica que se impone es la que se refleja en diversos dichos populares: “El vivo vive del bobo”; “la ley es para los de ruana”; “hecha la ley, hecha la trampa”; “¿si los de arriba roban, por que yo no?”, “no seas pendejo”, y muchas formas de justificar una forma de vida que arrasa con los últimos espacios de resistencia popular. A pesar de todo nuestro pueblo es muy noble. Frente a esa realidad impactante las mayorías anhelan una “legalidad democrática”. En municipios donde se vive esta situación - de comunidades indígenas, negras y mestizas -, que han sido fumigadas y perseguidas, la población votó en las pasadas elecciones en forma mayoritaria por los “verdes” y por el Polo. Ese es un mensaje esperanzador que genera emoción y confianza. Conclusión A más leyes y apariencia de regulación, más ilegalidad y violación de la norma. El camino de la represión y el castigo, no conduce a ninguna parte. El pueblo apoyó la “fuerza de la autoridad” que admiraba en Uribe, pero está descubriendo la verdadera ilegalidad que estaba detrás de esa fórmula. Algo, muy en el fondo de nuestra sociedad, está fallando. Algunos países sufren más de esta enfermedad que otros. Casualmente los tres países latinoamericanos que conservaron tradiciones jurídicas castellanas combinadas con algunas racionalidades de sociedades “imperiales” pre-colombinas (inca, muisca, azteca), son los que viven con mayor intensidad este problema en Latinoamérica. La informalidad estudiada por Hernando de Soto en el Perú, y la economía ilegal que convierte en “Estados fallidos” a Colombia y México, parecen ser un resultado problemático de la combinación de lo más atrasado de unas sociedades “semi-coloniales” con lo más avanzado de la estrategia de la plutocracia imperial transnacional. “Santanderismo jurídico” al servicio del “imperialismo del siglo XXI”. No es con más leyes como nos vamos a liberar de esta tragedia. No es con pequeñas reformas como vamos a poder avanzar. Hay que mostrar las causas profundas de nuestras dificultades, hay que identificar a los causantes y grandes beneficiarios de ese ambiente de ilegalidad. Hay que derrotarlos políticamente. Así lo están haciendo los pueblos de Bolivia y Ecuador. Somos nosotros - los sectores populares -, quienes tenemos la clave para salir de este tremendo atolladero. ¡Hagámoslo! Popayán, 1º de septiembre de 2010

Fuente: ALAI