Resguardos indígenas: territorios ancestrales en donde se defiende la vida

En un territorio donde los colonos, ganaderos y madereros amenazan a la comunidad, arrasan los bosques, ahuyentan a los animales que servían de alimento y, por décadas, han robado sus bienes con el apoyo de los grupos armados ilegales, el mayor temor de Dagoberto García no está en lo terrenal: “Sentimos esa amenaza, la de perder nuestra esencia espiritual y la conexión con los seres de la naturaleza”. Su sentir es tan solo uno de los saberes que sus mayores insisten en transmitir a él y a otros jóvenes de la etnia coreguaje que habitan en el resguardo Maticurú. Es una de las acciones con las que buscan ahuyentar al fantasma de la extinción.

La frontera “oficial” del resguardo Maticurú, ubicado en tierras del municipio de Milán, en el Caquetá, solo existe en el papel. Hace quince años, un colono movió las cercas y se quedó con ocho hectáreas; otros más también se expandieron y ahora 400 indígenas coreguaje ocupan un pequeño terreno que más bien parece un lunar verde entre enormes manchas de potreros. Junto con Dagoberto García, el pueblo entero sigue resistiendo.

En Colombia, 64 de los 115 pueblos indígenas  viven en la amazonía, repartidos territorialmente en 162 resguardos. Ocupan una extensión de  24 699 414 hectáreas, el 75 % del total del territorio étnico, área que las autoridades consideran insuficiente para su pervivencia porque no es la misma que ocuparon ancestralmente y, a medida que se achica su espacio, se amplían las zonas que ocupan la ganadería extensiva, la agricultura, los cultivos ilegales y los proyectos mineros o de extracción de hidrocarburos.

Hoy la Amazonía, como lo explica Mauricio Chavarro, profesional social de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), vive una intensidad inédita en la avalancha de proyectos económicos, legales e ilegales, que avanzan por los territorios ancestrales reconocidos.

“Ya los resguardos han perdido territorio; en muchos casos, lo que se les ha reconocido desde el Estado es el refugio donde las comunidades lograron protegerse. Aun así, la invasión se materializa, por ejemplo, con la minería ilegal que no mide fronteras o con procesos legales de extracción de hidrocarburos que llevan décadas de operación en territorios étnicos, con la excusa del bien común que se traduce en mayores rentas para el Estado”, puntualiza Chavarro.

Un análisis geoespacial de la Amazonía, que hizo la alianza periodística  ManchadosXelPetróleo con la información reunida por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada ( RAISG), mostró que 106 resguardos en Colombia tienen presencia de bloques petroleros, la mayoría en Caquetá, Vichada y Putumayo; al menos 84 de esos resguardos tienen el 100 % de su territorio cubierto por lotes petroleros.

Carreteras que hacen la diferencia

La Amazonía colombiana, de acuerdo con la división político-administrativa, está ubicada en seis departamentos: Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Guanía y Vaupés. La mayoría de la población indígena del país vive allí, bajo total autonomía, en resguardos que son las entidades territoriales reconocidas por el Gobierno nacional, bajo la gobernanza de los cabildos que representan legalmente a la comunidad y de las autoridades tradicionales que son quienes mantienen los usos y costumbres.

En la región, la forma de acceso, ya sea terrestre o fluvial, marca la diferencia entre los resguardos. A los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo se accede por esos caminos, con todo lo que ello implica. Los tres, además, están en el arco de la deforestación, tienen municipios con aumento en los cultivos de coca y las fronteras agrícolas y ganaderas llevan años ganando espacio.

Los límites de los resguardos que ocupan esta región han sido permeados por los procesos de apropiación de tierras consideradas baldías por el gobierno. Y alrededor de las nuevas ocupaciones, explica Harol Rincón Ipuchima, coordinador secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac), se generan dinámicas de economías ilícitas. “No solo es el narcotráfico, que existe, sino toda una diversidad de negocios ilegales porque las condiciones se prestan para eso”.

La alianza periodística de Agenda Propia, Vorágine, Zona Franca y Mongabay Latam viajó a cuatro resguardos —en Caquetá, Putumayo y Guanía— para documentar los riesgos que enfrentan las comunidades indígenas para mantener su autonomía, su cultura y su vida.

El pueblo siona vive en el margen del río Putumayo que separa a Colombia de Ecuador y tiene divididas geográficamente a sus comunidades, que no se ven como dos países sino como una sola familia. Su oposición a los proyectos de extracción de hidrocarburos lleva más de diez años y su subsistencia está en riesgo. Por ello la Corte Constitucional los declaró en peligro de extinción.

Uno de sus resguardos es el Buenavista, en el Putumayo, que encabeza la oposición al proyecto que, aseguran, ha secado sus ríos. Cuenta Mario Erazo, líder de esa comunidad siona, que en sus ríos “ya no se ven la guaracha, la mojarra, el dentón, la cuchileja, peces que eran frecuentes por ese afluente y que nos servían para nuestro alimento diario”.

Mientras tanto, los cuiracuas, guardias indígenas en su lengua tradicional, armados con bastones de mando, defienden su territorio que se encuentra bajo el constante asedio de invasores que quieren introducir cultivos de coca, la ganadería extensiva y la tala ilegal; además de ser una zona en donde hay minas antipersonales y disidencias.

Como los siona, los territorios de otros resguardos ya aparecen en los croquis y mapas mineros y petroleros. “Ya están  mapeados y si la ministra (de minas) no echa para atrás esas concesiones, la situación será muy grave para ellos”, reclama Harol Rincón Ipuchima de la Opiac.

En lo alto de las montañas de Mocoa, la capital del Putumayo, viven los Inga. Su resguardo Condagua se ubica sobre el más grande yacimiento de cobre y molibdeno de Colombia. Su territorio también está en medio de una reserva natural y en donde nacen decenas de ríos. Desde hace décadas, empresas internacionales intentan extraer los minerales que ahí se encuentran. El Estado colombiano, incluso, entregó títulos mineros en la zona, pero las compañías no han podido operar por las acciones de las comunidades indígenas y campesinas. Los inga no tolerarán una extracción como la proyectada.

El gobernador y máxima autoridad indígena y espiritual del resguardo, Silvino Chindoy lo ve así: “Cuando nosotros recogemos cosas de la montaña nos llevamos algunas, pero dejamos un pedazo para que siga retoñando y sea sustentable. Con la minería eso no pasa, porque se llevan los minerales y eso ya no va a retoñar”.

Las tierras que se pierden

Hasta 2019, según los  reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los pueblos indígenas habían logrado mantener el 98 % de la cobertura forestal en sus territorios. Sin embargo, el panorama ha cambiado un poco, considerando que el 63 % de la deforestación del país se concentra hoy en la Amazonía, especialmente en Caquetá, Guaviare y Meta.

Un  estudio de la FCDS calculó la deforestación en 55 resguardos amazónicos entre abril de 2021 y marzo de 2022 y encontró que se ha perdido la cobertura forestal en 9120 hectáreas, concentradas un 60 % en el resguardo Llanos del Yari-Yaguará II y un 20 % en el resguardo indígena Nukak–Makú.

Las  cifras reveladas por el proyecto Alianza por la Amazonía, asegura que el desarrollo de actividades de minería de oro ilegal ha aumentado la contaminación por mercurio en al menos 20 de los ríos de la Amazonía.

Y  de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “para el 2021 se registra que más del 50 % del área con coca se concentra en áreas de manejo especial, 3,5 puntos porcentuales más que lo identificado en el 2020. El incremento del área con coca en las áreas de manejo especial es significativo: el 21 % en Parques Nacionales Naturales (PNN); el 69 % en resguardos y cerca del 100 % en Tierras de las Comunidades Negras”.

Todos esos puntos de explotación son hectáreas que pierden los resguardos.

Los cuidadores de la vida

A Guanía, Vaupés y Amazonas, en donde están los tres resguardos más grandes del país, solo se puede acceder por aire o vía fluvial y aunque las autoridades indígenas no niegan el avance colonizador, entienden que es mucho más lento que en el resto de la región. Las mayores dificultades en esta zona, relata Rincón, están relacionadas con la preservación de las prácticas tradicionales y culturales.

“Esa que es su máxima fortaleza, se convierte en una amenaza porque cómo garantizarán que se puedan transmitir sus saberes a las próximas generaciones. Esos saberes son los que permiten hacer un buen manejo, mantener especies, conservar la biodiversidad, garantizar sistemas ecosistémicos. Todo es gracias a la tradición”, explica Harol Rincón Ipuchima.

Un indígena del resguardo Chorrobocón, en los bordes de la Estrella Fluvial del Inírida, lo vive así: “La religión primero prohibió los bailes autóctonos. Hasta hace poco, se usaba el guayuco, que es el traje típico con taparrabo. Las mujeres no usaban brasier. El catolicismo lo cambió todo. A las mujeres les decían, ‘si se visten así es pecado, pueden ir al infierno’. Y le metieron miedo a la gente. Y apareció el consumismo, entonces en el resguardo ya tenían que comprar ropa, y productos que aquí antes no existían. Cuando aparezcan las empresas que explotan oro, todo esto va a empeorar”.

Es un miedo justificado. Aunque se trata de zonas protegidas, especialmente por su importancia ecosistémica, la minería legal e ilegal los persigue, como ocurre en Guainía. La Agencia Nacional Minera entregó 13 permisos de explotación de oro en el territorio indígena puinave. Los trabajos no han iniciado, pero las comunidades se dividen a causa de esos sueños de negocios lucrativos que les pintan los inversores.

Un  estudio de junio de 2021, de la UNODC y del Ministerio de Minas y Energía, detectó (a partir de percepción remota) 627 puntos de explotación de oro en aluvión en territorios indígenas, de las cuales 185 están en la Amazonía colombiana, especialmente en Guanía. Estos resguardos representan a diez pueblos indígenas de las etnias cubeo, curripaco, muinane, nukak, puinave, tanimuca, ticuna, uitoto y yakuna.

El plan de vida

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno de Gustavo Petro fue reactivar la Mesa Regional Amazónica creada en 2005 para que juntos, gobierno y organizaciones indígenas, discutan las políticas públicas y de desarrollo de la Amazonía.

Para los indígenas reunidos en la Opiac, la región debe ser vista como cuenca y caracterizada según la forma en cómo se puede acceder a las comunidades. “Desde la organización entendemos que hay que generar estrategias diferentes para los dos bloques, porque no pueden ser las mismas soluciones en temas ambientales para los departamentos que tienen deforestación que para los lugares donde hay una alta cobertura boscosa y baja deforestación”, explicó Harol Rincón Ipuchima, coordinador secretario general de la organización.

En la primera reunión, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27), la Opiac entregó su propuesta para los próximos años, gran parte de ella consolidada en el documento “ Amazonía viva y Estado intercultural. ¿Cómo abordar los retos de la región”, un documento que la organización indígena trabajó junto con ocho organizaciones de la sociedad civil y que resguarda la visión de los indígenas amazónicos para aportar en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo en el próximo cuatrienio. Harol Rincón Ipuchima explica que se trata de un plan de acción para contar con las herramientas necesarias para que se cumpla con el mandato de la Corte Constitucional que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos.

Con ello esperan que en menos de dos años se implementen mecanismos que reglamenten el ordenamiento territorial indígena, que desde 1991 estaba establecido, con lo que aumentaría la autoridad dentro de los resguardos.

Como parte de este proceso, los representantes de las 64 etnias reunidas en la Mesa pidieron al Gobierno —personalizado por Germán Bernardo Carlosama López, director de asuntos indígenas, rom y minorías— firmar el decreto que les da a los cabildos la facultad de convertirse en autoridades ambientales para hacer el control sobre sus territorios, así podrían capturar o expulsar a quienes cometan delitos ambientales dentro de los resguardos y áreas protegidas. De paso lograrán su propósito de fortalecer a la guardia indígena. El proyecto de decreto fue redactado durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero ni ese gobierno ni el de Iván Duque lo firmaron.

Caslosama López aseguró a Mongabay Latam que desde el Ministerio del Interior se estudiará la solicitud de los pueblos indígenas para que se apruebe el decreto. “Seremos el puente de comunicación entre los indígenas y diferentes entidades del Estado, ofreceremos el respaldo de la institucionalidad”.

Mientras tanto, sobre la autonomía en las organizaciones amazónicas, hay mucho que los líderes esperan del gobierno nacional: “¿El Gobierno qué ha dicho? Que quiere pagar la deuda externa a través de temas ambientales directamente con la Amazonía y está hablando con campesinos y otros actores, menos con los pueblos amazónicos. Hemos hablado con las ministras de Minas y del Ambiente y hemos hecho acuerdos y estamos esperando que se materialicen. Estamos esperando hablar con el Presidente”, cuenta Harol Rincón lIpuchima.

Es un tema complejo para el Gobierno cuando gran parte del discurso internacional del presidente Gustavo Petro está basado en la Amazonía y el canje de la deuda externa. El director de asuntos indígenas, Germán Carlosama López, quien también es indígena, dijo que entiende la posición de la Opiac de “reclamar como suya la Amazonía”, pero los invita a mirar las cosas con otra perspectiva. “La lluvia es de todos y por eso la amazonia es el pulmón del mundo, no es solo nuestra. Aunque, por supuesto, debemos hacer apoyos prevalentes para fortalecer los procesos de las organizaciones indígenas, no podrían cerrar el canje. Es un símil con lo que significan el agua o el aire, son de todos”.

Para los indígenas amazónicos, sin embargo, la salvaguarda de los espacios en donde viven y que sus ancestros cuidaron y les heredaron es primordial y por eso, pese a todas las amenazas, continúan defendiéndose aunque hayan tenido que aprender a hacerlo de nuevas formas, como lo relata la exalcaldesa y guarda indígena siona, Adiela Mera: “Antes la defensa del territorio se hacía espiritualmente, ahora toca físicamente, a través de nosotros, pero siempre guiados desde lo espiritual, para poder salvaguardar estos espacios que aún nos quedan. Seguimos persistiendo para poder convivir con nuestras generaciones”.

*Resguardos Indígenas Amenazados es una investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agenda Pública, Vorágine y Zona Franca.

**Edición general: Alexa Vélez y Thelma Gómez. Coordinación: Dora Montero. Equipo periodístico: Dora Montero (Mongabay Latam), Natalia Pedraza, Edilma Prada (Agenda Propia), Oscar Agudelo (Zona Franca) y José Guarnizo (Vorágine). Fotografía y video: Juan David Acosta y Cristian Ortega Producción audiovisual: Richard Romero. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

Fuente: Mongabay