Reconfiguraciones socioterritoriales: entre el despojo capitalista y las resistencias comunitarias

En ese año, el área reconocía la persistencia de una política gubernamental que había propiciado o contribuido decisivamente a ese desastre tan costoso para millones de familias y comunidades campesinas, indígenas y mestizas. Sin embargo, las transformaciones rurales del siglo XXI eran inéditas, inimaginables en la década de 1980, cuando se iniciaba el ajuste neoliberal; impensables incluso en la de 1990, cuando ya se vivían los estragos de la “década perdida” y los efectos empobrecedores, la diáspora rural, la desintegración de la vida comunitaria y síntomas de descomposición social asociados con la apertura comercial, con la sustitución de políticas de fomento productivo por políticas asistencialistas y con el espíritu privatizador de algunas reformas legislativas.

El panorama era sombrío, pero las novedades del siglo XXI, más que preocupantes, eran alarmantes, tristes, terribles. Desde distintos espacios no sólo percibíamos el empobrecimiento crónico y la migración forzada; la feminización, desjuvenización y envejecimiento de las sociedades rurales; o la confrontación del campesinado y los pueblos indígenas contra conocidos adversarios. No, a añejos conflictos se sobreponía la embestida de corporaciones y empresas privadas, cuya intención era y es apropiarse de bienes naturales, de bienes comunes, de territorios indígenas y campesinos.

Al comenzar el siglo XXI, dos grandes movimientos se convirtieron en ejes de la movilización rural: la Marcha del Color de la Tierra que en 2001 recorrió 13 entidades con el fin de sumar voces y fuerzas para lograr el reconocimiento de los derechos indígenas; y las organizaciones campesinas del Movimiento El Campo No Aguanta Más, que en 2002-2003 levantaron reivindicaciones económicas, productivas y sociales, argumentando que la crisis rural había llegado a su límite. Ambas movilizaciones crearon la expectativa de que con el nuevo siglo soplarían vientos más favorables para las sociedades rurales, y en ambos casos, los resultados finales de sus luchas se quedaron cortos ante la magnitud de su movilización y legítimas aspiraciones, produciendo frustración, enojo y desaliento o división entre los actores sociales.

En el segundo lustro del siglo XXI, el punto crítico de la situación rural alcanzaría un nivel más alto: los gobiernos de la “alternancia”, que luego de 70 años de régimen de partido único se presentaron como gobiernos “del cambio”, dieron continuidad a las políticas de ajuste neoliberal impulsadas desde 1982 y, en lugar de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y de admitir que el campo no aguantaba más, que urgían otros pactos políticos, económicos y sociales; reafirmaron la idea de que el campesinado no podía ser un sujeto político y social, ni un actor productivo o un consumidor relevante; y reafirmaron las políticas asistencialistas no tanto para revertir la pobreza sino para contener el malestar social.

Así, la alianza entre un poder económico trasnacional y un poder político local, orientó sus miras hacia el despojo de bienes naturales y territorios hasta entonces en manos campesinas que podían convetirse en oro en manos del capital. Al amparo de reformas legislativas de 1992, con la ley o sin ella, se multiplicaron las concesiones territoriales a corporaciones y empresas privadas, multiplicando también los conflictos territoriales y socioambientales.

Una ofensiva de esta naturaleza sólo podría ejecutarse con violencia, y en el siglo XXI, también se utilizaría la retórica de la “guerra contra el narcotráfico” y la creciente militarización del territorio nacional, más que para controlar a la delincuencia organizada para criminalizar la protesta social. Así creció la violencia, las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la amenaza, cárcel o asesinato de luchadores sociales. Por eso, en 2016, sentíamos que la vida en los mundos rurales era más que preocupante, alarmante, triste, terrible.

En ese marco emergieron nuevos actores y movimientos sociales o, más bien, nuevos motivos de lucha, provocados por los llamados “megaproyectos”: de minería subterránea y a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, desarrollos turísticos, autopistas, empresas eólicas, gasoductos, extracción de hidrocarburos, monocultivos, cultivos intensivos para exportación... y otros; que llegaron atropellando derechos, despojando 11 introducción territorios y amenazando con desmantelar condiciones de vida y de reproducción social de cientos de comunidades rurales. Al tiempo en que se fue tomando conciencia de las implicaciones de tales proyectos, se gestaron protestas, se nuclearon miles de afectados e inconformes; se ampliaron y fortalecieron redes de defensores y defensoras de derechos; se sumaron a la discusión y a la lucha especialistas de una academia comprometida y de organismos de la sociedad civil; se organizaron y articularon pueblos, comunidades, asambleas y frentes −locales, regionales y nacionales− en defensa de la vida y el territorio.

Las empresas “promoventes” y las instituciones públicas que las apoyaron y apoyan hallaron resistencias sociales. La confrontación surgía en diversas regiones, prácticamente en todas las entidades del país. La proliferación de conflictos territoriales y la emergencia de movimientos de resistencia y defensa evidenciaron que el territorio se había constituido en símbolo y objeto de una disputa civilizatoria, disputa que tiene nuevos rostros y larga data. Cuando menos desde tiempos de la Ilustración y luego con el capitalismo, pues si bien aquella puso en jaque el dogma y el oscurantismo y estimuló el pensamiento científico, también sembró la idea de que el dominio del hombre sobre la naturaleza conduciría a la humanidad a un futuro prometedor; la faceta luminosa de la Ilustración quedaría subsumida en la lógica utilitarista del capitalismo, que reafirma la idea de explotar y someter a la naturaleza y a los seres humanos en pos del progreso, la modernización y el reino del consumo. A estas alturas, los efectos de esta vía civilizatoria han llevado al planeta y a la humanidad a un momento crítico: crisis ecológica, social, alimentaria, financiera... Crisis civilizatoria que obligaría a un giro radical y a reconocer matrices civilizatorias que mantienen otras concepciones y relaciones sociedad-naturaleza y entre los seres humanos. Sin embargo, el capital sostiene su ruta y el despojo territorial es su signo.

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