Puerto Rico regala más de $519 millones a semilleras multinacionales como Monsanto

Las administraciones de los gobernadores Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla entregaron tasas contributivas preferenciales, exenciones de impuestos, incentivos industriales y subsidios salariales, estos últimos provenientes del Fondo General: dinero de los puertorriqueños que rinden planillas. También permitieron, por ejemplo, que Monsanto y Pioneer recibieran 238 millones de galones de agua gratis de los acuíferos del sur, una gran reserva de agua subterránea entre Salinas, Guayama, Juana Díaz y Santa Isabel.

Son 11 las empresas de biotecnología agrícola que encontraron así un paraíso de dinero fácil en Puerto Rico durante 10 años de crisis fiscal, según descubrió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras solicitar y analizar informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La única información disponible proviene de las mismas agencias que otorgan los beneficios a las empresas.

En la década de la crisis fiscal, también obtuvieron incentivos las compañías multinacionales AgReliant Genetics, Mycogen Seeds, 3rd Millennium Genetics, Syngenta Seeds, RiceTec, Bayer Puerto Rico, Illinois Crop Improvement Association, Dow AgroSciences y Dupont Agricultural Caribe Industries.

Monsanto y Pioneer Hi Bred (que cambió su nombre a Dupont Pioneer) recibieron los beneficios del quebrado país caribeño y territorio colonial estadounidense mientras sus matrices tenían ganancias globales multimillonarias. Monsanto informó sobre ingresos netos globales de $2,314 millones sólo en 2015, mientras Pioneer Hi Bred declaró $1,953 millones el año pasado, según sus respectivos informes a inversionistas.

La mayor tajada que recibieron las semilleras multinacionales fueron tasas preferenciales con un costo fiscal para Puerto Rico de aproximadamente $477.5 millones, según información suministrada por el Departamento de Hacienda. Las empresas que no se acogieron a los decretos de exención recibieron $228,604 correspondientes a un 90% de exenciones por ingresos agrícolas sujetos a contribución, porque el Departamento de Agricultura las considera agricultores “bonafide”. Debido a que la agencia las certifica de ese modo, como si fueran equivalentes al trabajador de la tierra o la empresa agrícola que se gana la vida produciendo y vendiendo alimentos, también les puede ofrecer legalmente subsidios salariales y el agua gratis de los acuíferos de Puerto Rico.

Las administraciones de los gobernadores populares y penepés de la última década no fueron las primeras que incentivaron al sector, pero continuaron haciéndolo cuando ya había quedado al descubierto que no funcionaba el mantengo corporativo como herramienta principal de desarrollo económico. El ex gobernador Luis Fortuño estableció como política pública la promoción y el desarrollo de empresas de biotecnología agrícola en Puerto Rico al crear la Ley 62 de 2009.

Las dos varas de la biotecnología agrícola en la Isla

Pero las empresas de biotecnología agrícola, en realidad, no son lo mismo que los agricultores. Se dedican a la investigación y desarrollo, una actividad científica y empresarial que, en conjunto en los últimos diez años en Puerto Rico, se resume así: más de 1,694 experimentaciones para desarrollar semillas modificadas genéticamente de maíz (55%) y soya (37%), según un análisis de los permisos de experimentación que otorgó el Departamento de Agricultura federal.

Las semilleras buscaron principalmente crear plantas con modificaciones genéticas para que sobrevivan cuando se les aplica herbicida (62% de las experimentaciones tenían esa característica). Esas semillas transgénicas son útiles para agricultores con grandes extensiones de un solo cultivo. Al aplicar el herbicida, todas las plantas mueren excepto la transgénica sembrada, así que no tienen que invertir tiempo en deshierbar “malezas”.

Las empresas de biotecnología envían entonces las primeras generaciones de semillas a sus matrices fuera de la Isla, las reproducen a gran escala y luego las venden alrededor del globo. Los cultivos se destinan para alimentos de humanos o ganado, para biocombustible o para fabricar objetos que van desde gomas de carro hasta alfombras, dijo Beatriz Carrión, directora ejecutiva de la organización Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association (PRABIA), que agrupa a siete de las empresas semilleras.

“No tan solo tenemos que pensar en alimentos sino en suplir todo lo que pide el mundo que nos rodea. En Puerto Rico estamos dando alternativas y desarrollando tecnologías de punta de lanza”, añadió Carrión. “Estamos hablando desde jabones, todo lo que consumimos y utilizamos. Hasta el maquillaje de las mujeres tiene maíz y soya”.

Un traje de mantengo hecho a la medida

El Departamento de Agricultura tiene dos varas para medir a estas empresas, y con ambas las beneficia. Al tiempo que las certifica como agricultores “bonafide” que pueden recibir beneficios, las considera también no-agrícolas, permitiendo así que controlen más del límite constitucional de 500 acres que puede tener una empresa extranjera dedicada a la agricultura. La Autoridad de Tierras (AT), adscrita al Departamento de Agricultura que dirige la secretaria Myrna Comas, le alquiló 768 acres en Juana Díaz a la empresa Monsanto Caribe LLC en 2014, por medio de un contrato de cinco años.

La AT se ampara en una opinión del ex secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, quien había determinado que estas empresas podían alquilar más de 500 acres porque la biotecnología no puede considerarse actividad agrícola. “Se trata, más bien, de una actividad de carácter principalmente científico cuyos resultados no están disponibles para el consumo inmediato”, explicó Somoza, en una opinión emitida en 2012 tras una consulta de la Compañía de Fomento Industrial.

El actual Secretario de Justicia, César Miranda, tercero en mando en el Gobierno y miembro del grupo de recuperación económica que trabaja con la deuda, aseguró que bajo su administración se mantiene la opinión de Somoza. El CPI le preguntó su parecer acerca de que el Gobierno conceda beneficios como agricultores bonafide a multinacionales que no son agrícolas.

En declaraciones escritas, Miranda indicó que la definición legal de biotecnología agrícola no riñe con las definiciones de lo que es una “persona dedicada a la agricultura”, y que corresponde al Departamento de Agricultura evaluar si concede los incentivos salariales.

En una entrevista anterior con este medio, había dicho lo contrario. “Si esa empresa, la misma empresa a la que se entendió que no llevaba a cabo una actividad agrícola, se le concede algún incentivo contributivo o subsidio salarial que de ordinario se le otorgaría solo a una empresa que lleve a cabo una actividad agrícola, pues entonces estaría mal otorgado”, sostuvo Miranda.

En efecto, Monsanto Puerto Rico recibió $9.7 millones en subsidios salariales durante los últimos 10 años, según datos de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), mientras que Monsanto Caribe alquiló los 768 acres de tierras públicas. Ante el Registro de Corporaciones, tienen identidades jurídicas diferentes, aunque ambas trabajen para la misma estrategia económica de su matriz en el estado de Misuri.

Monsanto Puerto Rico recibió los subsidios salariales a pesar de que estaba en incumplimiento con el Departamento de Estado, por no someter sus informes financieros. Por eso el ex secretario de estado y actual candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, canceló la empresa en mayo 2014, amparado en la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. Aún así, ADEA entregó $1.2 millones en subsidios salariales a esa empresa en el año fiscal 2015, según informes de la agencia.

La Compañía de Fomento Industrial le otorgó en 2012 a Monsanto Caribe $800,000 en incentivos industriales para infraestructura en sus instalaciones en Juana Díaz. En 2013, la misma agencia modificó el contrato de desembolso de fondos con una enmienda, y pasó esos incentivos a nombre de Monsanto Puerto Rico. Para la Compañía de Fomento Industrial valía cualquiera de las dos caras de la multinacional.

El CPI solicitó en varias ocasiones una entrevista con la dirección de Monsanto en Puerto Rico para preguntar sobre los incentivos recibidos, pero la empresa se negó.

Entregar todo a cambio de poco

¿Cómo este negocio beneficia a Puerto Rico? ¿Por qué un país quebrado tiene que dar estos incentivos a multinacionales multimillonarias? “Queremos garantizar que mantengamos la permanencia de nuestras empresas en Puerto Rico a través de la costoeficiencia. Vamos a tener un efecto multiplicador y creamos empleos directos e indirectos. Somos uno de los principales empleadores en el sur. La gente a la que contratamos es la que puede hacer compras en el supermercado”, alegó Carrión, directora ejecutiva de PRABIA.

“Es supremamente importante que el Gobierno respalde la permanencia de las biotecnología agrícola en Puerto Rico y todas las compañías porque es lo que permite el desarrollo socioeconómico”, dijo Carrión. Mencionó también que el sector mantiene acuerdos de colaboración técnica y educativa con el Recinto Universitario de Mayagüez y la Pontificia Universidad Católica, recinto de Ponce. Sostiene que la aportación principal del sector es la creación de 3,385 empleos directos.

Por su parte, el economista Ramón Cao difiere de esta apreciación. “Cantidad importante, pero ¿a qué costo? Cada empleo representó un costo fiscal anual de $15,354, aproximadamente el salario mínimo anual de un empleado”, cuestionó. “A ese costo fiscal se hubiesen podido emplear a unos 2,000 maestros al año, incluyendo el pago sus beneficios marginales”, sostuvo. “Algo que es evidente desde hace décadas es que la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico, que fue muy exitosa bajo las condiciones inmediatas de la posguerra, está obsoleta”.

Precisamente esos empleos que las semilleras crean en la Isla se costean en parte con fondos públicos. La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) entregó $37.2 millones en subsidios salariales agrícolas a las semilleras durante los pasados 10 años fiscales. Los fondos reembolsan a los agricultores un total de $2.72 dólares por cada hora de trabajo que le pagaron a obreros no diestros.

El objetivo de la Ley 46 de 1989, que crea el subsidio salarial, busca que los trabajadores obtengan un salario mínimo agrícola de $5.25 la hora, para contribuir a que permanezcan en una industria con problemas para conseguir braceros. Las millonarias empresas de biotecnología agrícola, independientemente de que sean bonafide o no, ya están obligadas a pagar el mínimo federal de $7.25 la hora, porque incurren en el comercio interestatal.

Los agricultores bonafide tienen un subsidio salarial de hasta 408 horas pagadas a sus obreros por trimestre. ADEA reembolsa a las semilleras un máximo de 300 horas por trimestre, según la división de finanzas de esa entidad, lo que significa que a la hora de dar este subsidio establece diferencias con la biotecnología agrícola.

“Ahora están 108 horas por debajo de las demás industrias. En julio, depende de cómo venga el presupuesto, se puede bajar. Pero calculo que producen como 3,000 empleos temporeros y fijos al año en el sur, que son una de las áreas de mayor desempleo en la Isla. Esa es la disyuntiva”, sostuvo el agrónomo Francisco Gascot, Director de Incentivos de ADEA.

“Se les hizo una reducción a las semilleras porque son las que tienen más capital y pueden aguantar el recorte. Tienen las nóminas más altas y por ahí tenemos que empezar”, añadió Héctor Berríos, director de finanzas de ADEA. “Para detenerlo, tendría que ser legislativo, enmendar la ley”, añadió. Carmen Oliver, secretaria auxiliar del Departamento de Agricultura, indicó que la actual administración de la agencia no ha tenido ninguna iniciativa para cambiar la ley.

Estos subsidios salariales no son los únicos empleos de las semilleras pagados con fondos públicos. De 2011 a 2015, Fomento Industrial otorgó $4.2 millones de dólares en incentivos industriales para infraestructura y creación de empleo. Las semilleras, además, pueden recibir exenciones de arbitrios al comprar equipo agrícola, exención de contribuciones sobre la propiedad en el CRIM y exenciones contributivas municipales. De las seis que tienen franquicias para extraer agua de los acuíferos del sur, Monsanto Caribe y Pioneer Hi Breed extrajeron 238 millones de galones en los últimos 10 años, según informes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Si no hubieran sido consideradas agricultores bonafide, habrían tenido que pagar $476,389, que es el costo industrial por ese consumo. El sistema de acuíferos del sur ha estado en problemas por la sobre-extracción y la falta de lluvia.

“Cuando empiezas a restarle todo lo que le damos a estas empresas, hasta el agua gratis y las posibles consecuencias para el medioambiente, su beneficio neto para el país luce pequeño”, opinó Argeo Quiñones, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico. “Los esfuerzos podrían estar en mejores manos para producir alimentos para Puerto Rico y disminuir la dependencia alimentaria. Este es el modelo multinacional altamente subsidiado que trae beneficios mínimos”, acotó.

“Nos hemos movido de la manufactura de empresas extranjeras a las petroquímicas, de las petroquímicas a las farmacéuticas, de las farmacéuticas a la biotecnología”, analizó el economista. “Y eso no se traduce en una actividad sostenible a gran escala que se puede identificar como crecimiento y desarrollo para Puerto Rico. Esa es la ideología de que hay que entregar el alma. Es el modelo de la dependencia”.

Eliván Martínez Mercado

Fuente: Periodismo Investigativo