Pueblos indígenas, desnutrición y desmontes en el Chaco salteño

La falta de agua y alimentos, el despojo de territorios y los desmontes continúan. Los pueblos originarios protagonizaron dos marchas históricas, pero el Gobierno incumple las promesas.

Cuando en enero de 2020, antes de la pandemia de Covid, el gobernador Gustavo Sáenz estableció la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia ante el fallecimiento de ocho niños indígenas, nadie se sorprendió demasiado; la crítica situación de las comunidades es tan conocida como antigua. De hecho, la ministra de salud provincial de ese momento, Josefina Medrano, deslizó: “Evidentemente las acciones (de salud) no están teniendo el impacto que deberían”. A más de un año de este hecho, las comunidades indígenas denuncian que poco cambió. La falta de agua, la grave situación de salud, las medida que el Gobierno promete pero no cumple y el fondo del problema: el territorio.

Altas tasas de mortalidad infantil

En una provincia con altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (23,7 por ciento, solo superada por Formosa), así como también con una pobreza multidimensional (que no solo contempla el ingreso como único componente) que llega al 40 por ciento,  las poblaciones originarias resultan el sector aun más relegado en términos absolutos.

En este sentido Abel Mendoza, presidente de la Union Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (Uacop), pone palabras a esta situación: «Es un problema muy serio. Acá en Santa Victoria sigue la desnutrición y el abandono del Estado. Nosotros tratamos de denunciar todo el tiempo pero nos damos cuenta que hay un sistema de gobiernos que tratan de ocultar y poner una cortina”. Cuando la situación de emergencia era crítica, un grupo de residentes del Hospital Posadas de Buenos Aires viajó a la zona obteniendo conclusiones determinantes:  el 90 por ciento de los chicos de hasta cinco años, de las nueve comunidades que visitaron, estuvieron internados al menos una vez.

Tujuayliya Gea Zamora es la primera médica wichi recibida con este titulo. Egresó de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y hace poco tiempo volvió para trabajar en su Chaco salteño natal. Con conocimiento de la problemática y el territorio, relata el panorama. «Hay un conflicto histórico entre el sistema sanitario y las familias indígenas. Necesitamos procesos participativos donde la comunidad también pueda definir que es acceso a la salud y si lo que el sistema sanitario propone, o pone a mano, garantiza realmente acceso a la salud. También hay que ver si eso satisface las necesidades sanitarias de las comunidades».

Entre mayo del 2018 y junio del 2019, se realizó un trabajo de investigación a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) llamado «Descripción y análisis del perfil epidemiológico de los niños menores de 6 años con malnutrición por déficit, de comunidades de pueblos originarios del área operativa VIII, Santa Victoria Este». Las estadísticas relevadas indicaron una tasa de mortalidad infantil de 17,19 por mil y de menores de 5 años llega al 31,94 por mil, con los niños y las niñas indígenas como principales afectados. «Las tasas de mortalidad infantil superan en más de ocho puntos a las tasas de mortalidad de la media nacional«, explica Elizabeth Ferrer, coordinadora de esta investigación. En el estudio se pone énfasis en la importancia del acceso al agua, esencial dentro de los macronutrientes necesarios para el desarrollo.

El problema de fondo: el territorio

El informe fue entregado a diversos actores gubernamentales de la provincia, pero no tuvo respuestas concretas. Luego se produjeron los fallecimientos de los ocho niños indígenas, que derivó en la emergencia sociosanitaria.

“Acá sigue la desnutrición y sobre todo la falta de agua, es un tema muy urgente desde hace mucho tiempo. Necesitamos los pozos de agua que nos habían prometido y que hasta el día de hoy no se construyó ninguno” enfatiza el presidente de la Uacop, Abel Mendoza.

El  compromiso gubernamental había sido obtenido en noviembre de 2020, luego de una gran marcha hasta la capital provincial, cuando se entregó un petitorio con 21 puntos para mejorar la situación sociosanitaria. El gobierno provincial recibió las demandas y se comprometió a trabajar en las solicitudes.

La medica wichí Tujuayliya Gea Zamora explica: “Pareciera que el problema del wichí es la falta de olla, nada más. Esta una etiqueta estigmatizante y además racista, pensar que el problema de los pueblos indígenas en general y de los wichi en particular tiene que ver solo con la desnutrición. En realidad el gran conflicto está en el tema territorial”.

La  Ley 7856 sancionada en Salta en noviembre del año 2014 establece la creación de una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional para pueblos originarios. A siete años de la aprobación, aún no fue reglamentada ni aplicada. En este sentido, Tujuayliya Gea Zamora afirma: “Las comunidades hacen su respuesta al no querer acceder a ciertos servicios que ofrece el sistema sanitario porque lo entienden como un lugar donde posiblemente reciban maltrato, donde posiblemente no pueda moverse con la familia completa. La familia indígena, generalmente, se mueve en conjunto, no se va solo el paciente y esperan a que vuelva, lo acompañan. Entonces donde no hay un agente que hable su propio idioma, la comunicación es muy difícil”.

Abel Mendoza señala que en el municipio de Santa Victoria Este hay cinco etnias: wichí, chorote, toba, churupí y tapiete. «Un pedido muy importante son los traductores bilingües de cada etnia, para que trabajen dentro de lo que es el hospital, para tratar a los que no comprenden el castellano, que sean un nexo”, sostiene.

Agua, salud y desmontes

Los reclamos históricos siguen sin tener eco en las esferas gubernamentales. Mientras tanto, las comunidades se organizan y avanzan para poder lograr las conquistas necesarias a fin de mejorar la vida en su territorio ancestral. A partir del incumplimiento del petitorio de 21 puntos presentados por las comunidades, se llevó adelante la 7° Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte de Salta, donde se decidió el corte total de ruta del pasado 12 de julio y que luego derivó en una “Segunda Marcha Histórica” hasta la capital provincial.

Del listado de 21 puntos, el primer pedido urgente está relacionado con la falta de agua en las comunidades. Exigen la construcción inmediata de cinco pozos que ya fueron aprobados y nunca ejecutados. Los reclamos incluyen la reglamentación de la Ley de Salud Intercultural y la formación de agentes sanitarios, ambos en relación directa con la  situación nutricional de los niños indígenas.

Las comunidades indígenas también reclamaron la suspensión del proceso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Sucede que el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones, hecho no permitido por la Ley Nacional de Bosques, mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas.

Según  el monitoreo que Greenpeace realiza en la zona, en Salta durante el 2019 se desmontaron 628.307 hectáreas. En plena pandemia de Covid, durante el 2020, se desmontaron 20.962 hectáreas y ya se iniciaron gestiones para arrasar 28.000 hectáreas más en lo que va del 2021.

Fuente: Agencia Tierra Viva