Pretenden privatizar acuífero guaraní, por Carmelo Ruiz Marrero

Este acuífero abarca 1.2 millones de kilómetros cuadrados y se extiende desde Uruguay hasta partes de Argentina, Paraguay y Brasil, área que algunos están comenzando a llamar la Triple Frontera. Su rendimiento es de 40 a 80 kilómetros cúbicos al año, lo cual le permitiría cubrir las necesidades de agua de 360 millones de personas indefinidamente.

La Global Environmental Facility, brazo ambiental del Banco Mundial, está financiando el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní. Este proyecto, cuyas oficinas están en Montevideo, cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la Agencia Internacional de Energía Atómica y los gobiernos de Holanda y Alemania. Su alegado propósito es proteger el acuífero asegurando su uso racional, pero organizaciones populares y sectores progresistas de Suramérica sospechan que las verdaderas motivaciones son otras.

El movimiento brasileño Grito Das Aguas nota con preocupación que el Proyecto consolidará el conocimiento acumulado durante años de investigaciones desarrolladas en diferentes universidades latinoamericanas para ponerlo a la disposición de intereses corporativos. "Con esta información estratégica, los grandes grupos económicos podrán orientar sus inversiones hacia su objetivo prioritario: la creación del mercado del agua, implantando de facto la nueva hidrogeopolítica de dominación, poniendo en peligro la soberanía de nuestros pueblos."

"Para seguir con el proceso de acumulación de riqueza, propio del modelo capitalista neoliberal, los países ricos necesitan de nuestros recursos naturales, ya que su enriquecimiento se desarrolló, a lo largo de la historia, a expensas de la superexplotación de sus reservas y hoy enfrentan problemas serios para ampliar su capacidad productiva", advierte Grito Das Aguas.

"Si la ONU profetiza que en 2025 la demanda de agua potable será 56% más que el suministro, quienes tengan esos recursos podrían ser blanco de un saqueo forzado", plantea Liberación, un semanario latino publicado en Suecia, en un editorial reciente sobre la agenda Bush para con el Acuífero Guaraní y la Triple Frontera.

La revista apunta a uno de dos escenarios posibles: "Uno, la apropiación territorial a través de compras de tierras con recursos naturales, ante la adquisición de extensas zonas en la Patagonia. O a futuro y en la peor de las circunstancias no se descarta una invasión militar. Esta hipótesis traza un paralelo con la última guerra en Irak y la actual apropiación de las grandes petroleras estadounidenses de la riqueza iraquí."

Al considerar estas posibilidades, se hace escalofriante el pronóstico del Banco Mundial de que la próxima guerra mundial será por agua. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia predice que para el año 2015 el acceso al agua potable será una de las mayores causas de conflicto internacional.

En su libro "La Guerra Infinita: Hegemonía y Terror Mundial" la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña sostiene que "la Triple Frontera funciona como llave de acceso político y militar a la región amazónica; es una frontera que comunica a dos de los países mas importantes de América del Sur y está en un lugar rico en biodiversidad... y con mucha agua que puede ser una buena fuente de energía eléctrica".

"El campo de lucha son la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el ALCA como extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)", sentencia Liberación en su editorial. "La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerada un bien comerciable (como el trigo o el café) y quienes dicen que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las herramientas legales son también parte del combate."

El agua, el ALCA y la agenda capitalista global

Al indagar el conflicto en torno al acuífero Guaraní es necesario discutir el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que Estados Unidos desea implantar en todo el hemisferio. El ALCA es esencialmente una extensión del TLC, el cual define el agua potable como un bien comerciable. Esto significa que bajo el ALCA se castigará cualquier intento de impedir el comercio internacional de agua, aunque tales intentos sean motivados por razones ambientales o de salud pública.

Bajo el TLC, los gobiernos, municipios y comunidades- desde Puerto Rico hasta Hawaii y desde Chiapas hasta Alaska- están obligados a vender sus recursos de agua al mejor postor, ya que este tratado le permite a firmas privadas demandar a gobiernos por cualquier inconveniencia que sufran. Actualmente ni la OMC ofrece tales garantías a los inversionistas, pero eso podría cambiar en el futuro, como veremos más adelante.

Tenemos el caso en 1998 cuando la compañía estadounidense Sun Belt demandó al gobierno canadiense por $10 mil millones por violación al TLC. ¿Cuál era el agravio? Que el gobierno de la provincia de Columbia Británica prohibía la exportación masiva de su agua potable y Sun Belt quería exportarla a la sedienta California.

Vemos además el caso de la firma estadounidense Metalclad, que demandó al gobierno mexicano por $17 millones. Las autoridades mexicanas habían ordenado el cierre de la planta de tratamiento y disposición de desperdicios tóxicos peligrosos de Metalclad en San Luis Potosí, y la compañía llamó eso una expropiación injusta. Invocó las protecciones del TLC y ganó su caso contra México. Todo esto es un presagio de lo que Centro y Suramérica pueden esperar del ALCA.

Inseparable de la problemática del ALCA y los recursos de agua suramericanos es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). Esta iniciativa pretende construir una enorme infraestructura de transportación para vincular los rincones más recónditos del continente a la economía global, incluyendo canales que harán posible que barcos entren por el río Orinoco, pasen por la cuenca del Amazonas y salgan al Atlántico por el río La Plata. Se contemplan también ambiciosos proyectos privados de electrificación que se beneficiarán de mercados energéticos liberalizados y de faraónicos proyectos hidroeléctricos.

Para velar por la seguridad de las inversiones extranjeras que vendrán como resultado del IIRSA y el ALCA, el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene establecidos: la base-radar en Manta, Ecuador; en Colombia bases en Leticia, Caquetá y Putumayo; Santa Lucía en Perú al igual que en el Putumayo peruano; la ampliación de la base en Alcántara en Brasil; en Bolivia, una instalación en Chaparé y una unidad "antiterrorista" en Santa Cruz de la Sierra; En Paraguay, campamentos para entrenar boinas verdes; en Tierra del Fuego la base de Tolhuin; y múltiples instalaciones más en Argentina, el Atlántico Sur y hasta Antártida.

Las grandes potencias y las corporaciones comerciantes de agua tienen cifradas sus esperanzas en establecer un régimen mundial de privatización compulsoria mediante la aprobación de un Acuerdo General sobre el Comercio en Servicios (GATS) bajo la OMC. El GATS obligaría a todos los países miembros de la OMC a abrir a la privatización sus sectores de servicios, que van desde el agua y las telecomunicaciones hasta la salud, educación y sistemas penales.

Estos mismos intereses también buscan la ratificación de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI), también bajo la OMC. Tal acuerdo ofrecería a los inversionistas los mismos privilegios y garantías que gozan hoy en Norteamérica bajo el TLC, pero a nivel mundial.

Estados Unidos y sus aliados están tratando de obtener la ratificación del GATS y del MAI desde la Ronda de Uruguay, que duró de 1984 a 1994. Trataron de nuevo sin éxito en la conferencia de la OMC en Seattle en 1999 y su último intento fue en la conferencia la OMC en Cancún el mes pasado, pero no pudieron superar la oposición de los países pobres, que se o rganizaron como el Grupo de los 22.

Los pueblos se organizan

Los pueblos suramericanos ya se están organizando para defender su acuífero. El pasado mes de marzo se celebró en la ciudad brasileña de Cotía el Foro Social del Agua 2003, Suramérica, con sobre 2,500 participantes de ocho países.

"Sabemos perfectamente que el interés de las grandes corporaciones transnacionales es dominar el conocimiento sobre las reservas estratégicas de nuestros recursos naturales, especialmente el mapa hidrogeológico de América Latina", dice la declaración conjunta endosada por los participantes del foro.

Sobre el Proyecto del Acuífero Guaraní, dice "Apartando a la comunidad del control de este Proyecto, serán justamente los grupos privados los que prioritariamente se beneficiarán de toda la información científica que será levantada con dinero público. Además de esto y por lo que se sabe, todo ese dinero será gastado en consultorías internacionales cuyos procesos de contratación son realizados sin ningún tipo de control ni transparencia."

En la actividad se determinó que se celebrará un Foro Social Mundial del Agua cada dos años, el primero tomará lugar junto con el Foro Social Mundial 2004 a ser celebrado en la India. A nivel regional se está planificando para el mes que viene el Foro Social de las Aguas del Acuífero Guaraní, desde el cual se lanzará oficialmente el Frente Parlamentario Latinoamericano por las Aguas del Acuífero Guaraní, que agrupará a legisladores progresistas comprometidos con las luchas populares en pro de los recursos de agua.

Estos foros tendrán como propósito estimular la participación crítica de la sociedad civil en la gestión del agua y denunciar cualquier manipulación por parte de intereses empresariales.

Todas estas iniciativas derivan inspiración y aliento del ejemplo que ha dado el pueblo boliviano. Hace un par de años una masiva movilización popular forzó al entonces presidente Bánzer a revocar la privatización de los acueductos de la ciudad de Cochabamba. Y la semana pasada ese mismo pueblo afirmó su soberanía sobre sus recursos naturales al dar al traste con el gobierno de Sánchez de Losada, quien pretendía prácticamente regalar el gas natural del país a Estados Unidos.

CARMELO RUIZ MARRERO ES UN PERIODISTA RADICADO EN PUERTO RICO.

Nota

"La necesidad de preservar la mayor reserva de agua subterránea del mundo es consenso de todos aquellos dedicados a la búsqueda del desarrollo sustentable. El proyecto del Banco Mundial no prevé ningún tipo de participación popular en el acceso a las informaciones y el control de lo que se hará con esas informaciones estratégicas que obtendrán. Para nosotros el desarrollo ambiental sustentable sólo es posible si fuera SOCIALMENTE JUSTO."

"Hacemos una clara división entre los que defienden el agua y todos los recursos naturales que deben estar bajo el control social y comunitario, por un lado, y aquellos que defienden la tesis de que pueden estar bajo el control privado. En este sentido, declaramos nuestra disposición de lucha y movilización contra todas las tentativas de privatización y exportación del agua en beneficio de las empresas privadas nacionales o extranjeras que quieran lucrar con la misma."

Declaración del Foro Social de las Aguas 2003, Suramérica, celebrado en Brasil en marzo de 2003