Por qué es importante reflexionar sobre los “derechos”
"Cada vez más instituciones y organizaciones internacionales e incluso go-biernos hablan del “respeto de los derechos” en programas, iniciativas o proyectos que buscan cercar o confinar tierras boscosas. En un contexto de crecientes intereses sobre la tierra, junto a un sistema extractivista que continúa expandiéndose, ¿qué derechos se respetan realmente?".
De una forma u otra, los derechos —derechos sobre la tierra y el territorio, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos, derechos de la naturaleza, etcétera— han cumplido un papel importante desde hace ya un largo tiempo en las luchas locales de resistencia, los movimientos sociales y los grupos y organizaciones de apoyo. Entonces, ¿por qué sentimos ahora que es importante enfocarnos sobre el tema?
En el sistema capitalista en que vivimos “se está utilizando el concepto mismo de los derechos para imponer y expandir el neoliberalismo” [1].
Esto es así porque, hoy en día, no solamente las comunidades pueden reclamar derechos sino que también se les ha otorgado a las empresas la posibilidad de reclamar sus propios derechos. La mayoría de las veces, las empresas ganan “la batalla por los derechos” ya que operan en un mundo con relaciones de poder muy desiguales entre comunidades y empresas así como dentro de las instituciones de “justicia” (leyes, abogados, tribunales, etcétera). La disyuntiva no es nueva: “los Estados, las empresas y las organizaciones internacionales utilizan la lucha por los derechos —un componente común a las luchas de los seres humanos en todo el mundo— para empeorar la situación de las personas involucradas” [1].
Los regímenes de propiedad privada se han expandido masivamente sobre bosques, territorios, culturas, sistemas de conocimiento e incluso funciones como el almacenamiento de carbono o la filtración de agua, proporcionadas por el aire, el suelo y los bosques. A menudo, esta actual expansión de los derechos de propiedad se promueve con el argumento de que estas nuevas formas de derechos de propiedad respetan o incluso fortalecen los “derechos” de las comunidades locales.
Cada vez más instituciones y organizaciones internacionales e incluso go-biernos hablan del “respeto de los derechos” (incluso derechos colectivos o de-rechos de los pueblos indígenas) en programas, iniciativas o proyectos que buscan cercar o confinar tierras boscosas. En un contexto de crecientes intereses (principalmente económicos) sobre la tierra, junto a un sistema extractivista que continúa expandiéndose, ¿qué derechos se respetan realmente? ¿Y cuáles derechos y los de quiénes tienden a ser debilitados, relegados u olvidados en la implementación de tales programas, iniciativas o proyectos?
Un informe de 2012 de la empresa consultora The Munden Project (ahora TMP Systems) [2] describe el argumento económico para que las empresas resuelvan los problemas de tenencia de la tierra antes de comenzar la implementación de nuevas actividades. Resolver los problemas de tenencia territorial evita los conflictos sociales y, por lo tanto, evita costos, riesgos financieros e incluso el riesgo de tener que suspender las actividades. Para remediar estos posibles “enormes riesgos financieros para las empresas”, la recomendación dada en este informe es que las empresas deben promover “junto con los gobiernos y otros inversionistas, una reforma de la tenencia de la tierra” y así evitar dichos riesgos de inversión. El informe enmarca los “conflictos sociales” y los “problemas de tenencia” como evitables o manejables, a satisfacción tanto de la empresa como de la comunidad. Pero en realidad, las situaciones en las que “todos salen ganando” son muy poco probables. En los casos en que las empresas aceptaron o se vieron obligadas a reconocer los derechos de la comunidad que disputaron al inicio, son las comunidades las que al final suelen terminar perdiendo. Y es frecuente que las comunidades o familias obtengan títulos de propiedad sobre áreas de tierra mucho menores a las que, por derecho consuetudinario, poseían, utilizaban o controlaban antes. O bien las condiciones económicas y la presión empresarial son tales que las familias pierden la tierra sobre la que acaban de recibir títulos de propiedad, en transacciones donde parecería que venden “voluntariamente” la tierra sobre la que poseen títulos de manera individual o colectiva a empresas que luego pueden afirmar que no invadieron sino que adquirieron las tierras de manera legítima y legal. A fin de cuentas, en esas transacciones las comunidades tienden a perder no sólo su tierra sino muchos otros valores sociales, culturales y espirituales que las conectan a su territorio.
La omisión de problemas subyacentes fundamentales, como las relaciones de poder y los intereses económicos, lleva fácilmente a propuestas de reforma de la tenencia de la tierra que dejan a las comunidades involucradas en peores condiciones que antes.
¿Qué consecuencias traen a las comunidades esos intentos de reforma de la tenencia de la tierra, promovidos en un contexto de profundo desequilibrio de poder entre empresas multinacionales y comunidades, así como de un mercado capitalista injusto que es sistemáticamente violento y racista, sobre todo con quienes resisten los programas, las iniciativas o los proyectos que buscan confinar o cercar las tierras boscosas?
El informe de The Munden Project —y un número creciente de propuestas de reforma de la tenencia de tierras “en la que todos salen ganando”— no dice nada sobre las perspectivas de sus propuestas en un contexto de violencia existente y de relaciones de poder que expulsan a las comunidades de sus tierras.
Esta falta de reflexión sobre una característica que define al conflicto por la tierra, apunta a una gran trampa en el discurso de los “derechos”: cómo garantizar que cuando se otorgan ciertos derechos a ciertos grupos no se estén reforzando los históricos desequilibrios de poder, los prejuicios y la injusticia; [3] cómo impedir la despolitización de las luchas por los “derechos” legítimos. En otras palabras, cómo evitar que el discurso de los derechos sirva a los fines económicos y políticos dominantes. Si entendemos los “derechos” como procesos que se afianzan y llegan de la mano de largas luchas y entendimientos sobre derechos y responsabilidades, con diferentes dimensiones y niveles para cada uno, entonces los “derechos” no pueden reducirse a una práctica de marcar casillas en los informes de diligencia debida y/o en las campañas promocionales de un proyecto. Es fundamental mantenerse alerta y evitar los discursos y prácticas de derechos vacíos de política, es decir, que no reconocen ni dan cuenta de las históricas injusticias de poder.
Un estudio reciente sobre el régimen indonesio de tenencia de la tierra revela un aspecto de esos desequilibrios de poder [4]. Éste expone patrones clave de discriminación en la legislación y parcialidad en la implementación al comparar los procedimientos válidos para las empresas con los que se aplican a las comunidades en términos de obtención de permisos y reconocimiento de derechos en áreas boscosas. Algunos de los elementos revelados son: (a) mientras las comunidades que poseen derechos consuetudinarios deben pasar por un proceso legislativo largo y altamente político para obtener un estatus legal (condición previa necesaria para otorgar cualquier derecho legal), las compañías sólo necesitan un registro administrativo estándar para obtener reconocimiento legal; (b) hay evidencias de pagos no oficiales o sobornos, con costos ocultos que llegan a los 600 dólares estadounidenses por hectárea, como lo reveló un caso de corrupción en una plantación de palma aceitera presentado ante los tribunales; (c) las empresas sólo tienen que tratar con los organismos a escala distrital y provincial, mientras que las comunidades siempre tienen que tratar con organismos a escala distrital, provincial y central. Se ha vuelto casi imposible para las comunidades comenzar un proceso de solicitud sin el apoyo de alguna ONG; (d) por ley, los permisos entregados a las plantaciones industriales tienen una validez de 60 años, mientras que la validez de los permisos de los que disponen las comunidades se limita a 35 años, con la posibilidad de prórroga sólo bajo ciertas condiciones.
Mientras tanto, las comunidades garífunas de Honduras están siendo presionadas por abogados del Ministerio de Educación para separar las tierras donde están ubicadas sus escuelas de los títulos de propiedad comunal. El pretexto es el supuesto requerimiento de los donantes que están dispuestos a apoyar la reconstrucción de las escuelas públicas que se desmoronan, a condición de que la comunidad presente un título de propiedad individual para el terreno escolar. Además de violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esta presión provoca divisiones dentro de la comunidad. Aunque las comunidades entienden la importancia de afirmar siempre su propiedad comunal, tan importante para su supervivencia como pueblos indígenas con una cultura diferenciada, la gran necesidad de tener una buena infraestructura escolar y de salud lleva a algunos de sus miembros a aceptar tales presiones [5].
Pero no sólo la tendencia a promover títulos de propiedad individuales es problemática. Varios programas relacionados con los bosques, como REDD+, hacen una fuerte propaganda sobre su uso del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido de las comunidades que viven con proyectos de REDD+, es que el CLPI rara vez ha ocurrido [6]. En muchos casos, las comunidades no cuentan con la información necesaria que les permita estar plenamente informadas y conscientes sobre el contexto de las compensaciones de carbono y de qué modo los créditos generados en su bosque permitirán a las empresas o a los gobiernos contaminar y destruir territorios en otros lugares y agravar el clima mundial.
El papel del CLPI en el debate sobre REDD+ apunta a otra trampa en el discurso de los “derechos”: la persistente promoción del CLPI para incluirlo en tantos documentos y directrices como sea posible, o como parte de salvaguardas de políticas, inversiones privadas, sistemas de certificación, etcétera. Pero, qué sucede cuando el CLPI se inserta como requisito en iniciativas que, por su diseño, constituyen una violación de los “derechos” tradicionales o los derechos de la Madre Tierra. La aplicación del CLPI en REDD+ es indicativa: en los hechos el CLPI no es más que un mero proceso burocrático que ha demostrado ser incapaz de garantizar los derechos de los pueblos de los bosques y ha tendido a beneficiar a quienes promueven el acaparamiento de tierras en territorios comunitarios.
Los programas REDD+, los sistemas de certificación, las iniciativas de “reforestación” o “restauración” (llámese, la expansión sobre todo de plantaciones industriales de monocultivos), los parques de conservación, los programas de compensación por pérdida de biodiversidad, los agrocombustibles, los sumideros de carbono, son políticas, iniciativas o proyectos implementados, en teoría, para “mejorar” la situación de los bosques y detener la deforestación. Pero, ¿qué derechos y de quiénes se ejercen y/o prevalecen en esos programas, políticas e iniciativas? ¿Quién se está beneficiando realmente?
En contraposición con el régimen neoliberal de derechos de propiedad, numerosas comunidades continúan luchando contra la destrucción de sus territorios mientras persisten en mantener y nutrir sus variadas y diferentes formas de organizar y reclamar sus tierras, territorios, culturas, saberes y medios de vida. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido en una comunidad en Paraná, Brasil.
Durante la ardua lucha de la comunidad contra las presiones de los hacendados y una ONG que impulsaba un proyecto de carbono forestal, se denunció ante las autoridades una serie de crímenes ambientales cometidos por el hacendado, pero estas denuncias fueron ignoradas por completo. Los derechos territoriales de la comunidad fueron violados constantemente tanto por el hacendado terrateniente como por el proyecto de carbono forestal. A pesar de esto, prevaleció la unidad y la movilización popular. Con el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), ocuparon la tierra en 2003 e instalaron allí un campamento donde organizaron colectivamente el uso del territorio común. Se establecieron diferentes zonas de uso colectivo e individual, pensando sobre todo en el bienestar comunal. Hoy en día, este campamento ha recibido el premio Juliana Santilli por la recuperación exitosa de los bosques nativos y la producción sustentable de alimentos sin el uso de agrotóxicos.
* Tomado del Boletín 134, WRM, 20 de noviembre, 2017 (ver aquí)
[1].“What is wrong with rights?” Boletín de GRAIN, octubre 2007 https://www.grain.org/
[2].The Munden Project, The Financial Risks of Insecure Land Tenure: An Investment View, diciembre de 2012, http://rightsandresources.org/
[3].Roots of inequity: How the implementation of REDD+ reinforces past injustices http://www.redd-monitor.org/
[4].Rights and Resources, In Indonesia, land allocation policies and practices favour corporations over communities, octubre de 2017, http://rightsandresources.org/
[5].Ofraneh, Insólita presión del Ministerio de Educación para desmembrar títulos comunitarios Garífunas, agosto de 2017, https://ofraneh.wordpress.com
[6].Ver más información sobre REDD+ en: https://wrm.org.uy/