Por qué nos movilizamos #3 | ¿Por qué las comunidades amenazadas por la minería participan en el paro nacional?
En Ecuador todos los días se violan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; todos los días las compañías mineras siguen devastando los espacios naturales, contaminando los ríos, despojando a las comunidades de sus fuentes de sustento y sus territorios ancestrales. Por esta razón, todos los días hombres y mujeres se movilizan en defensa de la vida.
Muchos territorios en nuestro país, y su enorme diversidad agrícola y silvestre, están amenazados de convertirse en tierra yerma debido a las actividades mineras. Por esto, las comunidades exigen al Estado que cumpla con la obligación de proteger los derechos relacionados con el cuidado de la vida y que esto se exprese en las políticas públicas. No se puede aceptar que las corporaciones mineras, nacionales y transnacionales, sustituyan al Estado entregando “ayudas”, “becas”, “canastas”, “remedios” a cambio del expolio y la explotación laboral. El papel del Estado es de colusión, complicidad y negligencia ante la destrucción de sistemas de vida alternativos al “desarrollo minero”, y por lo mismo, autónomos y capaces de vivir sin destruir.
Con su participación en el paro nacional, las comunidades en resistencia a la minería expresan su rechazo e indignación frente al silencio que se quiere imponer frente a su realidad, y exigen que se respeten sus derechos. Denuncian que alrededor del 15% del territorio nacional se encuentra concesionado, y que más de 3 millones de hectáreas serán exploradas para minería metálica, de las cuales cerca de 400.000 hectáreas están sobre territorios indígenas. También denuncian que la minería a gran escala solo representa el 1.65% del Producto Interno Bruto y que emplea apenas el 0.12% de la población económicamente activa, mientras destruye decenas de miles de empleos vinculados a la agricultura o al turismo; nos hacen saber que la minería apenas paga impuestos, pero provoca en los territorios comunitarios graves daños a perpetuidad.
De la manera más infame, el “gobierno del encuentro” ha agilizado los trámites en las instituciones que tienen la competencia de regular y controlar la actividad minera; y promueve una política centrada en garantizar la seguridad jurídica de las grandes empresas. La puesta en marcha de la actual política minera, significó para nuestro país el endeudamiento con el BID por 78.4 millones de dólares que se destinarán, entre otras cosas, a generar un ambiente de negocios propicio para las inversiones…
Esta política ya empezó a dar sus frutos como lo podemos constatar en la declaración del actual Ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer quien, acompañado de una delegación de la Cámara de Minería, anunció en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá 2022 (PDAC), que en este año se volverá a abrir el catastro y anunció que en el sector minero ecuatoriano existen otras oportunidades de inversión como: refinerías de oro, tren minero, parques industriales, entre otros; todas estas actividades de alto impacto. El Ministro evitó mencionar en la citada feria internacional, que las ofertas que hacía a las empresas se dan en territorios donde existen comunidades dignas que desde hace mucho tiempo se oponen a que las actividades mineras vulneren sus derechos y conviertan a sus territorios en zonas de sacrificio.
Fuente: Acción Ecológica