Poner el cuerpo frente al ecocidio

Sergio vive en Marcelino Escalada, una pequeña localidad de 1800 habitantes, ubicada a 130 kilómetros al norte de la capital santafesina, en el departamento San Justo. Un pueblo que hasta hace un año amanecía con el fuerte olor a veneno producto de las fumigaciones constantes en los campos. Amanecía así todos y cada uno de los días.

Esas fumigaciones cotidianas –realizadas a metros de su casa- afectaron la salud de Diógenes Chapelet, el papá de Sergio, un jubilado de 75 años quien aspiró involuntariamente la deriva del veneno en noviembre de 2017, cuando una tarde salió al patio de su casa, en el paraje rural de Escalada.

Allí, lo que antes era naturaleza viva se transformó en un campo minado de soja. Alrededor de las 40 hectáreas donde se encuentra la casa de la familia Chapelet, todo estaba rociado con agroquímicos. Vivían prácticamente rodeados. Ya no crecían las plantas ni los frutales. Diógenes enfermó el mismo día en que la deriva del veneno lo empapó y lo asfixió. Todo fue demasiado rápido. El cuerpo se le fue llenando de manchas,  tenía náuseas, alergias, problemas en los vasos sanguíneos. Los órganos le estallaban por dentro. Un mes y medio después falleció, luego de estar internado en terapia intensiva. Fue el 8 de enero de 2018.

La afección fue fulminante y su familia no tiene dudas que Diógenes murió como consecuencia de las aspersiones constantes, las que a pesar de los reclamos y de un delicado estado de salud que empeoraba cada vez más, nunca cesaron. El dolor y la bronca motorizó la denuncia de su familia, y una investigación que actualmente está a cargo de la Fiscalía en San Justo. Sergio, uno de los ocho hijos de Diógenes, es un activo militante a favor de la vida. Viaja hacia otras localidades para compartir la experiencia, la lucha, la tenacidad. Es que en Marcelino Escalada -tras la muerte de Diógenes- se logró sancionar una ordenanza, la 658, que al menos, le pone límites a las fumigaciones terretres: son quinientos metros para el ejido urbano y además, establece una protección para los parajes y escuelas rurales. También restringe el uso de mosquitos en la zona urbana.

Es domingo 10 de febrero, y la temperatura en Santa Fe asciende a los 40 grados. El sol asfixia y el mediodia se hace intenso en Arroyo Leyes. Hasta allí han llegado diversos colectivos de vecinxs organizados de la provincia. También vienen de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. El encuentro se realiza en una pequeña biblioteca de este pueblo frutillero y su nombre presagia esperanza: la Biblioteca Amanecer recibe a lxs vecinxs con una inmensa bandera que recuerda a Diógenes Chapelet.

“Mi papá cuando estuvo enfermo sufrió mucho y él nos pidió que hagamos lo imposible para que nadie más sufra, para que a nadie le toque vivir lo que él vivió”. Esas fueron las últimas palabras de Diógenes Chapelet.

Su familia hoy es protagonista de la lucha en Marcelino Escalada y en la ciudad de San Justo donde ya conformaron un colectivo de vecinxs que lucha por la vida. Por eso que tanto Diógenes le pidió a su hijo antes de morir.

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“Queremos transformar este modelo productivo en uno sustentable, sin agroquímicos, sin contaminantes, sin dañar a la población”.

Lo que dice Facundo Viola es simple: se trata de defender un ambiente sano. Pero hacerlo cuesta caro. Cada vecinx que se organiza para denunciar las fumigaciones ilegales en sus pueblos sufre amenazas, hostigamiento, presiones, aislamiento en su propia comunidad. Los testimonios se reiteran, aunque las zonas geográficas difieran. Lo que no cambia es el monótono paisaje propio del agronegocio. El miedo deriva en silencio y son pocos los activistas que se animan a poner el cuerpo, aunque, paradógicamente, cada vez se sumen más.  Es que el aire envenenado ya no se soporta.

“Arroyo leyes tiene alrededor de ocho mil habitantes, solamente hay 2300 personas censadas, pero es una de las localidades que más creció en el país, debido al loteo descontrolado que se hizo, se ocupó la zona de los humedales y entre medio quedaron campos fumigados de 5 hectáreas y quedaron intercalados los loteos de viviendas con los campos fumigados. Se fumigan en estos lugares para producir frutillas con un modelo de monocultivo, con más de 40 productos químicos y sin ningún tipo de control. Y eso produce consecuencias. Tenemos detectados altos índices de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en poblacio infantil, contaminación de aguas”.

Facundo vive en  Arroyo Leyes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Integra el colectivo de vecinxs que se organizó para intentar poner freno a este descontrol que él mismo describe. Sufrió amenazas en su propia casa, intentos de robo y persecución con camionetas que le tomaban fotos, pero dice no tener miedo. “Nos toca ser la cara visible para no exponer a otros vecinos”, señala y es uno de los organizadores del encuentro que se lleva a cabo en Arroyo Leyes. “Es fundamental transmitir experiencias, y esa vinculación y esa confianza que se genera cuando la perspectiva del activista es una persona fumigada nos interesa. Poder escuchar a otros vecinos que estén pasando x lo mismo”.

Facundo también desmiente al modelo: no hay generación de empleo aunque ese sea el argumento predilecto del lobby sojero. “Quienes viven al lado de los pueblos fumigados son trabajadores golondrinas en casillas muy precarias, hemos encontrado varias veces trabajadores en condiciones de esclavitud”.

Semanas después del Encuentro, las amenazas se repiten. Facundo acaba de ser asaltado, por segunda vez en cinco meses, a plena luz del día en su propia casa. No llevaron ni dinero ni objetos de valor. Fueron directo a su principal herramienta de trabajo, su computadora personal. Allí guarda documentos y material clave de las denuncias de la cual es querellante en una causa por fumigaciones. “Esta claro que no hay casualidades. Se llevaron información valiosísima sobre el proceso judicial del que somos querellantes. Indignación y bronca. Saber que no nos cuida nadie”, expresó en las redes sociales donde recibió cientos de mensajes de apoyo.

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Fue durante el horario de clases cuando Ana Zavaloy inhaló accidentalmente 2,4D, un potente herbicida que se utiliza como agua en las fumigaciones. Estuvo con media cara paralizada durante 15 días y más de dos meses tosiendo. Dice que todavía sigue pagando las consecuencias en su salud. Eso no es todo: Ana no olvida los sangrados recurrentes en la nariz de sus alumnos, los problemas de alergias constantes en la piel, los abortos espontáneos en las madres.

Las escuelas rurales vienen siendo fumigadas de punta a punta del país. No hay excepciones cuando se tratan de establecimientos ubicados en provincias sojeras como Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Allí resulta imprescindible el activismo que llevan adelante, en su gran mayoría, las propias maestras que, en su gran mayoría, son mujeres.

Ana Zavaloy es un emblema de esta lucha. Viaja a otras provincias y articula en una Red Federal de Docentes por la vida que une resistencias en todo el país. Oriunda de San Antonio de Areco, Ana carga en su propio cuerpo el efecto de las fumigaciones. “Somos testigos tristemente privilegiados del costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos porque hemos visto en el medio ambiente rural la destrucción en la salud de nuestros alumnos y en la nuestra”, dice.

Frente a esto, las maestras se capacitaron para saber cómo se debe actuar frente a una fumigación a metros de una escuela y empezaron a denunciar las aspersiones. Así se logró que en Areco se sancione una ordenanza que pone un límite de apenas 100 metros. No es lo ideal, asegura Ana, pero al menos posibilita hacer una denuncia cada vez que un mosquito fumiga en horario de clases. “Hay miedo porque todas sufrimos amenazas, pero pudimos poner el debate sobre la mesa”. Dice Ana, además, que son las mujeres en su mayoría quienes protagonizan estas luchas en las escuelas. Es que son quienes más acercamiento tienen con las mamás mientras los varones “están más atrapados por el modelo productivo, por los mandatos del patrón”.

Hace tres años, Ana participó de un Encuentro de Pueblos Fumigados en la localidad entrerriana de Basavilbaso, conocida por ser el lugar que vio morir al ex aplicador Fabian Tomasi, quien enfermó como consecuencia de las fumigaciones y se transformó en un ícono de la lucha socioambiental así como también, un testimonio viviente de todo el daño que provocan los agroquímicos.

De allí además, es la docente Mariela Leiva quien, junto al acompañamiento del gremio docente, logró condenar a los responsables de una fumigación realizada a metros de la escuela rural de Santa Anita, mientras ella y sus alumnos estaban en clases. Fue el primer juicio de este tipo realizado en Entre Ríos.

En ese encuentro, Ana expuso dibujos de sus propios alumnos. Imágenes con trazos gruesos y garabatos que exponen lo que significa convivir junto al veneno. “Esos dibujos reflejan lo que es su vida cotidiana con las fumigaciones, camino a la escuela, en la escuela, en sus casas. Salir al recreo y encontrar un mosquito fumigando. Rocían venenos sobre ellos en todo momento de sus vidas y los niños que viven en zonas fumigadas no tienen las mismas oportunidades de salud y de vida que quienes no viven en estas zonas”.

En Buenos Aires, los docentes por la vida vienen dando una dificil batalla contra las autoridades del gobierno de la provincia. Hace días, y tras una fuerte presión de las organizaciones, la gobernadora María Eugenia Vidal dio marcha atrás con el Decreto que autorizaba a fumigar alrededor de las escuelas antes del horario escolar. Para Ana, ser docente en estas zonas es un trabajo de riesgo. “La ART no nos reconoce el problema de salud que podemos tener a causa de las intoxicaciones. Ponemos en riesgo nuestra vida por el solo hecho de ir a trabajar. Es una locura que vayas a la escuela a trabajar y vuelvas a tu casa con la cara dormida porque te rociaron con 2,4 D.”

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Médico Veterinario. Docente. Vecino autoconvocado por la vida. Así se presenta Daniel Mangold quien eligió la vecina localidad de Totoras para radicarse junto a su familia. Allí ejerce la docencia y alienta a que pequeños productores y campesinos transiten el camino de la agroecología. Daniel integra, junto a otrxs vecinxs, el colectivo autoconvocado que enfrenta al lobby local sojero. “Son las estructuras de poder que están en este momento envenenando a la comunidad”, dice Daniel cuando menciona a AFA, el Inta, a cuatro de los seis concejales de la ciudad y al propio Municipio de Totoras.

El año pasado, Daniel Mangold fue blanco de presiones y amenazas. Hasta tuvo que soportar que lo despidieran de la escuela técnica donde actualmente se desempeña como docente. Con el apoyo del gremio y de una red de activistas que hizo visible el despido totalmente injustificado, Daniel fue reincorporado. “Muchas de estas situaciones pasan al anonimato. En lo personal fue muy duro porque me complicó la relación con otros docentes que tuvieron una actitud indiferente y en algunos casos, hasta hostil. No tuve amenazas directas pero con mi familia hemos sido testigos de un clima enrarecido en la comunidad”.

La lucha en Totoras es ardua porque el poder del agronegocio pisa demasiado fuerte en esta ciudad donde el principal cultivo es la soja y el maíz. A pesar de haber presentado un recurso de amparo reclamando medidas de protección ambiental en el espacio periurbano y en escuelas rurales, y de que la justicia fallara a favor del Colectivo Autoconvocado por la Vida, Totoras hoy cuenta con una ordenanza totalmente permisiva que establece un límite de 100 metros para fumigaciones en zonas urbanas, clubes y escuelas rurales, y 500 metros para zonas de Areas Protegidas. Según Daniel es un mamarracho jurídico que entre gallos y medianoches, el Concejo aprobó cediendo a las fuertes presiones del lobby local. “Ellos hicieron un proyecto de ordenanza que de alguna manera respetaba lo que pedíamos. El lobby los extorsionó y en el lapso de un mes le hicieron sacar una ordenanza que incluso va en contra del mismo proyecto que ellos habían hecho”.

En 2008 había una ordenanza de quinientos metros libres de fumigaciones pero a partir de los intereses de ese lobby local vinculado al agronegocio, se fueron disminuyendo los metros de la protección ambiental. Daniel dice que además se cambió la forma de medir esa distancia. Antes se contaba a partir del límite catastral de la escuela o del terreno lindante con la actividad productiva y en la última ordenanza se establece que la cuenta es desde la construcción civil de la casa o la escuela. “Desde la escuela hasta el borde del alambrado hay un trayecto que ya empieza a ser contado. Han arrimado mucho más la actividad de las fumigaciones a los centros habitacionales y a las escuelas”. Para Daniel, el lobby “está infiltrado en las instituciones locales y suplen muchas necesidades donde el Estado se ausenta y esos son mecanismos extorsivos”.

¿Se puede cosechar sin agrotóxicos? Daniel dice que sí. Daniel dice que en Totoras hay ejemplos de producciones sin venenos. Daniel dice que no solo en Totoras hay experiencias de este tipo, sino que en todo el país. Daniel dice que la lucha es desigual, que el Estado invierte muchísimo más en sostener un modelo ecocida que en fomentar una producción agroecológica. “Mundialmente ya se sabe que la única forma de alimentar al mundo es una propuesta agroecológica. No hay que demostrar absolutamente nada”.

En Totoras existe la granja El Hornerito que funciona en un campo de tres hectáreas y media. Es una experiencia de producción endógena sostenida por un grupo de jóvenes, varones y mujeres, y los vecinos autoconvocados de Totoras. El Hornerito produce alimentos de origen vegetal y animal, sin venenos, que son comercializados en la propia comunidad. Además, dice Daniel, hay muchos productores que sin saberlo producen en forma agroecológica, “por ejemplo, tamberos que no usan antibióticos, alimentos balanceados para producir leche. Son muchísimos, en San Genaro estamos trabajando con productores tamberos que tienen una sanidad impresionante. Pero son ninguneados por el sistema porque como tienen pocas cantidades de vacas no lo consideran un tambo. Nosotros buscamos jerarquizarlos y darles preponderancia”.

Para este médico veterinario, quien además es parte de una red de Técnicos en Agroecología del Litoral, el famoso discurso de “buenas prácticas” con el que el agronegocio intenta lavar conciencias, es totalmente mentiroso. “Es un discurso falaz para seguir dándole vida a un modelo ecocida y genocida que es económicamente inviable. Lo que pasa es que es un sistema tan perverso que ellos consideran externalidades a todos los desastres ambientales y de la salud publica y no lo asumen como un costo en su modelo producción. Es perverso y es fascista porque obliga a toda la población a vivir en condiciones de envenenamiento. Vulnera el derecho de niños, de los viejos, de los pobres que están obligados a trabajar en condiciones esclavistas para estos sectores”.

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“Mi mamá, mi nena de 11 años y yo tenemos daños genéticos en el cuerpo”, dice Vilma Córdoba quien además vive junto a su hermano y su sobrino. Su papá murió en el año 2015 y no saben de qué. Es de Piamonte, un pequeño pueblo del centro-oeste de la provincia, ubicado a 240 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, que también vive jaqueado por las fumigaciones en los campos que están linderos a los hogares. Nada detiene la deriva del veneno. Nada la detuvo cuando un mosquito le fumigó prácticamente en la cara. “Atrás de mi casa hay galpones y guardaban todo ahí”. A pocos metros tiene siembra de maíz y soja. Vilma no se quedó quieta. Buscó, se informó, se contactó con otros militantes socioambientales y logró el asesoramiento de una abogada ambientalista, Eugenia Boccio. Hoy Vilma tiene un amparo legal que la protege y que también protege a toda la población de Piamonte. A menos de ochocientos metros de su casa tienen prohibido fumigar y según cuenta, “algo ya se puede respirar”. La medida también prohibe la circulación de maquinaria agrícola y acopio dentro de la zona urbana. Pero Vilma sabe que a pesar de contar con una perimetral tiene que estar atenta. En noviembre del año pasado, cerca del mediodía, un mosquito pasó fumigando sin respetar el límite. “Tengo todo registrado e hicimos la denuncia. Ahora están más calmados”.

En el pueblo, la gente tiene miedo y Vilma dice que se siente sola en esta lucha, aunque para ella, el objetivo es uno solo: luchar para poder ser libres.  “Yo no tengo miedo, cuando empezé con las denuncias vinieron a decirme “si querés guerra, vas a tenerla”. Yo sé quienes son los dueños de los campos y yo sé que murió mucha gente de cáncer. A mí me amenazaron, me tiraron la camioneta encima pero no tengo miedo”.

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Eugenia Boccio es rosarina, radicada en la localidad de San Jorge. Como abogada, representa a familias damnificadas que llevaron adelante acciones judiciales en completa soledad. Familias que vieron como su salud y su vida cotidiana, empezó a verse afectada por los químicos que se utilizan en cada fumigación. A través de acciones de amparo ambiental por cese de contaminación “hemos conseguido, con medidas cautelares, que se suspendan las fumigaciones o se alejen a determinada cantidad de metros”. En el caso de  Vilma, de Piamonte, tiene una cautelar vigente del año 2016 de 800 metros de prohibición de fumigación alrededor de su casa, explica Eugenia.

La legislación provincial hoy se enmarca en la antigua ley de “fitosanitarios” que a pesar de los reiterados proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados, nunca logró modificarse. Los quinientos metros que limitan las fumigaciones terrestres están establecidos en el artículo 34 y en el artículo 51 y 53 del decreto 552, y por eso, toda aquella fumigación que los vulnere es ilegal, más allá de que existan o no, ordenanzas locales. La abogada es clara cuando señala que se trata de un delito ya penado en la causa Gabrielli por la Corte Suprema de la Nación, la causa madre de todos los delitos ambientales. Se trató de la primera condena del país, lograda por la incansable lucha de las Madres de Ituzaingó.

Este año y por quinta vez, el diputado provincial Carlos Del Frade volvió a presentar un nuevo proyecto de ley que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas y un límite de mil quinientos metros para las terrestres. Hasta ahora –y a pesar de que cientos de organizaciones sociales reclaman mayor protección del ambiente y la salud- los proyectos presentados nunca avanzaron. De nuevo, la batalla será al interior de la legislatura santafesina en un año electoral, mientras que en cada territorio, lxs vecinxs seguirán organizándose para defender sus vidas.

“Es muy importante que la gente se anime a denunciar. La vía legal es un camino, es el puntapié inicial y hay que arbitrar esa medida”, aconseja Eugenia quien además refuerza la necesidad de no estar aisladxs. “No tenemos apoyo. En la provincia de Santa Fe, el gobernador está impulsando las buenas prácticas agrícolas y en realidad lo que no se puede es usar agrotóxicos. Eso es claro. Instamos a nuestros legisladores a que trataran proyectos, y aun así no conseguimos respuesta”.

La discusión de los metros es importante, pero de fondo, lo que se debe discutir es el modelo de producción. Y en eso, Eugenia es contundente: “o producimos commodities o producimos alimentos. Ese es el debate que tiene que darse”.

Texto y fotos: María Cruz Ciarniello

Fuente: Enredando