Piña: el fruto dorado que amenaza con envenenarnos

Es como un cáncer que se extiende por las llanuras del norte y el atlántico, el pacífico sur y poco a poco, por occidente. Los sembradíos de piña se expande por hectáreas y hectáreas de la zona norte del país, consumiendo la vegetación, provocando la contaminación de las reservas de agua y acabando con los sistemas, tanto de poblados enteros como de zonas protegidas sin que hasta ahora, el Gobierno haya aplicado fuerza en la regulación de estas plantaciones.

Vamos de camino a la zona norte del país. Estamos en Sarapiquí. La marea verde de la piña se extiende hasta donde la vista alcanza. Se ven pocos trabajadores en el campo. Esta es una de las ventajas de la piña. Su cultivo no requiere de grandes cantidades de empleados para darle mantenimiento.

Basta con algunos abonos y buenas cantidades de venenos en las orillas de la siembra para asegurarse de que aquí, donde la vegetación se podría levantar con una fuerza salvaje, nada crezca a excepción de la piña.

Esta expansión descontrolada se está comiendo, literalmente, la zona norte del país. La marea verde parece un monstruo que todo lo consume, y el principal problema en este momento, es la contaminación de fuentes de agua.

Ahora, la Sala IV vuelve a poner el tema ante el tapete, remarcando sobretodo la inacción de los gobiernos de turno por emprender acciones para controlar el desarrollo que día con día bota más bosque y contamina más agua en el país.

Si bien la Sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero pasado, se perdió en el escándalo de Venezuela, la discusión politiquera sobre el aborto terapéutico y el nuevo fichaje del futbol nacional. Sin embargo, en esta fecha los magistrados resolvieron exigir al Gobierno y sus instituciones acciones concretas para detener los efectos negativos de la expansión descontrolada del cultivo.

Los magistrados resolvieron el recurso de amparo 18-016614-0007-CO presentado por la Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, donde se acusó la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de las personas que habitan las comunidades que representan.

No solo dieron la razón a los denunciantes que señalan la pésima gestión de los últimos gobiernos y sus instituciones, entre ellas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería, que conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas.

La Sala IV señaló a estas instituciones de incumplir con su obligación en atención al principio de “coordinación interinstitucional” en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas.

Ahora, le tocará a las instituciones responder con las acciones que desde hace años no toman, para controlar un ya descontrolado crecimiento (no se les agradece).

Las dos caras de la piña

Sin embargo, no se puede negar la complejidad social del tema piñero, que responde a una terrible paradoja pues, mientras sus defensores aseguran que su industria genera empleos y mejora la calidad de vida de los pobladores de estos destierros rurales, por otro lado, secan y contaminan sus pozos de agua, como si se ignorara la simple ecuación de que sin agua, no se puede vivir.

La piña se ha convertido en el nuevo brazo de exportación agrícola del país. Esto explica de alguna forma la tímida regulación que las administraciones de los últimos 16 años han ejercido sobre esta actividad agropecuaria, que consume a Costa Rica en un monocultivo intensivo muy lejano de la cuarta revolución con la que el presidente Carlos Alvarado se ufana de llevar al país.

Durante el 2016, las exportaciones de piña y sus derivados alcanzaron los $1.113 millones, lo cual representa el 41,4% de las divisas de exportación del sector agrícola, y el 11,2% del total de las exportaciones nacionales, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña.

Los tentáculos de la piña no respetan zonas protegidas. Al mejor estilo de las primeras incursiones de la United Fruit Company, cuando Costa Rica se unió a la fiebre del banano en el resto de Centroamérica, la piña se ha vuelto una vergonzosa proeza de colonización territorial.

Tal parece que pasamos de ser una “Banana Republic” a una “Pineapple Republic”, y no, no es un buen chiste.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) asegura, apoyados con mapas satelitales que para el 2017 ya se habían sembrado 66.266 hectáreas.

En 2016, un estudio del INCAE, reveló la cuestionada proeza de que Costa Rica se convertía en el más grande exportador de piña fresca en el mundo.

“En la actualidad la producción de este monocultivo le deja a nuestro país más de 50 mil empleos directos y con la eventual exportación a China la cifra crecerá. Esta fruta dejó atrás al banano y al café en ventas externas”, señaló en su momento Noticias Monumental, sin embargo, la pregunta sobre el costo ambiental y social de esta expansión, pone caras serias en sus defensores.

Los defensores de la piña, sus productores y exportadores, aseguran que estos 50.000 empleos (hay quienes hablan de una cifra menor, cercana a los 37.000, sostienen las deprimidas economías de los cantones del norte de Alajuela y Limón, y que sin esta actividad, la zona entraría en una alta depresión económica.

Sin embargo, estas zonas se mantienen ya como las más deprimidas en el país, y el abandono, o la forma irresponsable en que las autoridades han dirigido la vista hacia otro lado, han permitido una invasión de zonas protegidas y un alto impacto en la contaminación del agua.

No es un cuento chancletudo

El problema de la piña en Costa Rica no es un desvelo de chancletudos ambientalistas estereotipados. Lejos de eso, es una amenaza real, que impacta al ambiente, en un país pequeño donde todos los sistemas se correlacionan.

Entre 2016 y 2017 las empresas piñeras incrementaron el área cultivada en 9.000 hectáreas,  es decir, la mancha verde de la piña creció un 15,7% sin que las autoridades ambientales controlaran efectivamente este crecimiento.

Las denuncias por contaminación de acuíferos son revisadas con lentitud y sin acciones concretas. Desde 2007 existen sentencias que conminan al Estado a actuar, desde sus diferentes plataformas, para la protección del ambiente y la garantía de la defensa del agua.

Un reporte de marzo del 2017 del Semanario Universidad, alertaba que estos estudios con imágenes satelitales encontró que del 2000 al 2015 se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque para dar paso a la siembra y producción de piña.

Este territorio, ilustraba Universidad, equivale a los cantones de Tibás, Goicoechea y San Pedro de Montes de Oca juntos.

“La mayor pérdida de la cobertura forestal se dio en la región Huetar Norte, con un total de 3.192,70 Ha, seguida de la región Brunca (1.789,71 Ha), la Huetar Caribe (545,26 Ha) y la región del Pacífico Central (38,31 Ha)”, señaló el Semanario.

Un informe posterior, de junio del año pasado, también del Semanario Universidad, detalló un estudio del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA), de laUCR, donde se denunció la presencia de plaguicidas en algunas fuentes de agua de los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto, como consecuencia de la producción piñera en la zona.

Fuente: Pulso - Costa Rica