Petróleo offshore en la costa atlántica: ¿ambiente vs desarrollo?

A fines de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno nacional autorizó el proyecto de exploración sísmica offshore frente a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires presentado por la empresa estatal noruega Equinor. La noticia desató la movilización de organizaciones ambientalistas, movimientos populares y vecinos de la ciudad de Mar del Plata y otras poblaciones costeras y reavivó los debates públicos sobre este tipo de actividades extractivas, la valoración de sus costos sociales y ambientales en contraposición a sus posibles beneficios económicos. 

Pero la historia de este proyecto comienza varios años antes cuando el gobierno de Mauricio Macri licitó y luego adjudicó a fines de 2019 la exploración offshore de 18 áreas petroleras ubicadas en la Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, la Cuenca Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Cuenca Malvinas Oeste. La superficie involucrada en estos proyectos —225 000 kilómetros cuadrados de mar argentino— fue adjudicada a trece empresas oferentes: YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI. A mediados de noviembre de 2019 y en el contexto de la transición presidencial, el CEO de Equinor —corporación particularmente beneficiada con concesiones en la Cuenca Norte— mantuvo sendas reuniones con el presidente saliente y entrante.

En la entrevista que realizamos a Julieta Paladino —integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras— se narra lo que aconteció desde allí hasta la primera manifestación importante contra este proyecto, que tuvo lugar a inicios de enero de 2022 y que llamaron Atlanticazo, recuperando el nombre y la experiencia de las cercanas y masivas protestas en Chubut contra la megaminería (el llamado Chubutazo de diciembre de 2021) y, más atrás, las del Mendozazo de diciembre de 2019. La magnitud de estos conflictos socioambientales —donde multitudinarias manifestaciones provinciales rememoran otros “azos” de los años 1960 y 1970— también se expresó en una creciente conciencia sobre estas problemáticas en sectores cada vez más amplios de la población; incluso en el campo artístico, cultural y científico, con el surgimiento a mediados de enero de 2022 de  la campaña “#Mirá”.

Asimismo, el proyecto de exploración y explotación offshore motivó una reactivación del debate político y social sobre estas actividades extractivas y los perjuicios y beneficios que pueden acarrear. Entre otras expresiones, un grupo de investigadores e intelectuales integrantes del Grupo Ciencia y Técnica Argentina difundieron una declaración que, bajo  el título “La explotación petrolera y sus riesgos. Energía, desarrollo y pobreza», argumentaba a favor del proyecto; frente a ello  más de 500 investigadores e investigadoras respondieron públicamente reiterando los cuestionamientos que despierta. En la contraposición entre uno y otro pueden identificarse los principales núcleos problemáticos que estructuran gran parte del debate sobre estas actividades extractivas y en particular sobre la polaridad construida entre desarrollo y ambiente.

Al mismo tiempo que se libraba esta discusión, la disputa por el avance o no de la actividad de exploración sísmica tuvo lugar también en la justicia que dictó inicialmente una medida cautelar, cuestionada luego, hasta que, a principios de junio, la Cámara de Apelaciones solicitó un nuevo estudio más amplio de impacto ambiental. Este proceso y los desafíos planteados en la actualidad están recogidos en la entrevista a Julieta Paladino mencionada anteriormente. Pero el cuaderno se inicia con una contribución de investigadores del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) donde se examina críticamente el proyecto y sus efectos dañinos sobre el ambiente y las poblaciones. Asimismo, se señala la contradicción entre el desarrollo de las llamadas “energías extremas” —como por ejemplo, la del petróleo offshore— y la urgencia de promover una transición energética que responda a las causas de la crisis climática. En similar dirección Nicolás Gutman, investigador del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, refuta el argumento de la necesidad de divisas como justificador de estos proyectos extractivos señalando como el verdadero responsable de la llamada “restricción externa” resulta la vigencia de un mecanismo sistemático de fuga de capitales. En esta dirección, los autores indagan sobre la oposición desarrollo vs. ambiente, cuestionando la reducción del primero a la promoción de actividades basadas en la extracción y exportación de bienes naturales y sindicando que las mismas sólo proveen beneficios a un grupo social muy reducido, dejando para las poblaciones y territorios deterioro y precarización de las condiciones de vida.

A continuación Sol de la Torre, concejala del Concejo Deliberante de General Pueyrredón (Mar del Plata), examina la irrupción en la calle, en la agenda pública y en la mediática, del debate y cuestionamientos a la exploración offshore en las costas de ese distrito, para señalar luego la centralidad que le cabe a la construcción de una transición energética justa, los desafíos que esta y el cambio climático plantean, y la necesidad de un ambientalismo popular capaz de promover alternativas. La problemática de la transición energética es retomada y profundizada en la contribución siguiente por Pablo Bertinat —director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la sede rosarina de la Universidad Tecnológica Nacional— quien analiza críticamente los contornos y realidades de una transición energética corporativa y los efectos de la misma en la promoción del extractivismo en el Sur —apropiación de los bienes naturales vinculados a las energías renovables— en un contexto de desigualdad global y bajo la matriz de la actual división internacional del trabajo. Asimismo Bertinat reflexiona detenidamente sobre las líneas centrales que deben orientar la construcción de una transición de carácter popular, entendida desde una perspectiva social integral que va más allá de su resolución tecnológica, así como examina críticamente la vigencia del derecho al desarrollo que culmina justificando al extractivismo. 

Con sus diferencias y afinidades, con debates planteados y el despliegue, zurcido entre todos los textos, de una fundada argumentación que cuestiona y reformula la narrativa que defiende estos emprendimientos desde oponer el desarrollo al ambiente; el conjunto de las contribuciones que reunimos en este cuaderno buscan ayudar a pensar y construir alternativas desde una perspectiva popular. Desde el Colectivo de investigación en Crisis socioambiental y despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social (Argentina) agradecemos por ello a todes les autores y a quienes hicieron posible que este material pudiera circular y ser leído. 

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Fuente: TriContinental