Perú: ¿Pueden convivir minería y agricultura en el Valle de Tambo?

El Gobierno no solo tiene en abandono el desarrollo agrícola del Valle de Tambo, sino además quiere imponer un proyecto minero a la fuerza que incluye actividades mineras riesgosas a pocos metros del valle, de poblados y micro cuencas esenciales para la agricultura.

Pocos saben de la enorme importancia que tiene la agricultura para los tambeños y los peligros del proyecto Tía María que ha presentado dos estudios de impacto ambiental (EIA) desde el 2009 y que, en todo este tiempo, es blanco de observaciones y críticas.

“La Southern Copper tiene interés en explotar La Tapada, una veta sólida de oro incrustada justo a pie de la cuenca del Valle de Tambo”, alerta Jesús Cornejo.

Mina respira sobre la nuca del Valle

El proyecto Tía María incluye el yacimiento del mismo nombre y el yacimiento La Tapada, ambos ubicados a poca distancia del Valle de Tambo y alrededores, lo que despierta un patente temor en los agricultores y pobladores.

El yacimiento La Tapada es la que ostenta mayor peligro debido a que se encuentra a menos distancia y porque tendría operaciones con material peligroso, más próximas a los centros poblados, canales de irrigación y micro cuencas.

“Sus labores mineras a tajo abierto se estarían desarrollando cerca de centros poblados del valle como El Fiscal y Cocachacra”, precisa el libro “ Valle de Tambo-Islay: Territorio, Agua y Derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto” elaborado por la asociación Cooperacción, Red Muqui entre otras entidades (1).

La Tapada se ubica a solo 1.3 km. aproximadamente del Valle de Tambo, a dos km. del centro poblado El Fiscal y a 1.3 km. del canal la Ensenada-Mejía-Mollendo, ubicado al margen del río Tambo.

La preocupación de esta proximidad de ambos tajos al valle y centros poblados se debe a las voladuras y a los ácidos y partículas nocivas que se generarán en las minas y que corren riesgo de filtrarse y expandirse.

Un ejemplo drástico es que el Valle de Tambo se encuentra a tan solo 500 metros de distancia del lugar donde se ubicaría el depósito de desmonte del tajo La Tapada, el cual podría contaminar aguas, suelos y vegetación debido al polvo.

Asimismo, en la extracción de minerales se realizan grandes explosiones que ocasionarán ruidos, emisión de gases y material particulado que sin duda crearán un efecto significativo en los alrededores.

El ruido ahuyentará y causará estrés a los animales de las zonas aledañas y del Valle de Tambo, mientras que los gases por las voladuras y por el tránsito de vehículos pesados tendrían sin duda un impacto en la calidad del aire (2).

Es importante saber que el canal en riesgo conduce aguas a diferentes centros poblados de distritos como Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Mollendo. También sirve para irrigar unas 2,400 hectáreas de cultivo en los distritos de Mejía y Mollendo y terrenos de cultivo del Valle de Tambo.

Además –expone el libro citado– el yacimiento minero La Tapada amenazaría la microcuenca de la quebrada Posco, debido a que en la parte alta de esta se ubicaría la pila de lixiviación, la planta de electro-deposición e instalaciones conexas como pozas de lixiviación.

Las pilas de lixiviación utilizan ácido sulfúrico cuyas finas partículas podrían filtrarse y expandirse con el viento ya que la barrera que se tiene prevista instalar no estará libre de grietas o desgaste a causa de movimientos sísmicos comunes en el área geográfica.

Lo mismo pasaría con la planta de electro-deposición que contiene ácido sulfúrico y podría provocar una neblina ácida que el viento ayudaría a dispersar a grandes distancias (3).

La Tapada también ocuparía la parte alta de tres pequeñas microcuencas en la Pampa Yamayo junto con la instalación de rellenos sanitarios. Al noreste del tajo se encontraría el depósito de sulfuros.

Según la misma fuente, el depósito de desmonte de sulfuros generaría también aguas ácidas que se dispersarían en los alrededores por acción del viento causando estragos en los suelos, vegetación y fuentes de agua cercanas (4).

Los desmontes de mina de los tajos abiertos La Tapada y Tía María que comprende todo el material desechado y sin valor económico serían depositados en la micro cuenca de la quebrada Cachuyo, aprovechando el relieve topográfico.

Otro elemento riesgoso son las aguas ácidas de los depósitos de ripios que pueden deslizarse hacia las aguas subterráneas ya que temblores recurrentes de la zona podrían agrietar y debilitar la capa de cobertura prevista por la empresa (5).

Como se ha dicho antes, todas estas zonas de procesamiento y desmonte mineral y químico, además de las voladuras en los tajos, se encuentran a escasas distancias de lugares importantes del Valle de Tambo y alrededores.

“Nosotros no queremos la mina. Este riesgo con ácidos para el procesamiento del mineral permitirá que sean conducidos o penetrados a la cuenca del río Tambo y a acuíferos”, asegura con convicción Jesús Cornejo y los estudios fundamentan sus temores.

Ello es mucho mas preocupante si consideramos que a mayo de 2014 el 85.53 de la provincia de Islay está concesionada a la minería, según lo reporta la asociación Cooperacción, por lo que también cabrpia preocuparse por los impactos acumulativos de la actividad minera frente a la agricultura.

Pero, ¿Qué importancia tiene el Valle?

El Valle de Tambo es una zona agrícola, ganadera y cuna de abundante pasto natural que se extiende y cubre principalmente los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía, Deán Valdivia y Mollendo, pertenecientes a la provincia de Islay (6).

Allí habitan un aproximado de 40 a 50 mil agricultores y pobladores en general que se dedican a cultivar sus parcelas y pastar sus animales, cuyo sustento está relacionado directa e indirectamente a estas actividades. “Un 80 por cient0 de la población vive de la agricultura”, estima Cornejo.

Un porcentaje menor le corresponde al comercio y la actividad industrial más importante es la elaboración de azúcar en las haciendas Chucarapi, La Lira, Pascana y otras.

En el Valle existen más de 13 mil hectáreas de cultivo donde gracias a su clima cálido a templado se cultivan toneladas de productos de consumo local, nacional e internacional y crece una frondosa vegetación de árboles principalmente de sauce.

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, estos productos que se cultivan y dan trabajo a más de 10 mil personas en el valle abastecen al sur del Perú y se exportan a países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia, siendo uno de los principales la papa (7).

“La producción de papa en noviembre y diciembre se lleva un 80 por cient0 a Bolivia; lo que es ajo y cebolla, un 80 por ciento se va a Colombia y Ecuador”, detalla Cornejo.

No en vano en 1863 el sabio italiano Antonio Raimondi calificó al Valle de Tambo “ despensa de Arequipa” por la diversidad de sus productos agrícolas.

Somos agrícolas sin apoyo

La desconfianza hacia el Estado peruano no es reciente. Jesús Cornejo afirma que la agricultura es una actividad esencial para la población del valle pero que está en un total abandono por parte del Estado.

Por ejemplo, hace 20 años que esperan por una represa que se les prometió para cubrir la demanda de agua que es escasa durante el tiempo de estiaje.

“A partir de setiembre hasta casi diciembre, el caudal del río se nos reduce más de 50 por ciento”, refiere Cornejo. “Hasta ahora seguimos esperando la voluntad del Gobierno para hacer realidad la represa… pero nada”.

Cabe precisar que el abastecimiento hídrico del valle proviene principalmente del río Tambo, cuyas descargas de agua presentan un comportamiento estacional a lo largo del año y registra su mayor caudal entre los meses de enero a marzo.

Los EIA no aceptados

El yacimiento La Tapada junto con el yacimiento Tía María conforman el proyecto minero del mismo nombre, propiedad de la empresa mexicana Southern Copper, que tiene previsto invertir 1,200 millones de dólares.

El proyecto desde un comienzo recibió el rechazo popular y técnico a partir del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la Southern el 2009 al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En octubre de 2009 se implementó un proceso de consulta popular en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Islay-Matarani, Mejía y Punta de Bombón donde más del 90 por ciento de los que acudieron dijeron no a Tía María.

El mismo año la empresa organizó audiencias en Islay con un fuerte resguardo policial y marginando la participación de los pobladores y dirigentes del Valle directamente afectados por el proyecto, lo que generó airadas protestas.

A pedido de los productores agrarios, el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo y las autoridades regionales solicitaron un informe independiente sobre el EIA del proyecto Tía María.

En noviembre de 2010 el Minem firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para que un grupo de técnicos de allí revise el EIA.

El Minem, a cargo de Pedro Sánchez, canceló el informe que contenía 136 observaciones al EIA, pero el documento de la Unops se filtró a un dirigente del Valle, quien lo difundió y motivó que el proyecto encontrara mayor resistencia.

El caso conmocionó al país el 2011 cuando tres personas murieron a causa del disparo de perdigones por parte de la policía durante las protestas contra el proyecto. Otras 44 personas resultaron heridas. (8)

Ante los argumentos técnicos y la protesta social el Minem se vio obligado a declarar al proyecto como inadmisible ese mismo año.

Sin embargo, el 2014 el Minem aceptó y aprobó el nuevo EIA argumentando que las 136 observaciones anteriores ya estaban subsanadas. Uno de los pedidos de los agricultores es que la Unops confirme si el nuevo EIA resolvió las 136 observaciones anteriores, algo que el Ministerio del Ambiente y el Minem consideran innecesario.

“(El gobierno) dice que ahora que van a usar agua del mar van a dar solución al problema, pero el tema del agua no es la única preocupación del pueblo. Nuestra preocupación también es por la contaminación, por la cercanía del proyecto minero al Valle”, dice Cornejo.

Después de una jornada de marcha pacífica efectuada el 28 de marzo, los agricultores de Islay se habían dispuesto a almorzar en la Plaza San Francisco, pero un vendaval de bombas lacrimógenas y perdigones los sorprendió y obligó a dispersarse y huir.

Esta era una muestra de que los casi 2,000 mil policías arribados desde otras regiones a la zona de protesta era la respuesta del gobierno para intentar aplacar la resistencia al proyecto e imponerlo por la vía de la fuerza.

Crónica de una resistencia

Las persecuciones y agresiones de la policía empezaron el segundo día de la marcha, el 24 de marzo, cuando en diversas ocasiones los pobladores fueron reprimidos en su intento por desplazarse por otros puntos de la provincia de Islay.

“Tenemos derecho a la marcha y protesta”, decían los pobladores. “Esto no es un estado de queda”.

La represión policial contra la población civil llegó a niveles preocupantes cuando los gases de las bombas lacrimógenas ingresaron a los domicilios en el distrito de Cocachacra causando asfixia incluso a niños y bebés, reportados en centros de salud local.

Lejos de aplacar la movilización ciudadana iniciada el 23 de marzo las marchas de solidaridad con la población del Valle se extendieron a otras ciudades como Matarani, Mejía e incluso Mollendo, distrito capital de Islay. Incluso la capital departamental se sumó a lo que ya se avizoraba como un sólido rechazo regional.

Solo en el Valle de Tambo, que es donde se incuba el proyecto minero, existen 5 mil agricultores que participan activamente de la protesta. Una diferencia ostensible frente a los 300 agricultores que marchan a favor del proyecto minero.

“De los 70 mil habitantes de la provincia de Islay, un 50 por cient0 es de la provincia de Mollendo y el otro 50 por cient0 es del Valle”, detalla Jesús Cornejo.

Mientras las voces de protesta y solidaridad crecen en apoyo a los agricultores que piden la cancelación del proyecto Tía María, el Gobierno y la empresa mexicana Southern Perú mantienen su posición de continuarlo.

El viernes 10 de abril Guillermo Shinno, viceministro de Minas, ratificó durante una exposición técnica del EIA en Arequipa que este se encuentra subsanado y que además no habría consulta (9).

Mientras, decenas de heridos por perdigones y bombas de gas lacrimógeno, los cuatro alcaldes distritales del Valle de Tambo y dirigentes agrícolas como Jesús Cornejo están con orden de captura y numerosos líderes se encuentran detenidos en una escalada represiva cada vez mayor.

En momentos aciagos en que se ejerce una violencia desmedida e injustificada muchos pobladores recordarán que hace unos pocos años el presidente Ollanta Humala -entonces en campaña- prometió defenderlos contra Tía María. La indignación y el anhelo de vivir en paz los reafirmará en su decisión de luchar para que la minería no acabe con una próspera agricultura.

Notas:

(1) Frente Agrario de Defensa del Valle de Tambo, Municipalidad Distrital Dean Valdivia, Cooperacción y Red Muqui: “Valle de Tambo-Islay: Territorio, Agua y Derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto”. 2011. Pág. 57. Ver publicación en: ver aquí.

(2) Ibídem. Pág. 57.

(3) Ibídem. Pág. 71.

(4) Ibídem. Pag. 67.

(5) Ibídem. Pág. 71.

(6) Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) – Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA): Evaluación de peligros del Valle de Tambo, Arequipa, 2001, 127 páginas. Acceder a publicación en: ver aquí.

(7) Ver aquí.

(8) Ver reportaje de PeruTv en: ver aquí

(9) Ver declaraciones del viceministro en: ver aquí.

(10) Ver declaraciones de Ollanta Humala en los que se compromete a reducir los conflictos sociales mediante el diálogo y hará valer la licencia social para los proyectos mineros: ver aquí

Fuente: Servindi