Perú: ¿Por qué el fracaso de Tía María? Seis fallos claves

Foto: Ideele reporteros

Por Jorge Agurto

En el conflicto Tía María el diálogo ha fallado o simplemente no existe por seis razones esenciales que con la mayor objetividad e imparcialidad posible puedo resumir:

1. Falta de sinceridad, buena fe y transparencia

Desde que se intentó desarrollar el proyecto en el 2009 no hubo sinceridad y buena fe de parte del Estado peruano y de la empresa Southern para compartir la información del estudio de impacto ambiental (EIA) de manera completa y transparente.

Se insistió -como ahora- en que el EIA era bueno, completo y sin fallas… hasta que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) prácticamente se lo trajo abajo con 136 observaciones. Entonces, el primer EIA se tuvo que anular el 2011 luego de registrarse tres muertos civiles a consecuencia de la represión policial.

Por sentido común, lo ideal hubiera sido que el gobierno pida a la propia UNOPS que revise el segundo EIA y emita su opinión favorable antes de iniciar un proyecto tan sensible. Pero el gobierno y la empresa evitaron con cualquier pretexto la revisión por este organismo imparcial.

Las consecuencias están a la vista. Ahora es un poco tarde para que el gobierno o algún organismo propuesto por éste tenga credibilidad o la receptibilidad necesaria.

Peor aún, cuando salen a luz serias observaciones técnicas al segundo EIA y se destapan hechos como el ocultamiento de la explotación de oro que obligaba al EIA a desarrollar medidas de control para este tipo de actividades.

2. Actitud belicosa, agresiva e inamistosa contra alcaldes y dirigentes

El gobierno y la empresa nunca han tratado a los opositores al proyecto Tía María como ciudadanos y a sus representantes como interlocutores válidos.

Los calificativos de ignorantes, recalcitrantes y enemigos del desarrollo se han aplicado a diestra y siniestra no solo hacia los agricultores, sino contra los dirigentes sociales y a quienes han criticado este proyecto.

También el alcalde provincial de Islay y tres alcaldes distritales, autoridades legítimamente elegidas y representativas, han sido denigrados y maltratados a pesar de que también forman parte de las autoridades del Estado peruano.

La prensa, mayoritariamente controlada por el Grupo El Comercio, se ha prestado a la infamia de celebrar las declaraciones de las autoridades que están en favor de la minería, y denigrar a las autoridades y ciudadanos que defienden la agricultura.

Esta actitud beligerante e inamistosa ha sido un caldo de cultivo que no ha contribuido a generar condiciones subjetivas para un acercamiento y diálogo constructivo entre dos actores diametralmente estigmatizados en posiciones extremas y contrarias.

3. Maniobra y acusación de terrorismo antiminero

Foto: Radio San Martín

El falso anuncio de la cancelación del proyecto Tía María debido a la oposición del “terrorismo antiminero” fue, a la vez que una burrada, una gravísima acusación lanzada por un alto funcionario de la empresa Southern.

Si bien fue desmentido a las pocas horas, no queda duda de que se trató de una maniobra intencional para presionar al gobierno a adoptar medidas más fuertes para imponer el proyecto sobre la base de deslegitimar a los opositores al proyecto.

La acusación de “terrorismo antiminero” fue replicada por numerosos voceros políticos del sector empresarial y reproducida hasta volverla un lugar común en la opinión pública “mediatizada” (o “medio-idiotizada” si se prefiere).

Tan grave como la acusación es que el gobierno no exhibe ninguna prueba sobre una conspiración política o terrorista contra la minería.

El vapuleado, mediáticamente hablando, Marco Arana, líder ambientalista del partido Tierra y Libertad, ha reiterado hasta la saciedad que no es opositor recalcitrante a la minería y que por el contrario es partidario de una nueva minería responsable.

Pero sus declaraciones nunca han sido suficientes para evitar que se lo responsabilice automáticamente de cualquier protesta ambiental. Incluso un congresista delirante -amparado en su inmunidad parlamentaria- lo calificó de sucesor de Abimael Guzmán.

Del mismo ánimo belicoso es el congresista Juan Carlos Eguren quién niega la existencia de causas reales para la oposición popular en el valle de Tambo y atribuye todo el conflicto a una conspiración política e ideológica de los antimineros.

4. Represión, muertos, psicosociales y sembrado

Un cuarto error es creer que la represión policial puede resolver un conflicto de hondas raíces sociales y que ha adquirido un matiz político debido a las circunstancias de su imposición.

Yerra el gobierno si cree que a la ciudadanía de Arequipa se la puede maniatar y constreñir a la docilidad a punta de varazos, perdigones, balas y bombas lacrimógenas.

La develación de un sembrado de armas caseras para inculpar a un agricultor, la muerte a balazos de dos civiles desarmados, el incremento desproporcionado de efectivos policiales es el peor escenario para propiciar acercamientos y promover el diálogo.

Los miembros de la familia policial también son víctimas de un conflicto que ellos no han generado y que los expone a daños graves a su integridad. Hay más de 100 efectivos policiales heridos, algunos de gravedad.

La adopción de un Estado de emergencia conlleva la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Asimismo, el presidente puede disponer que el control del orden interno pase de la Policía a las Fuerzas Armadas.

Obviamente, esta medida no solucionará el conflicto, lo extenderá, agravará y abrirá mayores heridas en un pueblo que no ha perdido la dignidad y está dispuesto al sacrificio con el fin de defender, gran paradoja, la vida y el futuro

5. Falsos escenarios de diálogo y acusaciones de intransigencia

Hasta hoy los escenarios y las agendas de diálogo han sido manejados por el gobierno de una manera conveniente a sus pretensiones, sin respetar las condiciones básicas para un diálogo horizontal, directo y respetuoso entre dos partes en conflicto.

Por ejemplo, el 29 de abril el gobierno preparó un escenario propicio para hacer un cargamontón a los opositores, al permitir el ingreso de numerosos personajes promineros, incluyendo al congresista Eguren, e incumplir así las condiciones previas pactadas para el diálogo.

Lo peor es que tras el retiro de los opositores algunas autoridades del gobierno como el ministro del Ambiente Pulgar Vidal, hicieron el juego sucio de presentarlos ante la prensa como personas rebeldes, intransigentes y reacias al diálogo.

No sabemos qué favores estará pagando este ministro pero afirmó, muy suelto de huesos y en tono enérgico, que los alcaldes y dirigentes “no tienen ninguna vocación de diálogo”.

Lo que el gobierno no asimila es que a estas alturas del conflicto la población del Valle del Tambo rechaza el proyecto y no dialogará sino hay una señal de distensión, lo que hoy significa que se suspenda o cancele el proyecto.

6. Evitar tocar el problema de fondo

Un problema de fondo asociado al conflicto es la convivencia entra minería y agricultura en la provincia de Islay, y en particular en el valle de Tambo.

El gobierno evita reconocer que detrás del proyecto Tía María están de por medio un conjunto de proyectos mineros cuyas concesiones alcanzan más del 85 por ciento de toda la provincia de Islay y que planea convertir esta localidad en un distrito minero.

Más del 85% de la provincia de Islay está concesionada a empresas extractivas. Fuente: Cooperacción.

En tales condiciones la sobrevivencia de la agricultura y la ganadería es prácticamente inviable.

En consecuencia, no se trata solo de un solo proyecto minero, sino de una actividad mayor en intensidad y extensión que realmente amenaza las actuales condiciones de vida y la sobrevivencia de la mayoría de la población tambeña.

Insistir en la necesidad de Tía María en base al canon minero, al crecimiento económico o a la inversión privada es tener una mirada de limitado alcance. Están de por medio los derechos humanos de una población que tiene el legítimo derecho de defender su estilo, sus medios de vida y su opción de desarrollo.

No olvidemos que la agricultura y la ganadería son actividades económicas sostenibles y la propia Constitución Política reconoce a la agricultura como una actividad de apoyo preferente por el Estado (artículo 88).

En conclusión, si la viabilidad del proyecto fracasa no será por culpa de una conspiración antiminera, sino por la propia entraña y naturaleza del proyecto que lo hace inviable y además por los errores del gobierno y de sus voceros y operadores que hacen lo posible por disminuir sus posibilidades de concreción.

Fuente: Servindi