Perú: La defensa del territorio frente al “régimen minero militar”

Por Alvaro Campana Ocampo / Resumen Latinoamericano / Marcha / 17 de junio de 2015

Un recorrido por los distintos conflictos sociales que vive el Perú, focalizados en diversas regiones pero con un sello en común: la defensa del territorio y los recursos naturales frente al avance de las trasnacionales, apoyadas por el gobierno y un fuerte aparato represivo.

“Régimen minero militar” (1), “régimen empresario militar” (2), “gobierno minero” (3). Así, diversos analistas políticos, militantes e intelectuales intentan caracterizar el régimen de gobierno, pero incluso aún más el propio régimen de poder que se ha ido configurando en el Perú desde que se erigió el pacto hegemónico inaugurado con el fujimorismo entre grupos de poder, los llamados “poderes fácticos”, que prevalece aún después de la recuperación de la democracia. No obstante, es necesario mencionar que el sector extractivo, particularmente el minero, ha cobrado una gran importancia así como el despliegue policial-militar puesto a su servicio. En este momento, una provincia del Perú se encuentra en estado de emergencia a causa de las protestas contra el proyecto minero Tía maría, y en varias regiones que se han sumado a las manifestaciones las fuerzas armadas están autorizadas para ayudar a la policía a “resguardar el orden interno”.

Luego de la caída del fujimorismo, y con el fuerte ascenso de los precios de las materias primas, y por tanto con la centralidad que fue ocupando especialmente la minería en el “milagroso” crecimiento macroeconómico peruano, la relevancia de las empresas mineras trasnacionales y nacionales en las decisiones políticas del gobierno, en la influencia sobre la opinión pública a través de los grandes medios cada vez más concentrados, en la producción normativa y una serie de mecanismos represivos para garantizar la inversión minera y extractiva, se ha vuelto central.

De esta manera, lo que se abrió tras la caída del fujimorismo como una “transición democrática” ha devenido crecientemente en un régimen con fuertes connotaciones autoritarias, al igual que el gobierno dirigido por Ollanta Humala, quien se instaló en 2011 como resultado de una exigencia popular de reformas políticas y económicas pero se ha convertido en garante de la continuidad y la posible extensión del pacto hegemónico en los próximos años.

Tiempos de resistencias

Importantes conflictos sociales en torno a los territorios, el uso y la renta generada de sus recursos naturales, han marcado al gobierno de Humala. Aunque tengan un hito previo importante en el “Baguazo”, que fue la culminación sangrienta de una larga protesta de los pueblos indígenas amazónicos contra decretos que facultaban la venta y concesión de bosques, así como de sus tierras para la explotación minera e hidrocarburífera sin que se respete su derecho a la consulta. El “Baguazo” significó la muerte de decenas de peruanos entre policías e indígenas aunque también la derrota de esos decretos que se enmarcaban en la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por parte del gobierno de Alan García.

De esta manera, el Estado ha llevado una suerte de guerra a los territorios que ha costado la vida de casi dos centenares de peruanos entre los gobierno de García y Humala, la mayoría en manos de las “fuerzas del orden” que son consideradas inimputables por ley cuando las muertes se dan en “cumplimiento del deber” o se producen producto del uso de armas reglamentarias. Protestar en rechazo a la instalación de un proyecto minero, exigir que la riqueza extraída beneficie a la población o rechazar los abusos laborales en el Perú puede costar la vida.

El gobierno de Humala se inició con el sonado conflicto en rechazo al proyecto aurífero Conga en la región de Cajamarca (zona andina norteña) y ahora parece estar terminando con la lucha social en rechazo al proyecto cuprífero Tía Maria de la Southern en el Valle agrícola de Tambo, en la Provincia de Islay, región de Arequipa (costa sur). Sin embargo, otros conflictos han sacudido al gobierno provocando la caída de varios gabinetes. Uno de ellos es el de Espinar, una provincia cusqueña que convive conflictivamente con la minería y que ha tenido persistentes conflictos con la empresa Xtrata. Las causas: la contaminación y también la exigencia de la población por obtener recursos provenientes de las utilidades de dicha empresa.

Otro caso es el de la ciudad de Marcona en la región Ica, en la que, tras la privatización de la empresa estatal Hierro Perú, se instaló la empresa China Shougang, con una serie de privilegios otorgados por el gobierno de Fujimori como el control territorial de gran parte de la ciudad, de varios servicios públicos, pero además una serie de abusos laborales amparados en un régimen terciarizado. Recientemente estalló un conflicto debido al despido de trabajadores mineros de empresas contratistas tras su exigencia de reconocimiento de similar estatus al de los trabajadores contratados directamente por Shougang. A esta protesta se sumó toda la localidad por los permanentes abusos de la empresa.

Saqueo y represión

Varios elementos comunes recorren estas protestas sociales: una gran movilización y ocupación territorial por parte de la policía y también en algunos casos militar. En un país en el que día a día se vive una permanente zozobra por la acción del crimen organizado, el Estado moviliza a miles de agentes para respaldar a las empresas y ponerlas bajo su mando, al extremo que muchas comisarías funcionan en instalaciones de dichas empresas. La muerte de personas por armas de fuego utilizadas por la policía es otro elemento común que revela la dimensión de la represión desencadenada. Debemos agregar la persecución, criminalización y judicialización de los dirigentes sociales, así como la intervención del Estado a los gobiernos locales o regionales que toman partido por la población a través del congelamiento de sus cuentas.

Con el fin del ciclo de crecimiento producto de la caída de los minerales, con una economía adicta a las divisas provenientes de su exportación, los poderes fácticos dominantes no han tenido mejor idea que profundizar la desregulación ambiental, laboral, tributaria, y de acceso a la propiedad no formalizada de las comunidades indígenas y campesinas hoy desprotegidas jurídicamente debido a la indolencia histórica del propio Estado. Esto a través de paquetes legislativos presentados y aprobados en un Parlamento obsecuente, compuesto por varios congresistas cuyas campañas fueron financiadas por fundaciones de empresas mineras.

De esta manera, el Perú se viene convirtiendo en una suerte de mapa de archipiélagos territoriales controlados por grandes empresas en alianza con el gobierno que ejercen funciones estatales, no sólo políticas o “militares”, sino de inversión con recursos públicos a través de las llamadas obras por impuestos y las iniciativas público-privadas impulsadas por el gobierno central para “dinamizar la economía”, pero también para legitimar a las empresas frente a la población o eximirlas de impuestos.

Si bien es cierto que las movilizaciones y protestas sociales han sido importantes, estas carecen de articulación o de algún tipo de representación política, además de concentrarse principalmente en las áreas rurales, lo que impide que, al menos por ahora, puedan convertirse en la base de una alternativa política. Por otra parte, en una economía marcada por la informalidad, ante la ausencia del Estado y la destrucción del tejido organizacional popular por las lógicas mercantiles consumistas, porciones también importantes de los territorios vienen siendo utilizadas como plataformas de poderes y economías delictivas o no reconocidas, que también han empezado a jugar un rol relevante. Este es el Perú que se ha construido luego de más de 20 años de neoliberalismo y de varios años de crecimiento económico.

1- Santiago Pedraglio, aquí

2- Raúl Wiener, aquí

3- Francisco Durand, aquí

Fuente: Resumen Latinoamericano